Sancionado por denunciar carencias en las ambulancias
Suspendido de empleo y sueldo durante 45 días. Javier Martín, presidente del comité de empresa de Safe Urgencias, la filial de Ferrovial que gestiona las ambulancias de traslado urgente del Summa (Consejería de Sanidad), recibió el domingo pasado una carta de la empresa en la que le comunican que esa es la sanción que le corresponde por haber cometido una "falta muy grave": hablar en la Cadena Ser sobre las carencias de las ambulancias, entre ellas el hecho de que en casi la mitad de los vehículos solo viaja un técnico sanitario, el conductor, con lo que el enfermo va solo en la parte de atrás.
Martín denunció en la emisora en febrero pasado estas incidencias, que según fuentes del comité de empresa corresponden ni más ni menos que a los pliegos de condiciones del concurso que Ferrovial ganó en octubre pasado para ocuparse del servicio por un periodo de cuatro años y por un importe de 74,6 millones de euros. Martín contó que el 47% de las 92 ambulancias de la flota acuden a los traslados con un solo técnico sanitario. Añadió que se produjo un fallecimiento en una ambulancia el 18 de febrero. El paciente, al que habían recogido en su casa, sufrió una parada cardiorrespiratoria. "Al no ir nadie, ningún técnico sanitario, en la parte de atrás, fue el familiar quien avisó al conductor de que el paciente no respiraba. La sanitaria paró la ambulancia como pudo", relató Martín.
La empresa acusa al trabajador de hacer "declaraciones vertiendo graves acusaciones contra esta entidad y el grupo de empresas al que pertenece" que "han tenido una negativa repercusión pública, dañando la imagen del Grupo Ferrovial". La carta reconoce que Martín mencionó al Summa como responsable de sacar un contrato en esas condiciones, pero afirma que su relato "induce al ciudadano a concluir que la responsabilidad no es sino de la empresa concesionaria". La sanción, que ayer adelantó la Cadena Ser, se basa en un artículo del convenio de transporte colectivo de enfermos de Madrid.
La carta de la empresa reconoce que denunciar hechos de relevancia pública por parte de los trabajadores puede estar amparada por los derechos de libertad sindical y de libertad de expresión, pero afirma que el contrato de trabajo "modula el ejercicio" de esos derechos. Martín denunciará a la empresa por acoso sindical.
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