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Izquierda Socialista de Valladolid en la defensa de los Servicios Públicos

Una constructora que pagó comisiones a Correa sacó siete millones en billetes de 500

CARLOS E. CUÉ - Madrid

27-07-2009

 

El caso Gürtel, una red corrupta vinculada a Administraciones controladas por el PP que ya tiene más de 100 imputados, continúa su imparable expansión. Cinco meses después de las primeras detenciones, los investigadores siguen descubriendo nuevas irregularidades y operaciones sospechosas.

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La deriva de Gürtel en Castilla y León ya apareció en el primer auto del juez Baltasar Garzón que implicaba a Bárcenas. Los investigadores encontraron entre la documentación del contable de Correa un fax de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por José Manuel Fernández Santiago (conocido entre sus íntimos como Toti), ahora presidente de las Cortes, con la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba, por 2,45 millones de euros, en noviembre de 2002, a TECONSA, una empresa relacionada con la trama y que tenía entre sus directivos a José Ramón Blanco Balín, uno de los imputados en el caso Gürtel.

 

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La polémica por la variante de Olleros de Alba, el nexo principal entre el caso Gürtel, radicado fundamentalmente en Madrid y la Comunidad Valenciana, y Castilla y León, ha llegado incluso a las Cortes. La oposición del PSOE, dirigida por Óscar López en esta comunidad, exigió explicaciones y el actual consejero, Antonio Silván, insistió en que el expediente de adjudicación es "impecable".

TECONSA y FCC empataron a puntos, pero la primera ofreció un preció más barato, aunque al final, según denunció la oposición socialista, la obra costó 4,2 millones, frente a los 2,8 que había ofrecido inicialmente TECONSA.

 

 

A pesar de esta aparente tranquilidad, en el PP, según varios dirigentes consultados, existe un gran temor de que el escándalo se extienda judicialmente a Castilla y León, ya que serían tres de las seis comunidades gobernadas por el partido que lidera Mariano Rajoy las afectadas por Gürtel, un caso que no para de dar disgustos al PP.

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El actual presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, máximo responsable de esa adjudicación, contestó ayer a algunas preguntas de EL PAÍS. Él insiste en que el expediente "es impecable". "Se concedió la obra a la empresa más barata. Toda la operación es de lo más correcta que se pueda imaginar. Estoy muy tranquilo", insiste.

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