Nuevo ente en la Junta: ADE Rural
12 Jul 2013
Los empleados públicos de la PLATAFORMA EN DEFENSA DE LO PUBLICO (PLADEPU) quieren informa a la opinión pública sobre la creación de un nuevo Ente en la Junta de Castilla y León.
Nos cuesta entender como encaja esta línea política con las declaraciones que el portavoz del Grupo Popular Fernández Carriedo, hizo en la reunión mantenida el 13 de noviembre del año pasado con representantes de La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), respecto a nuestra exigencia de desmantelamiento de la Administración “B”, en las que afirmó que la Junta iba a emprender un proceso de reducción del sector público empresarial salvaguardando el trabajo de los empleados públicos, y trabajando con el PSOE en la supresión de un 50 % de los recursos públicos presupuestados para la Administración B.
No entendemos cómo es posible que durante la reunión mantenida con la Consejera de Hacienda el de 2 de mayo de 2013, con PLADEPU, la misma nos diga que el presupuesto es escaso, con tendencia a empeorar, y que ésta es la razón por la cual no hay carrera profesional, ni ningún tipo de incentivo económico que se pudiera pagar en estos momentos.
Nos preguntamos si Pilar del Olmo es la misma persona que hace menos de dos meses insistió en que en el mes de mayo del año pasado se cerraron los mercados de financiación, hecho que apuntó como gravísimo, y que hoy se permite el lujo de soltar parte del presupuesto de todos los ciudadanos en el enésimo agujero negro.
El Ente ADE Rural según la Web de la Junta “nace para promover la creación de nuevas empresas en el medio rural y prestar apoyo a las ya existentes”, y por ello es necesario hacer varias preguntas:
- ¿Los empleados públicos, que actualmente tienen competencias en este tema, son unos ineptos y no saben hacer correctamente su trabajo?
- ¿Éstos no han promovido la creación de nuevas empresas en el ámbito rural?
- ¿Estos empleados públicos no han prestado el apoyo adecuado a las industrias existentes? Si esto es así, ¿no habría que pedir explicaciones a los superiores de estos empleados del por qué de esta ineficacia?
Nuevamente la Junta de Castilla y León quiere desprestigiar a sus empleados públicos, los trabajadores que han accedido a su puesto de trabajo a través de una oposición pública y donde los mejor formados, tras superar distintas pruebas, han ingresado en esta administración, seguimos haciéndonos nuevas preguntas:
- ¿Cuál es el interés real de algunos políticos que día tras días están desprestigiando a los empleados públicos?
- ¿Por qué los empleados públicos percibimos que molestamos tanto a esos políticos?
- ¿No será que éstos quieren saltarse todos los controles públicos, como se ha dejado entrever en el último informe sobre Fundaciones del Consejo de Cuentas?
- ¿Qué mueve a los responsables políticos, responsables de esta crisis, a usurpar funciones, que están desarrollando con imparcialidad los empleados públicos, y asignárselas a entes de derecho privado?
- ¿Por qué los políticos de turno no quieren empleados públicos y prefieren contratados dóciles y afines a sus intereses e ideas, que estén sometidos continuamente al chantaje de que si no obedecen pierden el trabajo?
- ¿Por qué los ciudadanos no se movilizan masivamente frente a este modo de hacer política, que expropia el patrimonio común de todos, para repartirlo entre los amigos, familiares, y afines del partido en el poder?
Los empleados públicos en el desarrollo de sus funciones actúan con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.
El derecho de los empleados públicos a la “inamovilidad en la condición de funcionario de carrera” hace que pueda cumplir con estos principios, siendo el gran beneficiado el ciudadano al ser tratado con igualdad, eficacia y sin discriminaciones.
La Junta de Castilla y León, al igual que otras administraciones, ha parido multitud de entes públicos, empresas públicas y fundaciones, vaciando de funciones a los empleados públicos y duplicando las competencias, es la llamada ADMINISTRACIÓN B o ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL. Esta administración B tiene menor control presupuestario, rigor en el gasto, mayor oscurantismo y facilidad para someterse al derecho privado y eludir el derecho público.
Muchos de estos entes y empresas, inicialmente funcionaban con empleados públicos, pero poco a poco éstos fueron desapareciendo y fueron siendo sustituidos por trabajadores contratados, sin apenas control sobre sus méritos y capacidades para acceder a esos puestos. Estos trabajadores ya no se rigen por los principios de los empleados públicos; integridad, neutralidad, imparcialidad…., son sumisos a la mano que les da de comer. La administración simplemente está quitando competencias a los legítimos poseedores de ellas, los empleados públicos, para entregárselas a entes donde el control es muchísimo más laxo.
Recientemente el Consejo de Cuentas en Castilla y León le ha untado el morro a esta Administración, tras efectuar una auditoria sobre FUNDACIONES PÚBLICAS de Castilla y León, concluye: “que existe falta de control en la gestión diaria y también que no hay indicadores con los que se pueda comprobar que su actividad se ajusta al cumplimiento de los fines para los que fueron creadas” (de las 114 Fundaciones que existen en Castilla y León, solamente 18 rindieron cuentas en el año 2010).
La Junta de Castilla y León, en estos años ha ido tejiendo una tela de araña que cada vez es más grande y difícil de desenmarañar. Actualmente esta tela de araña esta formada por, al menos:
- 4 Organismos Autónomos: Gerencia Regional de Salud, Gerencia de Servicios Sociales, Servicio Público de Empleo y Instituto de la Juventud
- 4 Entes públicos de derecho privado: Ente Regional de la Energía, Instituto Tecnológico Agrario de C y L, Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de Empresas (ADE) y Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.
- Empresas Públicas (23)
- Fundaciones (44)
Todo este entramado provoca: duplicidad de funciones, descontrol del presupuesto de la administración, falta de eficacia hacia el ciudadano, facilita la corrupción por falta de controles, favorece los negocios privados, coloca en puestos directivos a los afines al partido gobernante, amiguetes y familiares.
El ADE Rural, al igual que ha sucedido con el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), se transformará en una empresa privada en manos del Partido Popular para colocar a sus afines y no ser eficaz a la sociedad. Vaciará de competencias a los empleados públicos, favorecerá la corrupción por falta de control y el clienterismo al perder toda la imparcialidad y objetividad que tiene que tener la Administración.
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pepito pérez -