Interior propone que se impute a partidos y sindicatos si sus afiliados causan daños
El Ministerio del Interior quiere atajar la posible violencia que se pueda desatar en las protestas callejeras —que previsiblemente se multiplicarán por la dura situación económica que vive España y por los recortes presentes y futuros—, y para ello ha anunciado que está pactando con Justicia una serie de endurecimientos en el Código Penal relacionados con los delitos contra el orden público. A las reformas ya anunciadas se añadirá una nueva propuesta al Ministerio de Justicia por parte de Interior, según ha confirmado a EL PAÍS el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa: la posibilidad de que las asociaciones, partidos políticos y sindicatos que convoquen manifestaciones respondan penalmente si alguno de sus afiliados participa en la protesta y causa daños con relevancia penal. Interior quiere también extender a estos delitos la responsabilidad pecuniaria de padres y tutores cuando la infracción la hayan cometido menores de edad.
“Es nuestra intención, y así se lo hemos transmitido al Ministerio de Justicia, que los daños en los bienes que se causen en las algaradas por menores de edad sean pagados por sus padres o tutores”, señala Ulloa. “Y si los autores de los daños pertenecen a un partido político, sindicato o asociación haremos que la persona jurídica responda no solo civilmente sino también penalmente”. Con esta idea, Interior pretende presionar a las organizaciones para que se esfuercen en controlar lo que ocurre en las marchas que convocan. Si durante la protesta se producen altercados y sus afiliados o militantes cometen algún delito, los convocantes podrían responder penalmente por lo sucedido.
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