Interior cambia la ley para ampliar el negocio de la seguridad privada
¿Por qué no cárceles privadas?
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Jorge Fernández, ministro del Interior, se ha convertido en uno de losgrandes protagonistas políticos de este final de 2013, que políticamente para el Gobierno marca el punto de inflexión —se cumplen dos años de mandato— en el que ahora se quieren concentrar para dar satisfacción a su electorado natural. Ahora Fernández vuelve a primer plano con esta nueva ley que regula el trabajo de vigilantes y detectives privados, tras ser el responsable de la Ley de Seguridad Ciudadana que limita las protestas sociales.
El asunto de la seguridad privada, habitualmente bien acogido en este electorado natural, es algo que ha generado polémicas políticas siempre que el PP, en el Gobierno, ha defendido ampliar sus espacios. La oposición siempre ha acusado a los populares de tener mucha vinculación con las empresas de seguridad privada, un lobby importante en España, que tiene importantes multinacionales en este sector.
Lo cierto es que el propio ministro ha reconocido que esta ley está pensada, entre otras muchas cosas, para que las empresas de seguridad privada tengan más negocio. Interior asegura que en España hay margen para crecer porque hay menos vigilantes privados por habitantes que en Alemania o Francia y muchos menos que en Reino Unido, aunque más que en Italia. Interior ha redactado por tanto esta norma para satisfacer a un sector que da trabajo a 90.000 personas y factura 3.600 millones de euros anuales.
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Los vigilantes privados podrán patrullar en las calles y detener
La definición y regulación del trabajo de los vigilantes de seguridad provocó ayer una importante polémica política en el Congreso de los Diputados. La Comisión de Interior de la Cámara baja dio luz verde, con los votos de PP, CiU y PNV, a la Ley de Seguridad Privada, un proyecto que da amparo legal al patrullaje en espacios abiertos como “zonas comerciales peatonales” y, como consecuencia, permite realizar detenciones y registros en la vía pública ante flagrante delito. Esto es, si las empresas de una zona comercial de una ciudad solicitan un servicio de seguridad privada, los vigilantes podrían encargarse del control de esas áreas, aunque se añade que “en coordinación, cuando proceda, con las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes”.
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Para el principal partido de la oposición, en cambio, “ganan las empresas de seguridad y los ciudadanos pierden derechos”, en palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba. El portavoz socialista en la Comisión de Interior, Antonio Trevín, consideró además que la ley “rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público atribuida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que, a partir de ahora, sus funciones podrán ser ejercidas por la seguridad privada según el criterio económico, es decir, lo que sea más barato”. “Solo podrán pagarse labores de protección aquellos que tengan recursos para ello”, aseguró Ricardo Sixto, de Izquierda Plural. “El Estado se ha echado a un lado por una cuestión presupuestaria. Es innegociable que las fuerzas de seguridad tengan el monopolio de la seguridad en un Estado”, aseguró Toni Cantó, de UPyD.
CiU y PNV, que respaldaron la reforma y se mostraron satisfechos por los aspectos competenciales de la ley —que otorga capacidad ejecutiva a las autonomías—, admitieron que si hay algún aspecto especialmente polémico aún podrá mejorarse con las enmiendas en el Senado.
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