HACIA LA III REPÚBLICA FEDERAL, LAICA Y PARTICIPATIVA (II)

3. - Un Estado Laico

Las instituciones democráticas de una sociedad moderna no deben estar al servicio de ninguna confesión religiosa. El mundo de las creencias religiosas tiene sus propios ámbitos de expresión y articulación que no deben confundirse con los de la sociedad política democráticamente constituida. Las normas de una confesión religiosa sólo pueden obligar a sus miembros. Las normas del Estado democrático y de derecho obligan a todos. Por todo ello, el Partido Socialista Obrero Español, debe abolir el concordato entre el Estado y la Iglesia como medio efectivo y real de la división entre Iglesia y Estado, cumpliendo así con el carácter laico que caracteriza a nuestra organización.

 

PROPUESTAS:
• Abolición de los Acuerdos firmados por el Estado español con el Estado Vaticano el año 1978.
• Aprobación y desarrollo de una Ley de Libertad de Conciencia que garantice el derecho fundamental a tener las creencias que se consideren oportunas, sean o no de orden religioso, sin discriminación alguna por ello y sin privilegios para ninguna persona o colectivo.
• Reformar el Artículo 16 de la Constitución Española para evitar cualquier referencia expresa a una confesión determinada, recogiendo expresamente el derecho inalienable de todo ser humano a tener las creencias y convicciones que estime convenientes.

 

4.- Un Estado Participativo

Ampliar la democratización del sistema político y la participación de la ciudadanía
Hoy el concepto pleno de ciudadanía democrática integra un amplio conjunto de derechos universales, una dimensión ético-moral y humanitaria de responsabilidades individuales y compromisos colectivos y la identificación de las personas con los valores, derechos y libertades que fundamentan la igualdad real de los seres humanos, mejores formas de vida y más dignas, el auténtico bienestar y el progreso de la humanidad. Tal concepto y principios irrenunciables no pueden subordinarse a poderosos intereses particulares que, frente a la necesidad de reasignación de recursos para las políticas sociales, desde el individualismo posesivo más egoísta pretenden, a través de los mercados de capitales, imponer el darwinismo social más acentuado y ahogan los márgenes de maniobra de las políticas monetarias, presupuestarias y fiscales de los gobiernos.

 

Las crudas realidades de la crisis han puesto de manifiesto disfunciones en el sistema político e institucional y desde la radicalización de los principios democráticos se reclaman nuevos canales de deliberación/participación, nuevas ideas y renovados protagonismos de los partidos políticos, agentes sociales y organizaciones de la sociedad civil en interacción con la ciudadanía.

 

Los gobiernos democráticos en sus respectivos ámbitos no deben precipitar decisiones que afectan a la mayoría de la población sin haber estudiado previamente todas las posibles opciones, informado con transparencia y facilitado que la ciudadanía debidamente informada participe (mediante referéndum inequívocamente planteado y debidamente informado, en parlamentos, en plenos municipales, etc.) en la decisión del plan de acción que estime más pertinente. Los gobiernos en su caso deben incentivar y acoger con el máximo interés y apoyo institucional las leyes y/o propuestas surgidas por iniciativa popular.

 

La segundad mitad del siglo XX y el siglo XXI han aportado algo fundamental al ciudadano, la posibilidad no solo de acceso directo e instantáneo a la información, sino la posibilidad de crearla, comentarla e intercambiarla. La información durante siglos ha sido una fuente reservada de poder, guardada, manipulada y empleada por unas capas privilegiadas para mantener su dominio. Actualmente somos capaces de informarnos, analizar, comparar puntos de vista y criterios, opinar y exigir. Hoy resulta más difícil manipular y engañar. Esto nos permite ser más libres, más exigentes, más responsables y más solidarios.

 

Siendo uno de los valores de la izquierda el respeto a la persona hemos de ser pioneros en transparencia, en comunicación veraz y sólida, en crear núcleos de exigencia, de participación y decisión que respeten la dignidad y las aspiraciones de las personas. Se ha acabado la era de las medias palabras, del disimulo, del ocultismo, el ciudadano pide claridad, sinceridad, transparencia y honestidad.

 

PROPUESTAS:
• Reforma de la Ley electoral para una representación más proporcional de la ciudadanía. Entre otras consideraciones, habría que interpretar el artículo 6 de la Constitución para introducir la obligatoriedad de aumentar la democracia interna de todos los partidos políticos mediante la celebración de elecciones primarias. También por Ley establecer los derechos y obligaciones de los electores y de los representantes elegidos.
• Realizar elecciones municipales mediante listas abiertas por distritos (un concejal por distrito) y elección directa del Alcalde por los ciudadanos.
• Defensa y ampliación de los derechos civiles recogidos en nuestra Constitución, facilitando la cercanía de los ciudadanos a la acción política institucional, creando nuevos cauces de participación democrática y control del ejercicio del poder político.
• Mejora de las regulaciones y sistemas de controles públicos con el necesario reforzamiento y ampliación de las políticas estatales de evaluación, control y modernización administrativa.
• Revisar el actual sistema de acceso, permanencia y control en la Función Pública, para hacerla más eficaz, participativa y democrática.
• Participación en la ejecución de decisiones tomando como referencia el principio de subsidiariedad y mediante la desconcentración y descentralización de la gestión política y administrativa, facilitando la accesibilidad y en consecuencia la participación activa de la ciudadanía a la vez que se fomentan las capacidades de organización de la sociedad civil.
• Tolerancia cero con la corrupción política, reforzando las medidas administrativas y penales contra este grave problema. Esto implica adoptar nuevas medidas legales contra el transfuguismo político, ampliando los supuestos que integran ese concepto político y sus medidas coercitivas.
• Transparencia y adecuación de las retribuciones de los representantes públicos y cargos de la administración, de forma que su regulación no sea diferente de la del resto de los ciudadanos.
• Potenciación de mecanismos de transparencia de las instituciones y de rendición de cuentas de los representantes públicos. Las personas que ostenten una representación pública han de hacer conocer su situación patrimonial a la ciudadanía.
• Los políticos judicialmente condenados no deben poder representar nunca más a la ciudadanía, al igual que los políticos judicialmente imputados deben retirarse de su función pública hasta que se resuelva el procedimiento.
• Referéndum Revocatorio- Moción de Censura Popular de todos los cargos institucionales a partir de mitad mandato como instrumento de participación y poder popular, reafirmando así el principio fundamental de soberanía popular.
Madrid, septiembre 2011