UN GOBIERNO INEFICAZ, INJUSTO Y POCO CREÍBLE
El pasado mes de agosto no ha sido precisamente inhábil en términos políticos, económicos y sociales. El adelanto de las elecciones políticas en el País Vasco y Galicia, los sobresaltos de la prima de riesgo y de la renta variable, la nueva caída de la actividad económica en el II trimestre del año (recesión persistente), el disparo al alza de la inflación, así como el creciente desempleo y los recortes sociales (prestaciones por desempleo; destrucción de empleo público, sobre todo en sanidad y educación; además del anuncio del aumento del IVA) -como consecuencia de los ajustes y de las políticas de austeridad impuestas desde la UE- han sido hechos especialmente significativos que han presidido un mes tradicionalmente vacacional en nuestro país.
En este contexto no debe extrañar a nadie que hayan continuado las movilizaciones sociales y que se anuncie para el día 15 de septiembre una marcha sobre Madrid convocada por los sindicatos mayoritarios y más de 150 organizaciones sociales en su rechazo a los recortes del Gobierno y al copago -entre otras medidas-, lo que representará el comienzo de un nuevo y anunciado “otoño caliente”. Debemos recordar que lo que está aconteciendo en términos económicos y sociales se produce en base a las políticas unilaterales y de corte ideológico del Gobierno Rajoy (amparado en su mayoría absoluta), que están resultando regresivas socialmente y contradictorias con las medidas que prometió en su programa electoral. Lo más grave de la situación es que estas políticas están consiguiendo lo contrario de lo que dice pretender el Gobierno: reducir el déficit y la deuda pública (están aumentando), crear empleo (se está destruyendo) y mantener las medidas de protección social en defensa de los más afectados por la crisis (se están reduciendo). Por eso resulta comprensible que la oposición siga insistiendo en la oferta de diálogo y paralelamente denuncie una política que no cuenta con ninguna credibilidad y es ampliamente rechazada por la ciudadanía por ineficaz e injusta; de la misma manera, los sindicatos -víctimas de una absurda política antisindical del Gobierno- están apostando por la protesta y por la movilización ante la imposibilidad de negociar nada que tenga relación con la defensa de los intereses de los trabajadores más débiles (el Gobierno sólo tiene interés en recabar adhesiones y apoyos incondicionales). El resultado es particularmente negativo; en todo caso, la situación actual confirma el diagnóstico más común entre la mayoría de los expertos: el equilibrio fiscal no se conseguirá sólo con políticas de austeridad sino están acompañadas de medidas de reactivación económica y de creación de empleo.
Todo ello se produce en un marco europeo presidido por las políticas neoliberales -las mismas que defiende Rajoy, que son las que gobiernan y diseñan la salida a la crisis-, basadas en un ajuste brutal e indiscriminado de las cuentas públicas -sin margen para la inversión productiva, el consumo y la corrección del creciente desempleo-, lo que nos ha conducido nuevamente a la recesión y a la pobreza en un marco de profundas desigualdades (según Contabilidad Nacional, entre abril y junio la economía ha caído, en relación con el primer trimestre del año, un 0,4% y el 1,3% en términos anuales). Ello es debido, en buena medida, a la fuerte caída del consumo interno producida por el desempleo, los recortes sociales y la caída de las retribuciones de la función pública y de los salarios (los nuevos y escasos convenios que se firman apenas alcanzan el 0,5% de incremento salarial, con el agravante de que la mayoría no tienen una cláusula de revisión efectiva). Efectivamente, según destaca UGT, la demanda interna está intensificando su descenso al restar ya 3,9 puntos al crecimiento de la economía, frente a los 3,2 puntos del trimestre anterior, mientras que el sector exterior no despega suficientemente a pesar de su aportación positiva (2,6 puntos)- similar a la del trimestre anterior-, lo que demuestra que una ligera mejora del sector exterior sirve para poco si la capacidad de compra de los hogares se desploma como es lo que está ocurriendo en estos momentos. La situación se deteriora más como consecuencia de la sobrerreacción de los mercados (intereses de la deuda) ante la renuncia de Merkel a mutualizar la deuda en el seno de la UE, lo que está produciendo el rechazo de los ciudadanos que exigen poner freno a unos atropellos que están dejando un visible rastro de pobreza y desesperación en un buen número de países de la UE.
Las políticas de la UE vienen exigiendo particularmente una fuerte devaluación de salarios que se está llevando a cabo a través de la reforma laboral y de la negociación colectiva con el pretendido objetivo de aumentar la competitividad de las empresas. Sin embargo, una política competitiva basada en la reducción de costos en las empresas requiere no sólo apostar por la moderación de salarios (que, en todo caso y por sí sola, está condenada al fracaso) sino por una política de rentas global como vienen exigiendo los sindicatos y se contempla en el acuerdo entre los interlocutores sociales (II AENC, 2012-2014), firmado a primeros de año y echado a perder torpemente por la reforma laboral impuesta por el Gobierno. En este sentido, un debate a fondo y riguroso sobre este asunto requiere abordar también la reducción de las remuneraciones y pensiones de los altos cargos, sus ingresos no salariales (en especie y en la participación de los beneficios) y las retribuciones del capital (dividendos que se siguen repartiendo en medio de la crisis). Según todos los datos disponibles las remuneraciones de los asalariados están descendiendo, mientras que los excedentes empresariales crecen un 3,4% en plena crisis económica, al continuar beneficiándose del sacrificio salarial de los trabajadores y de la destrucción de empleo -al amparo de la crisis y con el apoyo del Gobierno-, sin que ello reduzca los precios en la misma magnitud, lo que demuestra un comportamiento irresponsable e interesado de los empresarios. Ello explica, en buena medida, el impacto negativo que están sufriendo los precios en los últimos meses que, todo indica, terminarán por encima del 3% a finales de año, por el aumento del IVA.
La decisión del Gobierno de aumentar la recaudación -a través del incremento del IVA- tampoco nos garantiza mayores ingresos (en otros países está cayendo la recaudación con esta medida); por el contrario, se trata de un impuesto indirecto y por lo tanto injusto al penalizar a todos por igual al margen de los ingresos, lo que aumentará los precios y perjudicará al consumo y a la competitividad de nuestra economía, además de consolidar el saqueo que representa la amnistía fiscal (los datos indican que resultará un fiasco por el lado de los ingresos) y el abandono del Gobierno de la necesaria reforma fiscal que debería obligar más a los que más tienen, recuperando impuestos (patrimonio) y luchando eficazmente contra el fraude fiscal que alcanza, en todo caso, cotas escandalosas por encima del 20%, lo que resulta intolerable para la ciudadanía.
Con estas medidas, el desempleo se está disparando junto a la precariedad de nuestro mercado de trabajo, sin una política decidida para combatirlo (800.000 empleos menos, una caída del 4,6% en el último año). Efectivamente, el abandono de las políticas activas de empleo resulta devastador, lo mismo podemos manifestar sobre la formación profesional y sobre el trabajo de recolocación de los desempleados por las oficinas públicas de empleo, dedicadas en la actualidad a un trabajo administrativo inútil, costoso y desalentador.
En esta situación, ni siquiera el Gobierno mantiene la protección social a los desempleados. La dificultad añadida para acceder al nuevo plan “Prepara” (según CCOO, el 76,7% de los jóvenes que viven con sus padres quedarán fuera del mismo) representa el último y más significativo ejemplo de insensibilidad social del Gobierno, que terminará, junto a otras medidas, por condenar a los jóvenes parados a la pobreza y a un futuro incierto relacionado con su emancipación y con la configuración de una carrera profesional completa a efectos de su jubilación; no podemos perder de vista que, según la EPA, la tasa de desempleo de los jóvenes menores de 35 años alcanza al 44,1% y al 58% si son menores de 25 años. Debemos recordar también que un tercio de los desempleados no tienen ninguna prestación y que, en el pasado mes de julio, el Gobierno ya excluyó al 90% de los perceptores de la Renta Activa de Inserción, endureció el acceso al subsidio por desempleo y redujo la cuantía de la prestación contributiva.
Con la revisión de las pensiones se puede producir un nuevo incumplimiento, sobre todo después del incremento del IPC; sin embargo, esta decisión no se conocerá antes de los procesos electorales de octubre. En relación con este asunto, no está de más recordar que el Gobierno ha reducido recientemente dos puntos las cotizaciones de los empresarios a la seguridad (significa la pérdida de 6.000 millones de euros anuales), después de una reforma que tenía como objetivo garantizar la financiación del sistema. Por eso, esta medida del Gobierno representa un abuso manifiesto y un nuevo ejemplo de ayuda descarada a los empresarios a través de la transferencia de rentas del trabajo al capital, sin ningún resultado para el empleo como se pretende justificar. Después de esta medida, sería verdaderamente intolerable que los pensionistas no revisaran su pensión.
Hasta el momento el Gobierno está haciendo caso omiso del malestar ciudadano y de las presiones sindicales, lo que ha terminado por minar su escasa credibilidad y confianza en menos de un año (la fuga de capitales en el primer semestre es muy significativa), tanto en el marco europeo (el Gobierno se muestra irrelevante delante de sus socios europeos) como en nuestro país, víctima de su falta de liderazgo y coherencia, sin una mínima planificación económica y despreciando a la oposición política y sindical. Por eso, no hay que descartar que la ciudadanía se pronuncie en octubre en las urnas -como ya ocurrió en Andalucía y Asturias- contra las medidas del Gobierno (voto de castigo) al carecer de otras alternativas y cauces de participación democrática. Por su parte, los sindicatos, en coherencia con sus legítimos objetivos, seguirán denunciando en los centros de trabajo y delante de la ciudadanía una política que atenta contra los más débiles y genera pobreza y desigualdad social sin resolver los problemas económicos que aquejan a nuestra sociedad y lo harán, principalmente, denunciando los estragos que está causando la absurda reforma laboral (los ERES han aumentado un 50% y la mayoría acaban sin acuerdo, según los sindicatos) y defendiendo los intereses de los trabajadores a través de la maltrecha negociación colectiva.
El Gobierno debe corregir el rumbo de un barco a la deriva en el próximo otoño. No debemos olvidar que todavía quedan pendientes medidas de capital importancia que afectarán al reparto del costo de la crisis y por lo tanto a las políticas de igualdad: profundizar en la reducción de gastos superfluos (incluso militares); aplicar con transparencia la nueva reforma del sector financiero -evitando la socialización de pérdidas y garantizando el crédito a familias y empresas-; abordar a fondo la concesión de las ayudas económicas necesarias a las CCAA; consensuar con la oposición política un posible rescate de la deuda soberana; acometer una profunda reforma fiscal; reformar el sector energético; debatir y acordar los nuevos Presupuestos Generales del Estado; y, finalmente, y sobre todo, pactar un plan global que aborde en profundidad la lacra del desempleo, que representa el fundamento de nuestros problemas económicos y sociales.
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