La nueva ley sanitaria exige implantar medidas para evitar errores clínicos
El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha mantenido su crítica a la Ley de Ordenación del Sistema de Salud de la Comunidad al considerar que asesta un «grave golpe» a la sanidad pública puesto que «la equipara con la sanidad privada y concertada». Por ello, la procuradora Elena Pérez ha advertido en sus intervenciones al respecto que se «encarecerá» la prestación sanitaria y asegura que el Ejecutivo autonómico podrá «dejar de invertir» en el sistema público.
En ese sentido, la parlamentaria socialista explica que la Consejería de Sanidad podrá derivar pacientes a centros concertados no de forma complementaria para reducir listas de espera, sino que equipara la asistencia pública con la privada. Elena Pérez critica que la Junta no plantee el control, «seguimiento» y evaluación del servicio privado. Sostuvo que la no intervención del sistema público en el control de la atención de centros privados con los que se alcance un concierto es una «dejación importante» y asegura que acarreará «problemas» a los usuarios.
Al respecto, la portavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, indica que la nueva ley es «mucho peor» que la anterior de 1993, puesto que «no prioriza» la sanidad pública sobre la privada en el reparto de la financiación. Indica que «da un paso atrás» al igual que la procuradora Victorina Alonso, quien pone de manifiesto la «peligrosa» mezcla que plantea el proyecto normativo al referirse a las relaciones con la iniciativa privada. Asegura que «falta definición» en la regulación de los contratos y convenios y recuerda que la Junta ha destinado a un hospital privado 7,5 millones de euros para construir camas, que después ha concertado con el Ejecutivo autonómico, según informa Ical.
Enmiendas a la totalidad
asimismo, Ana Redondo apunta que esta norma no ordenará los recursos sanitarios de Castilla y León y lamenta que el «rodillo de la mayoría» del Partido Popular sólo aceptara diez de las 67 enmiendas presentadas por su grupo, que presentó una enmienda a la totalidad. Censura asimismo que su tramitación haya sido «exprés» puesto que el procedimiento parlamentario ha sido «muy rápido» y «excesivamente veloz». Además, pone de manifiesto que los procuradores 'populares' han trabajado «al dictado» del consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola. Los socialistas también critican que la norma está «desmantelando» y «sienta las bases para desmontar» la Atención Primaria en cada zona básica de salud; ya que establece que no tendrá porque haber en cada una un centro de salud. También, hace hincapié el PSOE en que no contempla el envejecimiento y la dispersión poblacional. Según Elena Pérez, esta medida obligará a algunos ciudadanos a desplazarse a otras comarcas para recibir asistencia sanitaria. Además, señaló que plantea «recortes» en los fondos que hasta ahora recibían los ayuntamientos ya que recoge que la construcción de los consultorios locales será su competencia con independencia de su tamaño.
Por otra parte, el Grupo Socialista pone de manifiesto que la nueva ley no contempla la continuidad de los consejos de salud. La procuradora Victorina Alonso recuerda que el PP no aceptó que las asociaciones de vecinos y los consumidores tengan participación. También, critica que se olvide de la salud laboral o de la atención sociosanitaria y defiende que la Junta oferte atención social e insiste en que la asistencia sanitaria y la salud pública deberían estar reguladas en este proyecto normativo como un «tronco común» con dos ramas.
En cuanto a la creación de la figura del Defensor del Usuario, Victorina Alonso apostó por que el Procurador del Común de Castilla y León continúe encargándose de esta materia, aunque propuso que una sección especial asuma los expedientes en materia de sanidad.
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