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Izquierda Socialista de Valladolid en la defensa de los Servicios Públicos

Fiscalía pide 36,5 años para los imputados por el 'Caso Arroyo'

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

 

   El Ministerio Fiscal solicita un global de 36,5 años de prisión y el pago de multas por un total de más de 2,1 millones de euros para los seis imputados por el denominado 'Caso Arroyo', entre ellos el actual alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), José Manuel Méndez, y el portavoz del Grupo Popular en la Diputación vallisoletana, Jesús García Galván.

 

   En su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la acusación pública imputa dos delitos de cohecho (del artículo 419 del Código Penal), otros tantos de prevaricación y uno de malversación al primer edil de Arroyo, para el que solicita en conjunto diez años y medio de prisión, así como la inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 27 años y el pago de multas que superan los 535.000 euros.

 

   En el caso de Jesús García Galván, el Ministerio Público interesa para él dos años de prisión y multa de 316.720 euros por un delito de cohecho y un año de cárcel por otro de prevaricación urbanística, además de nueve años de inhabilitación por cada uno de ellos.

  

 Se da la circunstancia de que García Galván, en mayo de este año, se dirigió por carta al presidente provincial del PP, Ramiro Ruiz Medrano, para comunicar su intención de dimitir si finalmente se celebraba juicio oral contra él por este caso y renunciaría a sus cargos de representación pública institucional.

  

 Además, el fiscal pide para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de 14 y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros, mientras que para el que fuera arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, solicita cuatro años por de prisión, multa de 125.000 euros y 27 años de inhabilitación. Finalmente, para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, solicita tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multas, así como inhabilitación durante nueve años.

europapress.es

 

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