De una crisis a otra: La quiebra del modelo neoliberal. Responder a los desafíos con los cambios necesarios.

 

Las respuestas inmediatas y, en el día a día, a la pandemia del coronavirus han requerido (y requieren) medidas y actuaciones en múltiples frentes que el Gobierno de España ya ha tomado, se han implantado y se están aplicando: El primer imperativo salvar vidas, preservar a la gente, trabajadores, empresas, familias… Y en la salida de la crisis habrá que pensar en: ¿Quién asume las consecuencias desastrosas de las políticas neoliberales de los años pasados? ¿Cómo evitar que los costes de la crisis repercutan más sobre los sectores sociales vulnerables y se incremente las desigualdades de renta, riqueza y oportunidades? ¿Se hará una justa reforma fiscal para dotar al Estado de mayores ingresos? ¿Cuál será el nuevo papel que han de tener el Estado y las políticas públicas? ¿Qué recursos presupuestarios serán suficientes para recuperar la sanidad pública y otros servicios del bienestar? ¿Cómo será –y se impulsará- el nuevo modelo productivo? ¿Cuáles serán las transformaciones en el mercado laboral y el empleo? ¿Cómo se articularán las políticas de “reconstrucción” con un desarrollo ecosostenible?

 

Sobre ese “mar de fondo” de incertidumbres, traspasando las cortinas de humo y el ruido de las actitudes desbocadas de la derecha y su feroz oposición al Gobierno, se pueden efectuar los siguientes planteamientos para afrontar los grandes desafíos que se presentan.

 

1.- El fracaso del neoliberalismo. Alternativas tras la pandemia global.

 

El modelo económico neoliberal colapsó y quedó totalmente desacreditado con la gran recesión de 2008, pero pervivieron las políticas económicas en beneficio de las elites “extractivas” que habían acumulado enormes riquezas y rentas durante todo el largo periodo de liberalización del mercado de capitales, desmantelamiento y deslocalización del sector secundario de la economía, privatizaciones de bienes y servicios públicos, desregulación de las relaciones laborales, creciente desequilibrio entre rentas de capital y del trabajo y de reducción del Estado de bienestar. “La desigualdad no es económica o tecnológica: es ideológica y política” (Thomas Piketty: Capital e Ideología. Ed. Centro de Libro-Deusto. Planeta. Barcelona, 2019, p.18); y esa problemática la percibe un gran porcentaje de la ciudadanía.

 

El sistema hace tiempo que alcanzó sus límites, se debe abordar su transformación aunque una exigua minoría de grandes beneficiarios del “capitalismo realmente existente” intentará que todo vuelva a ser como antes. De las opciones que elijan los Gobiernos dependerá la superación no sólo de las graves 2 consecuencias de esta pandemia, también evitar que se sigan imponiendo las peores derivas de la globalización neoliberal y poder recuperar el contrato social, según los valores y derechos que fundamentan el sistema democrático y la acción política por el bien común y el bienestar del conjunto de la ciudadanía, y con la perspectiva de “salvar la Tierra”.

 

En la salida a la crisis generada por esta pandemia global, se impone corregir las enormes desigualdades y grandes disfunciones en la distribución de la renta, riqueza y recursos para restaurar la cohesión social frente a quienes siembran el “miedo al futuro” con la aviesa intención de romper el bloque social de progreso y paralizar –nuevamente- las ineludibles reformas profundas del sistema económico, social e institucional. Las organizaciones internacionales, supranacionales y los gobiernos de los estados deben impulsar los cambios, antes de que la economía realmente productiva se desestabilice definitivamente por los desequilibrios y brechas sociales causados por la financiarización y la acumulación de bienes en manos de un porcentaje muy reducido de mega-ricos, y ante la amenaza de que la siguiente crisis destruya a la humanidad.

 

Pero en el panorama actual, algunos poderes sociales, económicos y financieros, con sus adláteres políticos de cierta derecha, tratan de apuntalar sus posiciones y relatos para preservar sus intereses corporativos y status privilegiados articulados sobre el capital especulativo (socialmente improductivo) y la concentración desmedida de poder y riqueza. Pretenderán que el enorme coste humano, económico, laboral y social de la pandemia no repercuta en justa proporción sobre los que más tienen, más acumulan, más se benefician de las rebajas de impuestos, y menos les ha preocupado el deterioro de recortes y privatizaciones han causado a la sanidad, educación y servicios sociales públicos .

 

De manera similar a cuando grandes errores de las elites financieras desencadenaron la gran crisis de 2008; basta contrastar las mentiras, tergiversaciones y trampantojos diversos que derechas “neocon” y sus corifeos están lanzando constantemente en estos días -con intención de desviar la atención sobre el recuerdo de sus acciones (de gobierno) “austericidas” de vaciamiento de lo público y favores a los privilegiados- para percibir sus verdaderas pretensiones: al igual que entonces quienes habían denigrado el papel del Estado “transfirieron” al conjunto de la sociedad sus deudas (pérdidas) y las quiebras causadas por los desmanes de corporaciones financieras; ahora parecen no asumir que –como toda la ciudadanía- los más ricos deben contribuir a abonar la factura de la recuperación en consonancia con sus disponibilidades económicas y patrimonio, como es de justicia social y eficacia redistributiva.

 

Y en esa línea, posiciones oligárquicas buscarán socavar la credibilidad de los Gobiernos pretendiendo obstruir el necesario compromiso político e institucional con el “giro social” y las prioridades para salir de la crisis y hacer frente a la tarea urgente de “reconstrucción” de los sistemas de bienestar públicos, rescate de los bienes comunes y servicios colectivos sometidos al lucro privado, recuperar sectores fundamentales del aparato productivo y de la economía real, desarrollar los derechos laborales para el trabajo decente, el empleo digno y una sociedad más equitativa y justa, poner límites efectivos a las amenazas a la biosfera y preservar el medio ambiente, que constituyen las alternativas de futuro.

 

2.- Desarrollar el modelo social y la dimensión federal-cooperativa de la UE

 

En la Unión Europea los avances hacia la unión económica y monetaria, las experiencias (de gobernanza multinivel) en la aplicación de políticas comunes de desarrollo económico y cohesión y el efecto beneficioso de las políticas de convergencia, deberían haberse complementado en las dimensiones social, medioambiental, federal-cooperativa y solidaria. Sin embargo, las esperanzadoras perspectivas que presentaba la UE para el siglo XXI, con la aprobación del Tratado de Lisboa y la Carta Social Europea, se ensombrecieron con sesgadas políticas comunitarias condicionadas por la economía financiera, que no impulsaron el reforzamiento del Estado de Bienestar.

 

Las graves consecuencias mundiales de las quiebras del año 2008, incidieron más fuertemente sobre las sociedades europeas por la austeridad expansiva, los recortes, y el efecto “contractivo” del principio de estabilidad presupuestaria; precisamente cuando resultaban urgentes medidas keynesianas contracíclicas para paliar las consecuencias sociales de la crisis, relanzar la economía productiva y recuperar un crecimiento más sostenible. La equivocada, poco solidaria y deficiente percepción de las autoridades comunitarias ante la crisis de 2008 acentuó sus consecuencias negativas (económicas, laborales y sociales) no sólo en los países más afectados por la crisis de deuda soberana también en toda la Unión Europea, generándose una auténtica “implosión” en su seno que se manifestó en un crecimiento “anémico” y a “dos velocidades” que lastró la recuperación en varios países y en el conjunto comunitario.

 

En aras de la “lógica” del mercado y de la moneda única se ha perdido una década para un mayor impulso de las Estrategias de Lisboa y Gotemburgo y reforzar las políticas de cohesión social y territorial, se pospuso la revisión de la política presupuestaria y el incremento del marco financiero plurianual, no se han tratado seriamente la homologación de políticas fiscales “equiparables” en (y para) todos los territorios de la UE., ni desarrollado nuevas fórmulas de reasignación de recursos.

 

Las repercusiones claramente favorables y los efectos positivos de la aplicación de los fondos estructurales y de cohesión sobre el desarrollo de los países y regiones con rentas inferiores a la media comunitaria se fueron desvirtuando por la acumulación de beneficios que la implantación del euro proporcionó a los países más prósperos. Así resulto frenado el avance del modelo social y de una Europa más equilibrada, justa, solidaria y cohesionada, comprometida con la democracia a escala global, el desarrollo de los Derechos Humanos y la Paz mundial y con la lucha contra el cambio climático y la pobreza.

 

Ante la pandemia mundial que provoca un fuerte impacto en la economía y la sociedad -emergencia de la que no se puede responsabilizar a cada país-, las promesas de fuertes apoyos (sin reservas) a los estados más afectados de la UE (Italia, España), después de varias semanas de debates aún no se han traducido en la mutualización comunitaria de los riesgos económicos y presupuestarios ante una crisis sanitaria y social sin precedentes. Cada aplazamiento en la toma de decisiones (en el seno del Eurogrupo, del Consejo y de la Comisión) ha repercutieron muy negativamente sobre las finanzas de nuestros países.

 

Mientras se siguen buscando fórmulas de compromiso (préstamos bonificados/ subvenciones para sufragar inversiones) sobre el fondo de recuperación y eludir la emisión mancomunada de “coronabonos”, la UE pierde credibilidad en el mundo y desconcierta a muchos de sus ciudadanos/as que rechazan acuerdos de mínimos y “medias tintas” y reclaman nuevas ideas y renovados protagonismos de la sociedad civil y de la política democrática: Debe abrirse un debate sobre la redefinición de las instituciones de la UE y la articulación más equilibrada entre la Europa mercantil, económica, social y política.

 

Los cambios que se avecinan en el proceso de globalizacíón no deberían pillar a la UE con el paso cambiado; necesita de armonización fiscal (no permitiendo competencia desleal en materia impositiva) y más recursos presupuestarios. Se debe elevar el techo de gasto, al menos hasta el 2% de la RNB, durante todo el período de programación 2021-2027 para afrontar la recuperación de la economía y la sociedad que implica reforzar sectores estratégicos, impulsar la reindustrialización, aprovechar el capital humano y tecnológico (I+D+I, IDT), dotar estructuras y mecanismos conjuntos de respuesta a emergencias y futuras crisis, blindar los servicios públicos de sanidad, educación, servicios sociales como bienes comunitarios de todos los estados miembros, afrontar el cambio climático, la protección de la diversidad e incrementar su papel como actor global.

 

Para la actual UE ha llegado el momento de resolver el dilema de su futuro: o las instituciones comunitarias toman las decisiones acertadas conforme a los principios de los tratados de la UE y al ideario europeísta para afrontar realmente la articulación política de la supranacionalidad , o una parte notable de la ciudadanía aumentará su grado de euroescepticismo hasta el punto de que algunos gobiernos tendrá dificultades para explicar las ventajas de la pertenencia a la UE, pudiéndose provocar, de facto, una ruptura geopolítica entre el Norte y la dimensión Euromediterránea. Y basta repasar la historia, para prevenirnos suficientemente ante posibles debilidades o retrocesos del proyecto europeo y el resurgir de “discordias” nacionalistas entre países.

 

En la respuesta en común: “No se trata tan sólo un deber por solidaridad, sino que también responde a nuestro propio interés. En esta crisis estamos todos los europeos en el mismo barco”.. (J. Habermas/ J. Fischer/ M. von Trotta y 70 firmas más: “Europa sólo podrá continuar existiendo si los europeos nos apoyamos mutuamente“  (ttps://ctxt.es/es/20200401/Firmas/31876/Habermans-Fisher-intelectuales-artistas-llamamiento-coronavirus-solidaridad-comisión europea ). Con tales premisas, debe iniciarse una nueva etapa de la construcción europea en la que desarrollar renovados impulsos sociales y federativos.

 

3.- Las urgentes reformas pendientes: Fortalecer el Estado de bienestar y las políticas públicas redistributivas.

 

En España, al tiempo que la(s) derecha(s) en la oposición reclama(n) un gobierno de concentración donde eludir sus anteriores responsabilidades y reforzar sus posiciones, pretenden la ruptura del Gobierno de coalición , presidido por Pedro Sánchez, con la intención de limitar y desvirtuar las muy necesarias reformas: las políticas de fiscalidad progresiva, contribución equitativa y justicia redistributiva que obtengan recursos para la recuperación de la economía productiva, reforzar la sanidad pública, educación pública, servicios sociales y prestaciones del Estado de Bienestar, corregir desigualdades, implementar una renta básica para proteger a las personas que han perdido su empleo, trabajo, negocio y/o no disponen de ingresos, también cambiar el modelo productivo (apoyo al sector primario y sectores estratégicos, reindustrialización), financiar suficientemente la I+D+I y potenciar la IDT, no abandonar bienes y productos básicos necesarios a la perversa dinámica del mercado y afrontar las consecuencias del cambio climático.

 

Muchas de esas políticas figuran en el programa del actual Gobierno de coalición entre las reformas y cambios que, desde hace tiempo, deben abordarse. Ahora –para afrontar la pandemia y sus tremendas consecuencias- se han añadido medidas de urgencia y actuaciones inmediatas, que resultan integrables en el marco del horizonte transformador que orienta, sustenta y debe mantener su acción política, para que muchas cosas no vuelvan a ser como antes y la salida de la crisis realmente se traduzca en una reconstrucción y recuperación sobre bases (estructuras) más firmes, económica y socialmente sostenibles.

 

En el complejo escenario de salida de la crisis, es necesario un pacto y/o acuerdo político y social de amplio espectro: en principio para seguir abordando las repercusiones de la pandemia con las múltiples medidas ya en marcha e implementar más líneas de actuación para la recuperación económica y social; y, además, ante las contradicciones, carencias y disfunciones que la pandemia ha puesto al descubierto, se impone la necesidad de reformas profundas que fortalezcan el papel del Estado para una mejor defensa del interés general, un mayor alcance y eficacia de los servicios públicos del bienestar, en especial recuperar el sistema sanitario, y dotar un sector público estratégico que garantice bienes, recursos, productos y servicios esenciales, tanto a la economía productiva como a la sociedad. Es decir, esas prioridades resultan bastante evidentes y deben contemplarse y abordarse durante la actual legislatura.

 

En los días álgidos de la pandemia, los medios informativos recordaban que en octubre de 2011 se promulgó la Ley General de Sanidad (por el Gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero) que contemplaba estructuras fuertes de salud pública para dar respuestas coordinada a situaciones como la que vivimos; sin embargo durante el Gobierno de Mariano Rajoy la ley no se desarrolló, y el sistema sanitario público, especialmente en varias comunidades autónomas gobernadas por la derecha, fue recortado y “precarizado”: menos presupuesto, menos personal, plantillas insuficientes y un alto porcentaje de sanitarios sometido a la rotación de la contratación temporal, menos camas, menos recursos y medios; mientras se “derivaba” dinero público a pagar conciertos privados y externalizaciones de servicios. Como prioridad inmediata, la expansión de la pandemia ha revelado la necesidad de una sanidad pública potente, con suficiencia financiera bien dotada de plantillas de profesionales y mejor equipada. También se ha puesto de manifiesto la urgencia de mayor coordinación (estatal) y equiparación entre sistemas sanitarios de los territorios y en (con) los distintos niveles de salud pública y asistencial, y de éstos con los servicios sociales y de atención a la dependencia.

 

Un sistema fiscal justo, equitativo, eficiente y progresivo tiene que constituir un instrumento primordial en la construcción de otra política económica y social para la gente y corregir los muy acentuados desequilibrios y diferencias de renta y riqueza. Hay que disponer de bienes públicos y de dotaciones suficientes para implementar políticas públicas redistributivas y recuperar los servicios de bienestar como factores de equidad, cohesión social y equilibrio territorial.

 

Las políticas de rebajas impositivas y bonificaciones fiscales a grandes patrimonios, rentas muy altas, sociedades y conglomerados corporativos resultan disruptivas: favorecen únicamente a una élite muy reducida acentuando las desigualdades, perjudican a la economía productiva beneficiando al capital especulativo, debilitan la hacienda del conjunto del Estado y ello repercute en menos inversiones y precariedad de los servicios públicos.

 

Una reforma fiscal que articule un sistema tributario con mayor equilibrio entre las rentas del trabajo y las rentas del capital y homologable entre todas las Comunidades Autónomas hace años que viene siendo una de las reformas más necesarias, y ante las circunstancias actuales resulta ineludible. La armonización impositiva y limitar la competencia fiscal entre territorios es insoslayable para que las comunidades autónomas no compitan –entre sí y con el Estado- practicando el dumping fiscal: Un claro ejemplo de la asimetría impositiva se evidencia en la Comunidad de Madrid, mascarón de proa del PP en la política fiscal selectiva y restrictiva, que ha convertido el territorio autonómico (donde se ubica la capitalidad del Estado) en paraíso de elusión fiscal para grandes fortunas y mega-corporaciones; así se acentúan las desigualdades, se causa una enorme precariedad a los servicios públicos, mientras se reclama mayor financiación estatal.

 

En el conjunto plural del Estado Autonómico hay que despejar el horizonte federativo, aprovechando las experiencias de gobernanza multinivel y coordinación institucional (Estado, CC. AA. y entidades locales) para establecer una arquitectura “funcional” de colaboración estatal más efectiva (con y) entre los entes territoriales sobre todo en materias y ámbitos que han resultado claves en la situación de crisis: sectores básicos y esenciales de la economía, salud pública, sanidad, servicios sociales, educación, regulación del mercado laboral y protección a los trabajadores, recuperación de la actividad de autónomos y empresas.

 

También se debería avanzar (y converger) hacia un entendimiento federal-cooperativo para garantizar más ampliamente los bienes estatales comunes y los derechos sociales y laborales, con la finalidad de asegurar la equidad en las prestaciones, evitar riesgos privatizadores y afianzar la corresponsabilidad y solidaridad entre territorios, para que todos/as ciudadanos/as tengan acceso, en condiciones similares y con niveles equiparables de calidad , a los servicios públicos esenciales en cualquier lugar de residencia.

 

Desde la crisis anterior, en nuestro País ya eran muy necesarios acuerdos para esas reformas y otras prioridades que, ahora, deben tratarse en el pacto de reconstrucción. Sin embargo, es posible que sectores de la derecha y de la oligarquía financiera, anteponiendo sus interés al bien común, intenten una vuelta de tuerca sobre el Gobierno de Pedro Sánchez similar a cuando tras la crisis del año 2008 el Gobierno de Rodríguez Zapatero se sintió presionado para la reforma del artículo 135 de la Constitución y con la recomendación de las instituciones de la UE se impusieron duras políticas de ajuste. Así la deuda privada y de las corporaciones, por el estallido de la burbuja financiera, se traspasó a la deuda pública y las cúpulas de los negocios y grandes fortunas eludieron sus responsabilidades y continuaron acumulando más riqueza, mientras que el Gobierno Rajoy acentuó el deterioro de la situación social y laboral imponiendo más austeridad a la gente.

 

En la salida de la crisis actual no se pueden repetir aquellos errores: si elites poderosas consiguen volver a imponer las “recetas” insolidarias neoliberales para su beneficio, quedaremos anclados en una prolongada crisis estructural con enormes secuelas en la economía y la sociedad. El camino de la recuperación debe trazarse sobre las reformas que ya había diseñado el actual Gobierno, con las medidas “de choque” que se han adoptado para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, abordando prioridades como las señaladas anteriormente e incorporando propuestas coherentes que, desde ámbitos políticos y agentes sociales, se están enunciando; son compromisos esenciales y fundamentales para que la recuperación alcance a todos los sectores y personas, que nadie quede atrás y se realicen los cambios necesarios superando la grave situación actual y para responder acertadamente a los desafíos futuros.

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Autor: José Miguel Sánchez Estévez

(Historiador, Profesor jubilado de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca,  Ex Procurador del  Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, Miembro de la corriente de opinión Izquierda Socialista - PSOE)