Tres caras de la criminalización de la protesta laboral

• Ricard Verché es el último caso que se ha añadido a la lista de 82 expedientes abiertos contra trabajadores y sindicalistas
• María Jesús Cedrún ha sido condenada a una multa de 100 euros después de que la Fiscalía le pidiera 9.000 euros por coacciones a la huelga
• A Katiana Vicens le piden cuatro años de cárcel

 

 

Ricard, Katiana y María Jesús son tres de las 266 personas imputadas por su participación en piquetes o protestas durante los últimos años. Los tres se enfrentan a procesos penales en los que se les imputa un delito de coacciones a la huelga o contra los derechos a los trabajadores. Los tres estaban presentes en el acto que CCOO y UGT organizaron este martes en Madrid para denunciar la criminalización de la protesta y defender el derecho de huelga, junto a otros encausados, como los ocho trabajadores de Airbus en Madrid para los que piden ocho años de cárcel o los dos sindicalistas de UGT que se enfrentan a una pena de siete años y dos meses de prisión.

 

Ricard Verché es el último caso que se ha añadido a la lista de 82 expedientes abiertos contra trabajadores y sindicalistas. Trabajador del metro de Barcelona, Ricard, que ocupa un cargo en la Sección Sindical de CCOO en el metro, salió junto a más compañeros a ejercer como piquete en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. "Nos dimos una vuelta por Barcelona. Sobre la una de la tarde, cuando ya habían acabado los servicios mínimos de autobuses que se habían pactado, vimos un vehículo en marcha y con pasaje. Estuvimos hablando con el conductor, y su mando vino a decir que iban ya de retirada", recuerda.

 

El piquete siguió su marcha por la ciudad hasta que un rato después volvió a encontrarse al mismo autobús. "Entonces la gente ya se exaltó un poco y algunos empezaron a gritar", recuerda. Una cámara grabó al grupo de gente dirigiéndose al conductor. En aquel momento no se produjeron identificaciones, pero poco después le llegó a Verché una citación de los Mossos para declarar por aquel incidente: "Les dije que yo no iba a decir nada, que no sabía de qué me acusaban ni qué pruebas había contra mí".

 

Más tarde fue el juez el que le llamó a declarar. La Fiscalía pide para él cinco años de prisión: dos por daños porque las ruedas del autobús aparecieron pinchadas, y tres por coacciones a la huelga. "Es algo desproporcionado, en el piquete había mucha gente, y en las imágenes ni siquiera se ve nada de eso", asegura. Su abogado prepara ahora su escrito de defensa.

 

María Jesús Cedrún también salió la noche de la huelga del 29M a visitar a los piquetes. Como secretaria general  de UGT en Cantabria, cogió su coche para acercarse a diferentes puntos. De madrugada llegó a MercaSantander: "Cuando llegué se habían tirado clavos en la calzada. Estuvimos hablando con la policía que había allí, calmando los ánimos. Me alejé de camino a mi coche para ir a otro lugar, iba con otros dos compañeros, cuando se acercaron unos policías para identificarme, no me dijeron por qué", explica.

 

Al cabo de unos meses, la líder de UGT en Cantabria se enteró por la prensa de que estaba imputada por un delito penal. "Lo vi en los periódicos, ni siquiera me había llegado la notificación", dice. Esa notificación llegó ocho días después de las publicaciones. Una vez ante al juez, una policía declaró que había sido Cedrún quien había tirado los clavos, que llevaba en el bolso. "Ni siquiera llevaba bolso, cosa que pude acreditar por fotos de reporteros de esa noche. Entonces dijeron que no era un bolso, sino una bolsa de plástico que pude tirar a un contenedor", recuerda indignada.

 

La Fiscalía pedía para ella 9.000 euros de multa por un delito de coacciones a la huelga y un día y medio de cárcel por cada día que no pagara la sanción. Finalmente, la jueza, ante la falta de pruebas, lo dejó en una multa de cien euros. La Fiscalía recurrió, pero la Audiencia Provincial ratificó el fallo. "No es tanto la pena que pedían, como la utilización de mi persona para desacreditar la figura de los piquetes y a los propios sindicatos. Claramente se buscan condenas ejemplarizantes", señala.

 

Katiana Vicens es secretaria general de CCOO en Islas Baleares, un cargo que también ocupaba el 29 de marzo de 2012, día de la huelga general. Sobre las seis de la mañana acudió a la estación intermodal de autobuses. "Había como 200 personas concentradas. Tres o cuatro pásabamos a hacer labor informativa a los chóferes y al pasaje. Había un despliegue policial bestial y los policías se iban colocando en las puertas de los autobuses para que solo pasáramos una persona a los vehículos", señala. En la puerta de uno de ellos, el conductos le impidió el paso: "Estaba muy alterado, al final el policía me sacó y me identificó. Yo le di mi documentación sin problema, no había hecho nada".

 

Tres meses después, una citación judicial llegó a su casa para que declarara por una denuncia por reclamación de daños en uno de los cristales de un autobús. La jueza apuntaba que también podía existir un delito contra el derecho de los trabajadores. En el auto de apertura de juicio le imputaron una falta de daños por la que le piden 13.000 euros y un delito contra los derechos de los trabajadores por el que le solicitan cuatro años y medio de prisión, la pena máxima para este tipo de delito. "Me quedé alucinada", describe Vicens, pendiente ahora de la fecha del juicio. 

 

La secretaria general de CCOO en Baleares no está dispuesta a llegar a ningún acuerdo: "Tengo tan claro que no he hecho nada que estoy dispuesta a recorrer hasta las últimas instancias judiciales, yo desde luego no voy a llegar a ningún acuerdo con esta Fiscalía, la misma que dice que no hay pruebas para imputar a la infanta pero que pretende presentar a los piquetes como unos brutos organizados y violentos". Vicens tiene claro que se trata de una estrategia que busca meter miedo a la protesta y que sirva de excusa para desarrollar una ley de huelga "de forma restrictiva".

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