Justicia contrata una agencia de viajes y pide clase 'preferente' para los altos cargos
La élite de la Administración no viaja en turista. El Centro de Estudios Jurídicos, entidad adscrita al Ministerio de Justicia, tiene en marcha una licitación para contratar una agencia de viajes que gestione los desplazamientos de su personal, así como de los asistentes a sus eventos y cursos. Todo con un volumen de negocio estimado para el adjudicatario de 3,2 millones de euros. Eso sí, no todos viajarán con la misma comodidad. Según consta en los pliegos, con membrete del departamento de Alberto Ruiz-Gallardón, los altos cargos tendrán el privilegio de desplazarse en ‘business’ en los trayectos en avión de larga distancia y accederán a clase preferente en todos sus itinerarios en tren. El resto se moverá en turista.
“Avión: para todos los grupos (1,2 y 3) clase turista. Excepción: altos cargos y asimilados para los viajes de larga distancia (más de ocho horas)”, reza el pliego. La nómina de altos cargos que recoge tradicionalmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado no es pequeña. Sin ir más lejos, se concede tal condición a presidente, vicepresidente y ministros del Gobierno, así como a secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales. También a los principales responsables de agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entes públicos. Sin contar con consejeros y magistrados de entidades como el Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, CGPJ, Tribunal Constitucional o Tribunal de Cuentas.
La propia licitación también establece su propia división en grupos, para dejar claro a la agencia qué tipo de billete procede. El Grupo 1 incluye altos cargos, oficiales generales, magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, embajadores, ministros plenipotenciarios de primera clase, rectores de Universidad, subdirectores generales y subdirectores generales adjuntos. El Grupo 2 incorpora personal militar de las fuerzas armas, de los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Nacional “clasificados a efectos retributivos en los subgrupos A1 y A2” y miembros de la carrera judicial y fiscal; en general, se trata de funcionarios de los grupos A1 y A2, los de mayor nivel retributivo. El Grupo 3 lo componen empleados públicos de los grupos B y C.
A partir de ahí, el ferrocarril tiene su propio reparto de billetes. “Trenes de alta velocidad y velocidad alta: para el grupo 1 clase preferente, para los grupos 2 y 3 cama turista o literas. Trenes nocturnos: para el grupo 1 cama preferente, para los grupos 2 y 3 cama turista o tercera. Trenes convencionales y otros medios de transporte: para el grupo 1 y 2 clase primera o preferente, para el grupo 3 clase segunda o turista”, subraya el pliego. La presentación de ofertas finalizaba a finales de febrero y el Centro de Estudios Jurídicos ha llevado a cabo desde entonces tres mesas de contratación para la apertura de las propuestas, sin que de momento se ha hecho público qué agencias de viajes se llevan el gato al agua.
¿Hoteles? De 66 a 103 euros
El alojamiento en caso de desplazamiento también viene marcado por el escalafón que ocupe el empleado público. “La reserva de plazas de hotel en territorio nacional no podrá superar para el grupo 1 los 102,56 euros, para el grupo 2 los 65,97 y para el grupo 3 los 48,92”, rezan los pliegos. “El Centro de Estudios Jurídicos podrá impartir instrucciones al contratista para que, en su caso, realice la reserva de plazas de hotel, en territorio nacional y extranjero, en régimen de pensión completa –alojamiento, desayuno, comida, cena- o en régimen de media pensión –alojamiento, desayuno y comida o cena-”, remacha el documento. Si el ponente o profesor en un curso no fuera funcionario, se le asimila al Grupo 1 en la compra de billetes.
Las empresas agraciadas con la licitación no saldrán a priori mal libradas. Aunque su presupuesto base es de cero euros, el pliego de cláusulas administrativa advierte que “el importe estimado de volumen de negocio es de 3.200.000 euros”. Del mismo modo, la duración inicial del contrato –que se sitúa en dos años- puede prorrogarse hasta un máximo de cuatro ejercicios. El departamento de Alberto Ruiz-Gallardón ya lanzó a principios de año su propia licitación para contratar un servicio de agencia de viajes. El valor estimado del contrato rozaba los 2,4 millones de euros.
El Centro de Estudios Jurídicos, cuyos orígenes se remontan a 1939, tiene como objetivo trabajar con el Ministerio de Justicia “en la formación inicial y continuada de los miembros de la carrera fiscal y de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Médicos Forenses y demás personal al servicio de la Administración de Justicia", según expone su Estatuto, aprobado en 2003. También colabora en la “formación continuada de los Abogados del Estado” y en “la formación complementaria de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en su especialización para la función de la policía judicial”. Está adscrito a la secretaria de Estado de Justicia.
0 comentarios