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Izquierda Socialista de Valladolid en la defensa de los Servicios Públicos

Delgado justifica la compra de Portillo y Arroyo pero apunta a Villanueva

El caso judicial que investiga una supuesta trama de malversación de fondos públicos en la compra del edificio de la ADE en Arroyo de la Encomienda, y en la adquisición por parte de esta entidad de terrenos para el malogrado Polígono Industrial de Portillo, ha dado un sorprendente salto que alcanza al ex consejero de Economía Tomás Villanueva y a la ex viceconsejera Begoña Hernández.

 

Uno de los principales imputados, el que fuera viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007, Rafael Delgado Núñez, se ha adelantado a su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2, que estaba programada para octubre, y ha dado su versión de los hechos al juez en un extenso escrito al que ha tenido acceso este periódico.

 

En él pide su sobreseimiento en la causa y sostiene que tan sólo seguía las instrucciones del ex consejero de Economía Tomás Villanueva y de la ex viceconsejera Begoña Hernández. Delgado justifica, además, la legalidad de esas operaciones, afirma que nunca se ha lucrado de las mismas y que los indicios que apuntan a que formaba parte de una trama son «meras coincidencias».

 

El Ministerio Público pidió la comparecencia de Delgado porque considera que en sus sucesivos puestos como viceconsejero de Economía y Empleo y secretario general de esa Consejería fue «partícipe» de todas las fases del alquiler y compra de un edificio del que se sospecha que se pagó una serie de sobrecostes de diez millones a través del abono de una facturas. También por ser el que firma la compra de terrenos de Portillo por más de 20 millones euros, lo que algunos informes consideran un precio injustificado cuando se podían haber adquirido a los propietarios originales.

 

En su petición de sobreseimiento, Delgado recuerda que en el año 2005 fue cuando se «aprobó una nueva estructura de la Agencia, a propuesta del consejero de Economía y Empleo y presidente de la ADE», en la que Delgado ocupó el cargo de director gerente de manera provisional, y también entraron en la directiva Begoña Hernández, como encargada de la financiación, y Alberto Esgueva, como director de Excal, otro de los principales imputados, ya que, según la Fiscalía, compartía relaciones familiares, societarias y de amistad con algunos de los empresarios beneficiados. «Todas esas personas que formaban el equipo directivo de la Agencia fueron nombradas directamente (...), al igual que el resto del personal directivo de la Consejería, por el consejero de Economía y Empleo, sin cuya aprobación era imposible» realizar ninguna de las operaciones.

 

El edificio fue finalmente adquirido por Gesturcal y, aunque Delgado era consejero delegado de la misma junto conBegoña Hernández, señala que «la dirección efectiva de la compañía recaía en la viceconsejera». Añade que fue ella la que designó a la tasadora que evaluó el precio más alto para el edificio, desconociendo si había otras tasaciones más bajas.

 

Hernández, asegura Delgado, fue la que negoció la compra de terrenos en Portillo, aunque luego habilitó a Delgado para que firmara la adquisición, ya que ella no podía hacerlo «por problemas de agenda», y lo hizo «en la confianza en que el precio de las diferentes fincas (...) era el que los técnicos habían aceptado, sustentados en los correspondientes informes y tasaciones». Delgado reitera al juez que «Begoña Hernández dependía funcional, orgánica y jerárquicamente del titular de la propia Consejería de economía, don Tomás Villanueva Rodríguez». A su juicio, los miembros de consejos de administración de la ADE (que también han sido llamados a declarar como imputados) tan sólo cumplían sus directrices, que siguieron con sometimiento a la ley.

 

Asimismo, apunta a que el pago de facturas a Urban Projecta PM3, la empresa a la que se le pagó primero un alquiler y luego la compra del edificio de la ADE, se limitó «a firmar lo propuesto por el director financiero, Mario Armero, y el director general, Jesús Jiménez Miguel, en los casos en que la presidenta delConsejo y consejera delegada, Begoña Hernández, no pudiera suscribirlos y siempre bajo su dirección y control».

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diariodevalladolid.es

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