Un informe jurídico considera ilegal que la Junta convierta en -secreto- el reparto de -bufandas-

Un informe jurídico considera ilegal que la Junta convierta en ‘secreto’ el reparto de ‘bufandas’

 

Ha sido elaborado por los servicios jurídicos de las Cortes para desatascar las peticiones de información que solicitan los procuradores socialistas

 

:: Lunes, 10 de Marzo de 2014 ::

 

La Junta de Castilla y León ya no sabe qué hacer para que no trascienda cuánto paga legalmente en ‘bufandas’ (gratificaciones extraordinarias por trabajos prestados fuera de la jornada laboral) a un reducido grupo de funcionarios. La última ocurrencia ha sido solicitar que esa información, que debe ser expuesta en los tablones de anuncios de cada Consejería cada vez que se produce un reparto, sea declarada secreta para los procuradores de la oposición que de forma periódica se interesan por conocer los importes de estos repartos.

 

Un informe jurídico que ha sido remitido a la presidencia de las Cortes ha frustrado el intento de ocultación del Ejecutivo regional al denegar “la solicitud de carácter secreto de las actuaciones concernientes a la petición de documentación” y autorizar a los procuradores socialistas que la solicitan a acceder directamente a los documentos.

 

Esta última petición de la Junta (que se declare secreto el contenido de los documentos donde figura el reparto de ‘bufandas’) contradice, según se explica en el informe jurídico al que ha tenido acceso últimoCero (ver documento adjunto) a las propias contestaciones que la Junta ha dado en otras ocasiones para tratar de ocultar estos pagos tan legales como escandalosos para los funcionarios (la inmensa mayoría) que no perciben estos cobros.

 

“La Junta de Castilla y León, en al menos tres ocasiones anteriores, no ha considerado que los documentos a través de los cuales se han hecho públicas las gratificaciones por servicios extraordinarios (‘bufandas’) concedidas por la Administración de la Comunidad afectaran al contenido esencial de derechos fundamentales o libertades públicas constitucionalmente reconocidos”, señala el letrado de las Cortes, que también entiende que “el derecho de los procuradores a acceder a la documentación que necesitan para el mejor cumplimiento de sus obligaciones parlamentarias se ve seriamente restringido al no poder obtener copia de los documentos que reclaman”.

 

Y es que las contestaciones que hasta ahora ha ido dando la Junta para resistirse a ofrecer esta información han sido de lo más variopintas. Ha obligado a los procuradores socialistas a desplazarse a dependencias administrativas para consultar la documentación “dado el excesivo volumen de la documentación requerida”, ha puesto pegas alegando que la información “pueden contener datos de carácter personal y/o estar sometidos a especial protección” y ha llegado a afirmar, en el colmo de los despropósitos, que “los documentos que se solicitan no tienen que existir”.

 

Sin embargo, esos documentos no sólo tienen que existir, sino que existen y, a tenor del informe jurídico que adelanta últimoCero, no pueden ocultarse a los procuradores de la oposición y, mucho menos, considerarse “secretos”.

 

Fuente: últimoCero