Salud Pública

El dinero público financia la expansión de la empresa líder de la sanidad privada

IDCSalud gana la puja para hacerse con la clínicas Ruber meses después de adquirir Quirón y tras crecer a base de los contratos que se ofrecían desde la sanidad pública

El parón de las concesiones de los Gobiernos da paso a fusiones millonarias de grupos de hospitales privados

 

Como ondas expansivas, el frenazo a la privatización de la sanidad pública que ha seguido a la marea blanca ha recolocado el punto de mira de los grandes grupos privados de salud. Sin el dinero público y a la mano para seguir creciendo pero con el ambiente de que el Sistema Nacional de Sanidad no da abasto, el nicho de la atención sanitaria privada bulle. Como analiza el fondo de inversión Doughty Hanson: "El mercado tiene fuertes pilares de crecimiento derivados de la demografía y las dificultades del SNS para mantenerse como una alternativa de calidad". Así, el viejo proyecto de venta de las exclusivas clínicas Ruber de Madrid –que data de 2012– se ha acelerado hasta concretarse por fin.

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MÁS INFORMACIÓN:

• Quirón e IDCSalud: una superpotencia sanitaria con un pie en el sector privado y el otro en el público
• El dinero que la sanidad pública paga a la privada ha crecido un 52% en 10 años
• Un entramado de sociedades interpuestas está detrás de Capio, la gran gestora privada de hospitales públicos

eldiario.es

ANTE LA CRISIS DEL ÉBOLA

 Izquierda Socialista, corriente de opinión del PSOE, compartiendo la decisión de su Secretario General y de la Ejecutiva federal del Partido de pedir responsabilidades “al más alto nivel” por la crisis del ébola que actualmente afronta la sanidad española, considera que es necesario que la asunción de responsabilidades políticas por los despropósitos acumulados en la gestión de dicha crisis tenga lugar cuanto antes por parte de las cargos públicos que en diferentes gobiernos del PP han mostrado su incompetencia o, lo que es peor, una impresentable arrogancia con la clara pretensión de encubrir sus propios fallos.

 La ministra Ana Mato, haciendo patente una vez más sus déficits al frente del Ministerio de Sanidad, no sólo es incapaz de liderazgo alguno coordinando las respuestas de la sanidad española ante los riesgos de una enfermedad infecciosa como el ébola, sino que ha evidenciado su nulo interés en llevar adelante ante la ciudadanía una política de comunicación y transparencia como la que las circunstancias reclaman. A pesar de formar parte del gabinete de crisis recién creado y presidido por la Vicepresidenta del gobierno, la dimisión de la ministra de Sanidad aparece como condición para las medidas que políticamente hay que adoptar para controlar y atajar los riesgos en torno al ébola a los que hace frente la sociedad española.

 También es ineludible que dimita cuanto antes el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, habida cuenta de que se ha descalificado a sí mismo con sus injustas declaraciones culpabilizando a la auxiliar de enfermería Teresa Romero, hoy en estado grave, de las actuaciones que, desarrollando sus tareas al cuidado de otro enfermo de ébola, le han supuesto contagiarse de la enfermedad. Tal comportamiento de quien debía estar al frente de una política sanitaria que fuera no sólo eficaz, sino humanamente digna, muestra que dicho consejero es en sí mismo un obstáculo para afrontar la crisis actual y no cabe, por tanto, sino su dimisión o cese.

 Sin alentar de ninguna manera alarmismos innecesarios y apoyando todo lo que razonablemente haya que hacer, el PSOE comparte el sufrimiento de las personas afectadas y las preocupaciones de la ciudadanía, como las que expresa la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y el Sindicato de Enfermería. Por ello debe elevar su voz para recoger lo que es clamor ciudadano en cuanto a responsabilidades políticas que han de plantearse sin dilación y exigir la dimisión de las personas que ocupan los dos cargos mencionados. Por la salud de todos y por salud democrática.

 José A. Pérez Tapias

 Juan A. Barrio de Penagos

 Vicent Garcés

 Madrid, a 10 de octubre de 2014

Sanitas investigada por presunto fraude fiscal en España

Sanitas: un seguro médico privado en observación

• La aseguradora es investigada por presunto fraude fiscal en España mientras a su matriz en Gran Bretaña se le acusa de pagar a sus clientes para que se traten hospitales públicos y así ahorrar en tratamientos caros

 

• Sanitas gestiona la sanidad pública de más de 300.000 españoles mediante dos hospitales y 22 ambulatorios en Valencia y Madrid

 

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Sanitas ganó en España 48 millones de euros en 2012 –el año anterior fueron más de 300–. La matriz BUPA ingresó 9.000 millones de libras y ganó 411 millones en 2013. La sociedad española gestiona en la Comunidad Valenciana la sanidad pública de 195.000 habitantes en el departamento de Manises, que incluye su hospital de referencia, los 22 centros de atención primaria de 14 poblaciones y el hospital de larga estancia de Mislata.

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eldiario.es

Plataforma europea impulsa iniciativa para control de ondas electromagnéticas

EFE - Bruselas

 

Representantes de colectivos ciudadanos de siete países de la Unión Europea se reunieron hoy en Bruselas para sentar las bases de una futura iniciativa popular que ayude a modificar los parámetros europeos en materia de radiación electromagnética.

Estas organizaciones, procedentes de España, Francia, Bélgica, Suecia, Italia, Holanda y Portugal, sostienen, apoyándose en diversos informes científicos, que las ondas liberadas por varios dispositivos de telefonía móvil son nocivas para la salud.

Entre otras medidas, la plataforma propone la supresión de las redes "wifi" en escuelas infantiles, la modificación de la legislación de los Estados miembros para prevenir ante el electromagnetismo y fórmulas de etiquetado, similares a las del tabaco, que adviertan de los riesgos nocivos de los dispositivos.

Además, los colectivos alertan de los riesgos de extensión de las dolencias relacionadas con la exposición a los campos electromagnéticos y piden el reconocimiento de la electrohipersensibilidad como una enfermedad biológica.

"Pensamos que esta es una buena ocasión para la reivindicación, porque confluimos movimientos de toda Europa y podremos abrir la puerta a otras reivindicaciones más concretas que ya están haciendo los diferentes países europeos", indicó a Efe el coordinador de la plataforma en España, Julio Carmona.

Carmona confesó, además, que el colectivo sabe que "es difícil" reunir en una iniciativa europea todas las reivindicaciones de los distintos movimientos, por lo que aún queda "concretar" los detalles para la acción conjunta.

En la reunión que los distintos colectivos mantuvieron hoy en Bruselas, los representantes de estas organizaciones expusieron sus propuestas y debatieron las posibles fórmulas legislativas que cabrían formularse en el marco de la Unión.

La eurodiputada Michele Rivasi (vicepresidenta del grupo de Los Verdes) lideró el encuentro e indicó a la plataforma los criterios que deben cumplir para poder presentar su proyecto como una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), el fin último de esta organización.

Rivasi aclaró a Efe que esta primera etapa trata de verificar "si todas estas organizaciones europeas tienen las mismas prioridades" de cara a una ICE, y valoró positivamente el carácter "claramente democrático" en que la plataforma ha planteado su propuesta.

Por el momento, el colectivo deberá desarrollar un nuevo texto para adecuar su propuesta a los parámetros de una ICE, ya que la mayoría de las iniciativas presentadas no podrían formularse, por sobrepasar las competencias de la Comisión Europea frente a los Estados miembros.

En la plataforma participan grupos de afectados por el electromagnetismo, así como asociaciones nacionales que promueven la concienciación sobre estas temáticas, como la española PECCEM, la francesa Sans Ondes, la belga Teslabel o la italiana Electrosmog Volturino.

eldiario.es

 

Bruselas veta tres pesticidas que afectan a la población de abejas

Varias decenas de activistas disfrazados de apicultores frente a una gigantesca abeja hinchable festejaban ayer en pleno centro del barrio europeo de Bruselas el éxito que los ecologistas y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria acaban de lograr frente a gigantes químicos como Bayer y Syngenta. Tras recibir el respaldo de 15 Estados miembros, la Comisión Europea se ha visto con las fuerzas necesarias para continuar con su plan de prohibir tres pesticidas tóxicos para las abejas.

 

Los defensores de la iniciativa argumentan que se está protegiendo a unos insectos vitales para el ecosistema y que aportan, según cálculos del Ejecutivo europeo, 22.000 millones de euros a la economía de la Unión cada año. Los críticos, en cambio, defienden que las autoridades van a adoptar una medida lesiva para los agricultores basándose en unos estudios con una pobre base científica. La prohibición de los tres plaguicidas neonicotinoides, habituales en la siembra del girasol, la colza, el algodón y el maíz, durará dos años. El imidacloprid, la clotianidina y el tiametoxam afectan al sistema nervioso de las abejas, y pueden llegar a causar la parálisis e incluso la muerte de los insectos.

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elpais.com

 

Abandonar al talento es el mayor error que puede cometer un país

Los datos lo confirman, según recogió el pasado mes de febrero un estudio de la Oficina de Política Exterior del país, el 42% de los investigadores del cáncer que trabajan actualmente en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos son inmigrantes. Y, entre todos ellos, merece ser destacado el doctor Alfredo Quiñones-Hinojosa, un neurocirujano que se ha convertido en la cara pública de un grupo de científicos extranjeros que, como él, vinieron a realizar su sueño a un país que por tradición histórica ha acogido a investigadores de todo el mundo. "Abandonar al talento es el mayor error que puede cometer un país, y hay que encontrar maneras de remediarlo", afirma Quiñones en la cafetería de su catedral de trabajo, el hospital Bayview Medical Center de Johns Hopkins, de Baltimore (Maryland).

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elpais.com

 

¿Cómo se gesta y a quién beneficia la privatización de la sanidad?

Mucha gente piensa que la privatización de la sanidad es un fenómeno reciente producto de las políticas del PP. Este es un grave error, un mal diagnóstico, que impide un tratamiento adecuado de las causas, porque al igual que en una enfermedad, si tratamos sólo los síntomas no estamos actuando eficazmente y el proceso se agrava.

 

Las privatizaciones de empresas y servicios públicos forman parte medular de la respuesta del gran capital a la gran crisis económica que vivimos ahora, que se inicia en la década de los setenta. Las políticas neoliberales forman parte de una estrategia general dirigida a intentar reducir la caída de la tasa de ganancia: drástica reducción de la fiscalidad de las rentas del capital, instauración de políticas de reducción del déficit —con la correspondiente disminución de presupuestos sociales—, liquidación de derechos laborales y sociales y privatizaciones.

 

Son políticas de largo alcance, implementadas por gobiernos de todo color político, en un marco de lucha de clases marcado por la cooptación de las cúpulas sindicales y el correspondiente retroceso del poder de la clase trabajadora.

 

El primer asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las empresas públicas. El negocio privado está asegurado, no sólo porque se venden a precio de saldo y prácticamente en régimen de monopolio, sino porque en la medida en que producen bienes de primera necesidad (luz, combustibles, transportes, comunicaciones, agua, etc) la clientela está asegurada. En el Estado español este proceso lo inicia el PSOE a mediados de los ochenta coincidiendo con la entrada en la CEE y es continuado por los gobiernos del PP.

 

El segundo asalto son los servicios públicos, y sobre todo la sanidad, que consume un porcentaje considerable del PIB (el 7% en 2013).

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attacmadrid.org

 

Los dueños del gigante de la sanidad privatizada se ocultan en las Caimán

• El hilo societario de Capio, que gestiona en Madrid cuatro hospitales pagados con dinero público, pasa por Holanda, Luxemburgo y las Caimán
• Capio sostiene que el equipo directivo tiene "el 40% del accionariado", pero se niega a aclarar quién es dueño del 60% restante
• La empresa ha sido especialmente mimada por los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González
• Capio no explica por qué una empresa dedicada a gestionar la sanidad tiene que parapetarse tras cuatro sociedades instrumentales extranjeras

 

Situada en el ojo del huracán desde que el Gobierno de Madrid anunció en otoño su decisión de privatizar otros seis hospitales, la empresa Capio parte como favorita en el nuevo proceso de “externalización” auspiciado por el PP. Gestora ya de cuatro hospitales integrados todos ellos en la red del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), el gigante de la sanidad público-privada ha permanecido hasta ahora inmune a las protestas. Y, sobre todo, ha permanecido protegido por una enrevesada estructura societaria internacional de la que solo se conocía una parte: aquella que conduce a Luxemburgo. Pero el hilo, y así lo acreditan los documentos oficiales a los que ha tenido acceso infoLibre, llega hasta un territorio aún más opaco y considerado paraíso fiscal por España hasta 2005: las Islas Caimán.

 

Es allí donde tienen su sede las cinco filiales de CVC que, en última instancia, dominan Capio. Pero la verdadera incógnita sigue en pie: la de quiénes, con nombres y apellidos, están tras esas cinco empresas de papel cuya única misión es la tenencia de valores de otras compañías.

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El secreto mejor guardado

La conexión entre Capio y las Islas Caimán, una colonia célebre como santuario de capitales de oscura procedencia, era el secreto mejor guardado por la compañía, la más mimada por los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González y que en 2012 facturó 562,6 millones de euros.

 

Tan sigilosamente se ha preservado el dato relativo a las Islas Caimán que, de hecho, la versión oficial del gigante sanitario sobre sus dueños reales siempre ha apuntado a la existencia de una multiplicidad de accionistas difícil o imposible de identificar.

 

Pero los papeles del Registro de Comercio de Luxemburgo sugieren que en el último escalón de la enrevesada trama societaria, es decir, tras cada una de las cinco filiales del fondo británico CVC domiciliadas en la capital del archipiélago caribeño de las Caimán, Georgetown, hay personas jurídicas –empresas- o físicas perfectamente reconocibles si Capio accediera a levantar el velo de su compleja estructura empresarial de muñeca rusa.

 

El dato que apunta en esa dirección es el siguiente: el capital no se distribuye a partes iguales, como ocurriría si el origen del dinero fuera aleatorio y la creación de distintas filiales obedeciera a razones de mera eficacia.

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Ventajas fiscales

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Expertos en estructuras financieras consultados por infoLibre sostienen que la creación de series complejas de sociedades encadenadas suele responder a dos objetivos: el primero y esencial, ocultar la identidad de los verdaderos inversores y beneficiarios; el segundo, construir una retícula de aportaciones cruzadas y préstamos que pueden repercutir luego en una minoración de impuestos para cada una de las piezas.

 

Apoyo político

De momento, la mayor ventaja obtenida por Capio no es de signo tributario sino político: la que le proporciona el apoyo del Ejecutivo madrileño, que lleva meses aferrado a una afirmación que ni siquiera ha intentado demostrar, la de que la gestión privada de los hospitales y centros de salud entraña un menor gasto público. Pero no solo no ha aportado por iniciativa propia ningún papel que permita verificar esa afirmación sino que, en contra la promesa lanzada en diciembre por el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, ............

infolibre.es

 

Una sentencia protege a los interinos frente a las empresas del modelo Alzira

Una sentencia ha anulado la amortización de 161 plazas de personal interino que se ejecutó cuando Marina Salud, la empresa concesionaria del departamento de salud que tiene como centro de referencia el hospital de Dénia, se hizo con la gestión de la asistencia de los habitantes en la comarca. El fallo obliga a la empresa a negociar para continuar con la amortización o, de lo contrario, cubrir las plazas "de forma reglamentaria".

 

Los hechos se remontan a junio de 2009, cuando Marina Salud asumió plenamente la gestión del hospital bajo la fórmula del modelo Alzira y la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana procedió a la amortización de todas las plazas vacantes de personal estatuario. Esta decisión supuso "el cese del personal interino que las ocupaba y que pasó a ser personal laboral de la empresa, con el empeoramiento de sus condiciones laborales", como recuerda el sindicato Intersindical Salut, que recurrió la amortización ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por considerar que se vulneraba "el pliegue de cláusulas técnicas y administrativas de la concesión".

 

Estas cláusulas determinan que la empresa se compromete al mantenimiento de las condiciones laborales de la plantilla. Además, contemplan que la administración debía abrir un proceso de negociación colectiva en cuanto que suponía la modificación de condiciones laborales, lo que no se produjo.

Negociar los procesos de privatización de plantillas

 

La sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por parte de la Consejería de Sanidad, que considera que la provisión de plazas es potestad de la Administración. Para Intersindical Salud, si el fallo se confirma en el Supremo, "supondrá un antes y un después en el proceso de privatización de la sanidad pública y un verdadero correctivo para la consejería, que se verá obligada a negociar con los sindicatos todos y cada uno de los expedientes de modificación de plantilla que se produzcan como consecuencia de procesos de privatización o externalización".

 

Este requisito previo de negociación "puede convertirse en una ocasión única para las organizaciones sindicales para suavizar las condiciones de las nuevas concesiones administrativas, especialmente en aquellas cuestiones que afectan al personal estatutario público y a su dependencia de la Consejería", según el sindicato.

 

De este modo se evitaría que pasen a ser personal laboral de las empresas concesionarias, añaden las mismas fuentes sindicales. Además, la sentencia "supone la reversión de estas plazas a la sanidad pública de gestión directa, y abre una puerta a que puedan ser proveídas por los procedimientos reglamentarios" como bolsa de trabajo, concurso de traslado u oposición.

 

En la Comunidad Valenciana existen cinco departamentos sanitarios gestionados por empresas privadas. La empresa Marina Salud fue la adjudicataria del área de la Marina, que cuenta con unos 200.000 habitantes. Esta compañía está formada por la aseguradora sanitaria DKV, que cuenta con un 65% de las acciones, y Ribera Salud, que controla el resto de participaciones.

elpais.com

 

La ‘marea blanca’ apela al Gobierno

El conflicto que vive la sanidad madrileña desde noviembre pasado a cuenta del mayor plan de privatizaciones impulsado en España trasciende las fronteras regionales y exige la intervención del Gobierno. Así lo creen los colectivos que forman la marea blanca contraria a los planes del Ejecutivo regional, tanto sindicales como profesionales. Por eso no fue casualidad que ayer la manifestación por la sanidad pública acabara frente a la sede del Ministerio de Sanidad, en el paseo del Prado, y no en la Puerta del Sol, como ha sido habitual hasta ahora. Miles de personas marcharon a mediodía entre cánticos de “sanidad pública” y “sí se puede”.

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elpais.com

 

Profesionales de la medicina cuestionan los beneficios de la privatización salvo para las concesionarias

El Gobierno madrileño, antes en manos de Aguirre y ahora de su sucesor, Ignacio González, alega para la privatización de la sanidad pública que está llevando a cabo que la gestión privada de hospitales y centros de salud es más económica que la gestión pública. La aplicación en la realidad de esa teoría en sitios como Reino Unido, Estados Unidos o, más cerca, la Comunidad Valenciana, demuestra todo lo contrario. El jefe de servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario La Paz y Catedrático de la UAM, Juan A. Tovar, lo recuerda en un riguroso artículo publicado hoy en ‘El Mundo’, donde denuncia “la falta de respeto” de estos políticos por los profesionales de la Sanidad.

 

elplural.com

 

Un estudio indica que ratas alimentadas con transgénicos tienen más tumores

Los tumores del tamaño de una pelota de ping-pong detectados en ratas alimentadas con maíz transgénico por un equipo de investigadores podrían convertirse en la primera prueba científica de los riesgos asociados a los alimentos modificados genéticamente. “Por primera vez en el mundo, se ha evaluado un transgénico y un pesticida por su impacto en la salud de una forma más amplia que la realizada hasta ahora por los Gobiernos y la industria. Los resultados son alarmantes”, ha señalado Gilles-Eric Séralini, director del estudio realizado por la Universidad de Caen, en el oeste de Francia, y publicada por la revista Food and Chemical Toxicology.

 

Los científicos franceses han investigado durante dos años a 200 ratas de laboratorio a las que han dividido en tres grupos: las que alimentaron con el maíz transgénico NK603 en distintas proporciones (11%, 22% y 33% de su dieta), aquellas a las que además le suministraron Roundup, el herbicida al que la modificación genética las hace resistentes; y los roedores que crecieron tan solo con maíz no transgénico. Los resultados son que pasados 17 meses desde el comienzo del estudio, habían muerto cinco veces más animales masculinos alimentados con el maíz modificado genéticamente.

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elpais.com

 

Salud en precario

A partir del 1 de septiembre, al menos 150.000 extranjeros no comunitarios que se hallan en situación irregular en España verán sustancialmente limitado su acceso al sistema sanitario público, poniendo en riesgo el derecho constitucional a la protección de su salud. El decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que entra en vigor es esa fecha restringe la asistencia sanitaria a ese colectivo —el más desfavorecido en la escala social— a los casos urgentes, a las mujeres embarazadas y a los menores de edad. Con esa reducción, el Gobierno pretende ahorrar unos 500 millones de euros al año, aunque cálculos más realistas rebajan el ahorro a la mitad, más o menos lo que se deja de cobrar a los países de la Unión Europea por una deficiente facturación de los servicios sanitarios prestados a nacionales de esos países en España.

 

La medida no solo acaba con la universalidad del sistema sanitario público; también con su gratuidad.

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elpais.com

 

Ni un rayo más, sea de cabina o del Sol

La tentación es obvia: comparar la exposición a los rayos ultravioleta con el tabaco. Hay apenas un matiz: que algo de sol es necesario —la vitamina D, ya se sabe—, lo que no se puede decir de los pitillos. Pero quitada la exposición que se puede considerar normal (es prácticamente imposible estar sin salir a la calle), los extras de radiación son todos malos. Y entre ellos, lo son especialmente las cabinas de bronceado o rayos UVA, según un estudio que publica el British Medical Journal, que ha determinado que de los 63.492 melanomas diagnosticados cada año en 18 países europeos (los Quince más Suiza, Noruega e Islandia), 3.438 se deben al uso de cabinas de rayos UVA. Solo en los Quince, 498 mujeres y 296 hombres fallecen al año por esta causa.

 

El estudio, que revisa 27 trabajos previos, es un intento de poner cifras a un problema creciente en los países ricos: el afán por el moreno tiene “una plétora de riesgos”, como indican los autores, del Instituto Internacional de Investigación sobre Prevención de Lyon (Francia) y del Instituto Europeo de Oncología. La tasa de melanomas aumenta un 20% con estos aparatos, y el daño se multiplica por dos en menores de 35 años, por lo que estos expertos proponen que, si el uso de estos dispositivos no se reduce, se prohíban. Ya lo hacen 11 países (España incluida) para menores. Brasil lo decretó para todos en 2009.

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El copago atasca las farmacias

Quejas, colas, saturación de los sistemas informáticos. Y paciencia, mucha paciencia en el primer día laborable del nuevo sistema de copago farmacéutico por renta. De los pacientes y de los boticarios. El temido caos generalizado no se produjo, pero sí muchas complicaciones técnicas que dificultaron y ralentizaron la dispensación de fármacos en toda España. Bases de datos caídas, problemas con los códigos de las recetas que contienen el nivel de aportación del usuario o errores del sistema al trazar el porcentaje que debía cobrar. Tampoco ayudó la poca información que, según los farmacéuticos, tienen los ciudadanos —sobre todo los jubilados— de un cambio histórico que marca que, por primera vez, los pensionistas pagan un porcentaje (del 10%) de sus medicamentos con un tope mensual de 8, 16 o 60 euros.

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El Constitucional suspende cinco meses la subasta de fármacos en Andalucía

El conflicto de competencias presentado por el Gobierno central contra la subasta de fármacos andaluza sigue adelante. El pleno del Tribunal Constitucional acordó el pasado 8 de mayo admitir a trámite el recurso anunciado por el Ejecutivo, que entiende que la Junta de Andalucía invade competencias estatales al sacar a adjudicación pública algunos de los principios activos más consumidos. Esta admisión, según el texto de la providencia adoptada por el Constitucional, implica la suspensión durante cinco meses “de la vigencia y aplicación” de la norma impugnada, en este caso, la resolución por la que la Consejería de Salud anunció la convocatoria para la adjudicación pública de algunos de los principios activos más consumidos

 

En este plazo de cinco meses, el Constitucional tendrá que decidir si mantiene la suspensión cautelar de la resolución mientras dirime sobre el fondo del asunto o, por el contrario, permite a la Junta volver a activar la subasta hasta que haya una decisión firme sobre su constitucionalidad. Los precedentes son favorables a los intereses del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ya que en el caso del catálogo de medicamentos de la Xunta de Galicia, recurrido al Constitucional por el Gobierno de Zapatero, el alto tribunal levantó la suspensión por el ahorro económico que la aplicación de la norma suponía para la comunidad.

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Una comisión británica propone regular el suicidio asistido médicamente

La Comisión para la Muerte Asistida británica tiene previsto entregar esta semana un informe en el que indica que el suicidio con ayuda médica debe despenalizarse en algunos casos, según ha sabido The Guardian.

 

La comisión tiene un carácter semipúblico. Aunque está financiada por fondos privados, su presidente es un miembro de la Cámara de los Lores, Charles Falconer, quien fue el primer secretario de Estado para Asuntos Constitucionales británico durante los Gobiernos de Tony Blair.

 

La recomendación es cambiar la actual legislación, que establece penas de hasta 14 años de cárcel para quienes ayuden a una persona a cometer suicidio. La condena es muy superior a la española, donde en determinadas circunstancias (que se trate de un enfermo incurable en estado terminal que haya solicitado repetidas veces ayuda para poner fin a su sufrimiento) la colaboración necesaria con el suicidio, tipificada en el artículo 143, establece de una manera general que “el que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años”, pero, sin embargo, matiza que si lo hace “por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados”.

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Los presupuestos sanitarios bajan de media un 6% por persona

Las comunidades autónomas prevén gastar este año un 6% menos de media en la salud de cada habitante, lo que, sumado a los recortes ya aplicados en 2011, arroja un descenso en el dinero destinado a este apartado del 10%. En cifras absolutas eso quiere decir que, si cumplen lo presupuestado, las administraciones gastarán de media 1.210,95 euros por persona este año, frente a los 1.288,58 de 2011 y los 1.343,95 de 2010.

 

El recorte afecta de manera desigual a las comunidades. A falta de los datos para este año de Castilla-La Mancha, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que es la que recopila estas cifras, indica que nueve comunidades van a gastar menos por habitante este año que el anterior. Son Navarra, Extremadura, La Rioja, Murcia y Cataluña. Eso tiene otra lectura: que siete de ellas, pese a los recortes, prevén gastar más. Son Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León y Madrid.

 

Aunque el aumento o la disminución en algunas de ellas es insignificante, por lo que en seis prácticamente se congela la partida. Son Aragón, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid y País Vasco. La crisis no sirve para unificar la oferta, pero pone en peligro las de las economías más débiles

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Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública

 Núm. 240 Miércoles 5 de octubre de 2011 Sec. I. Pág. 104593

 

 

15623                 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

 

JUAN CARLOS I

A todos los que la presente vieren y entendieren

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

 

                                                                        REY DE ESPAÑA

 

ÍNDICE

Preámbulo

Título preliminar. Disposiciones generales. La política de salud pública.

Capítulo I. Del objeto y ámbito de la ley.

Capítulo II. Principios generales de la salud pública.

Título I. Derechos, deberes y obligaciones en salud pública.

Capítulo I. Derechos de los ciudadanos.

Capítulo II. Deberes de los ciudadanos.

Capítulo III. Obligaciones de las Administraciones públicas.

Título II. Actuaciones de salud pública.

Capítulo I. La vigilancia en salud pública.

Capítulo II. Promoción de la salud.

Capítulo III. Prevención de problemas de salud y sus determinantes.

Capítulo IV. La coordinación de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y lesiones en el Sistema Nacional de Salud.

Capítulo V. La gestión sanitaria como acción de salud pública.

Capítulo VI. Protección de la salud de la población.

Capítulo VII. Evaluación del impacto en salud de otras políticas.

Capítulo VIII. Sanidad exterior y salud internacional.

Capítulo IX. Sistema de Información en salud pública.

Título III. La planificación y coordinación de la salud pública.

Título IV. El personal profesional y la investigación en salud pública.

Capítulo I. Formación y desarrollo profesional en salud pública.

Capítulo II. La investigación en el desarrollo de las políticas de salud pública.

Título V. La autoridad sanitaria estatal, vigilancia y control.

Capítulo I. Autoridad sanitaria estatal.

Capítulo II. Medidas especiales y cautelares.

Título VI. Infracciones y sanciones.

Disposición adicional primera. La especialización en salud pública de las profesiones sanitarias.

Disposición adicional segunda. La salud pública en las Fuerzas Armadas.

 

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boe.es

 

Los tipos de ELA tienen origen común

Un hallazgo científico abre vías para luchar contra esta enfermedad degenerativa

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad degenerativa que afecta a 350.000 personas en el mundo. Tiene un diagnóstico muy duro: los músculos del cuerpo se van debilitando poco a poco. Cuando ese efecto llega a los que contraen y expanden los pulmones o el corazón, por ejemplo, se produce la muerte. Es un proceso rápido (unos tres años de media), y que no tiene cura. Pero esta situación puede cambiar con el hallazgo que publicó ayer Nature. Se trata de un proceso en el metabolismo de una proteína que es común a las tres formas de ELA (la familiar o hereditaria, la esporádica y la que cursa con demencia). El descubrimiento lo firma Teepu Siddique, de Northwestern University Feinberg (Chicago).

 

El hallazgo implica dos cosas. La primera, que todas las formas de ELA tienen un origen común. La segunda, que quizá interviniendo en el proceso pueda hallarse un tratamiento. En concreto, el fenómeno atribuido tiene que ver con una proteína, la ubiquitina 2, que está implicada en el mantenimiento de las proteínas que intervienen en el trabajo de las neuronas. Y es un fallo en su reciclaje (el proceso que permite repararlas o reponerlas cuando se desgasta) lo que acaba produciendo la enfermedad. Como todos estos descubrimientos, se trata de una fase muy preliminar, pero que no deja de tener su importancia.

 

En concreto, lo que se ha visto es que este funcionamiento anómalo acumula los restos de ubiquitina y de otras proteínas en las neurona motoras (las que se encargan de transmitir los impulsos que mueven los músculos) de la médula espinal, lo que explicaría la progresiva paralización, y a las del córtex e hipocampo del cerebro (lo que justificaría la demencia). El resultado se asemeja a madejas de hilo, y causan la degeneración de las neuronas.

La vicepresidenta de la Federación Española de ELA, Maite Salas, sin entrar a fondo en el contenido del artículo hasta su lectura pormenorizada, indica que "este tipo de noticias son importantes porque dan algo de esperanza a los pacientes". Sobre el contenido tiene más dudas, empezando porque cree que solo hay dos formas de ELA, la esporádica y la hereditaria, y que la demencia es una manifestación de estas. Pero no le sorprende que se haya puesto el punto de mira en la ubiquitina 2, porque es una proteína que "siempre se ha relacionado con la enfermedad".

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