Crisis, consumo sanitario y copago

Entre los efectos de crisis económica, es previsible que el sistema sanitario público no pueda asumir, con la financiación actual, el coste de los servicios que proporciona a la población. Frente a esta situación, lo primero que se nos ocurre es conseguir más dinero. Y si la Administración pública no dispone de él podemos pedirle que aumente la presión fiscal, lo que en tiempos de recesión puede ser del todo inconveniente para la marcha de la economía. Pero cabe también considerar un aumento selectivo de impuestos, por ejemplo los que gravan el consumo de alcohol y de tabaco.

 

Ello implica incurrir en una contradicción, puesto que, si desde el punto de vista de la promoción de la salud pretendemos que se reduzca el consumo, fiar la obtención de recursos a los impuestos del consumo no es lo más adecuado. Nótese que el aumento de estos impuestos es una buena medida sanitaria porque limita el consumo en las personas menos pudientes, pero cuanto más éxito sanitario se consiga, menos se recauda para la sanidad pública.

 

Otra alternativa es que los usuarios se corresponsabilicen del consumo sanitario aportando una parte del coste, algo que ya ocurre con los medicamentos. En este caso, el consumo se convierte en un complemento financiero que ayuda a afrontar los gastos. El supuesto de que se parte en cualquiera de las situaciones comentadas es que el consumo sanitario es adecuado o que, aun no siéndolo, modificar los patrones de consumo actuales no es factible. Se trata de una premisa por lo menos discutible porque la utilización de los servicios sanitarios públicos en España está entre las más altas del mundo, lo que no impide que algunas enfermedades se traten tarde. Es más, probablemente lo facilita, debido a la saturación de los dispositivos asistenciales, con lo que esta utilización, lamentablemente, no siempre contribuye a mejorar la salud de los consumidores.

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