Más de 2.700 extranjeros con VIH quedarán sin medicación por los recortes
El 1 de septiembre está marcado en rojo en el calendario de muchas personas, inmigrantes en situación irregular que ese día dejarán de tener asistencia sanitaria en España (salvo las urgencias), según el real decreto ley del 24 de abril. Y dentro de este grupo, hay un colectivo especialmente vulnerable: las personas con VIH, que no tendrán acceso a la medicación. El Grupo de Estudio del SIDA (Gesida) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), que agrupa a los médicos expertos que ven a más pacientes en España, calcula que son entre 2.700 y 4.600 personas, para las que la medida es, en la práctica, una condena a muerte. No es una exageración: el aumento de la mortalidad es la primera de las consecuencias que Gesida prevé.
Pero no solo. “Más allá de consideraciones éticas, los expertos de Gesida han querido advertir al Ministerio de Sanidad del ingente perjuicio sanitario y económico que para la sociedad española supondría dejar desatendidos a estos pacientes y más concretamente, del empeoramiento generalizado que se produciría en el campo de la infección por VIH: aumento de la mortalidad de los individuos infectados, incremento en el número de enfermedades oportunistas y de ingresos hospitalarios; aumento de la transmisión del VIH y de otras enfermedades infecciosas – como tuberculosis - a la población general; y mayor probabilidad de transmisión maternofetal del VIH. Todo lo anterior tendría un efecto contrario al que se busca: el incremento de los costes de la atención sanitaria”, afirman en un comunicado.
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