En el tótum revolútum de peticiones de indulto rechazadas hoy por el Consejo de Ministros hay para todos los gustos, lo que también recorta tiempo de análisis. Así, mientras que se denegaban indultos a políticos corruptos (Jaume Matas y Julián Muñoz) o a culpables de la muerte de inocentes (Ortega Cano), también se rechazaba la petición de gracia para Baltasar Garzón, un juez con muchos logros a sus espaldas, pero con la condena de haber prevaricado al ordenar escuchas a los detenidos de la Gürtel y sus abogados.
Las comparaciones son odiosas, pero a veces, necesarias. Y ya no sólo es cuestión de comparar el de Garzón con el resto de indultos rechazados, entre los que estaba el de Ángel Carromero. También puede comprobarse el doble rasero cuando se observa lo que le ocurrió a Javier Gómez de Liaño.
Indulta a Liaño
En el año 2000, el Gobierno de José María Aznar decidió indultar a Gómez de Liaño por el mismo delito, prevaricación, el más grave que puede cometer un juez: tomar una decisión injusta a sabiendas. Gómez de Liaño, que ahora es el abogado de Luis Bárcenas, extesorero del PP, fue también magistrado de la Audiencia Nacional, pero el Tribunal Supremo le condenó a 15 años de inhabilitación y una multa de 540.000 pesetas.
Caso contra PRISA
La sentencia contra Gómez de Liaño vino por su obcecación contra PRISA, el grupo mediático al que Aznar se la tenía jurada. En 1997, Gómez de Liaño inició acciones penales contra Sogecable y Canal +, atendiendo a una denuncia de Jaime Campmany, director de la revista Época y antes del diario Arriba, ambos de extrema derecha. El magistrado se empeñó en no levantar el secreto de sumario cuando se le ordenó, prohibió a los directivos de Sogecable dejar el país e impuso una fianza de 200 millones de pesetas a Jesús de Polanco cuando ya sabía que no había delito.
Acusado por la Gürtel
¿Y Garzón? Pues tuvo que sentarse en 2012 el banquillo por la acusación de Francisco Correa y Pablo Crespo, cabecillas de la trama Gürtel, y el abogado Ignacio Peláez, que le piden entre 10 y 17 años de inhabilitación por haber intervenido sus comunicaciones en prisión. Ocurrió en 2009, cuando la policía le informó de que los abogados y los jefes de trama corrupta podían estar “facilitando el blanqueo y la ocultación de importantes cantidades de dinero”.
Pinchazos avalados
Frente a los rapapolvos que sus superiores echaron a Gómez de Liaño, avisándole de sus decisiones, los pinchazos de Garzón estaban avalados por dos fiscales Anticorrupción, y por el juez del TSJM, Antonio Pedreira, que las prorrogó cuando relevó a Garzón en el caso. El abogado de Garzón pidió que tanto fiscales como magistrado declarasen en el caso contra él, pero el Supremo lo rechazó y le condenó a 11 años de inhabilitación.
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