Un informe policial detecta un amaño en la compraventa del edificio de la Junta en Arroyo
El Grupo de Delincuencia Económica señala que Urban Proyecta ya había pagado el proyecto del inmueble antes de salir a concurso público el arrendamiento con derecho a compra
Dos de los informes clave sobre los que la Fiscalía sustentará su estrategia en los interrogatorios que arrancan el próximo 17 de junio están en el expediente de las diligencias previas 5035/13 que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid para esclarecer si hubo prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en dos operaciones urbanísticas que tienen como denominador común a ADE Parques, la sociedad pública de gestión de suelo dependiente de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, y algunas empresas de la comunidad con actividades mercantiles tan diversificadas que van desde la compra de suelo para la promoción de polígonos industriales, la viticultura, la restauración de patrimonio, la venta de vehículos de segunda mano a los parques eólicos. Aunque los nombres propios que están o han estado en algún momento al frente de sus actividades son casi siempre los mismos y salen de manera recurrente a medida que profundiza la investigación judicial.
Estos dos informes, que han sido realizados por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial de Valladolid, se suman a los emitidos -también a instancias de la Fiscalía- por la Administración General del Estado sobre el edificio de Arroyo de la Encomienda y el parque empresarial de Portillo, y aportan una detallada cronología en la que se pone en evidencia que, el 14 de septiembre de 2005, la empresa Urban Proyecta PM3 SL abonó 31.320 euros en concepto de honorarios al Estudio Lamela por la fase de concurso 'Proyecto ADE-Valladolid'. Un detalle, este, que los investigadores consideran «especialmente relevante», porque el consejo de administración de la empresa pública ADE (entonces Gesturcal) no acordó iniciar el expediente para convocar el concurso público para alquilar un edificio con opción de compra hasta tres meses más tarde, el 26 de diciembre de 2005.
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