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Izquierda Socialista de Valladolid en la defensa de los Servicios Públicos

El ex director del Insalud y de Asistencia Sanitaria de la Junta, Carlos Fernández, clave para el escándalo del Caso Antona

 

. Antes de las transferencias sanitarias a la Junta y sin que estuvieran contempladas en el contrato marco que regulaba las intervenciones y la selección de centros privados, autorizó operaciones de artrodesis vertebral y descompresión de conducto raquídeo al gabinete en el que trabajaba Tobal .

. En el contrato marco que sustituyó al del Insalud en septiembre de 2004 incluyó ese tipo de operaciones

.Ya como director general de Asistencia Sanitaria autorizó una subida en el precio máximo de las prótesis para esas operaciones, que paso de 4.378 euros a 7.500 euros.

. En la revisión de precios de los demás servicios sanitarios en centros privados la subida fue sólo del 3,7%

L.G.V. VALLADOLID.-

El ex gerente pro­vincial del Insalud y, tras el traspaso de competencias sanitarias a la Co­munidad, director general de Asis­tencia Sanitaria, Carlos Fernández Rodríguez, actual director gerente del Hospital Clínico, toleró única-mente en la provincia de Valladolid y sólo a empresas en las que estaba presente el empresario médico San­tiago Tobal, la práctica de operacio­nes de columna de pacientes de la lista de espera que basta ese mo­mento, y después de destaparse el escándalo, se habían llevado a cabo en hospitales públicos.

Fernández también autorizó una espectacular subida del precio máxi­mo autorizado para la facturación de prótesis de columna (artrodesis vertebral y descompresión de con­ducto raquídeo), que pasó de 4.378 euros a 7.500 euros redondos. Un incremento que nada tenía que ver con la subida del 3,7% que acabó aplicándose a las tarifas de los actos médicos concertados con empresas sanitarias privadas ese año, según la documentación que ya está en poder del juez de Intrucción número 2 y distintas fuentes sanitarias.

Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Carlos Fernán­dez para conocer su versión. Fuen­tes oficiales de Sacyl se limitaron a indicar que «sobre el caso Antona no se realizan declaraciones por es­tar siendo objeto de investigación ju­dicial».

En el extinguido Insalud, la con­tratación de operaciones en centros privados para reducción de listas de espera de la sanidad pública se efec­tuó desde 1998 al amparo del con-trato marco CMQ 4/1998, en el que se especificaban las operaciones a realizar y los centros que reunían los requisitos para poder practicar las operaciones derivadas. Entre las operaciones incluidas en ese contra­to no estaban las de artrodesis verte­bral y descompresión de conducto raquídeo. Pese a no estar incluidas, la dirección territorial del Insalud desde el 14 de septiembre de 2001 y, a partir de 2002, en la Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid, se realizaron procedimientos negocia-dos sin publicidad para la contrata­ción de esos dos tipos de operacio­nes fuera del referido contrato mar­co con el Gabinete Médico Paracel­so dirigido por Santiago Tobal.

Como director general de Asis­tencia Sanitaria, Fernández infor­mó favorablemente sobre la contra­tación de esos procedimientos qui­rúrgicos.

     Cambio de opinión sobre el precio máximo de las prótesis.

Ese informe positivo, firmado en di­ciembre de 2003, recogía la práctica de 56 operaciones de artrodesis vertebral y descompresión de conducto raquídeo por un importe máximo de 141.800 y 57.744 euros respectivamente. En esos precios máximos, según ese mismo informe, no se in­cluían «los importes de las prótesis correspondientes, debiendo factu­rarse las mismas a precio de coste». «Si se considera un precio medio de prótesis por paciente de 4.378 euros, para los 56 procedimientos que se pretende concertar, supone un im­porte total de 245.168 euros», seña­laba Fernández en su informe con validez hasta el 31 de diciembre de 2004.

 

El 8 de noviembre de 2004, sin embargo, ante una propuesta de la Gerencia de Salud dirigida por Pe­dro luís Antona. Carlos Fernández volvió a informar favorablemente sobre la práctica de 42 operaciones de artrodesis vertebral y descompre­sión de conducto raquídeo por im­porte de 113.440 y 36.090 euros res­pectivamente. En esta ocasión. sin embargo, las prótesis casi habían duplicado su valor estimado: los 4.378 euros supuestamente en vigor hasta el 31 de diciembre de 2004 se habían convertido en unos redondos 7.500 euros.

 

En ese mismo informe, Carlos Fernández incluía una reveladora autorización a la Gerencia de Salud que dirigía Antona para «modificar el número y tipo de procedimientos a adjudicar, en función de las nece­sidades concretas que existan en el momento de la adjudicación, con el límite máximo del presupuesto asignado».

 

Para entonces (noviembre de 2004), el empresario médico San­tiago Tobal ya había dejado de ser socio de Paracelso, el Gabinete Médico que fundó y logró vender al mayor grupo sanitario privado de la comunidad (la operación se cifró en más de 5 millones de eu­ros) y, curiosamente, había pasado a dirigir la sociedad que le aca­baba de comprar, Sanitaria de Inversiones. Irónicamente, los tra­bajadores de Paracelso, tras la sorprendente operación, pregun­taban a los de Sanitaria si habían comprado «ellos a Paracelso o Pa­racelso a ellos». En los hospitales de Sanitaria, con Tobal al frente, se siguieron practicando las ope­raciones de artrodesis y descom­presión de conducto raquídeo de­rivadas de la sanidad pública como antes se había hecho en Paracel­so, aunque subcontratando el 'servi­cio de babitaciones' con Felipe II.

 

El empresario médico Santiago Tobal y el ex gerente de Salud de las Áreas de Valladolid. Pedro Luis Antona, que ya han sido interrogados por el juez en calidad de imputados, for­maron durante años un conocido tándem sanitario en Valladolid. Se­gún informes elaborados por la pro­pia Gerencia, las contrataciones que decidía Antona seguían sospechosamente «la estela» de las empresas donde operaba Tobal y, supuestamente, estas empresas conseguían jugosos descuentos económicos con las prótesis que implantaban, ya que no eran comunicados a Sacyl, pese a que «debían facturarse a precio de costes.

 

 

Tobal dice que seguía las instrucciones de Fernández

 

Pero a medida que avanza el proce­so judicial del denominado Caso An­tona, los nombres de Carlos Fernán­dez Rodríguez y Santiago Tobal es­tán más unidos.

 

En su declaración ante el juez. Santiago Tobal ha reconocido que fue el propio Carlos Fernández el que le pidió que organizara la ciru­gía de columna con Paracelso y le autorizó a subcontratar la hospitalización con el Felipe II. Un centro que, curiosamente, pese a disponer de las unidades de hospitalización requeridas en los contratos marco, nunca presentaba ofertas. Algunos responsables de Sanitaria de Inver­siones han confesado que era una tarea inútil. «Tobal se arrogaba la ca­pacidad de repartir los lotes de pro­cedimientos negociados sin publici­dad y posteriormente la adjudica­ción de los procedimientos por parte de la Gerencia ratificaba en su totali­dad dichos repartos», llegó a decla­rar un máximo dirigente de Sanitaria de Inversiones en el marco de la información reservada abierta al por entonces gerente de Salud, Pedro Luis Antona.El empresario médico, sin embar­go, siempre ha negado tal circuns­tancia. «No es cierto que conociera anticipadamente lo que iba a ser ad­judicado. ¿Cómo lo iba a saber?», aseguró en la declaración que prestó ante el juez de Instrucción 2 el 11 de julio de 2006.

 

El pasado 2 de febrero, el director general de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud de la Junta, «por considerar que eran rele­vantes en relación a las actuaciones seguidas en el juzgado», envió al juez diversa documentación. Entre ella, un informe elaborado por la Geren­cia en el que se concluye que «hay evidencias de que el Sagrado Cora­zón (hospital donde operaba Tobal con sus médicos a través de la socie­dad Quiromedic Care And Consul­ting después de ser despedido en Sa­nitaria de Inversiones) facturó a la Gerencia durante el segundo semes­tre de 2005 muy por encima del valor que pagó el Hospital Clínico por com­ponente de columna a sus propios proveedores dentro de su actividad asistencial habitual». 21 días des­pués, Tobal remitió un escrito al juz­gado en el que solicitaba que se devolviera a la Gerencia la documenta­ción entregada porque no había sido la letrada de la Comunidad quien la había aportado a la causa.

 

Queja porque EL MUNDO desvela informes

El letrado de Tobal consideraba «es­pecialmente relevante» su petición al entender que «la Gerencia Regio­nal de Salud viene facilitando copia al periódico EL MUNDO DE VA­LLADOLID de todos estos oficios y documentos que decida aportar a los autos, de manera que salen pu­blicados antes incluso de tener en­trada en este juzgado o, en todo caso, antes de que esta parte reciba traslado».

 

El juez instructor, el pasado 9 de marzo, dictó una providencia para decir que «no ha lugar a la devolu­ción del oficio y documentos, pues. con independencia de la vía por la que se ha recibido pueden ser perti­nentes y útiles a la causa».

 

 Carlos Fernández, como Antona en la Gerencia de Salud de Vallado-lid e Ibáñez Fraile al frente del Hos­pital Del Río Hortega, fue cesado co­mo director general de Asistencia Sanitaria en junio de 2006. Meses después fue nombrado jefe de servi­cio de Cooperativas, Sociedades La­borales y Trabajadores Autónomos. Tras las últimas elecciones y el cam­bio registrado en la Consejería de Sanidad (marcha de César Antón a Familia y llegada de Francisco Ja­vier Alvarez Guisásola), Carlos Fer­nández ha regresado a la sanidad pública para ser director del Hospi­tal Clínico.

 

Fuente: EL MUNDO DE VA­LLADOLID 12-11-2007

 

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