Hacienda detecta comisiones en la autorización de parques eólicos
- La Agencia Tributaria denuncia una trama de 110 millones en Castilla y León
- Cargos regionales y constructores afines agilizaron trámites tras los pagos
La Agencia Tributaria ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción el presunto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Un informe de 94 folios elaborado por la inspección de la Agencia Tributaria y fechado el pasado 30 de diciembre al que ha tenido acceso este diario concluye “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en esa comunidad.
Hacienda incluye en esa organización a “autoridades públicas de Castilla y León”, “las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques”, “los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas” y “las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110 millones de euros”.
El informe detalla siete operaciones en las que las eléctricas terminan pagando a empresarios locales o altos cargos estas cantidades directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta.
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Uno es el entonces viceconsejero, Rafael Delgado Núñez, el que firmaba las autorizaciones administrativas “en virtud de acuerdos de avocación específicos”. Este diario ha intentado sin éxito localizar a Delgado Núñez. Como muchos de los citados, sí que declaró ante la inspección. Allí afirmó que el proceso en esa comunidad había sido “altamente eficaz” porque apenas había recursos ante los tribunales y que valoraban que “las empresas solicitantes tuviesen interés regional”, siempre según el informe.
Sin embargo, el principal señalado por el documento es Alberto Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones. Su grupo empresarial es uno de los más beneficiados por las operaciones. Desde el pasado mes de septiembre reside en Polonia, donde dirige una empresa inmobiliaria. No ha querido hablar para este diario pese a las reiteradas peticiones a su secretaria.
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47,1 millones a un alto cargo que puso 24.400 euros
La mayor operación eólica bajo la lupa de Hacienda es una realizada entre Iberdrola Renovables en Castilla y León, Ibercyl, y la empresa San cayetano Wind, propiedad de Alberto Esgueva. Este fue consejero delegado de la empresa pública Excal SA, dependiente de la Consejería de Economía, hasta 2006.
En 2005, mientras era alto cargo de la consejería que autoriza los parques eólicos, Alberto Esgueva fundó la empresa Energía Global Castellana. Lo hizo junto a Ibercyl, filial de Iberdrola en la comunidad. Esgueva puso 24.400 euros por el 40% del capital social e Iberdrola 36.600 por el 60% restante. Esgueva utilizó para ella su sociedad San Cayetano Wind, que tenía su sede en un edificio de Madrid “en el que ni estaba ubicada ni era conocida”. San Cayetano es el nombre de la empresa de la familia de Esgueva de fabricación de embalajes de cartón. Entre 2005 y 2008, Castilla y León autorizó a la empresa mixta la construcción de 18 parques eólicos en Soria, Burgos y León que suman 492 megavatios. En febrero de 2007, dos años después de constituir la sociedad, Iberdrola acuerda comprar las acciones de Esgueva por una cantidad que depende de los megavatios que instalen y de la producción eléctrica. La primera liquidación es de 13,595 millones de euros. La transferencia la tienen que firmar dos apoderados de Iberdrola dada la enorme cifra.
Hasta el 29 de octubre de 2009, Hacienda ha detectado 10 transferencias desde Iberdrola a San Cayetano Wind que suman 47,1 millones de euros. Una vez que la eléctrica obtuvo el 100% de las acciones de Energía Global Castellana la disolvió y se quedó con los parques eólicos que ella había desarrollado.
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