La quiebra de una fundación destapa otro gran fraude en la sanidad catalana
La quiebra de Instituto de Alta Tecnología (IAT), una fundación creada en 2001 para construir y gestionar un pionero centro de diagnóstico por imagen en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB, en sus siglas en catalán), ha hecho aflorar un nuevo fraude millonario de dinero público en la sanidad catalana. El IAT tenía que ser un modelo de excelencia y una brillante colaboración entre el sector público y el privado. Formada por tres hospitales financiados por la Generalitat —Mar, Clínic y Vall d’Hebron— y un holding privado —CRC, empresa líder en Cataluña en el sector—, la fundación acabó sin embargo solicitando el concurso de acreedores en octubre de 2011.
La causa de ello no fueron los recortes. Ni siquiera la escasez de recursos para la investigación. Según el administrador concursal de IAT y la auditoría Faura-Casas, a la que el Juzgado de Primera Instancia 46 de Barcelona ha encargado un peritaje, CRC se aprovechó de su control sobre la fundación para obtener irregularmente de ella cuantiosos recursos e incluso desvió hacia sus empresas filiales subvenciones y todo tipo de materiales comprados con fondos públicos, todo ello en medio de un caos de gestión —cuentas no depositadas, “cifras inconsistentes”, ingresos y gastos que no cuadraban...— en el que ahora los técnicos tratan de poner un poco de orden.
En total, el administrador concursal, estima en 5,3 millones el dinero que el grupo CRC debe a la fundación. La mitad de este importe proviene de un crédito blando concedido en 2002 por el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por todo ello, el administrador considera que “existen motivos para fundamentar la calificación culpable del concurso”, es decir, que pueden existir responsabilidades por parte de los gestores de CRC. Lo sucedido tampoco deja en muy buen lugar a los patronos de los tres hospitales públicos afectados, cuya falta de control o complacencia permitió todo lo ocurrido.
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