Europa avisa a España de que incumple sus normas al dejar a los sin papeles sin la sanidad
El Consejo de Europa ha vuelto a reprender a España. En esta ocasión le avisa de que la decisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de dejar sin sanidad a los inmigrantes en situación irregular va en contra de las normas europeas, asumidas por España hace décadas al ratificar la Carta Social Europea. "Los estados que forman parte de la Carta tienen obligaciones en términos de acceso a la atención sanitaria para los migrantes independientemente de su estatus de residencia", señala el Comité Europeo de Derechos Sociales en las conclusiones publicadas este miércoles.
"Los estados deben asegurar que todos los ciudadanos tienen el derecho a acceder a la atención sanitaria y que el sistema sanitario es accesible para toda la población", continúa el comité, que recuerda que esto es un "prerrequisito para la preservación de la dignidad humana" y esta un "valor fundamental" para que se respeten los derechos humanos. Además, reprocha al Gobierno que utilice la "crisis económica como pretexto": "Hay alternativas menos costosas en términos financieros y respecto al impacto de la medida en la salud pública de la población en su conjunto", dice el informe.
No obstante, el Consejo de Europa reconoce que no puede llevar a cabo medidas respecto al "desarrollo legislativo regresivo en relación al acceso a la sanidad de los extranjeros", ya que este informe solo valora los aspectos producidos en el periodo 2008-2011 y el decreto de medidas de acceso al sistema de salud es de abril de 2012. Aún así, advierte de que si el Gobierno no da marcha atrás estará incumpliendo los estándares fijados por el organismo internacional del que forma parte: "Si la legislación se mantiene, no habrá otra cosa que mostrar en el próximo informe la no conformidad con la Carta".
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Más recortes, menos derechos sociales
En materia sanitaria, el organismo también destaca la importancia de que el derecho de acceso no debe encontrar "retrasos innecesarios" y, aunque se hace eco de la legislación adoptada en este sentido, pide a España datos sobre el tiempo medio de espera para los tratamientos hospitalarios y para las consultas de atención primaria.
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