Izquierda Socialista de Valladolid por la defensa de la Sanidad Pública

El juez Baltasar Garzón detalla -en el auto por el que ordena prisión para cinco acusados del caso Pretoria- las tres grandes operaciones urbanísticas que generaron, a través de recalificaciones efectuadas para favorecer a los implicados

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elpais.com/articulo

Ocho meses lleva la Junta de Castilla y León sin contestar a 30 preguntas por escrito remitidas por el procurador socialista Fernando Benito, en las que solicitaba datos relativos a contratos suscritos o pagos realizados a empresas presuntamente implicadas en el 'caso Gürtel'.

Después de tocar Madrid, Valencia y Galicia, la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa alcanza al Gobierno de Castilla y León, también del PP. Un nuevo informe policial remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid implica a José Manuel Fernández Santiago, actual presidente del parlamento de Castilla y León y ex consejero de Fomento, en una adjudicación amañada con reparto de comisiones ilegales.

La constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3% del contrato, descontándole el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió el botín entre dirigentes del PP, entre ellos el tesorero, Luis Bárcenas.

Otro de los beneficiados es T. O., unas siglas que la policía investiga desde febrero y que podrían corresponder a Toti, el sobrenombre por el que se conoce a Fernández Santiago, consejero de Fomento cuando se produjo la polémica adjudicación de la variante a Teconsa.

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elpais.com

Los titiriteros, últimamente tan denostados por la derecha por considerar que la mayoría de ellos viven a costa de las subvenciones del Gobierno, no son sólo simpatizantes de la izquierda. Alberto Comesaña por ejemplo es un titiritero de derechas: afiliado al PP y miembro de la Ejecutiva local del partido en el epicentro de la trama Gürtel, en Boadilla del Monte. Es más, es íntimo amigo del ex alcalde de la localidad, que tuvo que dimitir tras ser imputado en la red corrupta y está contratado como coordinador de Juventud en el municipio, un cargo de confianza que le otorgó, a dedo naturalmente, Arturo González Panero, alias El Albondiguilla. Comesaña, miembro de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), no sólo apoyo el polémico regalo de un palacio histórico a le entidad, sino que contribuyó con sus gestiones a "legitimar" esta adjudicación, según ha señalado a El Plural el portavoz de Alternativa Por Boadilla, Ángel Galindo, que denunció la operación ante los Tribunales.

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http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=34094

elmundo.es 04/08//2009

Después de siete meses de tramitación, la Junta está ultimando los expedientes disciplinarios abiertos a 11 funcionarios de León y Zamora vinculados con la trama de los huertos solares destapada el pasado mes de agosto.

Fuentes de la Junta aseguran que las sanciones que se está sopesando aplicar supondrán la suspensión de empleo y sueldo para la mayoría de los expedientados. En León son nueve funcionarios, con el ex secretario territorial, Javier Lasarte, a la cabeza, seguido por quienes fueron los jefes de servicio de Fomento e Industria, Ana Suárez y Emilio Tuñón, respectivamente. Los tres fueron cesados de sus puestos de confianza el pasado mes de agosto de forma fulminante al destaparse sus vínculos con los huertos solares ubicados en Torrecilla de la Abadesa y Mota del Marqués, en Valladolid, y en Mansilla de las Mulas, León. El resto de los expedientados son funcionarios de la Delegación territorial en León. Los expedientados en Zamora son el ex secretario territorial y un funcionario.

Aún no se ha desvelado el tiempo de suspensión de empleo y sueldo que se aplicará a cada caso aunque las mismas fuentes estiman que será prolongado porque en casi todos los casos el expediente abierto habría probado que vulneraron la ley de incompatibilidad.

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http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/08/castillayleon/1239172091.html

Más información relacionada en: http://coisva.blogia.com/temas/huertos-solares-cyl-husocyl-presunta-corrupcion.php

Millones de paneles solares han germinado en el paisaje español con la voracidad de una plaga. Donde antes había cultivos o terreno baldío han surgido 29.000 instalaciones dotadas de la última tecnología fotovoltaica. Ni siquiera el boom inmobiliario ha registrado un crecimiento parecido (900% en dos años) en sus tiempos dorados. Alguna cifra es elocuente. Se necesitó todo el año 2004 para alcanzar 8 megavatios de potencia de origen solar: en 2008, bastaban cuatro días. El Plan de Energías Renovables confeccionado por el Gobierno socialista para la energía solar preveía la instalación de un total de 371 megavatios en el periodo comprendido entre 2005 y 2010. Pues bien, el objetivo previsto para un quinquenio se alcanzó en cuatro meses durante el año 2008. El fenómeno puede ser contradictorio si se confirma que una energía limpia tiene un origen sucio.

A lomos de esa expansión sin freno ha surgido un potente sector industrial que ha generado 24.000 empleos, con fuertes inversiones en I+D+i y plena capacidad exportadora, pero también la sospecha de un fraude que puede tener grandes proporciones y causar dolores de cabeza en varias comunidades autónomas, tanto socialistas como populares. Detrás del caso hay dos viejos conocidos, la especulación y el tráfico de influencias. La explicación es bien sencilla: algunos hábitos perversos del boom inmobiliario han cambiado de domicilio. El Estado deberá desembolsar durante los próximos 25 años unos 18.500 millones de euros en subvenciones comprometidas.

Un repaso a la prensa regional sirve para describir qué tintes alcanzó la peculiar competición entre comunidades autónomas por el liderazgo en el sector solar. Mes a mes se fueron reproduciendo escenas parecidas en puntos diferentes del mapa.

Septiembre de 2007. La prensa de Castilla y León daba cuenta de la inauguración de "la planta solar fotovoltaica más grande del mundo" entre las localidades salmantinas de Zarapicos y San Pedro del Valle sobre una superficie equivalente a 100 campos de fútbol. El vicepresidente de la Junta, Tomás de Villanueva, declaraba en el acto que "Castilla y León es la región más avanzada en el desarrollo de energías renovables".

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http://www.elpais.com/sociedad/

Las Cortes han rechazado la creación de una comisión de investigación para aclarar este escándalo con los votos del PP

CADENA SER   06-10-2008

La Cadena SER ha recabado nuevos datos sobre la trama de huertos solares que ha costado el cese de varios altos cargos y expedientes a altos funcionarios en Castilla y León. En este caso es la vicepresidenta del parlamento autonómico, la popular Carmen Luis Heras, quien junto a su marido tiene intereses en empresas que han intervenido en la implantación de instalaciones solares en la provincia de Zamora.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/vicepresidenta-parlamento-castilla-leon-esposo/csrcsrpor/20081006csrcsrnac_6/Tes

VALLADOLID

ALICIA CALVO.- La cascada de consecuencias del caso de las plantas solares que ha sacudido a la Administración regional el pasado agosto suma y sigue. El jefe del Servicio Territorial de Industria en Palencia, Francisco Jambrina, ha solicitado su jubilación y evita, de este modo, la apertura de un expediente disciplinario por incumplir la Ley de Incompatibilidades.

El político palentino incurrió en incompatibilidad al ser titular de una licencia de planta solar en su pueblo natal Arcenillas, en Zamora, y de una empresa del sector en Palencia (Pago El Roto S. L.) y no haber solicitado la autorización de compatibilidad a la Inspección General de Servicios de la Junta.

Jambrina, que fue consejero de Medio Ambiente entre 1991 y 1999, ha presentado su petición de jubilación con 67 años, después de haberse negado públicamente a dimitir, pese a la pérdida de confianza de las consejería de Economía que expresó abiertamente, a mediados de agosto, su deseo de que cesara de su puesto.

El jefe de Industria en Palencia ha argumentado en todo momento que, dado que su plaza no era de libre designación sino que accedió a ella por concurso oposición en 1992, no tenía "motivos para dimitir" y ha alegado, además, que en su caso "no existe la más ligera sospecha de ilegalidad", ni trato de favor alguno, ni falta de información a sus superiores.

Al no tratarse de un cargo de confianza, la única opción con la que contaba la Junta para apartar a Francisco Jambrina de su puesto era la apertura de un expediente disciplinario, que ahora eludirá al jubilarse.

Las sanciones que derivan del expediente varían según el tipo de falta, pero la Inspección General de Servicios, organismo encargado de tramitar las informaciones reservadas e instruir los expedientes, ha propuesto en todos los casos relacionados con las plantas solares en los que se ha incoado expediente que el instrucctor los considere como una falta muy grave.

Esta petición viene avalada por el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración que tipifica como infracción "muy grave" desarrollar una actividad privada ostentando un cargo público sin la previa obtención de la autorización de compatibilidades.

Si este criterio se mantiene, los funcionarios expedientados se enfrentan, como mínimo, a tres años de suspensión de empleo y sueldo y a un máximo de seis años de suspensión de funciones, tal y como recoge el artículo 16 del citado reglamento.

La mayoría de los expedientes abiertos en el caso de los huertos solares responden al incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades por no haber la solicitado autorización pertinente para desempeñar las actividades, pero en algún otro, como el del ya dimitido secretario general de la Junta en León, Javier Lasarte, a este supuesto se suma el de haber infringido el deber de inhibición, por haber decidido sobre cuestiones que afectaban directamente a sus intereses en la concesión de licencias solares.

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/01/castillayleon/1222844365.html

Personas relacionadas con la presunta trama:

la esposa del director general de Energía del Gobierno castellano-leonés, Ricardo González Mantero

Otras noticias relacionadas:

 http://www.teydi.es/huertas_solares.asp?menu=hue

AGRICOLA VALVERDEMOTA S.L. arrienda (presuntamente) a la empresa TECNICAS ELECTRICAS Y DESARROLLO INTEGRAL S.L. en enero del 2007 las parcelas siguientes:
a) Parcela número 216 del Polígono 2 del término municipal de Mota del Marques con una extensión de 2 hectáreas, 86 áreas
b) Parcela número 210 del Polígono 2 de Mota del Marques con una extensión de 2 hectáreas 86 áreas
c) Parcela número 54 del Polígono 2 de Mota del Marqués con una extensión de 5 hectáreas.
d) Parcela número 209 del Polígono 2 de Mota del Marqués con una extensión de 3 hectáreas 61 áreas.
e) Parcela número 48 del Polígono 2 de Mota del Marqués con una extensión de 3 hectáreas 61 áreas.
     Y por un periodo de CINCUENTA AÑOS.

La renta será la correspondiente al 2% DEL TOTAL DEL COBRO por laVENTA de ENERGIA, DE LAS INSTALACIONES PRODUCTORAS ubicadas en las citadas parcelas. Si el alquiler resultante fuera inferior a 15.OOO.- Euros (QUINCE MIL EUROS) al año, la empresa TECNICAS ELECTRICAS Y DESARROLLO INTEGRAL S.L pagará en concepto de alquiler anual la cantidad de QUINCE MIL EUROS al año, incrementada anualmente en el IPC.

http://www.nortecastilla.es/20080911/castilla_leon/junta-expedienta-otro-alto-20080911.html

El escándalo de las concesiones administrativas para la instalación de plantas de energía solar en la comunidad autónoma tiene desde ayer un nuevo nombre de funcionario público, el segundo a quien la Junta de Castilla y León abrirá un expediente de sanción por entender que existen indicios de que actuó de manera inadecuada en el proceso.

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El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, anunció la apertura de expediente disciplinario al secretario de la Delegación Territorial en Zamora, Manuel Méndez, por considerar que «hay indicios suficientes» en el expediente de información reservada de hechos irregulares en las autorizaciones administrativas de las plantas de producción de energía solar fotovoltaica.

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Dos en mes y medio

Tomás Villanueva puntualizó que, «a día de hoy, no hay ningún alto cargo de la Junta implicado» en la concesión irregular de autorizaciones administrativas de plantas solares.

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¿Cuantos ciudadanos piensan que el responsable de esta presenta corructela es el Presidente de la Junta de Castilla y León por no ser capaz de controlar a sus consejeros?

los presuntos implicados en este caso son:  el jefe de Servicio de Caja de la Tesorería General de la Junta, Manuel Ballesteros (dimitió de su cargo en agosto 2008)

El próximo día 29 de octubre se cumplirán veintidós años de la dimisión del entonces presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid. La prensa de entonces, una prensa muy conservadora, aprovechaba unas presuntas irregularidades cometidas en una empresa familiar del entonces presidente para arremeter contra el máximo dirigente socialista en esa comunidad. Alentado por el “presunto escándalo”, el entonces líder de la oposición, un jovencísimo José María Aznar, no dudaba en pedir la dimisión de Demetrio Madrid: “Le doy 24 horas para que dimita”, le dijo en una sesión para el recuerdo. Unas palabras que aún deben retumbar en los oídos de los militantes y dirigentes socialistas de la época, que asistían impotentes un día después de pronunciada la frase, a la dimisión irrevocable de su presidente.

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http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=24365

secretario general de la Delegación de la Junta en León Javier Lasarte

Secretario general de la Delegación de la Junta de Castilla y León, en León Javier Lasarte

Blog que denuncia algunos casos de la Junta en el luminoso negocio de la energía solar

http://blogs.nortecastilla.es/pedrovicente/2008/8/12/-horticultores-al-sol-mas-calienta

 DE HUERTOS SOLARES Y OTRAS HIERBAS

http://blogs.nortecastilla.es/pedrovicente/2008/8/28/de-huertos-solares-y-otras-hierbas

 

Investigación sobre el ‘caso Lasarte’ (plantas solares)

http://jesaal.wordpress.com/2008/08/10/este-blog-inicia-investigacion-sobre-el-caso-lasarte/

 Los ’amigos’ de Javier Lasarte

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Los-amigos-De-Javier-Lasarte-vn16884-vst216

VALLADOLID.- Ni un indicio de delito. Ni un atisbo de que hayan existido "irregularidades" o "trato de favor" en la tramitación administrativa de licencias para la instalación de huertos solares en la Comunidad. Tan sólo una "pérdida de confianza" en siete funcionarios de alto nivel y en seis funcionarios de base que participan, a espaldas de la Junta, en el negocio de la energía solar.

Esta fue la lectura queha realizado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, como explicación a la marcha de las dos líneas de investigación abiertas por la Administración regional en las provincias de León, Valladolid y Zamora.

Esa ’pérdida de confianza’ llevó al Gobierno regional a "obligar" a dimitir a seis funcionario de libre designación después de que EL MUNDO destapara el 1 de agosto esta supuesta trama. Y adquirió su máxima expresión con la decisión, notificada ayer, de abrir un expediente disciplinario al ya cesado secretario de la Delegación Territorial de la Junta en León, Jesús Javier Lasarte, por "indicios racionales" de que incumplió la Ley de Incompatibilidades.

"Ya el propio Lasarte afirmó el 1 de agosto que no había informado a nadie porque no se sentía en la obligación de hacerlo", recordó.

Sin embargo, en cumplimiento de esta norma, Lasarte estaba obligado a declarar a sus superiores que era administrador de la empresa Galeno 1955 S.L; la misma a la que precisamente se le han concedido once licencias para instalar plantas solares en León y Valladolid.

"No hemos encontrado ninguna irregularidad. La tramitación se ha realizado de forma correcta, sin trato preferente, ni agilización de los plazos, pero eso no impide que la confianza se haya quebrado", matizó De Santiago-Juárez.

Este expediente "seguirá su trámite" y podría dar lugar a "algún tipo de sanción", que iría desde una falta leve, a una grave, a removerle de su puesto o incluso a suspenderle de empleo y sueldo, tal y como explicó De Santiago-Juárez.

Por el momento, es el único expediente de estas características que abrirá la Junta. El portavoz optó por la "prudencia" a la espera de que culminen las informaciones reservadas abiertas sobre los otros doce funcionarios.

En suspense está el futuro del aún jefe del Servicio Territorial de Industria de Palencia, Francisco Jambrina, que fuera consejero de Medio Ambiente y vicepresidente de la Mesa de las Cortes. Jambrina se negó a cesar de su puesto por entender que accedió al mismo por concurso y no por libre designación.

La única opción que le quedaría a la Junta de Castilla y León para apartarle de su actual puesto, ganado por concurso, es por tanto la apertura de un expediente disciplinario. "Está protegido porque es su plaza", añadió De Santiago-Juárez, sin aclarar cuál será la última decisión de la Junta.

Lo que sí tiene claro el portavoz del Gobierno regional es que de las investigaciones realizadas no se deriva la constitución de ningún delito. "Si en el transcurso de la investigación se advirtiese algún indicio racional de delito, inmediatamente lo derivaríamos a la Fiscalía". De hecho, como recordó De Santiago-Juárez, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Fernández, remitió el 18 de agosto al fiscal jefe de León un escrito en el que le informaba de la apertura de dos líneas de investigación y su deseo de colaborar con la Fiscalía si les fuera requerido.

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/20/castillayleon/1219265474.html

LEÓN, 20 (EUROPA PRESS)

   El ex secretario general de la Delegación Territorial de la Junta en León, Javier Lasarte, aseguró hoy que su dimisión fue un "error" al que le "empujaron y forzaron" sus responsables directos, que le "amenazaron" con el cese y un "borrón" en su expediente.

   En una comparecencia ante los medios de comunicación, Lasarte leyó una carta en la que pidió, además, que cuando el caso finalice "y se resuelva completamente el entuerto", sus responsables políticos "se den para sí" el tratamiento que, a su juicio, él ha recibido: "la dimisión fulminante".

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http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-lasarte-ve-dimision-error-le-forzaron-superiores-quienes-pide-mismo-trato-exigido-20080820192937.html

VALLADOLID.- La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, denunció hoy el "juicio paralelo" que desarrollan PSOE y UGT con el propósito de "embarrar" el proceso judicial que sigue los cauces de la Ley de Procedimiento Administrativo sobre el conocido como ’caso Lasarte’.

Así, insistió en que "el caso se encuentra en proceso de investigación actualmente a través de los expedientes de información reservada que prevé la Ley de Procedimiento Administrativo".

La consejera definió al sindicato como portavoz del PSOE, no sólo en este caso, sino también en muchos otros, ya que ambos conocen el sistema de funcionamiento de la elección de los funcionarios de alto cargo y que el 90% de los jefes de servicio acceden a la plaza por concurso. Así, se refirió al cese del jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Zamora, José Bahamonde, y explicó que éste se convierte a partir de ahora en funcionario de carrera.

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/19/castillayleon/1219169301.html

¿Actuará el Gobierno del SR. Herrera con las mismas formas del Caso Antona?

¿Dejará los informes de la asesoría jurídica en el cajón o se los facilitará al inspector o al juez del caso "Lasarte"?

¿El "Zorro" realizará el informe de las gallinas que se comió en el gallinero o las omitirá?

Daniel Álvarez León

La supuesta trama de cargos y funcionarios de la Administración autonómica con intereses en el sector de la energía solar va arrojando datos. Según fuentes de la investigación, cuatro de los cinco jefes que han presentado su dimisión hasta el momento coinciden con sus proyectos solares en un mismo pueblo de la provincia de Valladolid. Se trata, en concreto, de las concesiones de la localidad de Torrecilla de la Abadesa, donde el ya ex secretario territorial de la Junta en León, Javier Lasarte, había obtenido una autorización a través de la empresa Galeno 1955, de la que es administrador único. Los terrenos donde se asentaría esta instalación, que aún no se ha puesto en marcha, son precisamente propiedad del jefe del Servicio de Tesorería de la Consejería de Hacienda, el cesante Manuel Ballesteros.

Tras el inicio de las primeras pesquisas por parte de la Junta, se comprobó que tanto la jefa del Servicio de Fomento en León, Ana Suárez, a través de su empresa Arsoltec, como el responsable del área de Industria, Emilio Fernández Tuñón, éste a través de familiares, habían obtenido concesiones para huertos solares en la misma localidad vallisoletana. A raíz de este descubrimiento, fue cuando a ambos se les reclamó que presentaran la dimisión de sus cargos, medida que se hizo efectiva hace justo una semana y que siguió al cese de Lasarte.

Asimismo, las licencias para las plantas de Ana Suárez y Emilio Fernández fueron solicitadas y aprobadas en fechas próximas a las de los negocios de Javier Lasarte.
Las fuentes de las investigación consultadas aclararon que una de las prácticas que se realizan es fraccionar las correspondientes solicitudes de licencia en un mismo terreno o colindantes para, posteriormente y de facto, configurar una única planta fotovoltaica de mayores proporciones.

Mientras, también se desvelan algunos detalles de la actividad de los seis funcionarios leoneses del Servicio de Industria a los que en la primera investigación se les han detectado vínculos con el sector de la energía solar y a los que se ha abierto un expediente, pendiente de resolución. Según las referidas fuentes, uno de ellos participa en, al menos, seis concesiones de huertos solares.

 
Aunque su identidad no ha sido revelada, es seguro de que no se trata del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Villaquilambre, Jesús García Flórez, cuya empresa familiar ha instalado y explota una planta solar conectada a la red de 100 kw.
Otra de las fórmulas detectadas para la entrada en el negocio solar de los cargos y funcionarios de la Junta, es la venta de la concesión de las plantas a una empresa interesada en la instalación y explotación de las mismas.

Hasta el momento, son nueve (seis funcionarios y tres cargos) las personas a las que la Junta ha descubierto con vínculos en la energía solar sólo en León. Se suman el citado jefe de Tesorería en Valladolid, Manuel Ballesteros; el secretario de la Junta en Zamora, Manuel Méndez, y el jefe de Industria en Palencia y ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Jambrina. Este último ha sido el único cargo que se ha negado a dimitir pese ala petición de sus superiores.

http://www.la-cronica.net/2008/08/18/leon/4-de-los-5-dimisionarios-son-socios-en-un-mismo-pueblo-7932.htm

ZAMORA.- La Junta de Castilla y León sigue cortando cabezas por la "trama solar" descubierta en León y con ramificaciones en Zamora. Si la semana pasada fue cesado el secretario de la Delegación Territorial, Manuel Méndez, por su implicación en una empresa con intereses en la construcción de huertos solares, ahora le ha tocado el turno al jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, José Bahamonde Salazar, que fue descabalgado de su cargo de forma fulminante.

El cese fue explicado públicamente mediante una escueta nota emitida por la Delegación Territorial en la que se hacía una vaga referencia a la investigación abierta por el Servicio Territorial de Industria. La caída del jefe de la Oficina Territorial de Trabajo tiene su origen en el paso de José Bahamonde por el Servicio Territorial de Industria entre los años 2003 y 2008, cargo del que fue relevado en una "reestructuración administrativa" que en su momento no despertó sospechas, pero que cinco meses después pone de manifiesto que el paso de Bahamonde de Industria a Trabajo no fue un simple reajuste de personal. Pese a que la decisión de la Delegación de Zamora se interpreta como un cese en toda regla, es preciso matizar que Bahamonde estaba adscrito de forma provisional a la jefatura de Trabajo, a la espera de un destino definitivo, de ahí que en términos estrictamente legales la decisión de apartarle de este puesto no sea un cese.

Fuentes cercanas al caso aseguran que hace cinco meses la Delegación Territorial tuvo noticias de la implicación de un familiar de José Bahamonde en el negocio de las placas solares. Si las sospechas de entonces, más o menos fundadas, motivaron su destierro a Trabajo, la constancia de que un hijo de Bahamonde tiene intereses en el sector desencadenaron el jueves de la semana pasada su cese fulminante.

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Alberto de Castro, ha rechazado hacer valoraciones sobre la destitución de Bahamonde. Ni referencias a la implicación del ex jefe de Industria y ya ex jefe de Trabajo en la "trama solar", ni aclaraciones sobre la implicación del hijo de Bahamonde en el negocio de los huertos fotovoltaicos. Como mucho, De Castro reconoció haber "perdido la confianza" en su jefe de servicio.

La destitución, aseguró, se puede entender como "una medida cautelar" a la espera de los resultados oficiales de las investigaciones de los técnicos de Industria, que tienen entre manos más de 1.000 expedientes pendientes de revisión.

Entre los informes que los técnicos tendrán que revisar, casi con toda seguridad, estará el de la empresa Iniciativas Renovables S.L., que inició su actividad en junio del año 2007 y que es propiedad de Javier Bahamonde González, hijo del jefe de Trabajo cesado ayer. Entre las cuestiones a investigar estará, sin duda, si dicha empresa recibió algún tipo de trato de favor durante los nueve meses en los que su actividad coincidió en el tiempo con la presencia de José Bahamonde Salazar en su cargo como jefe de Industria.

El destino laboral de José Bahamonde está por decidir tras su destitución. El propio delegado territorial de la Junta en Zamora solicitó a finales de la semana pasada al secretario general de la Consejería de Economía y Empleo, Rafael Delgado, "el cambio de puesto de trabajo" para el que ha sido jefe de Trabajo desde febrero de este año. Hasta la fecha, estaba "adscrito provisionalmente" a la jefatura de la Oficina Territorial de Trabajo. Perdida la confianza de sus superiores, todo parece indicar que pasará a ocupar una plaza de funcionario de menor rango en la misma oficina.

La destitución de Bahamonde es la sexta consecutiva que se produce entre altos cargos y funcionarios de la Junta en las provincias de León y Zamora. El primero en caer fue Jesús Javier Lasarte, secretario general de la Junta en León. Después le siguieron, apenas una semana después, los jefes de Industria, Emilio Fernández Tuñón, y Fomento, Ana Isabel Suárez en la misma provincia. Los dos últimos en caer fueron el jefe del Servicio de Caja de la Tesorería General, Manuel Ballesteros y el secretario territorial de la Junta en Zamora, Manuel Méndez.

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/18/castillayleon/1219070108.html

La Delegación Territorial de la Junta en Zamora confirma el cese del ex jefe de industria y jefe provisional de la Oficina Territorial de Trabajo, José Bahamonde, que se convierte en el segundo cargo del PP de Zamora salpicado por el caso de las fotovoltaicas. Bahamonde, con una larga trayectoria política en el seno del PP provincial (ha sido concejal del Ayuntamiento de Zamora y senador)ocupó la jefatura territorial de Industria hasta hace pocos meses, cuando fue trasladado a la OTT como responsable provisional. Desde la Junta se indica que el delegado, Alberto Castro, solicitó a finales de la pasada semana al secretario general de la Consejería de Economía y Empleo, Rafael Delgado, el cambio de puesto de trabajo del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, José Bahamonde, que ocupaba dicha plaza de forma provisional "y que pasará a ocupar otra en dicha Oficina Territorial".

Dicho cambio, concluye el comunicado, "se produce a expensas de que finalice la investigación abierta en el Servicio Territorial de Industria de Zamora".

http://www.nortecastilla.es/20080818/local/zamora/delegado-junta-zamora-cesa-200808181632.html

VALLADOLID.- El candidato socialista a la secretaría regional del PSCL, Óscar López, considera "ruin" decir que los "políticos no tienen la culpa" y ampararse en la labor de los funcionarios ante la supuesta trama de las empresas solares y ha exigido una reunión inmediata de la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León ante las nuevas implicaciones.

"Es ruin decir que los políticos no tienen la culpa y ampararse en la labor que ejercen los funcionarios de la Administración regional", ha subrayado el dirigente socialista en referencia a las declaraciones realizadas por la vicepresidenta segunda y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, quien descartó posibles "responsabilidades políticas" y limitó a "funcionarios de carrera" la situación.

Las declaraciones de la vicepresidenta coincidían con el anuncio de la Fiscalía de León de la apertura de una investigación y la conclusión de la investigación en León, con el resultado de nueve funcionarios presuntamente implicados.

"Los hechos obligan a la urgente convocatoria de la Diputación Permanente", aseguró López, quien tachó de "cobarde" la actitud de la vicepresidenta de la Junta por "echar la culpa" de lo ocurrido a los funcionarios.

Transparencia

"¿Acaso los secretarios generales de las delegaciones territoriales de León y Zamora no son considerados altos cargos o el jefe de Tesorería de la Consejería de Hacienda, que cesó después de hablar con la titular de la consejería?", se preguntó López.

Por eso, reclamó "responsabilidad" y "transparencia" en el Gobierno regional ante una supuesta trama de corrupción en la que podría haberse dado las circunstancias de "información privilegiada, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios".

Ante esta situación, López exigió la reunión inmediata de la Diputación Permanente de las Cortes regionales , solicitud registrada por el Grupo Parlamentario Socialista el pasado 12 de agosto, para que los consejeros de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y de Administración Autonómica, Isabel Alonso, comparezcan en convocatoria extraordinaria en sus respectivas comisiones parlamentarias para dar explicaciones sobre los hechos.

Asimismo, López demandó a la Junta que remita tanto a la Justicia como al Parlamento autonómico el informe que está elaborando sobre los hechos y sobre las implicaciones de "funcionarios y altos cargos". "La transparencia es básica para que los ciudadanos confíen en las instituciones", sentenció López.

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/15/castillayleon/1218822046.html

ICAL

VALLADOLID.- El PSCyl-PSOE ha solicitado formalmente la reunión de la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León, el órgano que en los periodos estivales realiza las tareas parlamentarias, para plantear la posibilidad de convocar "con carácter urgente" una sesión extraordinaria de las Comisiones de Economía, Industria y Comercio, y de Presidencia y Administración Autonómica.

La petición, registrada en las Cortes, solicita que Tomás Villanueva e Isabel Alonso informen sobre "las irregularidades producidas en relación con la adjudicación, instalación, gestión y explotación de plantas de energía solar en Castilla y León".

Además, la portavoz de Educación del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL), Ana Redondo, subrayó que a su Grupo parlamentario le consta que "estas corruptelas están generalizadas a las nueve provincias y creemos que hay responsables directos que tienen que dar la cara, como el director del Eren (Ricardo González Mantero), que también es director general de Minas, una coincidencia cuando menos sospechosa".

Ana Redondo asegura que están convencidos de que "estas corruptelas están generalizadas a las 9 provincias"

En ese sentido, el procurador del PSCyL-PSOE por León en las Cortes, Alfredo Villaverde, anunció que "en breve se conocerá la dimisión del secretario de la Junta en Zamora, Manuel Méndez", tras los casos que ya se han producido en León, Valladolid y Palencia. "Creemos que hay personas con altos cargos que están implicados en este asunto", añadió.

Por su parte, Redondo recalcó que "no se trata de situaciones aisladas", sino de "un pastel millonario que se han repartido altos cargos de la Junta", y anunció que su partido llegará "hasta las últimas consecuencias" para depurar las responsabilidades. "Todo esto nos parece gravísimo. Estamos seguros de que se ha utilizado información privilegiada, y con la información que manejamos creemos que se ha producido un tráfico de influencias a un alto nivel, así como negociaciones prohibidas a los funcionarios en el Código Penal", detalló.

Por ello, los socialistas estudian actualmente la posibilidad de iniciar acciones legales y poner en conocimiento de la Fiscalía el caso. "Valoramos solicitar de oficio a la Fiscalía que se inicien las acciones oportunas para dilucidar las responsabilidades. En las Cortes exigiremos las responsabilidades políticas al más alto nivel, y en los tribunales reclamaremos las responsabilidades penales pertinentes", avanzó.

Además, la formación exigirá saber qué sucederá ahora con los expedientes investigados: "¿Se van a invalidar esos contratos fraudulentos, que han beneficiado a determinados altos cargos en detrimento de la acción de los empresarios y ciudadanos honestos?", se cuestionó Redondo.

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/12/castillayleon/1218543403.html

Los servicios jurídicos de la Junta personados en la causa abierta ( y ya cerrada de forma provisional) contra el ex gerente de las áreas de Salud de Valladolid, Pedro Luis Antona del Val, por supuestas irregularidades en el desvío de pacientes de lista de espera a centros privados y sobrefacturación en el precio de prótesis, no remitieron al juez encargado de la investigación un segundo informe redactado por la Intervención que desmonta el "artilugio contable" utilizado por el empresario médico Santiago Tobal para conseguir pingües beneficios al no comunicar a Sacyl los descuentos conseguidos al comprar las prótesis implantadas.

Tan fácil como coger una factura del proveedor, incrementar su importe hasta aplicar un porcentaje de intermediación superior al 180% y remitirla al centro concertado para que la Sanidad pública acabara pagando la factura, saltándose así la normativa que fija que las prótesis de las intervenciones derivadas a centros privados deben facturarse a parte y "a precio de coste".

El informe, que examina "la documentación contable relativa al ejercicio 2005 de Orto-Gaudí S.L. y Quiromedic Care And Consulting S.L." fue elaborado atendiendo la petición realizada por escrito el 28 de marzo de 2007 (con fecha de entrada en el registro el 4 de abril) por el director de los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia y Administración territorial de la Junta. La solicitud fue clara: "La elaboración de un informe en el que se reflejasen las conclusiones del estudio de la citada documentación".

Fuentes autorizadas de los servicios jurídicos alegaron ayer que el informe no fue aportado a la causa "por estrategia procesal" y aseguraron que, no obstante, su contenido sirvió a las abogadas de la Junta como guía en los interrogatorios. En todo caso, insistieron en su carácter "interno".

El interventor para su análisis tuvo a la vista el libro diario de contabilidad del ejercicio 2005, el libro mayor de contabilidad de 2005, el libro de balances de contabilidad 2005 y copia de soporte CD de los libros de contabilidad, todos ellos referidos a la empresa Orto-Gaudí. Además, examinó el libro diario y los de inventario y cuentas anuales referidos al ejercicio 2005 de Quiromedic Care and Consulting, la empresa de Santiago Tobal con la que trabaja en los hospitales privados.

El interventor, en este segundo informe, aporta dos flujogramas. En uno de ellos se reflejan los "movimientos relativos a 33 prótesis de columna" que Quiromedic facturó directamente al Sanatorio Sagrado Corazón y en el otro, se recogen los movimientos relativos a 20 prótesis de columna facturadas por Orto-Gaudí y Biospine al Sagrado Corazón con la intermediación en el pago de la empresa de Tobal.

El primero de estos gráficos pone al descubierto que "el precio que factura Biospine a Quiromedic en cada una de las 30 facturas es de 2.704,55 euros, cuando el precio de las prótesis facturado al SagradoCorazón es muy próximo a 7.500 euros".

"En definitiva, siguiendo los asientos contables recogidos en la contabilidad de Quiromedic relativos a las compras de prótesis a Orto-Gaudí y a Biospine y su facturación posterior a Sanatorio Sagrado Corazón el porcentaje de intermediación aplicado fue superior al 184%", concluye el informe.

En el segundo de los gráficos, el Interventor explica que Orto Gaudí facturó directamente (pero a través de la intermediación de Quiromedic) a Sanatorio Sagrado Corazón prótesis en 18 procesos por un importe total de 140.600 euros y por un importe individual en torno a 7.800 euros (contabilidad de Orto Gaudí). "En definitiva, resulta razonable estimar el porcentaje de intermediación aplicado por Orto Gaudí a Sanatorio SagradoCorazón, situándolo en torno al 188%", afirma en su informe el interventor antes de asegurar que "este porcentaje de intermediación calculado, que se cifra en aproximadamente 92.000 euros, es una cuantía semejante a la recogida como comisiones a favor de Quiromedic y a cargo de Orto Gaudí, por importe de 99.738,44 euros".

Tras este análisis, el interventor establece una síntesis final: "Los costes de intermediación aplicados en la venta de prótesis de columna desde el proveedor inicial hasta la empresa concertada Sanatorio Sagrado Corazón ascendieron a 251.463 euros". El técnico aclara que este importe se deriva de dos tipos de operaciones económicas en las que participó Quiromedic: actuando como proveedor, el margen de intermediación se estima en 159.463 euros, mientras que actuando como "intermediario en el pago", el margen de intermediación se estima en 92.000 euros.

fuente:

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/09/castillayleon/1215588385.html

El sindicato UGT ha pedido la dimisión del que fuera consejero de Sanidad, actual titular de Familia, al considerar, a la luz del archivo del ’caso Antona’, que este responsable político ha utilizado servicios públicos «para batallas mercantiles y privadas». Esta central insiste en que si llevó el caso a los juzgados fue guiada por las declaraciones públicas de irregularidades e ilícitos penales de Antón pero que tendrían «que haber estado siempre basadas en informaciones veraces, objetivas, contrastadas ya que, de no ser así, se hace un profundo e irreversible daño al conjunto de los trabajadores públicos».

Según la resolución judicial, añade UGT, «no se ha podido demostrar ningún tipo de irregularidad; lo que evidencia que la actuación de Antona, hasta que no se demuestre lo contrario, ha sido irreprochable». Por último destaca que este sindicato «defiende la honorabilidad de todo trabajador público, por lo que exigimos responsabilidades a quien denuncia sin fundamento».

También CSI-CSIF critica duramente la actuación del anterior consejero de Sanidad llevada «por intereses políticos y propios», pide el cese de César Antón y critica que el presidente Juan Vicente Herrera, «le haya ’premiado’ con una consejería ’bombón’ como es la de Familia». CSIF insistió en la «obligatoriedad moral y social» de restituir a Pedro Antona «su honor de forma pública, además de haberlo hecho ya el auto judicial, y de que se le den disculpas desde la Administración regional» por unas acusaciones que «han resultado sin fundamento».

http://www.nortecastilla.es/20080702/valladolid/csif-piden-dimision-consejero-20080702.html

La Secretaría de Sanidad y Salud Laboral de la Federación de Servicios Públicos del sindicato emitió ayer una nota de prensa en la que solicita la dimisión del ex consejero de Sanidad y actual titular de Familia, César Antón y llega a calificar como "irreprochable, hasta que no se demuestre lo contrario, la actuación de Pedro Luis Antona" al frente de la Gerencia de las Áreas de Salud de Valladolid.

UGT recuerda que basó la denuncia que presentó ante el juzgado de guardia a principios de 2006 "en las informaciones públicas del antiguo consejero de Sanidad, César Antón".

El sindicato también hace hincapié en que las "presuntas irregularidades fueron denunciadas públicamente por la Consejería de Sanidad".

UGT entiende que "cuando un responsable político denuncia unas presuntas irregularidades realizadas por un trabajador, aunque sea un puesto de confianza, tendrían que estar siempre basadas en informaciones veraces, objetivas y contrastadas, ya que si no, se hace un profundo e irreversible daño al conjunto de los trabajadores públicos".

En la nota de prensa, UGT despliega el siguiente argumento: "Como al parecer, según la resolución judicial, no se ha podido demostrar ningún tipo de irregularidad, lo que está comprobado es que la actuación de Antona, hasta que no se demuestre lo contrario, ha sido irreprochable".

El sindicato concluye afirmando que "no se pueden utilizar los servicios públicos para batallas mercantiles y privadas" y recordando que "UGT defiende y defenderá siempre la honorabilidad de todo trabajdor público" por lo que exige responsabilidades a "quien denuncia sin fundamento".

"No nos queda más remedio que solicitar la dimisión del político responsable de estos hechos, que es el señor César Antón, de triste recuerdo para cualquier trabajador de la sanidad pública de Castilla y León", afirma de forma tajante el sindicato en su comunicado.

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/02/castillayleon/1214988252.html

L. G. V. VALLADOLID.- El ex gerente del grupo Sanitaria de Inversio­nes (Campo Grande, Felipe II y Paracelso), Juan Ignacio Pinedo, explicó ayer al juez que instruye el caso Antona, en el que se in­vestigan desvíos irregulares de pacientes a centros privados y sobreprecios en prótesis, que la Gerencia de Salud de las Areas de Valladolid que dirigía Pedro Luis Antona, pedía explicaciones por supuestos retrasos en las operaciones nada más encargár­selas.

Estas supuestas demoras son en las que se basó el ex gerente de Salud, Pedro Antona, para justificar el desvío de pacientes al Sagrado Corazón donde pres­taba sus servicios, a través de la empresa Quiromedic Care And Consultin, el empresario médico Santiago Tobal.

Pinedo, que compareció ayer durante más de dos horas como testigo en el juzgado a petición de la defensa de Tobal, comentó ayer, según distintas fuentes, que Sanitaria siempre cumplió los contratos firmados pese a los requerimientos enviados por Sacyl y que, para evitar que se repitieran, estableció un calen­dario de operaciones y comuni­caciones periódicas con la Ge­rencia de Salud.

Según las mismas fuentes, Pinedo      reconoció al juez que la empresa que él dirigía tu­vo en su poder historias clínicas de pacientes que fueron opera-das por los médicos que ponía Santiago Tobal en el Sagrado Corazón, a pesar de que inicial-mente hablan sido adjudicados a Sanitaria de Inversiones.

En el interrogatorio, Pinedo también reconoció que, tres in­corporarse a Sanitaria de Inversiones como gerente en julio de 2005, no ^observó problemas en la adjudicación de operaciones en el segundo semestre de ese en., ye que estas ya se habían producido Sin embargo, también apuntó que, nada más to­mar las riendas Sanitaria, es­cuchó diversos comentarios en los que se aseguraba que Tobal se arrogaba la capacidad de re-partir los lotes de procedimien­tos negociados sin publicidad y posteriormente la adjudicación de los procedimientos por parte de la Gerencia ratificaba en su totalidad dichos repartos.

Sobre estas afirmaciones, in­cluidas en el informe realizado por el inspector Miguel Angel Alonso de Vega, Pinedo aseguró ayer que fue Florentino Santos (por entonces director de gestión de Sanitaria) el que las contó, por haber sido el que vivió la época en la que Tobal era geren­te de Sanitaria (fue despedido en marzo de 2005).

En su comparecencia ante el juez, Pinedo también dejó claro que no siguió las directrices de nadie cuando concertó una en­trevista con la por entonces Ge­rente Regional de Salud, Car­men Ruiz, para explicarle que el grupo que dirigía no estaba reci­biendo un trato acorde con su ca­pacidad, en comparación con otras empresas sanitarias.

La comparecencia ante el juez del ex gerente de Sanitaria fue interpretada ayer por la defensa de Pedro Luis Antona como una «marcha atrás» sobre declaracio­nes anteriores, ya que Pinedo imputa a Florentino Santos el co­mentario específico sobre el re-parto de lotes que supuestamen­te realizaba Tobal y Antona se-guía después al pie de la letra.

Pinedo aseguró ayer al juez que nunca ha llegado a hablar ni con el empresario médico San­tiago Tobal ni con Pedro Antona.

Fuente: El MUNDO diario de Valladolid, 21-11-2007

Un funcionario encargado de las listas de espera de Sacyl declaró ayer ante el juez del llamado 'caso Antona' que la UTE de Sanitaria de Inversiones, que fue la empresa que acusó al ex responsable de Salud de Valladolid de desviaciones de cirugías de forma irregular, «estaba produciendo una segunda lista de espera que había que solucionar y el gerente adoptó medidas para ello».

Destacó asimismo a preguntas del juez este trabajador de Sacyl que «la decisión de derivar pacientes al Virgen de la Salud la tomó el gerente (en referencia a Pedro Antona) tras examinar durante varias semanas y meses el gran atasco que había en Sanitaria de Inversiones en cataratas y que se había acumulado una barbaridad de pacientes del orden incluso de los cuatrocientos, por eso se decidió a utilizar un contrato que se tenía con el Virgen de la Salud». Declaró además que el inspector, Miguel Ángel Alonso, no le había solicitado los estadillos de las listas de espera.

Fuente: http://www.nortecastilla.es/20071128/valladolid/funcionario-declara-antona-desvio-20071128.html

. Antes de las transferencias sanitarias a la Junta y sin que estuvieran contempladas en el contrato marco que regulaba las intervenciones y la selección de centros privados, autorizó operaciones de artrodesis vertebral y descompresión de conducto raquídeo al gabinete en el que trabajaba Tobal .

. En el contrato marco que sustituyó al del Insalud en septiembre de 2004 incluyó ese tipo de operaciones

.Ya como director general de Asistencia Sanitaria autorizó una subida en el precio máximo de las prótesis para esas operaciones, que paso de 4.378 euros a 7.500 euros.

. En la revisión de precios de los demás servicios sanitarios en centros privados la subida fue sólo del 3,7%

L.G.V. VALLADOLID.-

El ex gerente pro­vincial del Insalud y, tras el traspaso de competencias sanitarias a la Co­munidad, director general de Asis­tencia Sanitaria, Carlos Fernández Rodríguez, actual director gerente del Hospital Clínico, toleró única-mente en la provincia de Valladolid y sólo a empresas en las que estaba presente el empresario médico San­tiago Tobal, la práctica de operacio­nes de columna de pacientes de la lista de espera que basta ese mo­mento, y después de destaparse el escándalo, se habían llevado a cabo en hospitales públicos.

Fernández también autorizó una espectacular subida del precio máxi­mo autorizado para la facturación de prótesis de columna (artrodesis vertebral y descompresión de con­ducto raquídeo), que pasó de 4.378 euros a 7.500 euros redondos. Un incremento que nada tenía que ver con la subida del 3,7% que acabó aplicándose a las tarifas de los actos médicos concertados con empresas sanitarias privadas ese año, según la documentación que ya está en poder del juez de Intrucción número 2 y distintas fuentes sanitarias.

Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Carlos Fernán­dez para conocer su versión. Fuen­tes oficiales de Sacyl se limitaron a indicar que «sobre el caso Antona no se realizan declaraciones por es­tar siendo objeto de investigación ju­dicial».

En el extinguido Insalud, la con­tratación de operaciones en centros privados para reducción de listas de espera de la sanidad pública se efec­tuó desde 1998 al amparo del con-trato marco CMQ 4/1998, en el que se especificaban las operaciones a realizar y los centros que reunían los requisitos para poder practicar las operaciones derivadas. Entre las operaciones incluidas en ese contra­to no estaban las de artrodesis verte­bral y descompresión de conducto raquídeo. Pese a no estar incluidas, la dirección territorial del Insalud desde el 14 de septiembre de 2001 y, a partir de 2002, en la Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid, se realizaron procedimientos negocia-dos sin publicidad para la contrata­ción de esos dos tipos de operacio­nes fuera del referido contrato mar­co con el Gabinete Médico Paracel­so dirigido por Santiago Tobal.

Como director general de Asis­tencia Sanitaria, Fernández infor­mó favorablemente sobre la contra­tación de esos procedimientos qui­rúrgicos.

     Cambio de opinión sobre el precio máximo de las prótesis.

Ese informe positivo, firmado en di­ciembre de 2003, recogía la práctica de 56 operaciones de artrodesis vertebral y descompresión de conducto raquídeo por un importe máximo de 141.800 y 57.744 euros respectivamente. En esos precios máximos, según ese mismo informe, no se in­cluían «los importes de las prótesis correspondientes, debiendo factu­rarse las mismas a precio de coste». «Si se considera un precio medio de prótesis por paciente de 4.378 euros, para los 56 procedimientos que se pretende concertar, supone un im­porte total de 245.168 euros», seña­laba Fernández en su informe con validez hasta el 31 de diciembre de 2004.

El 8 de noviembre de 2004, sin embargo, ante una propuesta de la Gerencia de Salud dirigida por Pe­dro luís Antona. Carlos Fernández volvió a informar favorablemente sobre la práctica de 42 operaciones de artrodesis vertebral y descompre­sión de conducto raquídeo por im­porte de 113.440 y 36.090 euros res­pectivamente. En esta ocasión. sin embargo, las prótesis casi habían duplicado su valor estimado: los 4.378 euros supuestamente en vigor hasta el 31 de diciembre de 2004 se habían convertido en unos redondos 7.500 euros.

En ese mismo informe, Carlos Fernández incluía una reveladora autorización a la Gerencia de Salud que dirigía Antona para «modificar el número y tipo de procedimientos a adjudicar, en función de las nece­sidades concretas que existan en el momento de la adjudicación, con el límite máximo del presupuesto asignado».

Para entonces (noviembre de 2004), el empresario médico San­tiago Tobal ya había dejado de ser socio de Paracelso, el Gabinete Médico que fundó y logró vender al mayor grupo sanitario privado de la comunidad (la operación se cifró en más de 5 millones de eu­ros) y, curiosamente, había pasado a dirigir la sociedad que le aca­baba de comprar, Sanitaria de Inversiones. Irónicamente, los tra­bajadores de Paracelso, tras la sorprendente operación, pregun­taban a los de Sanitaria si habían comprado «ellos a Paracelso o Pa­racelso a ellos». En los hospitales de Sanitaria, con Tobal al frente, se siguieron practicando las ope­raciones de artrodesis y descom­presión de conducto raquídeo de­rivadas de la sanidad pública como antes se había hecho en Paracel­so, aunque subcontratando el 'servi­cio de babitaciones' con Felipe II.

El empresario médico Santiago Tobal y el ex gerente de Salud de las Áreas de Valladolid. Pedro Luis Antona, que ya han sido interrogados por el juez en calidad de imputados, for­maron durante años un conocido tándem sanitario en Valladolid. Se­gún informes elaborados por la pro­pia Gerencia, las contrataciones que decidía Antona seguían sospechosamente «la estela» de las empresas donde operaba Tobal y, supuestamente, estas empresas conseguían jugosos descuentos económicos con las prótesis que implantaban, ya que no eran comunicados a Sacyl, pese a que «debían facturarse a precio de costes.

Tobal dice que seguía las instrucciones de Fernández

Pero a medida que avanza el proce­so judicial del denominado Caso An­tona, los nombres de Carlos Fernán­dez Rodríguez y Santiago Tobal es­tán más unidos.

En su declaración ante el juez. Santiago Tobal ha reconocido que fue el propio Carlos Fernández el que le pidió que organizara la ciru­gía de columna con Paracelso y le autorizó a subcontratar la hospitalización con el Felipe II. Un centro que, curiosamente, pese a disponer de las unidades de hospitalización requeridas en los contratos marco, nunca presentaba ofertas. Algunos responsables de Sanitaria de Inver­siones han confesado que era una tarea inútil. «Tobal se arrogaba la ca­pacidad de repartir los lotes de pro­cedimientos negociados sin publici­dad y posteriormente la adjudica­ción de los procedimientos por parte de la Gerencia ratificaba en su totali­dad dichos repartos», llegó a decla­rar un máximo dirigente de Sanitaria de Inversiones en el marco de la información reservada abierta al por entonces gerente de Salud, Pedro Luis Antona.El empresario médico, sin embar­go, siempre ha negado tal circuns­tancia. «No es cierto que conociera anticipadamente lo que iba a ser ad­judicado. ¿Cómo lo iba a saber?», aseguró en la declaración que prestó ante el juez de Instrucción 2 el 11 de julio de 2006.

El pasado 2 de febrero, el director general de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud de la Junta, «por considerar que eran rele­vantes en relación a las actuaciones seguidas en el juzgado», envió al juez diversa documentación. Entre ella, un informe elaborado por la Geren­cia en el que se concluye que «hay evidencias de que el Sagrado Cora­zón (hospital donde operaba Tobal con sus médicos a través de la socie­dad Quiromedic Care And Consul­ting después de ser despedido en Sa­nitaria de Inversiones) facturó a la Gerencia durante el segundo semes­tre de 2005 muy por encima del valor que pagó el Hospital Clínico por com­ponente de columna a sus propios proveedores dentro de su actividad asistencial habitual». 21 días des­pués, Tobal remitió un escrito al juz­gado en el que solicitaba que se devolviera a la Gerencia la documenta­ción entregada porque no había sido la letrada de la Comunidad quien la había aportado a la causa.

Queja porque EL MUNDO desvela informes

El letrado de Tobal consideraba «es­pecialmente relevante» su petición al entender que «la Gerencia Regio­nal de Salud viene facilitando copia al periódico EL MUNDO DE VA­LLADOLID de todos estos oficios y documentos que decida aportar a los autos, de manera que salen pu­blicados antes incluso de tener en­trada en este juzgado o, en todo caso, antes de que esta parte reciba traslado».

El juez instructor, el pasado 9 de marzo, dictó una providencia para decir que «no ha lugar a la devolu­ción del oficio y documentos, pues. con independencia de la vía por la que se ha recibido pueden ser perti­nentes y útiles a la causa».

 Carlos Fernández, como Antona en la Gerencia de Salud de Vallado-lid e Ibáñez Fraile al frente del Hos­pital Del Río Hortega, fue cesado co­mo director general de Asistencia Sanitaria en junio de 2006. Meses después fue nombrado jefe de servi­cio de Cooperativas, Sociedades La­borales y Trabajadores Autónomos. Tras las últimas elecciones y el cam­bio registrado en la Consejería de Sanidad (marcha de César Antón a Familia y llegada de Francisco Ja­vier Alvarez Guisásola), Carlos Fer­nández ha regresado a la sanidad pública para ser director del Hospi­tal Clínico.

Fuente: EL MUNDO DE VA­LLADOLID 12-11-2007

El caso de la sobrefactura­ción del coste de prótesis para intervenciones de co­lumna en hospitales priva-dos de Valladolid hunde sus raíces en tiempos del In-salud, cuando las compe­tencias de Sanidad aún per­tenecían al Gobierno cen­tral.

El director provincial del Insalud en Valladolid era el mismo que una vez re­cibidas las transferencias sanitarias por la Junta ascendió a director gene­ral de Asistencia Sanitaria, Carlos Fernán­dez. Bajo su mandato ocurrió en 2001 la desviación a hospitales privados de Va­lladolid de operaciones de columna no incluidas en el contrato marco 4:98 que re­gulaba entonces las inter­venciones quirúrgicas sus­ceptibles de contratar fuera de la sanidad pública, y también bajo su responsa­bilidad incluyó el nuevo contrato marco de la Junta 1/2004 este tipo de operaciones. La decisión es sor­prendente, pues debido a su complejidad y al nivel de es­pecialización que requieren son intervenciones propias de los hospitales públicos.

Los propios informes de la Consejería de Sanidad las consideran operaciones de cirugía mayor, difícilmente equiparables a las que sí suelen concer­tarse con cen­tros privados en Castilla y León: cataratas, jua­netes. artrosco­pias o prótesis de cadera y rodilla. También Fernández au­torizó en 2004 un aumento del precio máximo de las próte­sis desde los 4.378 euros que él mismo había consi­derado en 2003 hasta 7.500 euros por prótesis y pacien­te.

¿Por casualidad en todos los centros privados contra­tados estaba el empresario Santiago Tobal, el mismo que en la Navidad de 2004 le relagara desde Sanitaria de Inversiones una cesta de más de 2.000 euros?

Fuente: el mundo de valladolid 12-11-2007 

Fuente: elsemanaldigital.com

Dos son las grandes crisis a las que se enfrenta el presidente de Castilla y León. Una de ellas la puede cerrar un invierno duro; la otra, los tribunales y una actuación decidida.

15 de noviembre de 2007.  Vuelve a aflorar mediáticamente el escándalo del "caso Antona". La culpa, la mala memoria del nuevo gerente de salud, José Manuel Fontsaré, en su comparecencia en las Cortes de Castilla y León, cuando se le pidió que justificara el "perdón" a las monjas del Hospital Sagrado Corazón de Valladolid de un sobreprecio de 250.000 euros, pagados de más por el Sacyl, por la facturación de prótesis para operaciones derivadas de la salud pública.

El gerente regional de salud tampoco explicó por qué cuando era director del Clínico de Valladolid reconoció el "precio abusivo" de las prótesis y ahora, en su nuevo puesto, "perdona" la deuda.

Todo ello ha ocasionado que se reabra informativamente el "caso Antona", que lleva el nombre del ex gerente provincial del Sacyl, Pedro Antona, que está siendo investigado por un Juzgado después que el propio consejero de Sanidad de entonces, César Antón, ordenara trasladar al fiscal las presuntas irregularidades detectadas, que incluyen desajustes de precios en la compra de prótesis y la incorrecta derivación de pacientes.

Algunos medios de comunicación han abierto sus portadas nuevamente con este caso, un escándalo en la Sanidad castellanoleonesa que se llevó por delante, entre otros, al director de Asistencia Sanitaria, Carlos Fernández Rodríguez, al jefe del servicio de Concertación, Miguel Hernández Gallego, y al director de Desarrollo Sanitario, Fernando Uribe.

El diario El Mundo de Valladolid lleva unos días dando pruebas en sus páginas de lo que denomina "el saqueo del Sacyl en Valladolid". Publica que hospitales privados de esta provincia adjudicatarios de convenios del Sacyl para la realización de operaciones de columna-artrodesis vertebral han facturado a la Sanidad pública por esas prótesis cantidades escandalosamente superiores a las cobradas a hospitales públicos.

Estos hospitales (Gabinete Paracelso, el grupo Sanitario de Inversiones, el Sagrado Corazón y el Virgen de Salud) estaban gestionados por el empresario médico Santiago Tobal, amigo y vecino del ex director de Asistencia sanitaria, Carlos Fernández, que fue quien autorizó una subida del precio máximo de las prótesis del 40% y el desvío de operaciones complicadas al Gabinete en el que trabajaba Tobal, cuando el contrato marco no contemplaba este tipo de operaciones tan caras y complicadas y las reservaba para hospitales públicos.Carlos Fernández, quien según El Mundo aparece como la figura clave en este escándalo, ha sido nombrado en esta legislatura recién estrenada director del Clínico de Valladolid.

El regreso de los topillos

Como si del título de una película se tratara, los topillos han vuelto. O mejor, nunca se marcharon. Las organizaciones profesionales agrarias han denunciado que hay un repunte de la plaga de estos roedores que atacan el sembrado y arruinan la cosecha de patatas, colza y veza. Lo cual está obligando a los agricultores de muchas provincias a retrasar la siembra.

El equipo de la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, ha puesto en marcha un nuevo paquete de medidas: veinte equipos, con cinco personas cada uno, aplicarán el nuevo plan. El experto alemán al que recurrió la Junta en verano, recorre las tierras de la Comunidad para realizar diagnósticos y la consejera ha firmado un convenio con las Universidades para la elaboración de un Plan Director contra las plagas.

Por otro lado, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, ha querido implicarse en la solución del problema y ha recomendado a los cazadores que no abatan zorros en las zonas con muchos topillos para ayudar a controlar la plaga. Ésta, según Ruiz, afecta a las provincias de Palencia, Valladolid, Zamora, Segovia, Soria y Avila.

http://www.elsemanaldigital.com/arts/75822.asp?tt=

Fuente: 16.11.2007 - nortecastilla.es

ANA SANTIAGO

El gerente afirma desconocer si Tobal distribuía la cirugía a su conveniencia, pero en el 2006 declaró que sí lo hacía

El que fuera director de gestión de Sanitaria de Inversiones hasta septiembre del 2004 y de nuevo gerente en la actualidad, Florentino Santos, ha declarado ante el juez del 'caso Antona' sobre las presuntas desviaciones por parte del ex gerente de Sacyl de los conciertos con hospitales privados para favorecer los centros vinculados a Santiago Tobal.

El directivo de la UTE que encabeza Sanitaria ha repasado las declaraciones realizadas al inspector Miguel Ángel Alonso de Vega en enero del 2006; aunque las respuestas ante el Juzgado de Instrucción número 2 han sido diferentes a las facilitadas al inspector que sirvieron además de base para el informe que llevó al ex gerente Pedro Antona ante el fiscal por indicios de presunto delito penal.

En el interrogatorio del año pasado, el inspector pregunta si «el reparto de lotes de procedimientos quirúrgicos se hacía antes del desarrollo del proceso de contratación y fuera del ámbito de la Gerencia de Salud de Valladolid». El documento recoge específicamente que Florentino Santos contesta que «sí». También responde en similar sentido a la pregunta de si Santiago Tobal, una vez que estaba ya ligado al hospital Sagrado Corazón, «mantuvo reuniones para intentar distribuir los lotes» antes de que se negociara en Sacyl la adjudicación. De nuevo, Santos explica que «sí, por dos vías». «La primera con el propio Tobal no llegándose a ningún acuerdo» y, la segunda, desde Sacyl «se nos dijo a que lote debería ofertar la UTE para la traumatología. En este caso tampoco se admitió la propuesta, ofertando a los dos lotes que efectivamente se repartieron como nos dijeron que lo había ofertado la Gerencia de Salud». Sin embargo, en las declaraciones ante el juez instructor, el pasado día 14 de noviembre, este directivo ha manifestado no recordar los términos de dicha declaración y ha cambiado algunos aspectos.

«No me consta»

Declara esta vez ante el juez que sabe que Tobal estaba en Paracelso entre el 2002 y el 2004 pero que «desconoce si se mantenían reuniones periódicas» sobre los procedimientos e insiste en varias partes de su declaración que «no le constan» reuniones al respecto y que «Sanitaria no concurría a las intervenciones de columna». Manifiesta asimismo este directivo que «tras la salida del señor Tobal de Sanitaria no le constan reuniones con él para la adjudicación o distribución de lotes ni antes tampoco». No obstante, explica que en el interrogatorio del 2006 ante el inspector él era un mero acompañante de Juan Ignacio Pinedo que sólo llevaba tres meses como director general de Sanitaria por lo cual acudió «sólo como compareciente» con él.

Ante las contradicciones entre el 2006 y las recientes declaraciones, explica que «a lo mejor se recogieron manifestaciones de Pinedo» pero que «no tiene constancia de tal dato» y repite que no tiene la certeza «de que las adjudicaciones se hicieran como mandaba Tobal» y que él solicitaba lo que le pedía Sanitaria.

Las declaraciones que recoge el documento de la Consejería de Sanidad el día 26 de enero del 2006 son fundamentales en el informe del inspector. Efectivamente, Alonso de Vega declaró también al juez que las conclusiones de su informe se basan en fuentes de Sanitaria y reconoce que hay datos que no contrastó.

http://www.nortecastilla.es/prensa/20071116/valladolid/directivo-sanitaria-cambia-ante-20071116.html

DIARIO DE VALLADOLID, MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE DE 2007

El gerente regional de Salud no explicó por qué cuando era director del Clínico reconoció el «precio abusivo» de las prótesis y ahora `perdona' la deuda.

C.s.J.

Las incógnitas sobre el excesivo precio de las pró­tesis del Sagrado Corazón conti­núan en el aire. El nuevo gerente regional de Salud, José Manuel Fontsaré, no aclaró en su compare­cencia del pasado lunes en las Cor­tes por qué ha permitido que se pa­gara un 600% más por prótesis im­plantadas en el hospital privado con el que la sanidad pública man­tenía los conciertos.

Fontsaré sólo se limitó a expli­car que el «informe jurídico pre­ceptivo» justifica el 'perdón' a las monjas del Sagrado Corazón de los 250.000 euros pagados de más por Sacyl en la facturación de unas prótesis para operaciones derivadas de los hospitales públicos. «No queda acreditado que las cantida­des pagadas por la Gerencia regio­nal de Salud y el Hospital Clínico al Sagrado Corazón fueran superio­res al coste soportado por este últi­mo y ni por ello que exista incum­plimiento del contrato existente», señala el informe del 3 de septiem­bre, según indicó Fontsaré en su intervención en las Cortes. Pero no hizo referencia a otro informe ela­borado un mes antes en el que se reconocía que había «indicios» de sobreprecios en las prótesis, «posi­ble punto de partida para iniciar las averiguaciones procedentes».

Tras este primer documento, el gerente regional encargó el segundo para justificar la admisión del recurso presentado por las religio­sas contra el expediente de reinte­gro por exceso de facturación. En ambos casos los informes partie­ron de los servicios jurídicos de Sacyl, lo que ha causado malestar e irritación en los servicios jurídicos de la Intervención General de la Junta porque se enteraron de estas actuaciones a través  de la prensa.

El pagó de más en las prótesis se llevó a cabo en el segundo semestre de 2005, cuando la sociedad del em­presario médico Santiago Tobal, Quiromedic Care And Consulting, se encargaba de la gestión de las operaciones derivadas procedentes de las listas de espera de la sanidad pública, como ya publicó el pasado domingo 28 de octubre DIARIO DE VALLADOLID-EL MUNDO.

Tampoco dio explicaciones Fontsaré de su cambio de opinión sobre el precio. El 15 de mayo, cuan-do aún era gerente del Hospital Clí­nico, suscribió una resolución sobre estos expedientes de reintegro de los pagos «cuyo carácter de indebi­dos no dejan lugar a duda alguna y la responsabilidad frente a la admi­nistración tampoco». «Estamos ante un precio abusivo diferente al apli­cado a otros centros públicos y o concertados, no entrando a valorar esta administración si esa diferen­cia en los precios de las prótesis ha sido debida a dolo, culpa, error o ne­gligencia, ni quién fue el responsa­ble final de tal actuación», apuntaba textualmente la resolución firmada por Fontsaré. El 4 de septiembre, ya como gerente regional de Salud, dictó una resolución bien diferente: «Se estiman los recursos de reposi­ción interpuestos por el sanatorio Sagrado Corazón contra las resolu­ciones de reintegro dictadas en su día por los entonces órganos com­petentes de la sanidad».

No sólo el informe de Sacyl de agosto de 2007 observa «indicios» de precios excesivos en el Sagrado Corazón. También la Intervención General de la Junta pidió la devolu­ción de dinero de los sobreprecios entre 2002 y 2005. «Se han detecta-do irregularidades en la ejecución de los contratos analizados que afectan a la gestión del Gerente de Salud de las Areas de Valladolid y a los responsables de los centros con­certados», señalaban los informes, en los que se ponía al descubierto un exceso de facturación próximo al millón de euros en los pagos que la sanidad pública efectuó a los cen­tros privados a los que derivó pa­cientes.

En el primero se apunta que existen indicios pero en el definitivo, falta de pruebas

VALLADOLID.- La Gerencia Regio­nal de Salud que dirige José Manuel Fontsaré ha tenido que encargar dos informes jurídicos para poder justifi­car la admisión del recurso presenta-do por las religiosas del Sagrado Co­razón contra el expediente de reinte­gro por exceso de facturación.

La letrada jefe de los servicios ju­rídicos de la Gerencia Regional, Ana Rodríguez Lorca, que aunque no fir­ma los dos informes los asume como propios, tras asegurar que «para na­da» ha recibido presiones «de nin­gún tipo» para elaborarlos, afirma que el primero (el que firma ella mis­ma) «es un informe facultativo, mientars que el segundo, es el pre­ceptivo».

En los informes, sin embargo, no se hace constar esa circunstancia y, mientras que en el suscrito por la le­trada jefe el 3 de agosto se habla de «indicios, posible punto de partida para iniciar las averiguaciones pro­cedentes», en el segundo, firmado justo un mes más tarde por la letrada Marta Ramos, se señala que «no está probado» que «el precio abonado realmente por el contratista a la em­presa suministradora fuera inferior al efectivamente facturado a la Ad­ministración».

El plazo para que las monjas del Sagrado Corazón presentaran un re-curso contra el expediente de reinte­gro por exceso de facturación conclu­yó el pasado 11 de junio, el día en que las religiosas registraron un es­crito (elaborado tres días antes) soli­citando una ampliación del plazo. El hospital Clínico denegó la petición de ampliación de plazo el 26 de junio y fue un día después cuando se pre­sentó de forma oficial el recurso de reposición. Pese a superar el plazo, el recurso ha sido finalmente admiti­do, algo que hasta los propios sevicios jurídicos de la Gerencia recono­cen que puede ser «discutible».

Fuente: El mundo. Diario de Valldolid de 28-10-2007

La actuación de Sacyl en el ultimo episodio del 'caso Antona' resulta tan asom­brosa como decepcionan-te. Parece increíble que el gerente regional de Salud haya decidido perdonar 250.000 euros de todos los castellanos y leoneses a un hospital privado y que lo haga por escrito, utilizan-do los argumentos contra­rios a lo que defendía hace unos meses, cuando actua­ba como geren­te del hospital Clínico. En ma­yo decía que los pagos eran indebidos sin lugar a dudas, y ahora asegura todo lo contrario. La actuación de José Manuel Fontsaré supone un abso­luto desprecio de la razón, y ha venido salpicada de sorprendentes decisiones a favor del hospital Sagra­do Corazón: fusionó dos expedientes en uno y esti­mó el recurso de las mon­jas vallisoletanas con se­rias dudas sobre si fue presentado o no en plazo. Pa­ra remate, pidió un primer estudio del caso en el que los servicios jurídicos su­gerían que debería continuar la investigación de los pagos pero, quizás en búsqueda de un diagnósti­co más suave, solicitó un segundo informe: y ahí sí, ahí se renuncia sin más a la devolución de los 250.000 euros cobrados de más en pró­tesis. Sacyl lle­gó a pagar a los hospitales privados donde estaba San­tiago Toba] hasta seis y sie­te veces más de su precio y ese sobrepago provocó la devolución de 800.000 euros de Sanitaria de Inversiones a las arcas públicas. Ahora Fontsaré debe explicar por qué no se exige la parte corres­pondiente al Sagrado Co­razón. La Gerencia no quiere cumplir su obliga­ción de investigar este te­rrible escándalo, pero lo hará EL MUNDO.

De acuerdo con los expedientes abiertos por la Junta de Castilla y León a las empresas sanitarias de Valladolid (El Sagrado Corazón y Sanitaria de Inversiones) por el caso "Antona" cuando era Consejero de Sanidad el Sr. Antón, presuntamente habían cobrado de más por las PROTESIS. Presuntamente el Sagrado Corazón debía haber devuelto más de 250.000,00€ y Sanitaria de Inversiones más de 800.000,00€.

Preguntas:

¿La Junta de Castilla y León ha pedido la devolución de dicho dinero público más los intereses (correspondientes a las anualidades) a las empresas sanitarias El Sagrado Corazón y Sanitaria de Inversiones (Hospital Campo Grande, Hospital Felipe II, Paracelso, etc.)?

¿En que partida presupuestaria del proyecto de presupuesto ha reflejado la Junta de Castilla y León el importe de dichas devoluciones?

La Coordinadora de Izquierda Socialista

Entre los funcionarios de la Junta de Castilla y León circula un correo con el texto siguiente:

Podría decirse que existen casos en los que el nuestro Gobierno Regional premia la corrupción o, cuando menos, las irregularidades administrativas. Es el caso de la funcionaria Raquel García Robles, a quien pudi! eran imputarse muchas cosas, pero no la de no estar enamorada de su novio, José Luis Aparicio Herguedas, al que ayuda con generosidad más que administrativa.

         Con solo  27 años, lo que evidencia una dilatada carrera administrativa y una consolidada experiencia, esta proba funcionaria accede a una Jefatura de Servicio (nivel 28 y “específico” de envidiar) en la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Sus primeras actuaciones ya hacían presagiar lo peor: desprecio del funcionariado, contratación de eventuales y! externalización de los servicios de formación, tiempo libre y turismo para jóvenes.

         De entre los contratados, destaca José Luis Aparicio, del que no se conocen titulaciones académicas de rango medio o superior. Antes de finalizar su contrato de 6 meses, la ínclita Raquel G. Robes, novia oficial del contratado y sin aplicarse inhibición por interés directo, preside un tribunal de selección para adjudicar una plaza de ¡técnico¡ y por un periodo de 5 años que, como era de esperar, le es concedida al tal Aparicio quien, por otra parte, ya actuaba como “segundo de abordo” en el Servicio de marras pues, por instrucción de la susodicha, era quien ejercía la jefatura efectiva en su ausencia.

        Ante las protestas del funcionariado afectado, el Director General de Juventud y la Secretaria General de la Consejería se inhiben, llegando a asegurar el Director General que la pareja en cuestión goza de su plena confianza y que el resto d! e la plantilla son una panda de vagos (¿olvidó decir “y maleantes”?). El resto de los jefes de servicio en la dirección general y un buen número de funcionarios manifiestan a éste su malestar y todo se zanja con la concesión de una comisión de servicios al jefe de sección más afectado por las irregularidades de la ínclita Raquel G. Robles.

        Las irregularidades administrativas son tales y el favoritismo en la adjudicación de los contratos llega a ser de tal magnitud que existen sobradas sospechas e indicios más que razonables para pensar que la susodicha y el amigo “metían mano al cajón” recibiendo de las empresas adjudicatarias recompensas tanto en especies como posiblemente dinerarias. Tal es así que hace cuatro meses y ante lo flagrante y evidente de las corruptelas detectadas en esas adjudicaciones y las pruebas descubiertas y aportadas,  se decide aconsejar a Raquel su dimisión como! Jefe de Servicio y a José Luis su renuncia al sustancioso contrato como técnico, hechos que se producen evitando lo que hubiere sido normal: la incoación de un expediente administrativo para dilucidar las posibles responsabilidades que pudieran concurrir en el caso.

        Tal cese/dimisión pudiera haber zanjado el tema como un episodio aislado de una funcionaria robaperas ante el que los órganos de la Administración Autonómica hubieran actuado con el recto proceder que se le presupone. Sin embargo, los servicios prestados por Raquel G. Robles han sido debidamente recompensados y acaba de ser nombrada Directora de Programas en la Dirección General del Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales, con dependencia orgánica de la Vicepresidenta, hecho que pone una vez más de manifiesto cómo este Gobierno, lejos de actuar con la justeza y altas miras que pregona su Presidente, cae en los defectos que critica y no duda en premiar el delito, dejando en el ostracismo a funcionarios capaces, cabales y, sin duda, honestos, que haberlos, haylos; faltaría más.

http://www.nortecastilla.es/prensa/20060828/castilla_leon/rechazara-esta-semana-intento_20060828.html

No habrá comisión de investigación parlamentaria sobre el 'caso Antona'. El PP se opuso por escrito a mediados de julio y volverá a hacerlo el miércoles, en una reunión de la Diputación Permanente, órgano que sustituye al Pleno en los periodos de vacaciones parlamentarias.

http://www.nortecastilla.es/pg060720/prensa/noticias/Valladolid/200607/20/VAL-VAL-017.html

La investigación de la Consejería de Hacienda sobre el 'caso Antona' detectó que la clínica Paracelso se había beneficiado de los descuentos que los proveedores de prótesis le hicieron en los casos en que intervino de columna a pacientes de Sacyl

http://www.nortecastilla.es/pg060712/prensa/noticias/Valladolid/200607/12/VAL-VAL-003.html

En el análisis de los contratos dentro del procedimiento negociado estipulado dentro del Plan de Reducción de Listas de Espera, el informe recoge diferencias entre el número de procedimientos contratados y los derivados y realmente ejecutados. Este es uno de los principales argumentos de la acusación y del informe. Según ambos, había un claro favoritismo hacia las empresas vinculadas con Quiromedic Care and Consulting, gestionadas por Santiago Tobal, a quien supuestamente beneficiaba en sus lotes Antona.

http://www.nortecastilla.es/pg060618/prensa/noticias/Valladolid/200606/18/VAL-VAL-009.html

El hospital privado Virgen de la Salud atendió a unos 459 pacientes de la red pública entre el último trimestre del año pasado y enero del 2006. Estas intervenciones suponen un coste de 415.939,06 euros.

http://www.nortecastilla.es/pg060522/prensa/noticias/Valladolid/200605/22/VAL-VAL-002.html

http://www.nortecastilla.es/pg060426/prensa/noticias/Valladolid/200604/26/VAL-VAL-002.html