Informe 2009 de Amnistía Internacional
El Informe 2009 de Amnistía Internacional documenta la situación de los derechos humanos en 157 países y territorios del mundo durante 2008.
Muestra un mundo en el que la inseguridad y la discriminación estructurales impiden que los avances conseguidos en las leyes se hagan realidad plenamente y en el que la igualdad y los derechos humanos siguen en el plano de las buenas intenciones, no en el de las buenas prácticas. También dibuja un mundo en el que los Estados escogen a su antojo los derechos que están dispuestos a respetar y los que prefieren suprimir.
El núcleo del libro es un estudio sobre los derechos humanos país por país, desde Afganistán hasta Zimbabue. Los artículos muestran de manera patente hasta qué punto son frágiles (en el mejor de los casos) los avances conseguidos en la mejora de la vida de millones de personas cuando los Estados ignoran o reprimen alguno de los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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Una mirada rápida al Informe 2009
El Informe 2009 de Amnistía Internacional pone de relieve el hecho de que el mundo está en plena crisis de derechos humanos. Estamos sentados sobre una bomba de relojería social, política y económica que estallará si no se resuelven los problemas relacionados con los derechos humanos.
Miles de millones de personas en todo el mundo están sufriendo inseguridad, injusticia e indignidad, y, aunque muchos aspectos de esta crisis preceden al declive económico, es evidente que la coyuntura financiera mundial está multiplicando sus efectos adversos.
Más personas se han visto arrastradas a la pobreza y expuestas a un peligro mayor de sufrir violaciones de derechos humanos. En África, la crisis alimentaria, rasgo distintivo de 2008, afectó de manera desproporcionada a los grupos vulnerables. En Asia, con la drástica subida del coste de los alimentos, los combustibles y otros productos en 2008, millones de personas han pasado a engrosar la población que ya vivía en la pobreza.
En Oriente Medio y el Norte de África, la crisis económica y la subida del precio de los alimentos afectaron a quienes ya eran pobres o estaban muy cerca de serlo, mientras que en Europa, varios Estados reclamaron la intervención del Fondo Monetario Internacional para que apoyara sus economías. En toda la región, las diferencias entre ricos y pobres siguieron siendo abismales.
También ha quedado patente una mayor represión derivada de la recesión: las protestas generadas por la pobreza, la desigualdad económica o la falta de justicia se reprimen brutalmente.
En 2008, muchos gobiernos continuaron desoyendo las voces de la población pobre y marginada. En América Latina y el Caribe, donde más de 70 millones de personas viven con menos de un dólar al día, la pobreza, la desigualdad y la discriminación han hecho que aumente el número de personas pertenecientes a comunidades indígenas privadas del derecho a asistencia médica, educación, agua limpia y vivienda adecuada.
Al hacer caso omiso de los derechos humanos, los gobiernos ponen en situación de peligro a la población. En Myanmar, las autoridades bloquearon inicialmente la ayuda internacional destinada a 2,4 millones de sobrevivientes del ciclón «Nargis» y, al mismo tiempo, desviaron recursos para promocionar un referéndum viciado sobre una constitución viciada.
Empresas y gobiernos continuaron enriqueciéndose a costa de la población más marginada. En Nigeria, en la vasta región rica en minerales del delta del Níger, el derecho de la población a la salud y a un nivel de vida adecuado se vio socavado en 2008 por la contaminación generalizada asociada a la industria del petróleo, con un trasfondo de homicidios y torturas por parte de las fuerzas de seguridad.
Al no considerar los derechos humanos un asunto prioritario, los líderes mundiales no han abordado una pieza fundamental de la solución para conseguir estabilidad política y económica a largo plazo. El G-20 reclama para sí el liderazgo mundial, pero el compromiso de sus miembros con los derechos humanos dista de ser claro y demuestra que no invierten lo suficiente en derechos humanos. Por ejemplo, Amnistía Internacional documentó en 2008 casos de tortura y otros malos tratos en 14 países miembros del G-20.
China endureció las medidas represivas en todo el país contra defensores de los derechos humanos, practicantes de cultos religiosos, minorías étnicas, periodistas y profesionales de la abogacía en el periodo previo a las Olimpiadas de Pekín y durante su celebración. China es, además, el primer ejecutor del mundo.
En Estados Unidos, el gobierno de Obama tuvo un buen comienzo con las medidas destinadas a acabar con las prácticas de la tortura y la detención secreta a largo plazo por parte de la CIA y a cerrar Guantánamo antes de enero de 2010. Sin embargo, Estados miembros de la Unión Europea siguen mostrándose reacios a admitir su complicidad con la CIA en la entrega extraordinaria de presuntos terroristas. Estados como Alemania, Dinamarca, España, Italia y Reino Unido aceptaron “garantías diplomáticas” imposibles de aplicar, como justificación para expulsar a presuntos terroristas a países donde corrían peligro de tortura y otros malos tratos.
En Brasil se llevaron a cabo operaciones policiales en comunidades urbanas empobrecidas que conllevaron uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, torturas y conducta abusiva. Sudáfrica obstaculizó la presión internacional sobre Zimbabue para que pusiera fin a la persecución política. Arabia Saudí encarcela a disidentes políticos, coarta los derechos de las mujeres y de trabajadores migrantes y aplica profusamente la pena de muerte. Rusia sigue permitiendo la detención arbitraria y la tortura y, en el Norte del Cáucaso, tanto las ejecuciones extrajudiciales como el hostigamiento y los ataques contra defensores de los derechos humanos.
En Japón aumentó el número de ejecuciones y los reclusos soportaban largos periodos de reclusión en régimen de aislamiento y sin acceso adecuado a asistencia médica.
El mundo necesita líderes que trabajen para todas las personas y no solamente para unas pocas, y que aleje a los Estados del mezquino interés propio y los acerque a la cooperación multilateral.
El mundo necesita un New Deal (Nuevo Trato) mundial sobre derechos humanos
Sólo es posible abordar las consecuencias de la crisis económica mediante una respuesta global coordinada que esté basada en los derechos humanos y el Estado de derecho.
Los líderes mundiales deben invertir en derechos humanos con el mismo empeño que invierten en crecimiento económico. A quienes se sientan en la mesa presidencial del mundo les corresponde dar ejemplo con su propia conducta. Y a la ciudadanía nos corresponde, como titulares de derechos, presionar a nuestros líderes políticos para que se sientan impulsados a actuar.
Con el lanzamiento de su campaña "Exige Dignidad", Amnistía Internacional pretende hacer frente a la peor crisis mundial de derechos humanos de la historia. Trabajaremos juntos para abordar los abusos contra los derechos humanos que conducen a la pobreza y la agravan, a fin de empoderar a las personas que están presas de la pobreza para que cambien su vida.
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