GRIETAS EN EL DERECHO DE LA PROPIEDAD
No hay quien saque al 'okupante'
Loyola tiene problemas para llegar a fin de mes, tras un reciente divorcio, y dificultades para pagar la luz de un piso que acababa de dejar cerrado a la espera de venderlo. La extensa familia que lo ocupa ilegalmente gasta demasiado. Cuando le avisaron de que en su casa había ropa tendida y ruido a todas horas, fue acompañada de la policía. La familia les mostró un contrato que firmaba un desconocido. Dentro de dos meses Loyola tiene que abandonar la otra casa, en la que se refugió. Se quedará en la calle, pero tendrá que seguir pagando la luz y el agua porque, de lo contrario, puede ser acusada de coacciones, aplicándole el Código Penal.
No es un caso aislado. Cada vez saltan a la prensa más denuncias de ocupación ilegal de viviendas. Se ceba en los barrios más humildes, pero nadie está libre. Ocupar una vivienda no es difícil y es un buen nicho de mercado para los delincuentes: se revienta la cerradura, se coloca otra, se pinta la puerta y se falsifica un contrato por escrito o bien se hace de forma verbal, se alquila y a cobrar. Gracias a la lentitud de la justicia, hay negocio para entre varios meses y algunos años.
El dueño del piso suma al disgusto la pesadilla de enfrentarse, en un 99% de los casos, a un procedimiento judicial que puede dilatarse entre uno y dos años. O más. El juez no puede poner en la calle a una familia sin las máximas garantías. Pero decir procedimiento judicial es abrir un culebrón. Como muestra valga el ejemplo de Juan. Una pareja con un bebé forzó el balcón de un piso que tenía para alquilar, accediendo desde otra vivienda. Olatz Alberdi, del bufete Aba Abogadas, se ocupó del caso: "Pusimos una demanda de lo que se denomina desahucio por precario (al no tener contrato) en la vía civil y, a la vez, una querella por delito de usurpación en la penal". Los ocupantes pidieron que se suspendiera la vista dos veces por motivos de salud: ocho meses de retraso. Y llegaron a falsificar un contrato para seguir ganando tiempo. El juez, ante la más mínima duda sobre si los ocupantes tienen o no derecho a estar en el inmueble, remite el proceso de la vía civil a la penal: de un año de media en la vía civil a 18 meses en la penal, según Alberdi. Si todo va bien, porque simplemente realizar una prueba pericial puede dilatar el proceso de tres a ocho meses.
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