Facebook Twitter Google +1     Admin

Izquierda Socialista de Valladolid en la defensa de los Servicios Públicos

Izquierda Socialista de Valladolid

Correo:

coisva@gmail.com


ÚNETE A IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE de Valladolid

Temas

Enlaces

 

Se muestran los artículos pertenecientes al tema Presuntos casos de corrupción.

El presidente de Castilla y León oculta los detalles de la sede en Varsovia cuya existencia camufló durante 8 años

 

  • Juan Vicente Herrera en 2012 que la Junta había comprado su sede de Varsovia mientras firmaba con el ministro de Asuntos Exteriores un convenio para el traslado de centros de gobiernos regionales a oficinas diplomáticas con el fin de ahorrar
  • La sede polaca se inauguró en mayo de 2004 con la presencia del presidente de Polonia. La Junta no responde sobre el precio que se pagó, a qué sociedad y si el inmueble, de 297 metros cuadrados sigue siendo de su propiedad
  • El PSOE reveló hace unos días que se había alquilado la sede de Bruselas a la promotora del edifico Perla Negra a través de una sociedad instrumental

 

La Junta de Castilla y León compró un inmueble para su Centro de Negocios en Varsovia, Polonia. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, así lo dijo muchos años después de su puesta en marcha, en 2004. El comentario de Herrera ante los medios de comunicación ocurrió el 12 de junio de 2012, cuando firmaba un convenio con el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo para integrar los efectivos de la Comunidad en el extranjero en las delegaciones diplomáticas o comerciales del Estado.

 

El objetivo era "ahorrar". En ese momento, Castilla y León contaba con sedes en Dusseldorf, Sao Paulo, Sanghai, Miami, Los Ángeles, París, Casablanca, México DF, Lima, Varsovia, Lisboa, Londres o Estocolmo. Herrera señaló "los ahorros importantes en el gasto" que se iban a producir fruto del acuerdo con exteriores, aunque añadió que "sólo una oficina de promoción exterior, la de Varsovia, es propiedad de la Junta". Así lo recogieron distintos medios a través de una información de agencias.

 

Meses antes, en enero, el consejero de presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, había adelantado el traslado de las 17 sedes comerciales para ahorrar gastos, y precisó que "la Junta" sólo pagaba, en ese momento, "los alquileres de siete pequeños despachitos". Este diario intentó obtener una explicación sobre las declaraciones de Herrera a través de su director de Comunicación, Alejandro Salgado, sin embargo, tal y como viene ocurriendo desde hace unos meses, no contestó ni a las llamadas ni al correo electrónico que se le remitió.

.................

La investigación del caso Perla Negra, que involucra también a la ADE podría dar una vuelta de tuerca. Por el momento, el PSOE presentará en el juzgado el contrato de alquiler de Bruselas que vincula a la Junta de Castilla y León con los promotores del edificio mediante una sociedad instrumental.

 

Más información en:

eldiario.es

Un informe policial detecta un amaño en la compraventa del edificio de la Junta en Arroyo

El Grupo de Delincuencia Económica señala que Urban Proyecta ya había pagado el proyecto del inmueble antes de salir a concurso público el arrendamiento con derecho a compra

 

 

Dos de los informes clave sobre los que la Fiscalía sustentará su estrategia en los interrogatorios que arrancan el próximo 17 de junio están en el expediente de las diligencias previas 5035/13 que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid para esclarecer si hubo prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en dos operaciones urbanísticas que tienen como denominador común a ADE Parques, la sociedad pública de gestión de suelo dependiente de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, y algunas empresas de la comunidad con actividades mercantiles tan diversificadas que van desde la compra de suelo para la promoción de polígonos industriales, la viticultura, la restauración de patrimonio, la venta de vehículos de segunda mano a los parques eólicos. Aunque los nombres propios que están o han estado en algún momento al frente de sus actividades son casi siempre los mismos y salen de manera recurrente a medida que profundiza la investigación judicial.

 

Estos dos informes, que han sido realizados por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial de Valladolid, se suman a los emitidos -también a instancias de la Fiscalía- por la Administración General del Estado sobre el edificio de Arroyo de la Encomienda y el parque empresarial de Portillo, y aportan una detallada cronología en la que se pone en evidencia que, el 14 de septiembre de 2005, la empresa Urban Proyecta PM3 SL abonó 31.320 euros en concepto de honorarios al Estudio Lamela por la fase de concurso 'Proyecto ADE-Valladolid'. Un detalle, este, que los investigadores consideran «especialmente relevante», porque el consejo de administración de la empresa pública ADE (entonces Gesturcal) no acordó iniciar el expediente para convocar el concurso público para alquilar un edificio con opción de compra hasta tres meses más tarde, el 26 de diciembre de 2005.

................

elnortedecastilla.es




El juez De la Mata aprecia delito electoral en el PP por el ‘caso Bárcenas’

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata agravó este jueves la perspectiva judicial del PP al incluir los delitos contable y electoral en el auto final del caso Bárcenas, relativo a la caja b del partido del Gobierno. De la Mata, sucesor del juez Pablo Ruz, decretó la apertura de juicio oral contra los extesoreros populares Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como contra el exgerente del partido Cristóbal Páez y el arquitecto que reformó la sede del PP en la calle Génova de Madrid, pagada con 1,5 millones en dinero negro.

 

El juez De la Mata dejó lista para juicio la investigación abierta por Ruz en febrero de 2013 después de que EL PAÍS publicara los 14 folios manuscritos que componían la contabilidad paralela del PP, llevada por el tesorero Bárcenas. El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, en un auto de 102 páginas, sigue la estela de su antecesor al considerar que el PP se sirvió “desde 1990 y al menos hasta 2008” de “diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal”.

..............

elpais.com


Detenidos el Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y 8 personas más por presunta corrupción

La Policía ha detenido este viernes al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, junto con 8 personas más en la investigación abierta sobre presuntos favores a una empresa a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, con cuyo presidente coincidió en cacerías.

Según avanzaba el periódico  Las Provincias la policía habría iniciado la operación desde las 7,15h de la mañana en el domicilio del dirigente del PP en la localidad de Benissanó, y en ella participarían 7 agentes junto con personal judicial. Así la justicia está investigado la participación del delegado del Gobierno en cacerías presuntamente pagadas por un empresario al político valenciano, las cuales podrían están relacionadas con las adjudicaciones otorgadas por este a través de mecanismos que levantan las sospechas.

.................

eldiario.es

“Cedí por cero euros parques eólicos porque me lo indicó la Junta”

José María González Vélez (Madrid, 1947) es uno de los personajes históricos de las energías renovables en España. Antiguo empleado de banca, a finales de los 80 se fijó en la energía minihidráulica, y entre 2004 y 2012 presidió la patronal del sector de las energías alternativas. A González Vélez, que ha promovido parques eólicos en Castilla y León, no le sorprendió el informe de la Agencia Tributaria desvelado por este diario que denuncia un sistema de aprobación de parques en el que el gobierno regional beneficiaba a empresarios afines o directamente altos cargos de la consejería “sin motivos económicos válidos”. Ese informe analizaba siete operaciones, pero González Vélez señala alguna más. “Yo soy víctima de este sistema”, explica.

 

Pregunta. ¿Qué pensó cuando leyó que un informe de la Agencia Tributaria denunciaba que en Castilla y León obligaban a promotores eólicos a ceder parte a empresarios afines o directamente altos cargos de la Consejería?

 

Respuesta. Que es así tal y como lo cuenta.

 

P. Usted desarrolló parques eólicos en Castilla y León.

 

R. Fui de los primeros. Tenía unos 300 megavatios en proyecto cuando un día en la Consejería me dijeron que tenía demasiado y que tenía que ceder una parte.

 

P. ¿Y qué hizo?

 

R. Cedí gratis por indicación de la consejería y por cero euros.

 

P. ¿A quién?

 

R. A un empresario llamado González-Vallinas que vendía piensos para truchas. No lo conocía de nada, es como si ahora tengo que invitar a ese señor a un café. Me dicen que si quiero más parques, los del Monte Torozos, en Valladolid, que sumaban unos 150 megavatios, los tenía que ceder. Y se lo cedo por cero euros.

 

P. ¿Estaban construidos los parques?

 

R. No, pero teníamos las mediciones, puntos de conexión y los terrenos conquistados. Es decir, teníamos acuerdos con los dueños del suelo.

P. ¿Y eso cuánto valía?

 

R. Una vez que tuviera los permisos se vendía por unos 100.000 euros el megavatio. Es decir, unos 15 millones de euros. Faltaba aún algún paso.

 

P. ¿Por qué lo cedió?

 

R. Las concesiones no son obligatorias. Entendí que si no cedía eso no iba a ver ni un megavatio más. Un promotor no cede nada gratis. Y menos a alguien que no conoce de nada. Desde luego no fue voluntario, yo no invito a una vuelta al mundo a nadie por gusto.

 

P. ¿No conocía de nada a ese empresario?

 

R. Solo lo vi el día que firmamos la cesión.

P. ¿No se resistió a una operación tan rara?

R. No, porque sé que si lo hago no me dan nada más.

 

P. ¿Y quién le dijo que tenía que ceder esos parques?

 

R. Creo recordar que fue Tomás Villanueva [consejero de Economía]pero pudo ser Rafael Delgado [entonces viceconsejero y al que Hacienda le ha descubierto ingresos desde Suiza]. Desde luego no fue un conserje de la consejería. Por eso no hubo nada por escrito. Y Rafael no hacía nada sin que Villanueva se lo dijera.

 

P. ¿Y luego sí les dieron otros parques?

............

elpais.com

El alto cargo del PP que autorizó los parques eólicos recibía dinero de Suiza

De izquierda a derecha, Rafael Delgado, Tomás Villanueva y Alberto Esgueva, en 2004. /NACHO GALLEGO (EFE)

 

Rafael Delgado Núñez, alto cargo de la Junta de Castilla y León entre 1995 y 2011 y el hombre clave en las autorizaciones de parques eólicos entre 2004 y 2007, está cercado por Hacienda. La inspección que la Agencia Tributaria en Valladolid ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción destaca que, tras dejar la viceconsejería, Delgado recibió 535.721 euros desde Suiza de origen desconocido, que una empresa le pagó la hipoteca y una reforma de la casa y una maraña de relaciones con uno de los beneficiados por la trama eólica.

 

Rafael Delgado Núñez es una pieza clave en la trama eólica que la Agencia Tributaria ha denunciado en la Fiscalía Anticorrupción. Delgado era quien firmaba la autorización de los parques eólicos investigados por Hacienda del periodo 2004-2007. Las firmaba a menudo después de que las eléctricas que iban a instalar los parques se hubiesen asociado a otro alto cargo de la Consejería de Economía, Alberto Esgueva, o con empresarios locales.

 

Paralelamente, Delgado Núñez realizó una serie de negocios que han llamado la atención de Hacienda. En 2005, compró un chalé y dos plazas de garaje en Comillas (Cantabria) a Alberto Esgueva. Y el año siguiente adquirió otro chalé en Valladolid también a Esgueva. Entonces estaban los dos como altos cargos en la consejería y el segundo era socio de Iberdrola en una sociedad con la que ganó 47,1 millones. Ninguno de los dos ha contestado a las llamadas de este diario.

 

En julio de 2007, Delgado Núñez dejó de ser viceconsejero y pasó a secretario general de la Consejería de Economía. Cesó el 30 de junio de 2011 "a petición propia”. Ponía fin así a 16 años en los que pasó por tres consejerías siempre bajo las órdenes del actual consejero de Economía, Tomás Villanueva.

 

Cuatro meses después de dejar la viceconsejería, un amigo íntimo de Delgado Núñez, Jesús Rodríguez Recio, fundó la empresa Tough Trade, dedicada a “asesoría, ingeniería, instalación, producción y mantenimiento de proyectos de energía renovable”. Fue esa empresa la que canceló en 2008 la hipoteca del chalé de Comillas con un pago de 225.841 euros. Y fue esa sociedad la que pagó los 55.685 euros de una reforma en el chalé de Valladolid.

.........................

En 2003, Iberdrola en Castilla y León firmó un acuerdo con Andrés Martín y su esposa para que este entrara con un 20% en el capital de tres parques eólicos. Crearon una sociedad en la que la eléctrica puso el 80% y Martín 357.602 euros por el 20% restante. Poco después, Iberdrola recompró las acciones por 4,23 millones de euros sin que Hacienda haya encontrado “ninguna prueba, siquiera indicios, de que Andrés y su esposa prestaran servicios” a Iberdrola.

......................

elpais.com


Hacienda detecta comisiones en la autorización de parques eólicos

  • La Agencia Tributaria denuncia una trama de 110 millones en Castilla y León
  • Cargos regionales y constructores afines agilizaron trámites tras los pagos

 

La Agencia Tributaria ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción el presunto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Un informe de 94 folios elaborado por la inspección de la Agencia Tributaria y fechado el pasado 30 de diciembre al que ha tenido acceso este diario concluye “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en esa comunidad.

Hacienda incluye en esa organización a “autoridades públicas de Castilla y León”, “las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques”, “los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas” y “las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110 millones de euros”.

 

El informe detalla siete operaciones en las que las eléctricas terminan pagando a empresarios locales o altos cargos estas cantidades directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta.

....................

Uno es el entonces viceconsejero, Rafael Delgado Núñez, el que firmaba las autorizaciones administrativas “en virtud de acuerdos de avocación específicos”. Este diario ha intentado sin éxito localizar a Delgado Núñez. Como muchos de los citados, sí que declaró ante la inspección. Allí afirmó que el proceso en esa comunidad había sido “altamente eficaz” porque apenas había recursos ante los tribunales y que valoraban que “las empresas solicitantes tuviesen interés regional”, siempre según el informe.

 

Sin embargo, el principal señalado por el documento es Alberto Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones. Su grupo empresarial es uno de los más beneficiados por las operaciones. Desde el pasado mes de septiembre reside en Polonia, donde dirige una empresa inmobiliaria. No ha querido hablar para este diario pese a las reiteradas peticiones a su secretaria.

...................

47,1 millones a un alto cargo que puso 24.400 euros

La mayor operación eólica bajo la lupa de Hacienda es una realizada entre Iberdrola Renovables en Castilla y León, Ibercyl, y la empresa San cayetano Wind, propiedad de Alberto Esgueva. Este fue consejero delegado de la empresa pública Excal SA, dependiente de la Consejería de Economía, hasta 2006.

 

En 2005, mientras era alto cargo de la consejería que autoriza los parques eólicos, Alberto Esgueva fundó la empresa Energía Global Castellana. Lo hizo junto a Ibercyl, filial de Iberdrola en la comunidad. Esgueva puso 24.400 euros por el 40% del capital social e Iberdrola 36.600 por el 60% restante. Esgueva utilizó para ella su sociedad San Cayetano Wind, que tenía su sede en un edificio de Madrid “en el que ni estaba ubicada ni era conocida”. San Cayetano es el nombre de la empresa de la familia de Esgueva de fabricación de embalajes de cartón. Entre 2005 y 2008, Castilla y León autorizó a la empresa mixta la construcción de 18 parques eólicos en Soria, Burgos y León que suman 492 megavatios. En febrero de 2007, dos años después de constituir la sociedad, Iberdrola acuerda comprar las acciones de Esgueva por una cantidad que depende de los megavatios que instalen y de la producción eléctrica. La primera liquidación es de 13,595 millones de euros. La transferencia la tienen que firmar dos apoderados de Iberdrola dada la enorme cifra.

Hasta el 29 de octubre de 2009, Hacienda ha detectado 10 transferencias desde Iberdrola a San Cayetano Wind que suman 47,1 millones de euros. Una vez que la eléctrica obtuvo el 100% de las acciones de Energía Global Castellana la disolvió y se quedó con los parques eólicos que ella había desarrollado.

...................

elpais.com

Empresarios procesados y con deudas millonarias con la Junta, tras el escándalo de ‘la Perla Negra’

20150415104351-perlanegra.jpg

“El hundimiento impune de una empresa pública” es el título de la carta de un ex delegado de Gesturcal que ha propiciado la investigación por cohecho, prevaricación y malversación en la que ya están imputados 26 cargos de la Junta y empresarios

 

últimoCero
Valladolid

El pelotazo urbanístico del edificio de la ADE en Arroyo de la Encomienda conocido como ‘la Perla Negra’ que está siendo investigado por el Juez de Instrucción número 2 de Valladolid y en el que ya están llamados a declarar en calidad de imputados 26 cargos de la Junta de Castilla y León y distintos empresarios, inmersos a su vez en otros procedimientos judiciales o con deudas millonarias con la administración regional, va camino de convertirse en uno de los mayores escándalos de presunta corrupción acontecidos en la historia reciente de la Comunidad.

 

El origen de esta macrocausa judicial, en la que se investiga, además de los sobrecostes asociados a la adquisición de este edificio, la compra de terrenos en la localidad vallisoletana de Portillo que fueron posteriormente revendidos a la Junta disparando su precio (cohecho, prevaricación y malversación), tiene su origen en un escrito del ex delegado de la empresa pública Gesturcal en Burgos, León, Palencia y Zamora, Jesús Carlón Ordóñez (ya jubilado), en el que se apunta como principal responsable de lo sucedido a la viceconsejera de la Consejería de Economía, Begoña Hernández que, por el momento, no ha sido llamada a declarar.

......................................

ultimocero.com

El exgerente de Gesturcal asegura al juez que hubo 'pelotazo' en Portillo

«En 25 años de gestión intachable de Gesturcal no hubo ningún problema, y fíjate que trabajábamos con material sensible, el suelo, el urbanismo, la especulación... pero con la fusión con Parque Tecnológico, en tan solo tres años quiebra Ade Parques, se hace un ERE y se crea un agujero de 400 millones de euros. ¡Más que el de Telemadrid!». Así de tajante se mostró el exgerente de Gesturcal y principal testigo de cargo de la Fiscalía, Jesús Carlón, después de ratificar ante el juez que, a su juicio, hubo ‘pelotazo’ urbanístico en el polígono de Portillo y en la compra del edificio que es la actual sede de la Consejería de Economía, en Arroyo de la Encomienda.

 

Funcionario de la administración, Carlón era el más veterano de la empresa. Fue promotor de la gestión de suelo de la Junta desde 1983 y luego delegado de Gesturcal en las provincias de Zamora, León, Palencia y Burgos. Ya jubilado, se decidió a denunciar –primero su escrito, a través de un compañero, llegó al Tribunal de Cuentas y después realizó la denuncia en la Policía el 13 de febrero de 2013–, las supuestas irregularidades dentro de ADE Parques a raíz del ERE «que dejó en la calle a mis compañeros de Gesturcal, personas muy competentes y expertos en urbanismo». El resto del personal, procedente de Parques Tecnológicos (la sociedad que únicamente gestionaba el parque tecnológico de Boecillo) «y sin pasar oposición alguna» fue rescatado por la Junta y finalmente asumido como personal de la Consejería de Economía, tras la quiebra de ADE Parques y la decisión del Ejecutivo autonómico de reducir el número de sociedades públicas.

 

Casi dos horas duró su comparecencia ante el instructor del procedimiento, el magistrado César Gil Margareto, una declaración a la que asistieron la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, los abogados de Parque Empresarial de Portillo SL, ADE Parques Tecnológicos y Empresariales, y el representante legal de uno de los actuales cargos de la Junta que serán llamados a declarar en junio en calidad de investigados, Pablo Trillo, delegado territorial de la Administración autonómica en Valladolid, quien había formado parte del consejo de administración de la extinta Gesturcal en el que se autorizó la adquisición del edificio.

 

Esta sociedad pública, explicó el declarante, «creó 150 polígonos industriales en Castilla y León antes de la fusión», pero después «la gestión fue un despropósito», subrayó el principal denunciante de estas operaciones urbanísticas supuestamente irregulares que están siendo investigadas en el Juzgado de Instrucción número 2. Por el suelo del polígono de Portillo, puntualizó según consta en su declaración ante el juez, «pagar veintitantos euros por metro cuadrado por suelo rústico me parece un disparate, una injusticia y una desvergüenza». Por mucho que el planeamiento urbanístico de las parcelas estuviera en trámite y sobre el papel, cuando se recompró por la Junta seguía siendo un campo, insistió.

 

Empresas intermedias

Puso como ejemplo que en los años 2000 intervino en la compra de terrenos en Dueñas, Magaz, Frómista o Aguilar y todos ellos, a tres euros el metro cuadrado. Entonces, aseguró, la operación «se hacía directamente por empleados de Gesturcal, sin empresas intermedias». También cuestionó que se pretendiera hacer un polígono de esas dimensiones en Portillo, «ya que desde el punto de vista de la ordenación del territorio no tenía sentido, al haber ya un polígono en Cuéllar, medio vacío, que no estaba agotado» y que se trataba de polígonos de 10 hectáreas, no de 150 hectáreas. Según declararon posteriormente los cuatro primitivos propietarios de los terrenos rústicos, la sociedad promotora del polígono les pagó 3, 9 y hasta 10 euros el metro cuadrado. Una importante diferencia del precio que pagó la empresa pública de gestión de suelo. Por eso será clave que un perito realice una comparativa del valor del suelo y de los precios de mercado en esa época.

 

 

La otra parte del interrogatorio se centró en la compra venta del edificio de Arroyo de la Encomienda. Al respecto, el testigo principal manifestó que Gesturcal, tras la compra del inmueble, que costó 60 millones de euros, se hizo cargo además de todos los gastos «incluido el del transporte de todos los funcionarios, y ello provocó, junto con las otras compras y urbanizaciones salvajes, que una sociedad saneada tuviera unas deudas de 400 millones de euros».

 

La pregunta del millón al testigo de la Fiscalía la hizo el juez: «¿Quién decidía los asuntos que se iban a tratar en el consejo de administración de Gesturcal para su aprobación?». El exgerente de la extinta empresa pública contestó que, en el caso de la compra del edificio de Arroyo, lo decidieron la presidenta del consejo y viceconsejera de Economía, Begoña Hernández y el consejero delegado, Rafael Delgado.

 

elnortedecastilla.es

La Fiscalía llama a declarar como imputados a altos cargos de la Junta por el Edificio de Arroyo

El titular del Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid ha llamado a declarar en calidad de imputados a una veintena de cargos y excargos de la Consejería de Economía y Empleo, así como a empresarios y funcionarios de la Administración regional a raíz de la querella que impulsa el ministerio fiscal desde hace meses por un presunto delito de malversación relacionado con la compra y venta de terrenos por parte de sociedades públicas como Gesturcal y Ade Parques. La Fiscalía investiga si se produjeron "pelotazos urbanísticos" en relación a la compra de terrenos para ubicar el polígono industrial de Portillo y el edificio denominado la perla negra, en Arroyo de la Encomienda, primero alquilado y luego comprado por la Junta.

 

Entre los llamados a declarar en calidad de imputados está el actual delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo Figueroa y el anterior viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, además de los actuales directores generales de Calidad y Sostenibilidad, José Manuel Jiménez, de Industria e Innovación Tecnológica, Carlos Martín Tobalina y de Presupuestos y Estadística, José Armando Baeta Canales.

 

Junto a ellos, irán pasando por el juzgado de instrucción número 2 de Valladolid, otra veintena de personas que, según el auto firmado por el juez, son: Andrés Álvarez Viñuela, Benedicto González Vereda, Salvador Molina Martín, José Rodríguez-Sanz Pastor, Juan Carlos Sacristán Gómez, Abdón Dueñas Hernández, Efrén Martínez Izquierdo, Pilar Manteca Barrio, Javier Rodríguez Segovia, Domingo Eras López, Francisco Javier de Andrés Guijarro, Jesús Jiménez Miguel, Salvador Molina Marín, Francisco Armero Gutiérrez, Angel Román Montes López, Fernando Mínguez Beltrán, Luis María García Clérigo, Germán José Martín Giraido, Luis Antonio Recio García, Carlos González Maestro, Luis Ángel Rodríguez Herrero, Francisco Esgueva Gutiérrez y Alberto Esgueva Gutiérrez.

....................

elnortedecastilla.es

15 miembros del consejo de Caja España presidido Santos Llamas declararán como imputados

Santos Llamas, (setado en el centro), y Maíllo, detrás, en el consejo de Administración de Caja España. Foto: LOZ

 

 

EP El Juzgado de Instrucción número 5 de León ha citado a declarar como imputados a partir del próximo 25 de mayo a los integrantes delconsejo de Administración de Caja Españapresidido por Santos Llamas.

 

Según información publicada por el Diario de Valladolid-El Mundo, recogida por Europa Press, se trata de 15 de los 17 miembros, excepción hecha del propio Llamas y de la asesinada presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, que formaban parte de ese consejo de administración.

 

Entre quienes tendrán que declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Rocío González, en calidad de imputados figuran los procuradores en las Cortes de Castilla y León Javier García-Prieto (PP), y José Francisco Martín(PSOE).

 

Otros políticos que se verán en esta situación son el presidente de la Diputación y del PP de Zamora,Fernando Martínez Maillo; el alcalde de Medina de Rioseco (Valladolid), el también ’popular’ Artemio Domínguez; el concejal y portavoz del PP en Ponferrada (León), Juan Elicio Fierro; y la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Palencia, Begoña Núñez.

 

Además, por el banquillo también pasarán el exalcalde de León, Francisco Fernández, que tuvo que abandonar la política después de embolsarse una millonaria indemnización de 520.000 euros, por su prejubilación de la entidad, y el hoy consejero del Banco Caja España Duero (Ceiss), Alejandro Menéndez.

 

El resto son el secretario general de Asaja Castilla y León, José Antonio Turrado, Olga Palacio, Bernardo Fernández, Alfredo Fernández Salvadores, Zenón Jiménez Ridruejo y Miguel Ángel Álvarez.

 

Según la información, en el transfondo de la denuncia de Izquierda Unida y de la Fiscalía de León contra los directivos de Caja España por un delito de "administración desleal" está el documento remitido por el Banco de España al Ministerio Fiscal, en el que se señala que "Santos Llamas no podía ser miembro de los órganos de gobierno de Caja España, ni de su sucesora Ceiss" por su condición de moroso con la Caja.

.............

laopiniondezamora.es

Imputado el Consejo de Administración de Caja España en 2009 por los créditos a Santos Llamas

 

El Juzgado de Instrucción número 5 de León ha citado a declarar como imputados a casi todo el consejo de la entidad a partir del próximo 25 de mayo, después de la demanda presentada por Izquierda Unida de Castilla y León y por Ecologistas en Acción. Publicamos la lista completa de imputados.

 

Así, el Juzgado de Instrucción número 5 de León ha citado a declarar como imputados a todos los asistenes al consejo de la entidad que aprobó los créditos millonarios. Tendrán que acudir a partir del próximo 25 de mayo, después de la demanda presentada por Izquierda Unida de Castilla y León y por Ecologistas en Acción. En concreto, los imputados son los siguientes: Miguel Ángel Álvarez Sánchez (UGT); Francisco Fernández (ex alcalde de León, PSOE); Javier García Prieto (procurador autonómico PP, propuesto ahora por la lista al Ayuntamiento de León); José Antonio Turrado Fernández (secretario autonómico del sindicato agrario Asaja y presidente provincial); Artemio Domínguez González (PP Salamanca); Bernardo Fernández Álvarez (empresario, designado por UPL); Alfredo Fernández Salvadores (sindicato Csica); Juan Elicio Fierro Vidal (concejal del PP en Ponferrada); Marcos García González (excargo del PSOE León); Zenón Jiménez-Ridruejo (ex procurador del PSOE); Fernando Martínez Maíllo (PP, presidente de la Diputación de Zamora); Alejandro Menéndez Moreno (catedrático de la Universidad de Valladolid); Maria Begoña Núñez Díez (exprocuradora del PSOE por Palencia y concejala en Palencia); y Olga Palacio García (exconcajal del PSOE en León);

.....................

ileon.com

Para Moncloa y Génova, Ruz es el problema, no la solución

Con el permiso de la autoridad competente, a lo largo del día de hoy, 5 vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presidida por el conservadorCarlos Lesmes, decidirán sobre el futuro de 41 jueces que se encuentran en comisión de servicio al frente de diferentes órganos judiciales ya que sus titulares se hallan en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial.

 

No es la primera vez ni será la última que la Comisión Permanente resuelva sobre este tipo de situaciones administrativas.  Lo que si es verdaderamente novedoso es que entre los afectados se encuentre Pablo Ruz Gutiérrez, un juez en comisión de servicios en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional que desde hace 3 años investiga, entre otros asuntos, elcaso Gürtel, caso Bárcenas y la Caja B del PP. Sobre las tripas de estos casos os sugerimos os deis una vuelta por este enlace y de este modo os refresquéis los más despistados. Pero volvamos a la situación de Ruz.

 

Nadie discute, salvo el PP, que su instrucción está siendo ejemplar. La practica totalidad de los autos que las partes le han recurrido, han sido resueltos a su favor por la Sección 4 de la Sala de lo Penal.

................

elplural.com

Los correos de Blesa demuestran que el expresidente de Caja Madrid ha mentido al juez sobre las tarjetas

Miguel Blesa dijo ante el juez que nadie le explicó si debía declarar o no por las tarjetas 'black', según fuentes presentes en la declaración

Un email de 2009 enviado a Blesa citaba explícitamente la existencia de "visa de gastos de representación, black a efectos fiscales"

"Todo lo anterior tiene bendición presidencial", en referencia a Blesa, concluía ese mismo email

..............

eldiario.es

Con este correo "confidencial" empezó todo: texto íntegro sobre las tarjetas 'black' de Caja Madrid

Reproducimos el texto íntegro del correo enviado a Blesa el 1 de septiembre de 2009 por Enrique de la Torre, secretario saliente del consejo de administración de Caja Madrid

Este correo publicado en exclusiva por eldiario.es dio pie a la investigación judicial de las tarjetas black de Caja Madrid

Especial: Todos los extractos de las tarjetas black de Caja Madrid

............


eldiario.es

El PP veta por cuarta vez que una comisión investigue las tarjetas black

Mientras el PP tenga mayoría absoluta, no habrá una comisión de investigación en el Congreso sobre el uso de las tarjetas black. Los conservadores se han vuelto a negar a esta propuesta de la Izquierda Plural durante la Junta de Portavoces de este martes. Según los asistentes a la reunión, el debate no ha durado ni un minuto.

..........

eldiario.es

Baltar guarda en una granja de pollos un centenar de coches de lujo de Triumph, Porsche, Maserati, Jaguar, Mercedes…

José Luis Baltar, el cacique popular que presidió durante dos décadas la Diputación de Ourense, y que enfrenta un proceso judicial por prevaricación continuada, acusado de haber enchufado en puestos de la Administración a un gran número de cargos y familiares de su partido, ha conseguido acumular durante esos años una importante flota de coches de lujo, inscritos a su nombre o al de personas a las que favoreció desde su cargo.

 

Las colecciones de Arturo Fernández y Jordi Pujol Jr.
Baltar se suma así a otros conocidos personajes vinculados al mundo de la política y empresarial que poseen un parque de coches de lujo codiciados por los coleccionistas, como los conocidos casos del presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, y el hijo del expresidente catalán Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, de los que ELPLURAL.COM se ha hecho eco.

..........

elplural.com

 

Caso Gürtel/Bárcenas: Será por jueces….

Si la autoridad competente no lo impide, a partir del próximo 23 de septiembre, el juez Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, de 37 años de edad y desde mayo 2010 en Comisión de Servicios en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, será sustituido por Miguel Carmona Ruano de 66 años de edad y en la actualidad vocal del CGPJ.

 

Con este nuevo cambio, el caso Gürtel, habrá pasado por tres instructores en la Audiencia Nacional, uno en el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad de Madrid, dos en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y otros tres en el Tribunal Supremo, todo ello sin computar a los numerosos miembros de las Salas que de estos mismos tribunales han intervenido para resolver recursos o por estar imputados aforados nacionales o autonómicos. Resultado: 6 jueces y 5 largos años desde que un 6 de agosto del año 2008 Garzón abrió las primeras diligencias tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.

 

A la vista de estas estadísticas, más de uno se preguntará cómo ha sido posible que un tema de esta envergadura haya pasado por tantas manos y que casualmente a pesar de los más de 150 imputados, entre ellos 3 ex tesoreros nacionales del PP, solo haya sido condenado precisamente quien no lo era : el juez que puso en marcha la causa.

 

La respuesta a ésta y a otras mucha preguntas no hay que ir a buscarlas en lejanos desiertos como diría el inefable Aznar. Las podemos encontrar a pocos metros de la Audiencia Nacional. Es decir, en Génova, 13, la sede nacional del PP. Es allí donde se diseña y se ejecuta toda una estrategia encaminada a anular la instrucción, retrasar hasta donde sea posible los sumarios con el fin de que los delitos prescriban y sobre todo y ante todo, confundir a la opinión pública hasta el punto que ya nadie sepa de que se está hablando. En este empeño no está solos y no es ningún secreto que de manera sincronizada se van sumando, según necesidades, las diferentes defensas de los imputados. A las que hay que añadir, tras la llegada al gobierno de Ruiz Gallardón, Montoro, Fernández Díaz y Torres Dulce a la Fiscalía General del Estado, las confusas actuaciones de la Fiscalía y los sospechosos retrasos que se vienen produciendo en el envío y calidad de los informes solicitados a la ONIF.

 

Y es en esta estrategia y no en otra donde se enmarcan los sucesivos intentos de cuestionar la labor de los instructores. En el caso de Garzón, desde un primer momento, no dudaron primero en recusarle, después en querellarse y por último, a través de las defensas de algunos de los imputados, lograr que fuera condenado por el Tribunal Supremo. Con Antonio Pedreira, la estrategia estuvo más diversificada. Y solo le dejaron “ tranquilo “ cuando comprobaron que el juez archivaba sin excesivas explicaciones las imputaciones contra Bárcenas y Merino, posteriormente revocadas por la Audiencia Nacional.

 

Sobre Ruz han optado, a sabiendas que tiene fecha de caducidad, en favorecer que el sumario avance lo más lentamente posible. Han recurrido todo lo recurrible, especialmente en todo lo relacionado con la conexión entre las cuentas de Bárcenas y su más que presunta financiación irregular. En esta misma línea obstruccionista se explica su posición y la de sus terminales con toga de frustrar el intento del juez Gómez Bermúdez de instruir la querella de IU. La casa por la ventana. Nunca antes, en tan escaso tiempo y con una Semana Santa de por medio, han sido sincronizados tantos poderes del Estado y mediáticos para impedir que se produjera algo no previsto en la estrategia diseñada por el Partido Popular.

 

Y sin embargo, en Génova 13 son conscientes que la partida aún no está ganada. La reciente decisión de Ruz de no admitirles como acusación popular en la pieza separada, es decir, la doble contabilidad del PP que se deduce de los papeles de Bárcenas y probablemente, expulsarles de la causa principal, les obliga afinar sus próximos pasos.

...........

elplural.com

 

La Fiscalía quiere saber quién está detrás de la cuenta ‘Soleado’ de ‘Gürtel’

  • Arturo Fasana gestionaba el dinero de varias personas, de las que solo se conoce la identidad de Francisco Correa y Ramón Blanco Balín
  • La cuenta suiza de la trama recibió al menos 13 millones de euros del empresario Fernando Martín y 566.000 dólares de la argentina YPF
  • Las fiscales han pedido al juez Ruz que curse una nueva comisión rogatoria a Suiza para que identifique a los propietarios de los fondos
  • Las fiscales que investigan el caso Gürtel han solicitado al magistrado Pablo Ruz que curse una nueva comisión rogatoria a Suiza para que se identifique a los ciudadanos españoles que guardaron su dinero bajo la cuenta común de Credit Suisse denominada Soleado. El ciudadano suizo Arturo Gianfranco Fasana, imputado en Gürtel, era quien gestionaba mediante su empresa Rhône Gestión la mencionada cuenta. Hasta el momento, de las personas con dinero en Soleado solo se conoce la identidad del presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, y del ex número dos de Repsol Ramón Blanco Balín.

    ............

    infolibre.es

     

    Lanzas dejó la UGT en 2002 y lo que se le imputa en el caso EREs es ajeno a su etapa sindical

    Tras el encarcelamiento del ex sindicalista Juan Lanzas por su imputación en el caso de los EREs irregulares, la UGT de Andalucía pretende dejar manifiestamente claro la desvinculación del sindicato de estos hechos así como subraya que las acciones que se le imputan “nada tienen que ver” como su etapa como sindicalista que finalizó. Según el sindicato socialista en Andalucía, Juan Lanzas “no tiene que ver nada con UGT desde 2002″. Además destaca que los hechos que se le imputan no están relacionados con su etapa como sindicalista. Recuerda que UGT Andalucía está personada como acusación popular en el caso desde hace dos años.

    ........

    elplural.com

     

    Fabra, tras conocer que irá a juicio: “Ya era hora… nueve años de indefensión soportando insultos de gentuza”

    El expresidente de la Diputación de Castellón  Carlos Fabra ha asegurado, tras conocer la decisión del juez de abrir juicio oral contra él por un delito de cohecho, que “ya era hora”, tras “nueve años y medio de indefensión pública y teniendo que soportar insultos y mofas de gentuza”. El expresidente del PP provincial se ha expresado así en su primera valoración de la decisión judicial que le sentará en el banquillo por tráfico de influencia, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

    ......

    elplural.com

     

    El hijo de un empresario: “Pagué a implicados en casos de corrupción”

    Un hijo de Rafael Naranjo, propietario de Sufisa, una de las principales empresas de limpieza, reconoció en abril de 2010 al agente comercial de un banco suizo que desde esa cuenta había hecho pagos a implicados en un caso de corrupción. Así consta en la documentación remitida por Suiza a la Audiencia Nacional en las últimas semanas. Naranjo está imputado en el caso Gürtel por el supuesto pago de comisiones ilegales por la adjudicación de contratas municipales en Majadahonda, Boadilla del Monte y Madrid. Los exalcaldes de las dos primeras localidades madrileñas y un edil de Limpieza de la capital de España están imputados por los hechos.

    .......

    elpais.com

     

    La ‘lista Falciani’ conduce hasta Gürtel

    Hervé Falciani, el exempleado del HSBC que destapó en 2009 un gigantesco fraude fiscal al poner al descubierto 130.000 cuentas bancarias, ha facilitado a España nueva información sobre cientos de evasores que han escapado del control de Hacienda. En esa nueva lista figuran, según sostienen fuentes próximas a la investigación, algunos de los dirigentes del PP que están siendo investigados en el caso Gürtel y otros no vinculados hasta ahora al caso.

     

    Esos políticos que colaboraron con la trama corrupta de Francisco Correa mantienen en secreto sus fondos en el extranjero porque las autoridades suizas se niegan a facilitar información a los jueces españoles al tratarse de cuentas del HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation). Suiza ha comunicado a la Audiencia Nacional que no puede contestar las preguntas de las comisiones rogatorias enviadas a ese país porque los datos solicitados se basan en la información robada por el informático.

     

    Falciani fue detenido en julio pasado por la policía española cuando llegó desde Francia al puerto de Barcelona. Permaneció preso hasta el pasado diciembre, cuando quedó en libertad provisional gracias a su colaboración con las autoridades financieras para destapar numerosos delitos como el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Desde entonces, Falciani trabaja con fiscales y técnicos de Hacienda para desentrañar nuevos datos de la información que sacó del HSBC hace cinco años. Mientras, espera a que se resuelva la petición de extradición de Suiza, que pretende juzgarle por vulneración del secreto bancario, un delito inexistente en España. El próximo 15 de abril, la justicia española resolverá sobre esa reclamación de las autoridades suizas.

    ..............

    Cuatro años de investigación del caso Gürtel han permitido acreditar un trasiego de fondos en bancos suizos por parte de una decena de empresarios y políticos (Rafael Naranjo, de Sufisa; Fernando Martín, de Martinsa, y sus socios Amando Mayo y Manuel Salinas; José Ramón Blanco Balín, asesor de la red corrupta; Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Pablo Crespo y Francisco Correa; Alberto López Viejo, exconsejero autonómico madrileño; Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda; Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla; y Luis Bárcenas, extesorero nacional del PP).

    ..........

    elpais.com

     

    La juez encarcela a dos exdirectivos de Eurobank y dos testaferros de los ERE

    En una jornada maratoniana, la juez Mercedes Alaya ha enviado este sábado a prisión a los exdirectivos del grupo Eurobank, propietario de la consultora de los ERE Vitalia, Eduardo Pascual y María Vaqué, así como a los testaferros de los ERE fraudulentos Eduardo Leal e Ismael Sierra. Con esta decisión la juez ha decretado prisión para cuatro de los 22 detenidos en la Operación Heracles, a los que hay que sumar otros tres imputados que habían sido citados judicialmente, también encarcelados tras su declaración: el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el intermediario o conseguidor Juan Lanzas y el exdirectivo de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín.

    ............

    elpais.com

     

    La juez de los ERE señala que CC OO y UGT cobraron 4,2 millones en comisiones

    Los sindicatos obtuvieron también su tajada de los ERE fraudulentos. Ya era sabido que como parte necesaria para presentar un expediente a la Junta de Andalucía, los sindicatos UGT y CC OO, cobraban su comisión. Pero la juez Mercedes Alaya ha puesto ceros y ha cifrado en 4,2 millones las “sobrecomisiones” que considera ilegales, procedentes solo de la consultora Vitalia, que gestionó los ERE junto a la firma Uniter. Las centrales cobraban entre el 0,5 y el 1% de cada ERE mediante sus agencias de corretaje de seguros Atlantis Asesores y Temiqui. "CC OO no ha cobrado ni un duro", ha rechazado Francisco Carbonero, secretario general del sindicato en Andalucía. El ejemplo más sonado fue el millón de euros que cada sindicato cobró en el ERE de Delphi, a través de la consultora Uniter.

    ............

    elpais.com

     

    El exalcalde de Alicante Alperi denunciado ahora por fraude: ocultó al fisco 2 millones de euros ‘ganados’ en tres años

    La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitad Valenciana presentó hoy una denuncia contra el diputado autonómico y ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi por tres supuestos delitos fiscales. La Agencia Tributaria estima que el dirigente del PP ocultó dos millones de euros en ingresos durante tres ejercicios fiscales, de los que tendría que haber abonado unos 650.000 euros en concepto de IRPF.

     

    Sueldos públicos
    Luis Díaz Alperi dimitió como alcalde en septiembre de 2008 y fue sustituido por Sonia Castedo. Los dos están imputados en el caso Brugal por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en beneficio del empresario Enrique Ortiz. Con un sueldo de unos 70.000 euros cuando era alcalde y de 61.500 actualmente como diputado autonómico, tiene por delante una tarea harto complicada, la de explicar cómo ha podido acumular un patrimonio que difícilmente se puede adquirir mediante un sueldo público como el suyo.

     

    Dejó de pagar 650.000 euros
    Según la investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria, Luis Díaz Alperi habría dejado de ingresar al fisco unos 400.000 euros en 2007, alrededor de 140.000 en 2008 y 130.0000 en 2010, cantidades que corresponderían a la cuota exigible por el IRPF. En esos tres años, el ex alcalde de Alicante habría ocultado a Hacienda casi un millón de euros en 2007, 325.000 en 2008 y 300.000 en 2010, así como otras cantidades aún por determinar hasta alcanzar los dos millones de euros.

    ...........

    elplural.com

     

    Urdangarin pidió ayuda al rey para el primer gran pelotazo de Instituto Nóos

  • Nuevos correos desvelan por primera vez que el duque quería que su suegro moviera sus influencias en favor de la Valencia Summit de 2004
  • La Casa Real dice que no le consta que el monarca hiciera "ninguna gestión" pero admite la autenticidad del email
  • ...........
  • infolibre.es

     

    Hacienda asegura que 4 millones de la operación Calderón sirvieron para pagar una comisión a Correa

    El empresario zaragozano Manuel Salinas Lázaro pagó en junio de 2006 al dueño de Martinsa, Fernando Martín, cuatro millones "sin declarar" a cambio de entrar en el negocio de la recalificación del Vicente Calderón, según indica un informe de la Agencia Tributaria. "Las rentas no declaradas por Martín son consecuencia del descubrimiento de la existencia de un patrimonio oculto, que estaba situado ya sea de forma directa o con una sociedad pantalla interpuesta, en cuentas en entidades bancarias situasas en paraísos fiscales", sostiene el documento.
    ..........

    infolibre.es

     

    Un empresario pide perdón por dar dinero al PP a cambio de soluciones para su empresa

    Desvela en una rueda de prensa que tras darle al PP pagarés por casi 50.000 euros en la campaña municipal de 2007, volvió a ser "llamado por las mismas personas" al acercarse la campaña de 2011

     

    El empresario chiclanero Joaquín Garat ha pedido este martes “disculpas a la sociedad” tras haberse visto “obligado a atender a los requerimientos económicos” del PP de Chiclana de la Frontera (Cádiz) en dos ocasiones, “supuestamente para financiar su campaña electoral”, reconociendo que esperaba recibir a cambio soluciones para su empresa ‘Jacaranda del Sur’, actualmente en concurso voluntario de acreedores.

     

    Los hechos se remontan a 2007

    ...........

    elplural.com

     

    La fiscalía destapa nuevos ingresos sospechosos de la esposa de Bárcenas

    La Fiscalía Anticorrupción estrecha el cerco sobre el extesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y su sospechosa fortuna suiza, que llegó a sumar 38 millones de euros en la etapa en la que este ex alto cargo controló todas las cuentas de la formación conservadora. En la etapa que investiga la Audiencia Nacional, Bárcenas gozó de un salario anual de 200.000 euros brutos de media que no justifica ni sus ingresos en dos cuentas suizas ni otras operaciones bancarias realizadas por su esposa.

    ...........

    elpais.com

     

    Trías tras declarar al fiscal sobre las cuentas del PP: "He cumplido con mi deber"

    El exdiputado del PP Jorge Trías ha llegado hoy a las 09.25 horas a la sede de la Fiscalía Anticorrupción, donde está citado a las 10.00 horas para prestar declaración en relación a la supuesta contabilidad B del Partido Popular.

     

    Trías ha llegado en un taxi y, al bajarse, ha sido abordado por el más de medio centenar de periodistas que se encuentran a las puertas de la sede de la Fiscalía Anticorrupción, aunque se ha negado a hacer declaraciones.

    ...........

    publico.es

     

    Torres-Dulce ve materia para investigar los papeles secretos de Bárcenas

    El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se mostró este jueves partidario de abrir ya una investigación penal sobre el caso de los papeles de Luis Bárcenas, tras conocer las últimas noticias publicadas por EL PAÍS. Torres-Dulce aseguró, en Canal 13 TV, que con estas nuevas revelaciones hay materia para iniciar una actuación de la fiscalía y también se mostró partidario de tomar declaración a toda la cúpula del PP e incluso al actual presidente de ese partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, si lo considera necesario para aclarar lo ocurrido.

    .......

    elpais.com

     

    Dos informes caligráficos sostienen que la letra es como la del extesorero

    Dos informes caligráficos, uno solicitado por la cadena Ser y otro por Telecinco sobre la letra que aparece en los documentos contables publicados este jueves por EL PAÍS, coinciden en que parece la misma letra que la del extesorero del PP Luis Bárcenas. Ambos afirman que es muy similar a la que consta en algunos documentos del procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, y que parecen escritos realizados por la misma persona.

    ............

    elpais.com

     

    Pánico entre los empresarios a aparecer como ‘pagadores del PP’

    La ‘bomba Bárcenas’ se ha convertido en una explosión nuclear en toda regla que sacude los cimientos del Gobierno, del partido que los sustenta (PP) y del sector empresarial español. El pánico se ha instalado entre los grandes empresarios españoles y, según ha podido saber ELPLURAL.COM, numerosas empresas hace días que se han puesto a revisar su contabilidad para comprobar si tienen algún pago “B” que les pueda preocupar.

     

    ¿De dónde salieron los millones?
    Es absolutamente escandaloso e intolerable que un señor que se ha dedicado únicamente a ser tesorero del PP acumule 22 millones de euros, que además esos 22 millones se ocultaran en un paraíso fiscal para no pagar impuestos ¡el tesorero del partido que Gobierna y que afirma que persigue el fraude!, y es de bochorno absoluto e indignación mayúscula que Bárcenas legalice esos millones gracias a una amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de su partido, el PP. Todo esto de por sí ya habría acabado con dimisiones en un país serio, pero de momento aquí no pasa nada.

     

    ...........

    Nombres propios
    En los papeles de Bárcenas que publica El País aparecen supuestos donantes muy conocidos en el mundo empresarial y en el Ibex 35. Luis del Rivero, ex presidente de la constructora Sacyr, Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora OHL, José Mayor, presidente de Fomento de Construcciones y Contratas, y el presidente de la cadena de supermercados Mercadona, Juan Roig. Todos ellos han negado a El País haber pagado en B al Partido Popular.

    ...............

    elplural.com

     

    Las cuentas secretas de Bárcenas

    Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, tesoreros del PP entre 1990 y 2009, llevaron durante ese periodo en varios cuadernos manuscritos un registro de entradas de dinero (donativos de empresarios) y salidas (pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido y otros gastos de funcionamiento). Esta contabilidad secreta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se estructura en tres apartados: uno con las aportaciones realizadas al PP con fecha, origen y cantidad; otro que muestra pagos con el nombre del destinatario, fecha y cantidad recibida, y un último con el saldo final de los movimientos de dinero.

     

    Cada año, según las anotaciones que manejaba Bárcenas, se reservaban cantidades de las donaciones recibidas para ingresarlas en un banco (Banco de Vitoria, absorbido por Banesto en 2003). El hecho de que solo una parte de todo lo recaudado acabase transferido a una cuenta en dicha entidad como “donativos” sugiere una posible financiación irregular del PP, en el caso de que no se declarara todo lo que se había recibido.

     

    Los documentos a los que ha accedido este periódico recogen el periodo comprendido entre 1990 y 2008, con la excepción de los años 1993, 1994, 1995 y 1996. Las anotaciones registran pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido a partir de 1997, con José María Aznar en la presidencia del PP y un año después de la victoria electoral que le llevó a La Moncloa. En lo consignado en los primeros meses de 1990 y en dos meses de 1997 aparecen pagos a “J.M”. Las únicas entregas que aparecen en la lista correspondiente al año 1990 son las referidas a “J.M”.

    .............

    Rajoy empieza a aparecer en las anotaciones en 1997 con pagos semestrales de 2.100.000 pesetas o trimestrales de 1.050.000 pesetas que a partir de 2002 pasan a ser de su equivalente en euros (12.600 euros semestrales o 6.300 euros trimestrales), siempre sin variar la cantidad anual de 25.200 euros. Los pagos se extienden hasta 2008.

     

    Los papeles de Bárcenas registran que las entregas a Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja eran del mismo importe que las de Rajoy (6.300 euros trimestrales). La cantidad que figura en el caso de Rato es de 6.850 euros trimestrales, mientras que los mayores pagos son los de Arenas y Álvarez Cascos, con 9.900 euros trimestrales.

    ............

    Pagos periódicos a la cúpula y otros gastos de funcionamiento

    ..........

     elpais.com

     

    El PP mantiene ocultos los salarios reales de sus 55 diputados en las Corts Valencianes

    Perseguido por las investigaciones judiciales de los casos Gürtel, Brugal, Emarsa, Cooperación y demás corruptelas, al Partido Popular valenciano le ha estallado en las manos otro escándalo: los sobresueldos que cobran los diputados populares en las Corts Valencianes.  Una situación, de sobra conocida y denunciada, que la actualidad de los sobre en B del caso Bárcenas ha acentuado y que ha llevado a la oposición a intentar acorralar al grupo popular por la opacidad de sus cuentas.

     

    El Partido Popular es el único de los cuatro grupos parlamentarios de las Corts Valencianes que mantiene oculto el salario real de sus 55 diputados. Además del sueldo oficial, el PP premia a sus parlamentarios con dos sobresueldos. Uno, que reciben por transferencia bancaria, que va desde 300 euros a los 2.500 en función de sus responsabilidades. Y un segundo, de 360 euros para cada uno, que los diputados recogen en metálico dentro de un sobre, en compensación por sus desplazamientos. Unos sobresueldos que permiten que algunos diputados populares se embolsen unos 6.000 euros mensuales.

     

    El PP, único grupo con sobresueldos
    .....................

    elplural.com

     

    Rosa Romero tendrá que demostrar que declaró a Hacienda 25.000 euros de sobresueldos del PP

    La alcaldesa de Ciudad Real y diputada del Partido Popular por la misma provincia, Rosa Romero, ha anunciado este martes una catarata de querellas contra distintos líderes del PSOE manchego, quienes aseguran tener “pruebas documentales” de que ésta recibió, al menos, 25.000 euros de sobresueldos cuando ocupaba la Secretaría de Acción Local del PP (2002-2003), fecha en la que el entonces gerente del partido, el imputado Luis Bárcenas, del que ahora sabemos tenía una cuenta en Suiza de 22 millones de euros, repartía sobres con dinero entre la cúpula popular, según denuncia del diario El Mundo.

    .............

    elplural.com

     

    La fiscalía pide más ayuda al Banco de España ante los casos de corrupción

    El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no está dispuesto a enterrar los asuntos espinosos con el riesgo de que, tiempo después, reaparezcan convertidos en problemas que puedan implicar a mucha gente. Por eso, según confirmaron fuentes oficiales, a comienzos de la semana pasada mantuvo una reunión con Luis Linde, gobernador del Banco de España, para aclarar cuestiones importantes que han colocado a la institución en primera línea de fuego.

    ......

    elpais.com

     

    La investigación destapa cuentas en el extranjero de políticos y empresarios

    Cuatro años después, la investigación del caso Gürtel ha destapado unas prácticas generalizadas de evasión fiscal por parte de políticos y empresarios relacionados con esta trama de corrupción masiva que echó raíces en una decena de Administraciones gobernadas por el PP, fundamentalmente la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

     

    Tras más de 30 comisiones rogatorias a distintos países, el juez Pablo Ruz y sus antecesores en la causa han logrado evidencias de un supuesto blanqueo de capitales en, al menos, cinco ex altos cargos del PP (su extesorero nacional, Luis Bárcenas; los exalcaldes de Majadahonda y Boadilla del Monte, Guillermo Ortega y Arturo González Panero; y los exdiputados autonómicos Alberto López Viejo, también exconsejero de Deportes, y Benjamín Martín Vasco, también exconcejal en Arganda). Junto a ellos, en cuentas administradas por los mismos gestores u otros, hay una decena de empresarios, algunos de ellos vinculados directamente con la trama corrupta y otros con empresarios que trataron con la red Gürtel. Entre todos, ocultaron al fisco español más de 100 millones de euros, según los datos aportados por las distintas comisiones rogatorias. Sólo Luis Bárcenas (extesorero del PP) y Francisco Correa (cabecilla de la red Gürtel) acumularon en cuentas suizas, cada uno las suyas, casi 50 millones de euros.

    ..........

    elpais.com

     

    Ruz defiende la ‘lista Falciani’ para investigar a imputados del ‘caso Gürtel’

    La colaboración de las autoridades suizas ha sido esencial para el salto cualitativo que el caso Gürtel ha dado en las últimas semanas. El descubrimiento de los 22 millones de euros que el extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas acumuló en ese país no hubiera sido posible sin la respuesta a la petición de información enviada a Berna por los sucesivos instructores de esa investigación. Pero la cooperación del Gobierno helvético respecto a otros imputados en la mayor trama de corrupción que afecta al PP y que ahora investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no ha sido siempre atendida debidamente.

     

    En octubre de 2011, Suiza se negó a facilitar información al anterior instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, respecto al exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), El Albondiguilla, que, según la investigación, habría defraudado a Hacienda 361.825 euros gracias a una cuenta abierta por su esposa en la sucursal del HSBC en Ginebra. ¿La razón? Suiza acusó a España de haber obtenido esa información de manera ilícita a través de la lista elaborada por Francia con los datos facilitados por el exempleado de ese banco Hervé Falciani, detenido en Barcelona el pasado 1 de julio y cuya extradición a ese país debe decidir la Audiencia Nacional en los próximos meses. Berna considera que Falciani robó esos datos al HSBC.

    ............

    elpais.com

     

    Miércoles negro para el PP: Bárcenas tenía 22 millones de euros en Suiza… y los ‘limpió’ tras ser imputado en la Gürtel

    El extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas llegó a tener 22 millones de euros en una cuenta en un banco de Suiza, dinero que traspasó a otras cuentas en 2009 una vez imputado en el caso Gürtel, según la documentación enviada por ese país al juez instructor Pablo Ruz. En un auto, Ruz acuerda trasladar esta nueva documentación de la comisión rogatoria encargada a Suiza a la Agencia Tributaria y a la Policía para que realicen informes sobre cinco cuentas bancarias encontradas en Suiza, cuatro de ellas vinculadas presuntamente a Bárcenas y una quinta a otro imputado en Gürtel, Eduardo Eraso Campuzano.

     

    Fundación panameña vinculada a Luis Bárcenas
    Según la nueva información, Bárcenas tuvo a finales de 2005 14.885.976 euros en una cuenta de Dresdner Bank a nombre de fundación panameña Sinequanon -el país centroamericano es un paraíso fiscal-. La cantidad subió a 19.757.330 euros a finales de 2006 y a 22.144.832 euros a finales de 2007, bajó a 13.673.661 euros a finales de 2008 y hasta los 11.853.921 euros en octubre de 2009. Se sospecha que la cuenta está vinculada al extesorero porque la entidad identificaba al cliente con las iniciales “Mr. LB”, “LB” o “LBG”, y también de forma completa como Luis Bárcenas Gutiérrez con copia de su DNI, explica el auto.

     

    Cuenta clausurada tras ser imputado
    Estos fondos procederían de otra cuenta que se abrió en 2001, por lo que el juez acuerda hoy ampliar la comisión rogatoria al periodo comprendido entre 2001 y 2005, y en 2009, una vez se conoce la investigación contra él e incluso tras su declaración ante el Tribunal Supremo en julio, el imputado habría procedido a realizar diversas transferencias desde su cuenta para finalmente clausurarla, transfiriendo todos sus activos a otra cuenta de la misma entidad a nombre de la mercantil Tesedul SA. Después de julio de 2009, Bárcenas habría acordado transferir determinados fondos a una cuenta con titularidad de Tesedul de la entidad bancaria Lombard Odier.

    elplural.com

     

    El juez del caso Baltar está casado con una concejal del PP en Ourense

    Cuando se supo el nombre del juez al que había caído la investigación contra el ‘cacique’ del PP en Ourense, José Luis Baltar, en los partidos de izquierda cundió el desánimo. Se está demostrando hasta el momento que de manera injustificada, pero lo cierto es que el hecho de que el juez Leonardo Álvarez fuera el esposo de una conocida militante, cargo intermedio y concejala de Carballiño (Ourense) por parte del PP, les alertó y temieron presiones sobre el juez.

     

    “Tememos las presiones que podría sufrir este hombre”
    ..........

    elplural.com

     

    Rajoy dixit: “En Galicia no hay caciques”

    El expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, ha sido imputado por la presunta contratación a dedo de 104 personas, sin informes y a través de decretos firmados de su puño y letra. Le acusa el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ourense. Durante 22 años al frente de la Diputación, muchos consideraban a este político ‘popular’  un verdadero cacique, a pesar de que el líder del PP, Mariano Rajoy, defendió que “en  Galicia no hay caciques”, solo ”personas que tienen influencia y la utilizan en época electoral”.

     

    Baltar nació en el municipio orensano de Esgos el 10 de octubre de 1940. Maestro de Primaria de profesión, abandonó la docencia en 1979 para asumir la Alcaldía de la localidad orensana de Nogueira de Ramuín, al frente de la cual permaneció hasta 1995. Ingresó en política en Coalición Galega y llegó al PP a través de Centristas de Galicia, una escisión de CG de la que fue su fundador y secretario general.

    ............

    elplural.com

     

    Nobles y empresarios usaban el dinero negro de la trama china

    Fue un encuentro discreto. El empresario Antonio Banús Ferré, sobrino del famoso promotor inmobiliario del mismo nombre, el que dio nombre a Puerto Banús, el famoso puerto deportivo de Marbella, acudió con su lujoso coche deportivo Bentley Continental al hotel Mirasierra Suites de Madrid el pasado 8 de marzo. La cita era con una señora de mediana edad que le esperaba en el hall. Tras saludarse afectuosamente, Banús y su acompañante se dirigieron a una zona reservada del hotel, según los policías que les observaban en ese momento. Estuvieron allí un escaso cuarto de hora. Después salieron y se despidieron. Cada uno se fue por su lado.

     

    ¿Cuál fue la finalidad de esa reunión? Los agentes creen que Antonio Banús pudo recibir en ese acto 100.000 euros de la mayor red de blanqueo desarticulada en los últimos años, la mafia china que dirigía Gao Ping. La persona con la que se vio fue Malka Maman, la principal cabecilla del grupo de ciudadanos israelíes establecidos en España que ayudó a la organización criminal a sacar hacia China millones de euros.

     

    Antes de esa reunión, ..............

    elpais.com

     

    Una investigada por corrupción sustituirá en Les Corts valencianes a un diputado prevaricador

    De tal palo, tal astilla. Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante y diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, es desde este lunes diputada en Les Corts Valencianes por el grupo popular. Es la mayor de los tres descendientes de Díaz Alperi, imputado por la trama urbanística del caso Brugal que instruye el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Se da la circunstancia de que la Fiscalía Anticorrupción investiga la entrega de tres adosados por parte de la trama Brugal a los tres hijos del exalcalde, uno de ellos a la nueva diputada, por lo que no es descartable que padre e hija puedan estar imputados en la misma causa.

     

    Según los informes realizados por la Policía durante la instrucción del caso Brugal, el empresario Enrique Ortiz constituyó con otros constructores varias sociedades ficticias para ocultar la entrega de los tres “bungalows”, uno de los cuales habría ido a parar a manos de la nueva diputada, quien hoy ha tomado posesión del escaño a pesar de las presiones de dirigentes del PP valencianos, que no lo han podido impedir. Ortiz está imputado en el caso Brugal junto con Díaz Alperi y la actual alcaldesa de Alicante y también diputada autonómica, Sonia Castedo.

     

    Sustituye al prevaricador Hernández Mateo

    ..........

    elplural.com

     

    ‘Semana de Pasión’ para Rato: tendrá que explicar dónde están los 3.000 millones desaparecidos

    El exvicepresidente económico de Aznar y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, tendrá que explicar este jueves en la Audiencia Nacional cómo es posible que en las cuentas de Bankia apareciera un agujero de 4.753 millones de euros entre febrero y mayo de este año. Su postura oficial será la de siempre, que fueron los cambios legales los que provocaron la modificación de las cuentas. Pero detrás hay un trasfondo político que ni Rato ni Rajoy parecen dispuestos a desenterrar, a pesar de que en medio hay en realidad 11.500 millones de euros.

     

    Ignorancia y cambio contable
    ..........

    elplural.com

     

    Procesados un exvicepresidente y dos exconselleras de Camps por tráfico de influencias y prevaricación

    Quienes pensaban que los problemas que la trama Gürtel estaba ocasionando al PP valenciano se acabaron con la absolución de Camps por la causa de los trajes, estaban muy errados. Porque el juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJV) José Francisco Ceres le acaba de dejar encima de la mesa al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, otra herencia envenenada de su antecesor: el procesamiento de tres miembros del gobierno de Camps acusados de prevaricación y tráfico de influencias que ocupan escaño en las Corts Valencianes. De un grupo de 55 diputados que conforma el grupo popular, Fabra tiene ahora a tres procesados y seis imputados.

    .......

    elplural.com

     

    Detenidos el alcalde de Orense y el de Boqueixón por tráfico de influencias

    SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

     

    Los alcaldes de Orense, Francisco Rodríguez (PSOE), y de Boqueixón (PP), Adolfo Gacio, fueron detenidos este jueves en el marco de la denominada Operación Pokemon, que investiga diversos delitos como los de cohecho, prevaricación, fraude fiscal, falsedad documental o tráfico de influencias relacionados con adjudicaciones de obras. Varias sedes del Grupo Vendex, que ofrece el mantenimiento de servicios públicos en diversas ciudades gallegas, han sido registradas.

     

     

    Algunos de los doce detenidos en el marco de esta investigación sobre una trama de corrupción son empleados de empresas del Grupo Vendex, donde a lo largo de la jornada han recabado documentación. Además, también fue detenido el expresidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil y exconcejal de Lugo, Francisco Fernández Liñares, así como un funcionario del área de contratación del Ayuntamiento de Santiago, Román O.F.

     

     

    Los arrestos fueron practicados por el servicio de Vigilancia Aduanera en el marco de una operación coordinada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, que dirige Pilar de Lara Cifuentes, la misma que llevó investigaciones tan conocidas como la Carioca, sobre una red de prostitución y corrupción que operaba en Lugo.

     

     

    La detención de Francisco Rodríguez, que gobierna la ciudad de Ourense desde el año 2007, fue la primera que trascendió y pilló al secretario xeral del PSdeG, Pachi Vázquez, en medio de un desayuno informativo. En ese marco, el dirigente socialista manifestó su "confianza plena" tanto en la Justicia como en el regidor orensano, un pronunciamiento al que se sumaron otros compañeros de filas, como el secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, y el presidente provincial del partido en Pontevedra, Antón Louro, quienes se pasaron por la Comisaría de Pontevedra para interesarse por cómo estaba.

     

     

    No obstante, el alcalde de Orense ha estado incomunicado, a la espera de pasar previsiblemente este viernes a disposición judicial. Su compañera sentimental también se trasladó hasta Pontevedra y proclamó a los medios de comunicación que "por supuestísimo" confía en la inocencia de Francisco Rodríguez, mientras que su abogado, Carlos Hernández, se ha mostrado confiado en que sea puesto en libertad una vez que pueda declarar.

     

     

    PENDIENTE DE DESTINO

    Por su parte, el alcalde de Boqueixón desde 1991 permanece en la comisaría de Lonzas, en A Coruña, tras su detención. Adolfo Gacio, de 58 años de edad, estaba pendiente de que le concediesen un puesto diplomático para ceder el bastón de mando municipal a uno de sus más estrechos colaboradores, Ovidio Rodeiro, actual director general de Juventudes de la Xunta.

     

    Junto con el funcionario del departamento de contratación del Ayuntamiento de Santiago, donde Román O.F. desarrollaba su trabajo desde hace unos 20 años, también han sido arrestados empleados del Grupo Vendex. En concreto, fueron detenidas cuatro personas en Lugo; dos en Orense; dos en A Coruña; una en Santiago y otra en Bueu (Pontevedra). A esta decena de arrestados se suman otros dos en Asturias y Madrid.

     

    DIVERSOS REGISTROS

    Efectivos de Aduanas junto a funcionarios judiciales registraron a lo largo de este jueves sedes del Grupo Vendex en varias localidades gallegas, entre ellas las de Orense, A Coruña y Santiago de Compostela, en el marco de la que se ha bautizado como ’Operación Pokemon’.

     

    El Grupo Vendex está formado por más de 30 sociedades y ha abierto 21 delegaciones en España. Entre las actividades que desarrolla están los servicios de recogida de residuos, la limpieza y el mantenimiento de edificios, así como gestión de los aparcamientos de zona ORA, a través de la empresa Doal.

     

    Los registros se extendieron también a las oficinas de planificación y control de concesiones del Ayuntamiento de Lugo, que años atrás dirigió el propio Fernández Liñares en su etapa como concejal. Los agentes bajo las órdenes de la titular del Juzgado número 1 de Lugo se presentaron en dependencias municipales y se llevaron varios expedientes relativos tanto a la presente legislatura municipal como a la anterior.

     

    El servicio de Vigilancia Aduanera se presentó también con una orden judicial y registró dos despachos de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil --que también dirigió Fernández Liñares--, ubicados en dos puntos distintos de la ciudad de Orense, donde recabaron documentación y expedientes de distintas empresas.

     

    La comparecencia del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, encarcelado por el caso de los EREs irregulares.

    No ha defraudado la comparecencia del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, encarcelado por el caso de los EREs irregulares. Ha cumplido las expectativas previstas y ha sido fiel al lenguaje chabacano y grosero del que hizo gala en ocasiones anteriores. Porros, Marlboro, gin-tonics, puterío y drogas, han sido las palabras que se han subrayado en una declaración ante la Comisión de investigación del Parlamento andaluz. La antítesis de una declaración rigurosa y que aclare luz al asunto.Todo un espectáculo bochornoso el de Guerrero.
    ...................

    Una red en el entorno de Convergència

    La trama de las ITV tiene su origen (y su abrupto desenlace) en el caso Campeón. Las escuchas al empresario gallego Jorge Dorribo evidenciaron contactos con Sergio Pastor, activo actor del sector de las ITV en Cataluña, en los que se cita a Oriol Pujol. Cuando la investigación de la penetración de la rama catalana del caso Campeón aún está en marcha, la publicación de un informe de la fiscalía que destaca al político de CDC obliga a adelantar una operación policial que el pasado marzo acabó con cinco detenidos, entre ellos dos altos cargos públicos y tres empresarios.

    ..................

    elpais.com

     

    Fiscalía pide 36,5 años para los imputados por el 'Caso Arroyo'

    VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

     

       El Ministerio Fiscal solicita un global de 36,5 años de prisión y el pago de multas por un total de más de 2,1 millones de euros para los seis imputados por el denominado 'Caso Arroyo', entre ellos el actual alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), José Manuel Méndez, y el portavoz del Grupo Popular en la Diputación vallisoletana, Jesús García Galván.

     

       En su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la acusación pública imputa dos delitos de cohecho (del artículo 419 del Código Penal), otros tantos de prevaricación y uno de malversación al primer edil de Arroyo, para el que solicita en conjunto diez años y medio de prisión, así como la inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 27 años y el pago de multas que superan los 535.000 euros.

     

       En el caso de Jesús García Galván, el Ministerio Público interesa para él dos años de prisión y multa de 316.720 euros por un delito de cohecho y un año de cárcel por otro de prevaricación urbanística, además de nueve años de inhabilitación por cada uno de ellos.

      

     Se da la circunstancia de que García Galván, en mayo de este año, se dirigió por carta al presidente provincial del PP, Ramiro Ruiz Medrano, para comunicar su intención de dimitir si finalmente se celebraba juicio oral contra él por este caso y renunciaría a sus cargos de representación pública institucional.

      

     Además, el fiscal pide para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de 14 y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros, mientras que para el que fuera arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, solicita cuatro años por de prisión, multa de 125.000 euros y 27 años de inhabilitación. Finalmente, para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, solicita tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multas, así como inhabilitación durante nueve años.

    europapress.es

     

    El exsocio de Agag admite que recibió 600.000 euros de la trama

    • El dinero era para financiar una operación urbanística en Alicante

    • El 'número dos' de Correa sostiene que la investigación obedece a “motivos políticos

    Jacobo Gordon, socio de Alejandro Agag, el yerno de Aznar ha admitido esta mañana en la Audiencia Nacional que recibió 600.000 euros del número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo para una operación urbanística que efectuó en La Nucia (Alicante). Esa operación le generó unos beneficios de 238.000 euros. Gordon que ha declarado como imputado ante el juez Pablo Ruz, actual instructor del caso Gürtel, reconoció que durante un tiempo fue socio del cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, en la sociedad Castaño Corporate.

     

    Esta sociedad, según relató Gordon ante el juez, subastó unas parcelas en Colmenar Viejo (Madrid) que fueron adjudicadas a la constructora leonesa Teconsa, una de las empresas vinculadas a la red Gürtel. Teconsa es la empresa que utilizó la trama como pantalla para conseguir la adjudicación de la sonorización y la imagen de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Esta operación, que supuso a la trama un beneficio total de tres millones de euros, fue supuestamente urdida entre Álvaro Pérez, El Bigotes, el hombre de Correa en Valencia, y el exdirector general de televisión pública valenciana, Pedro García.

     

    Esos tres millones se los repartieron entre Teconsa, que se embolsó 200.000 euros; Pérez se quedó 500.000 y una cantidad similar el exdirector de la radio televisión valenciana. Crespo, por su parte, recibió 650.000 euros y Correa, el cabecilla de la trama, 1,4 millones de euros.

    ............

    elpais.com

     

    Urdangarin, el yerno del Rey

    Iñaki Urdangarin

    TEMAS RELACIONADOS

    elpais.com

    Colosal saqueo de dinero público

    Bajo las anodinas siglas de Emarsa (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima) se esconde la historia de un colosal saqueo de dinero público. Emarsa, empresa instrumental creada por el Ayuntamiento de Valencia y otros 17 municipios cercanos, se dedicaba a depurar el caudal de las cloacas antes de liberarlo al mar, destinarlo al riego o a alimentar el parque natural de L’Albufera. Gestionaba la planta de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de España. Y se financiaba con el canon de saneamiento que los vecinos de Valencia y su área metropolitana pagan con la factura del agua.

     

     

    En julio de 2010, el PP, que controlaba la sociedad desde los años noventa, decidió liquidarla al encontrarse en situación de quiebra. La disolución reveló la existencia de un agujero de 17 millones de euros. La investigación judicial, que abarca el periodo de 2004 a 2010 y cuenta ya con 16 imputados por malversación, estafa continuada y delitos societarios, ha destapado que los gestores de Emarsa pagaron cantidades millonarias por servicios y suministros inexistentes. El fraude total podría superar los 30 millones. Mientras, los directivos disfrutaban a su costa de toda clase de extravagancias.

     

    Compraban, con fondos de la sociedad, joyas, bolsos de Loewe, relojes, bolígrafos Montblanc, prendas de vestir en Armani, dispositivos electrónicos (ipods, libros electrónicos, ordenadores portátiles), accesorios de automóvil, mil euros de lotería cada año. Cargaban el alquiler de vehículos de lujo y circuitos de spa. Hacían viajes de placer con sus familias, a París, Nueva York, Johannesburgo y más destinos alojándose con gastos pagados en hoteles de cuatro y cinco estrellas. Se hospedaban en establecimientos de similar categoría, en la misma Comunidad Valenciana, acompañados de teóricas traductoras rumanas. Siempre por cuenta de Emarsa.

     

    Fueron capaces de gastarse 92.443 euros en un año en asadores, marisquerías y restaurantes con estrellas michelín. Y aún así, en los 23.000 folios del sumario pueden encontrarse facturas de 7,5 euros de tabaco o de compras en el supermercado.

    ............

    elpais.com

    Las acusaciones contra el duque de Palma ponen en jaque a la monarquía española

    El auto del juez José Castro, que acusa al duque de Palma, Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, de “apoderarse” presuntamente de “fondos públicos" en su etapa como presidente del Instituto Nóos, ha terminado de levantar el ‘manto sacro’ que ha cubierto a la monarquía española durante décadas y cuyo deterioro quedó evidenciado en el último CIS, de octubre, que reflejó su primer suspenso en valoración ciudadana desde que en 1994 se iniciaron consultas periódicas sobre el grado de confianza en las instituciones.
    ..........

    El TSJCyL interrogará a Fernández Santiago y Merino por el caso de Olleros

    Los exparlamentarios del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino declararán como imputados los próximos días 23 y 24 ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de la variante de Olleros de Alba (León) en 2002 investigado en el caso Gürtel.

    Así lo ha acordado el Tribunal castellano y leonés en un auto fechado el pasado día 2, en el que señala que la adjudicación de esas obras a la empresa Teconsa podría ser constitutiva "de sendos delitos de cohecho y prevaricación".

    En esa resolución, el tribunal acuerda incoar diligencias previas respecto de la parte del caso Gürtel remitida a Castilla y León por el instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, y citar como imputados a Bárcenas, Merino, el ex consejero de Fomento José Manuel Fernández Santiago y otras catorce personas.

    Entre ellas figuran los considerados máximos responsables de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, el contable José Luis Izquierdo, el exparlamentario europeo del PP Gerardo Galeote y los ex directivos de Teconsa Rafael Martínez Molinero y José Martínez Núñez.

    Estos dos últimos prestarán declaración el próximo 1 de diciembre.

    Otro de los imputados citados en el auto es el director general de Infraestructuras y Carreteras de la Junta de Castilla y León, Luis Alberto Solís Villa.

    ...........

    elmundo.es

     

    Las miserias del 'caso Gürtel'

    El despacho del juez Antonio Pedreira, donde se investiga la mayor trama de corrupción política destapada en España desde el advenimiento de la democracia, apenas ocupa 40 metros cuadrados. Y, además, es compartido. Junto a Pedreira, en esa apretujada estancia, trabajan también sus colegas de la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro.

     

    Impresiona ver los montones de diligencias y tomos del caso Gürtel que flanquean la mesa del juez, que se elevan desde el suelo porque no hay espacio ni armarios donde colocar la cascada de diligencias que el asunto genera a diario desde hace muchos meses. "No hay intimidad y tampoco se puede hablar a solas con el juez; sus colegas están al lado y todo se oye", describen fuentes de la investigación que despachan a menudo con Pedreira.

     

    Con más de 60 imputados en Madrid -sin contar los de Valencia y Castilla y León, que aún siguen bajo la lupa de Pedreira a la espera de que adquieran firmeza los autos de inhibición dictados a favor de los tribunales superiores correspondientes-, el caso Gürtel es el mayor latrocinio de dinero público de la reciente historia de España. El juez tiene impuestas fianzas que se acercan a los 200 millones de euros. Nunca hasta ahora habían aflorado tantos aforados y con pruebas tan sólidas contra ellos por haber robado tanto dinero de las arcas públicas.

    .........................

    El jefe de Costas de Baleares ’pierde’ parte del expediente del chalé de Correa en Ibiza

    Los investigadores sostienen que parte del dinero de las obras del chalé salió del empresario leonés dueño de la firma Teconsa e implicado en el caso, José Luis Ulibarri, amigo de Correa y beneficiario, entre otras obras, de parte del montaje escenográfico de la visita del Papa a Valencia en 2006, que la trama amañó con la Administración valenciana y por el que cosechó más de un millón de euros en comisiones.

    ..............

     

    elpais.com/articulo

     -----------------------

    Dos paraísos fiscales, Marruecos y Holanda ponen trabas a la 'Gürtel'

    La investigación del juez Antonio Pedreira para localizar y bloquear el dinero evadido a otros países por la red Gürtel lleva desde su inicio topando con resistencias internacionales. Especialmente, con la de dos paraísos fiscales ligados al Reino Unido Isla de Man e Islas Caimán pero, también, con la de un Estado de largo pedigrí democrático: Holanda. Y con la del principal aliado de España en el norte de África: Marruecos. De los 15 países o territorios a los que el magistrado del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) que instruye el caso ha cursado comisiones rogatorias, los cuatro citados no han dado un solo paso en favor de la cooperación.

    ............

    publico.es

    El Supremo quiere juzgar a Garzón por las escuchas del caso Gürtel

    El Tribunal Supremo ha decidido seguir adelante, por procedimiento abreviado, el proceso abierto contra el juez Baltasar Garzón, por presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales, por su decisión de ordenar la grabación de conversaciones entre los principales imputados en la trama de corrupción del caso Gürtel y sus abogados.

    ........

    elplural.com

     

    El Poder Judicial planea designar a jueces conservadores para dos tribunales con asuntos de la trama Gürtel

    La juez Renedo disputa a Concepción la presidencia de Castilla y León, con dos aforados implicados en la red corrupta

    JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 20/09/2010

     

    La terna de candidatos de la que posiblemente saldrá el sustituto del juez Juan Luis de la Rúa al frente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia la integran los magistrados Pilar de la Oliva, Pedro Castellano y Javier Lluc. Los dos primeros afines al sector conservador, y Lluc no asociado. La Comisión de Calificación del Consejo del Poder Judicial ha hecho pública la terna para Valencia, de la que han quedado excluidos los otros tres aspirantes a presidir el tribunal que debe decidir el futuro del presidente Francisco Camps, uno de los imputados en el caso Gürtel en su variante de Valencia.

     

    De la Oliva es la candidata, a priori, que más posibilidades tiene de alzarse con la presidencia del alto tribunal valenciano. Cuenta con el respaldo del sector conservador del Consejo. Dentro del órgano de Gobierno de los jueces se la ve más dialogante "y mucho menos escorada a la derecha" que su principal rival, Pedro Castellano. Inicialmente, el sector conservador apostaba por situar a Castellano en la presidencia, pero la fuerte oposición de los progresistas, que le consideran "muy radical", ha llevado a los conservadores a buscar a otro candidato que concite más apoyos y, sobre todo, que permita reunir al menos los 13 votos necesarios (mayoría cualificada) para el nombramiento. Esta es la tercera vez que el Consejo trata de consensuar un candidato para sustituir a De la Rúa, que lleva un año en funciones. Ambos sectores mayoritarios del Consejo cuentan con nueve vocales cada uno, del total de 21, por lo que necesitan pactar para poder efectuar nombramientos de altos cargos.

     

    En el pleno del Consejo del próximo día 23 también está previsto designar a los presidentes de los tribunales superiores de Canarias, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla y León y Andalucía, además de los presidentes de la Sala Primera, Segunda y Quinta del Tribunal Supremo. Salvo para la Sala Segunda, de lo Penal, a la que aspiran dos candidatos, entre ellos el actual presidente, Juan Saavedra, para el resto de Salas solo concurren los actuales titulares de las mismas, que serán reelegidos. Antonio Xiol para la Primera, de lo Civil, y Ángel Calderón para la Quinta, de lo Militar.

     

    Hay un principio de acuerdo entre el sector conservador y una facción del progresista, el que capitanea la vocal Margarita Robles, para situar en Cataluña a Miguel Ángel Gimeno, de Jueces para la Democracia, y en Valencia a Pilar de la Oliva, de la Asociación Profesional de la Magistratura. El mismo acuerdo incluye renovar en sus cargos a los actuales presidentes de Castilla la Mancha, Vicente Rouco, y Castilla y León, José Luis Concepción, ambos conservadores. El caso Gürtel también tiene ramificaciones que implican a aforados de Castilla y León, entre ellos, al presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago. La Cadena SER ha desvelado que también figura implicada la actual consejera de Agricultura, Silvia Clemente. En cuestión de semanas, el juez Antonio Pedreira, instructor en Madrid del caso Gürtel, remitirá a la presidencia del tribunal superior las citadas ramificaciones de la trama Gurtel en Castilla y León. Además, está pendiente de que la Sala del Tribunal Superior de Madrid resuelva un recurso del PP contra la decisión del juez Antonio Pedreira de remitir las diligencias a Valencia por seis delitos que supuestamente habrían cometido aforados de Valencia, entre ellos, el propio Camps.

     

    Hoy se ha celebrado en el Consejo del Poder Judicial, entre otras, las entrevistas a los candidatos de Castilla y León y Canarias. El acuerdo inicial del Consejo implica que José Luis Concepción, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, repita como presidente de este alto tribunal. Pero le ha salido una rival fuerte y bien respaldada para cubrir la presidencia castellanoleonesa, la magistrada María José Renedo. Concurre a la presidencia porque así se lo han pedido más del 85% de la carrera judicial de esa comunidad. Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de esta Comunidad, Renedo, ex juez decana de Palencia, es una de las magistradas españolas que más avales y apoyos de colegas cuenta. De hecho, 26 de los 28 miembros de las Sala de Gobierno de Castilla y León pertenecen a la plataforma judicial que ella abandera. Pese al amplio respaldo con el que cuenta, el pacto del Consejo es que repita Concepción. En su entrevista, Renedo ha apostado "por una gestión transparente, participativa y neutral" distanciada del "presidencialismo". Y su objetivo es "coordinar a todos los colectivos" para mejorar la justicia.

    .............

    elpais.com/articulo

    La Fiscalía investiga la adjudicación del servicio informático en el Yagüe

    No huele bien en el Servicio de Informática del Hospital General Yagüe de Burgos. El gerente, Tomás Tenza, ha externalizado dicho servicio a favor de una empresa privada llamada Atos Origin. Lo más sorprenderte es que las otras tres empresas invitadas a los contratos negociados son filiales de la ganadora.

     

    Todo comienza en septiembre de 2006, cuando el gerente decide contratar un servicio de apoyo a la unidad informática, sin comunicar nada a su responsable.

     

    Varias empresas se presentan a los contratos negociados y finalmente se adjudica a Atos Origin. Aunque luego se ha descubierto que todas las que se presentaron (Mundivia, SM2 Baleares e Infoservicios) son filiales o están participadas por Atos Origin.

    .............

    Artículo

    Vida y milagros de un titiritero del PP en el epicentro de la Gürtel

    Los titiriteros, últimamente tan denostados por la derecha por considerar que la mayoría de ellos viven a costa de las subvenciones del Gobierno, no son sólo simpatizantes de la izquierda. Alberto Comesaña por ejemplo es un titiritero de derechas: afiliado al PP y miembro de la Ejecutiva local del partido en el epicentro de la trama Gürtel, en Boadilla del Monte. Es más, es íntimo amigo del ex alcalde de la localidad, que tuvo que dimitir tras ser imputado en la red corrupta y está contratado como coordinador de Juventud en el municipio, un cargo de confianza que le otorgó, a dedo naturalmente, Arturo González Panero, alias El Albondiguilla. Comesaña, miembro de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), no sólo apoyo el polémico regalo de un palacio histórico a le entidad, sino que contribuyó con sus gestiones a "legitimar" esta adjudicación, según ha señalado a El Plural el portavoz de Alternativa Por Boadilla, Ángel Galindo, que denunció la operación ante los Tribunales.

    ....................

    http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=34094

    El PP impide que una comisión en las Cortes investigue la trama de las placas solares

    La vicepresidenta del parlamento de Castilla y León tiene intereses en el sector de los huertos solares

    Las Cortes han rechazado la creación de una comisión de investigación para aclarar este escándalo con los votos del PP

    CADENA SER   06-10-2008

    La Cadena SER ha recabado nuevos datos sobre la trama de huertos solares que ha costado el cese de varios altos cargos y expedientes a altos funcionarios en Castilla y León. En este caso es la vicepresidenta del parlamento autonómico, la popular Carmen Luis Heras, quien junto a su marido tiene intereses en empresas que han intervenido en la implantación de instalaciones solares en la provincia de Zamora.

     

    Su esposo es Antonio de Castro Fito, que forma parte de varias empresas vinculadas a la energía fotovoltaica. El marido de la vicepresidenta de las cortes ha tramitado permisos para la conexión a la red eléctrica con la empresa ’El plantío 2.000’.

    Y junto a otro socio zamorano, Marcial Rodríguez San Gregorio ha intervenido en la instalación en la localidad de Fresno de la Ribera de un huerto solar con capacidad para 2.500 kilowatios.

    "Yo desconozco que mi marido tenga intereses en fotovoltaicas, por lo que no puedo decirle si es ético o no que yo vote", ha afirmado la vicepresidenta Carmen Luis Heras en declaraciones a la Cadena SER.

    Precisamente esta tarde, las Cortes han rechazado la creación de una comisión de investigación para aclarar este escándalo con los votos del Partido Popular.

    Hasta ahora, la tramitación presuntamente irregular de autorizaciones para plantas solares ha supuesto la apertura de expedientes a varios altos funcionarios y el cese de hasta dos altos cargos.

    http://www.cadenaser.com/espana/articulo/vicepresidenta-parlamento-castilla-leon-esposo/csrcsrpor/20081006csrcsrnac_6/Tes

     

    El vicepresidente segundo informa en las Cortes de que hay indicios para abrir el proceso sancionador y garantiza «que no están implicados altos cargos del Ejecutivo»

    http://www.nortecastilla.es/20080911/castilla_leon/junta-expedienta-otro-alto-20080911.html

    El escándalo de las concesiones administrativas para la instalación de plantas de energía solar en la comunidad autónoma tiene desde ayer un nuevo nombre de funcionario público, el segundo a quien la Junta de Castilla y León abrirá un expediente de sanción por entender que existen indicios de que actuó de manera inadecuada en el proceso.

    ........................

    El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, anunció la apertura de expediente disciplinario al secretario de la Delegación Territorial en Zamora, Manuel Méndez, por considerar que «hay indicios suficientes» en el expediente de información reservada de hechos irregulares en las autorizaciones administrativas de las plantas de producción de energía solar fotovoltaica.

    ........................

    Dos en mes y medio

     

    Tomás Villanueva puntualizó que, «a día de hoy, no hay ningún alto cargo de la Junta implicado» en la concesión irregular de autorizaciones administrativas de plantas solares.

    ..............................

    ¿Cuantos ciudadanos piensan que el responsable de esta presenta corructela es el Presidente de la Junta de Castilla y León por no ser capaz de controlar a sus consejeros?

     

    Los socialistas piden al presidente Herrera “que dé la cara, como en su día lo hiciera Demetrio Madrid”

    El próximo día 29 de octubre se cumplirán veintidós años de la dimisión del entonces presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid. La prensa de entonces, una prensa muy conservadora, aprovechaba unas presuntas irregularidades cometidas en una empresa familiar del entonces presidente para arremeter contra el máximo dirigente socialista en esa comunidad. Alentado por el “presunto escándalo”, el entonces líder de la oposición, un jovencísimo José María Aznar, no dudaba en pedir la dimisión de Demetrio Madrid: “Le doy 24 horas para que dimita”, le dijo en una sesión para el recuerdo. Unas palabras que aún deben retumbar en los oídos de los militantes y dirigentes socialistas de la época, que asistían impotentes un día después de pronunciada la frase, a la dimisión irrevocable de su presidente.

    ....................

    http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=24365

     

    La investigación no halla trato de favor en la concesión de las plantas solares

    La Junta de Castilla y León aseguró ayer que «no ha habido trato preferente» en la adjudicación de placas solares de la comunidad, aunque ha decidido abrir una investigación de información reservada. El análisis tiene como objetivo estudiar cada uno de los casos en los que se encuentran implicados funcionarios, hasta trece (la mitad, de alto nivel y confianza política), en especial el del secretario general de la Delegación en León, Javier Lasarte, por haber infringido «cuestiones disciplinarias», según anunció el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
    La investigación oficial desarrollada desde el día 1, cuando estalló el escándalo, sitúa en trece el número de funcionarios implicados, siete de ellos altos responsables públicos y los otros seis, funcionarios de base. Sin embargo, De Santiago-Juárez declaró que las labores de tramitación llevadas a cabo por estos empleados de la Junta han sido «las correctas de acuerdo a la normativa que se encuentra vigente».
    .
    Las investigaciones elaboradas hasta el momento desvelan que en los expedientes que se han tramitado «no se ha detectado en ningún caso una conducta ventajosa por parte de los funcionarios y que su procedimiento ha sido igual que el resto».
    .
    El consejero de la Presidencia lo que sí ha reconocido es una «pérdida de confianza» hacia estos trece empleados públicos, ya que los funcionarios de libre designación de la Junta implicados en el caso no informaron de su vinculación con las empresas.
    .
    Caso Lasarte
    El único expediente disciplinario que ha abierto, de momento, el Gobierno regional es el que tiene como protagonista al ex secretario general de la Delegación de León, Javier Lasarte, primer miembro en dimitir el pasado 1 de agosto, después de que se conociera que participaba en empresas de instalación de plantas solares .
    .
    A este empleado se le abrió ese mismo día una investigación para esclarecer si las autorizaciones concedidas a las empresas con las que participa Lasarte se ajustaban a derecho y otro análisis para comprobar las compatibilidades de las actividades funcionariales y empresariales. «Como funcionario ha incurrido en una falta, teníamos confianza en él, pero no nos informó de sus vinculaciones», apostilló el portavoz de la Junta.
    .
    La investigación del caso Lasarte trata « cuestiones disciplinarias» y de momento está en trámite para comprobar si da origen algún tipo de sanción, explicó De Santiago-Juárez. Asimismo, indicó que si en el transcurso del análisis e investigación el servicio jurídico de la Junta advirtiese un indicio racional de algún tipo de delito «se enviará a la Fiscalía por voluntad propia y obligación de la institución».
    .
    Comportamiento
    Desde el momento en el que la Junta de Castilla y León conoció los hechos, el pasado día 1 de agosto, el Gobierno regional los ha afrontado con «responsabilidad, rapidez, transparencia, rigor y prudencia», según el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez. Además aseguró que el trabajo desde el primer día ha sido coordinado y que desde que se han comenzado a analizar los expedientes, la cúpula de la Junta «siempre ha comunicado los nuevos acontecimientos con claridad» porque entiende «que los ciudadanos tienen que estar informados de todo lo que ocurre».
    .
    A pesar de los hechos que se han conocido en los últimos días, el Gobierno regional «no pone bajo sospecha el buen hacer del conjunto de empleados públicos de la comunidad», ni tampoco pone «en tela de juicio a múltiples empresarios y al sector.
    .
    En lo que refiere a las investigaciones de los otros doce casos, el portavoz de la Junta no quiso adelantar nada, ya que el tipo de análisis que el servicio jurídico está llevando a cabo es de información reservada «y como su nombre indica no se conocerán los resultados hasta el fin de ellas».
    .
    Según aclaró De Santiago-Juárez, el procedimiento de estos análisis es «bastante complejo» y en él se encuentran trabajando diferentes departamentos de la Junta de la Castilla y León y de los respectivos ayuntamientos involucrados. A su vez, explicó que la tramitación para la concesión de las licencias «no son concurrencia competitiva porque todo aquel que lo solicita y cumple los requisitos consigue una autorización, por lo que no existen daños a terceros». Además, el portavoz comunicó que «ningún promotor ha presentado alguna queja».
    .
    El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta explicó las diferencias entre el funcionario de libre designación y el alto funcionario que tiene la plaza en propiedad, para aclarar dudas, sobre todo a la oposición.
    .
    Tipos de funcionarios
    De esta manera explicó que la libre designación funcionarial no se corresponde a altos cargos, sino trabajadores públicos de confianza que han accedido a la función pública por haber hecho una oposición, tras una convocatoria de puestos públicos en el Boletín Oficial.
    .
    Por el contrario, el puesto de funcionario de alto cargo se nombra por orden del Consejo de Gobierno y no tiene por qué ser funcionario y haber superado la misma prueba. De Santiago-Juárez acusó a los socialistas de la comunidad de «ignorantes», al no conocer esta tramitación y por esto prefirió aclarar «sus dudas».

    La Junta abre un expediente disciplinario al ex secretario territorial de León, Javier Lasarte

    MAR PELÁEZ

    VALLADOLID.- Ni un indicio de delito. Ni un atisbo de que hayan existido "irregularidades" o "trato de favor" en la tramitación administrativa de licencias para la instalación de huertos solares en la Comunidad. Tan sólo una "pérdida de confianza" en siete funcionarios de alto nivel y en seis funcionarios de base que participan, a espaldas de la Junta, en el negocio de la energía solar.

    Esta fue la lectura queha realizado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, como explicación a la marcha de las dos líneas de investigación abiertas por la Administración regional en las provincias de León, Valladolid y Zamora.

    Esa ’pérdida de confianza’ llevó al Gobierno regional a "obligar" a dimitir a seis funcionario de libre designación después de que EL MUNDO destapara el 1 de agosto esta supuesta trama. Y adquirió su máxima expresión con la decisión, notificada ayer, de abrir un expediente disciplinario al ya cesado secretario de la Delegación Territorial de la Junta en León, Jesús Javier Lasarte, por "indicios racionales" de que incumplió la Ley de Incompatibilidades.

    "Ya el propio Lasarte afirmó el 1 de agosto que no había informado a nadie porque no se sentía en la obligación de hacerlo", recordó.

    Sin embargo, en cumplimiento de esta norma, Lasarte estaba obligado a declarar a sus superiores que era administrador de la empresa Galeno 1955 S.L; la misma a la que precisamente se le han concedido once licencias para instalar plantas solares en León y Valladolid.

    "No hemos encontrado ninguna irregularidad. La tramitación se ha realizado de forma correcta, sin trato preferente, ni agilización de los plazos, pero eso no impide que la confianza se haya quebrado", matizó De Santiago-Juárez.

    Este expediente "seguirá su trámite" y podría dar lugar a "algún tipo de sanción", que iría desde una falta leve, a una grave, a removerle de su puesto o incluso a suspenderle de empleo y sueldo, tal y como explicó De Santiago-Juárez.

    Por el momento, es el único expediente de estas características que abrirá la Junta. El portavoz optó por la "prudencia" a la espera de que culminen las informaciones reservadas abiertas sobre los otros doce funcionarios.

    En suspense está el futuro del aún jefe del Servicio Territorial de Industria de Palencia, Francisco Jambrina, que fuera consejero de Medio Ambiente y vicepresidente de la Mesa de las Cortes. Jambrina se negó a cesar de su puesto por entender que accedió al mismo por concurso y no por libre designación.

    La única opción que le quedaría a la Junta de Castilla y León para apartarle de su actual puesto, ganado por concurso, es por tanto la apertura de un expediente disciplinario. "Está protegido porque es su plaza", añadió De Santiago-Juárez, sin aclarar cuál será la última decisión de la Junta.

    Lo que sí tiene claro el portavoz del Gobierno regional es que de las investigaciones realizadas no se deriva la constitución de ningún delito. "Si en el transcurso de la investigación se advirtiese algún indicio racional de delito, inmediatamente lo derivaríamos a la Fiscalía". De hecho, como recordó De Santiago-Juárez, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Fernández, remitió el 18 de agosto al fiscal jefe de León un escrito en el que le informaba de la apertura de dos líneas de investigación y su deseo de colaborar con la Fiscalía si les fuera requerido.

    http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/20/castillayleon/1219265474.html

     

    Lasarte ve su dimisión como un error al que le forzaron sus superiores, para quienes pide el mismo trato exigido

    LEÓN, 20 (EUROPA PRESS)

       El ex secretario general de la Delegación Territorial de la Junta en León, Javier Lasarte, aseguró hoy que su dimisión fue un "error" al que le "empujaron y forzaron" sus responsables directos, que le "amenazaron" con el cese y un "borrón" en su expediente.

       En una comparecencia ante los medios de comunicación, Lasarte leyó una carta en la que pidió, además, que cuando el caso finalice "y se resuelva completamente el entuerto", sus responsables políticos "se den para sí" el tratamiento que, a su juicio, él ha recibido: "la dimisión fulminante".

    ...................................

    http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-lasarte-ve-dimision-error-le-forzaron-superiores-quienes-pide-mismo-trato-exigido-20080820192937.html

    Ruiz critica a PSOE y UGT por 'embarrar' el proceso judicial sobre el 'caso Lasarte'

    ICAL

    VALLADOLID.- La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, denunció hoy el "juicio paralelo" que desarrollan PSOE y UGT con el propósito de "embarrar" el proceso judicial que sigue los cauces de la Ley de Procedimiento Administrativo sobre el conocido como ’caso Lasarte’.

     

    Así, insistió en que "el caso se encuentra en proceso de investigación actualmente a través de los expedientes de información reservada que prevé la Ley de Procedimiento Administrativo".

    La consejera definió al sindicato como portavoz del PSOE, no sólo en este caso, sino también en muchos otros, ya que ambos conocen el sistema de funcionamiento de la elección de los funcionarios de alto cargo y que el 90% de los jefes de servicio acceden a la plaza por concurso. Así, se refirió al cese del jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Zamora, José Bahamonde, y explicó que éste se convierte a partir de ahora en funcionario de carrera.

     

    http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/19/castillayleon/1219169301.html

    ¿Actuará el Gobierno del SR. Herrera con las mismas formas del Caso Antona?

    ¿Dejará los informes de la asesoría jurídica en el cajón o se los facilitará al inspector o al juez del caso "Lasarte"?

    ¿El "Zorro" realizará el informe de las gallinas que se comió en el gallinero o las omitirá?

    4 de los 5 dimisionarios son ‘socios’ en un mismo pueblo

    Daniel Álvarez León


    La supuesta trama de cargos y funcionarios de la Administración autonómica con intereses en el sector de la energía solar va arrojando datos. Según fuentes de la investigación, cuatro de los cinco jefes que han presentado su dimisión hasta el momento coinciden con sus proyectos solares en un mismo pueblo de la provincia de Valladolid. Se trata, en concreto, de las concesiones de la localidad de Torrecilla de la Abadesa, donde el ya ex secretario territorial de la Junta en León, Javier Lasarte, había obtenido una autorización a través de la empresa Galeno 1955, de la que es administrador único. Los terrenos donde se asentaría esta instalación, que aún no se ha puesto en marcha, son precisamente propiedad del jefe del Servicio de Tesorería de la Consejería de Hacienda, el cesante Manuel Ballesteros.


    Tras el inicio de las primeras pesquisas por parte de la Junta, se comprobó que tanto la jefa del Servicio de Fomento en León, Ana Suárez, a través de su empresa Arsoltec, como el responsable del área de Industria, Emilio Fernández Tuñón, éste a través de familiares, habían obtenido concesiones para huertos solares en la misma localidad vallisoletana. A raíz de este descubrimiento, fue cuando a ambos se les reclamó que presentaran la dimisión de sus cargos, medida que se hizo efectiva hace justo una semana y que siguió al cese de Lasarte.


    Asimismo, las licencias para las plantas de Ana Suárez y Emilio Fernández fueron solicitadas y aprobadas en fechas próximas a las de los negocios de Javier Lasarte.
    Las fuentes de las investigación consultadas aclararon que una de las prácticas que se realizan es fraccionar las correspondientes solicitudes de licencia en un mismo terreno o colindantes para, posteriormente y de facto, configurar una única planta fotovoltaica de mayores proporciones.


    Mientras, también se desvelan algunos detalles de la actividad de los seis funcionarios leoneses del Servicio de Industria a los que en la primera investigación se les han detectado vínculos con el sector de la energía solar y a los que se ha abierto un expediente, pendiente de resolución. Según las referidas fuentes, uno de ellos participa en, al menos, seis concesiones de huertos solares.

     
    Aunque su identidad no ha sido revelada, es seguro de que no se trata del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Villaquilambre, Jesús García Flórez, cuya empresa familiar ha instalado y explota una planta solar conectada a la red de 100 kw.
    Otra de las fórmulas detectadas para la entrada en el negocio solar de los cargos y funcionarios de la Junta, es la venta de la concesión de las plantas a una empresa interesada en la instalación y explotación de las mismas.


    Hasta el momento, son nueve (seis funcionarios y tres cargos) las personas a las que la Junta ha descubierto con vínculos en la energía solar sólo en León. Se suman el citado jefe de Tesorería en Valladolid, Manuel Ballesteros; el secretario de la Junta en Zamora, Manuel Méndez, y el jefe de Industria en Palencia y ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Jambrina. Este último ha sido el único cargo que se ha negado a dimitir pese ala petición de sus superiores.

     

    http://www.la-cronica.net/2008/08/18/leon/4-de-los-5-dimisionarios-son-socios-en-un-mismo-pueblo-7932.htm

    El PSOE insinúa un trato de favor a familiares de Luis Aznar en la concesión de licencias para instalar huertos solares

    Quince empresaas presentaron un expediente de transmisión de licencias de 30 huertos de Mansilla de las Mulas a un empresario alemán, dos de ellas propiedad de familiares del ex delegado territorial de la Junta.
    • La Junta pondrá en manos de la Fiscalía toda la información sobre la trama solar
    FirmaJ.A./ ICAL  

    El procurador del PSOE Alfredo Villaverde ha asegurado hoy que los servicios jurídicos del grupo parlamentario investigan un posible trato de favor en la concesión de licencias para instalar huertos solares a dos familiares del director de la Agencia de Protección Civil y ex delegado territorial de la Junta en León, Luis Aznar. Esta información en poder de los socialistas desde el pasado sábado podría vincular al denominado ‘caso Lasarte’ a otro alto cargo de la Junta.

    Según ha indicado el parlamentario socialista, quince empresas presentaron el pasado 24 de julio un expediente de transmisión de licencias de 30 huertos solares de Mansilla de las Mulas a un empresario alemán. De ellas, dos serían propiedad de familiares de Luis Aznar. Así cedieron sus licencias para explotar estos parques solares de 100 kilovatios Jaime Sánchez Robles y María Teresa Aznar Fernández, titulares de Sánchez Robles Aznar S.L. y Margarita Aznar Fernández, titular de Inversiones el Sol de Kyoto.

    Por otra parte, el dimitido secretario Territorial de la Junta en León, Javier Lasarte, es el titular de tres sociedades (Galeno 1955, Mesta 1960 y Reñíoslo S.L.) que firmó también la transmisión de sus licencias. Además, los socialistas denunciaron una irregularidad administrativa ya que se presentó ante el registro de la Delegación de la Junta en León a las 8.53 horas, es decir, siete minutos antes de que se abriera al público ya que el horario es de 9 a 14 horas.

    Villaverde denunció este hecho que a su juicio demuestra una “absoluta falta de transparencia” en lo relativo al ‘caso Lasarte’, que obligó ya a dimitir a cinco responsables de la Administración regional y a seis funcionarios de León. Reiteró que se “extiende como un cáncer entre la Junta de Castilla y León” sin que nadie le “ponga coto” a esta “pandemia”. Por ello, refiriéndose a los ’populares’, apuntó que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

    Asimismo exigió la comparecencia inmediata ante las Cortes autonómicas de los consejeros con competencias en la materia y no sólo la reunión de la Diputación Permanente. En su opinión, este hecho contradice las declaraciones de la vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, quién aseguró que no existía responsabilidad política sino exclusivamente funcionarial.

    Por último, Alfredo Villaverde no precisó si recurrirán ante los tribunales este hecho ya que de momento tratan de contrastar la posible vinculación de familiares de Luis Aznar al ‘caso Lasarte’. Por ello, demandó mayor transparencia en la investigación ya que afirmó “nos tememos que hayan puesto al zorro a cuidar el gallinero”.

    Cesado el Jefe de Trabajo en Zamora tras cinco meses de su relevo en Industria

    ZAMORA.- La Junta de Castilla y León sigue cortando cabezas por la "trama solar" descubierta en León y con ramificaciones en Zamora. Si la semana pasada fue cesado el secretario de la Delegación Territorial, Manuel Méndez, por su implicación en una empresa con intereses en la construcción de huertos solares, ahora le ha tocado el turno al jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, José Bahamonde Salazar, que fue descabalgado de su cargo de forma fulminante.

     

    El cese fue explicado públicamente mediante una escueta nota emitida por la Delegación Territorial en la que se hacía una vaga referencia a la investigación abierta por el Servicio Territorial de Industria. La caída del jefe de la Oficina Territorial de Trabajo tiene su origen en el paso de José Bahamonde por el Servicio Territorial de Industria entre los años 2003 y 2008, cargo del que fue relevado en una "reestructuración administrativa" que en su momento no despertó sospechas, pero que cinco meses después pone de manifiesto que el paso de Bahamonde de Industria a Trabajo no fue un simple reajuste de personal. Pese a que la decisión de la Delegación de Zamora se interpreta como un cese en toda regla, es preciso matizar que Bahamonde estaba adscrito de forma provisional a la jefatura de Trabajo, a la espera de un destino definitivo, de ahí que en términos estrictamente legales la decisión de apartarle de este puesto no sea un cese.

     

    Fuentes cercanas al caso aseguran que hace cinco meses la Delegación Territorial tuvo noticias de la implicación de un familiar de José Bahamonde en el negocio de las placas solares. Si las sospechas de entonces, más o menos fundadas, motivaron su destierro a Trabajo, la constancia de que un hijo de Bahamonde tiene intereses en el sector desencadenaron el jueves de la semana pasada su cese fulminante.

     

    El delegado territorial de la Junta en Zamora, Alberto de Castro, ha rechazado hacer valoraciones sobre la destitución de Bahamonde. Ni referencias a la implicación del ex jefe de Industria y ya ex jefe de Trabajo en la "trama solar", ni aclaraciones sobre la implicación del hijo de Bahamonde en el negocio de los huertos fotovoltaicos. Como mucho, De Castro reconoció haber "perdido la confianza" en su jefe de servicio.

     

    La destitución, aseguró, se puede entender como "una medida cautelar" a la espera de los resultados oficiales de las investigaciones de los técnicos de Industria, que tienen entre manos más de 1.000 expedientes pendientes de revisión.

     

    Entre los informes que los técnicos tendrán que revisar, casi con toda seguridad, estará el de la empresa Iniciativas Renovables S.L., que inició su actividad en junio del año 2007 y que es propiedad de Javier Bahamonde González, hijo del jefe de Trabajo cesado ayer. Entre las cuestiones a investigar estará, sin duda, si dicha empresa recibió algún tipo de trato de favor durante los nueve meses en los que su actividad coincidió en el tiempo con la presencia de José Bahamonde Salazar en su cargo como jefe de Industria.

     

    El destino laboral de José Bahamonde está por decidir tras su destitución. El propio delegado territorial de la Junta en Zamora solicitó a finales de la semana pasada al secretario general de la Consejería de Economía y Empleo, Rafael Delgado, "el cambio de puesto de trabajo" para el que ha sido jefe de Trabajo desde febrero de este año. Hasta la fecha, estaba "adscrito provisionalmente" a la jefatura de la Oficina Territorial de Trabajo. Perdida la confianza de sus superiores, todo parece indicar que pasará a ocupar una plaza de funcionario de menor rango en la misma oficina.

     

    La destitución de Bahamonde es la sexta consecutiva que se produce entre altos cargos y funcionarios de la Junta en las provincias de León y Zamora. El primero en caer fue Jesús Javier Lasarte, secretario general de la Junta en León. Después le siguieron, apenas una semana después, los jefes de Industria, Emilio Fernández Tuñón, y Fomento, Ana Isabel Suárez en la misma provincia. Los dos últimos en caer fueron el jefe del Servicio de Caja de la Tesorería General, Manuel Ballesteros y el secretario territorial de la Junta en Zamora, Manuel Méndez.

    http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/18/castillayleon/1219070108.html

    La Junta aparta a otro jefe de servicio por el escándalo de las placas solares

    El delegado de la Junta cesa al ex jefe del servicio de Industria

    La Delegación Territorial de la Junta en Zamora confirma el cese del ex jefe de industria y jefe provisional de la Oficina Territorial de Trabajo, José Bahamonde, que se convierte en el segundo cargo del PP de Zamora salpicado por el caso de las fotovoltaicas. Bahamonde, con una larga trayectoria política en el seno del PP provincial (ha sido concejal del Ayuntamiento de Zamora y senador)ocupó la jefatura territorial de Industria hasta hace pocos meses, cuando fue trasladado a la OTT como responsable provisional. Desde la Junta se indica que el delegado, Alberto Castro, solicitó a finales de la pasada semana al secretario general de la Consejería de Economía y Empleo, Rafael Delgado, el cambio de puesto de trabajo del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, José Bahamonde, que ocupaba dicha plaza de forma provisional "y que pasará a ocupar otra en dicha Oficina Territorial".

     

    Dicho cambio, concluye el comunicado, "se produce a expensas de que finalice la investigación abierta en el Servicio Territorial de Industria de Zamora".

     

    http://www.nortecastilla.es/20080818/local/zamora/delegado-junta-zamora-cesa-200808181632.html

     

    La Fiscalía de León investigará si hubo delito en la adjudicación de placas solares

    La Fiscalía de la Audiencia Provincia leonesa comenzará una investigación para esclarecer las posibles vinculaciones de varios funcionarios en el negocio de las plantas solares y las investigaciones que se abrieron en León se saldaron ayer con nueve funcionarios supuestamente relacionados con el negocio energético, seis de ellos del Servicio de Industria.
    .
    La Fiscalía de la Audiencia Provincial León hizo pública ayer su intención de abrir una investigación a los cargos de la Junta para esclarecer si han sido parte interesada en la adjudicación de autorizaciones recaídas en sociedades de las que son administradores o con las que mantienen algún tipo de vinculación. Y es que, en tan sólo catorce días la supuesta trama de los huertos solares se ha cobrado la dimisión de cinco cargos de la Administración regional.
    .
    Ante esta situación, el teniente fiscal de la Audiencia de León, Vicente Gordón Monreal, adelantó que los hechos derivarán en una investigación judicial y explicó que el Ministerio Fiscal se encuentra a la espera de que la propia Junta de Castilla y León presente la denuncia o querella oportuna, algo que, según aseguró, todavía no ha ocurrido.
    «Me imagino que la Junta estará en plena fase de investigación y que estará en la idea de remitirla a esta Fiscalía», incidió Gordón Monreal, que advirtió que en caso de que la Administración regional no tomara la iniciativa sería la Fiscalía la que actuaría de oficio. «Si la Junta no lo hace, nosotros, en función de la documentación que podamos recabar, remitiremos los hechos a un juzgado de instrucción para que abra una investigación que, en su caso, podría derivar en un procedimiento penal», si las conductas analizadas fueran constitutivas de delito, precisó.
    La reacción de la Fiscalía se produjo después de que el PSOE amenazara con acudir a la vía judicial si el Ministerio Público no hubiera tomado ya la iniciativa de abrir una investigación al respecto. Los socialistas solicitaron, además, la convocatoria urgente de la Diputación Permanente de las Cortes para que los consejeros de Economía y Empleo y de Administración Autonómica, Tomás Villanueva e Isabel Alonso, respectivamente, den explicaciones.
    De hecho, la viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ana Redondo, se mostró entonces convencida de que se ha utilizado información privilegiada, se ha producido un tráfico de influencias a alto nivel y de que hay negociaciones prohibidas por parte de funcionarios.
    .
    «Prudencia»
    Por su parte, el delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, dio ayer por concluidas las investigaciones en esa provincia sobre las 396 autorizaciones de plantas solares efectuadas en la provincia, que se han saldado con tres cargos de confianza destituidos y seis funcionarios del Servicio de Industria investigados.
    Los resultados obtenidos tras la investigación, que fueron remitidos a la Consejería de Economía, incluyen el nombre de las empresas que han obtenido las autorizaciones y su composición accionarial. El delegado de León pidió «prudencia», ya que se desconoce «hasta que punto alcanza la responsabilidad de estos seis funcionarios».

    El PSOE extiende a 7 provincias las dudas en las adjudicaciones de placas solares

    La dimisión en trece días de cinco altos cargos de la Junta de Castilla y León presuntamente vinculados a las adjudicaciones de plantas solares ha provocado reacciones bien distintas en los dos principales partidos de la comunidad. Mientras que el Partido Popular prefiere permanecer en silencio, el PSOE exige una «investigación en profundidad para evitar corruptelas». En concreto, el procurador socialista en Zamora, Manuel Fuentes, aseguró ayer que van a pedir «información de las adjudicaciones de todas las plantas solares y eólicas porque estamos seguros de que ha habido tráfico de influencias». Aunque, de momento, la supuesta trama ilegal de huertos solares sólo ha afectado a cinco altos cargos de la Junta, Fuentes aseveró que «hay más gente implicada, y no sólo en Zamora. Estamos convencidos de que las irregularidades se van a extender a siete provincias».
    .
    Si bien Fuentes anunció el martes que están investigando a otros tres presuntos implicados, cuyos nombres «se irán conociendo», ayer no quiso aportar la identidad de ninguno de ellos porque «todavía no tenemos pruebas concluyentes, pero sí indicios», matizó.
    .
    Fuentes tampoco quiso pasar por alto las declaraciones del delegado territorial de la Junta en Zamora, Alberto Castro, en las que dijo que desconocía las empresas solares en las que Méndez tenía participación. El procurador socialista calificó estas declaraciones como «impresentables. No puede ser que el delegado territorial no sepa el nombre de la empresa en la que tiene participación su segundo de a bordo. Lo que tiene que hacer es investigar y no hacerse el loco para pasar desapercibido en este tema», concluyó.
    .

    La Junta fuerza a dimitir al secretario general en León y abre dos investigaciones internas

    LEÓN.- Las alas de Ícaro no soportaron la cálida fuerza del sol. En pleno cenit solar, Javier Lasarte, secretario general de la Delegación de la Junta en León y administrador de un creciente negocio de plantas fotovoltaicas, germinado en los dos últimos años a la sombra del conocimiento público y al margen de la autorización de sus superiores, presentaba su dimisión para, según su versión pública, "no dañar a la institución" y poder demostrar su "inocencia" frente a "las mentiras y medias verdades" vertidas por este periódico.

     

    .......................

    http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/01/castillayleon/1217620776.html

     

    CASO 'ANTONA'. Los servicios jurídicos no remitieron el informe que desmonta el 'artilugio contable' de Tobal

    Los servicios jurídicos de la Junta personados en la causa abierta ( y ya cerrada de forma provisional) contra el ex gerente de las áreas de Salud de Valladolid, Pedro Luis Antona del Val, por supuestas irregularidades en el desvío de pacientes de lista de espera a centros privados y sobrefacturación en el precio de prótesis, no remitieron al juez encargado de la investigación un segundo informe redactado por la Intervención que desmonta el "artilugio contable" utilizado por el empresario médico Santiago Tobal para conseguir pingües beneficios al no comunicar a Sacyl los descuentos conseguidos al comprar las prótesis implantadas.

     

    Tan fácil como coger una factura del proveedor, incrementar su importe hasta aplicar un porcentaje de intermediación superior al 180% y remitirla al centro concertado para que la Sanidad pública acabara pagando la factura, saltándose así la normativa que fija que las prótesis de las intervenciones derivadas a centros privados deben facturarse a parte y "a precio de coste".

     

    El informe, que examina "la documentación contable relativa al ejercicio 2005 de Orto-Gaudí S.L. y Quiromedic Care And Consulting S.L." fue elaborado atendiendo la petición realizada por escrito el 28 de marzo de 2007 (con fecha de entrada en el registro el 4 de abril) por el director de los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia y Administración territorial de la Junta. La solicitud fue clara: "La elaboración de un informe en el que se reflejasen las conclusiones del estudio de la citada documentación".

     

    Fuentes autorizadas de los servicios jurídicos alegaron ayer que el informe no fue aportado a la causa "por estrategia procesal" y aseguraron que, no obstante, su contenido sirvió a las abogadas de la Junta como guía en los interrogatorios. En todo caso, insistieron en su carácter "interno".

     

    El interventor para su análisis tuvo a la vista el libro diario de contabilidad del ejercicio 2005, el libro mayor de contabilidad de 2005, el libro de balances de contabilidad 2005 y copia de soporte CD de los libros de contabilidad, todos ellos referidos a la empresa Orto-Gaudí. Además, examinó el libro diario y los de inventario y cuentas anuales referidos al ejercicio 2005 de Quiromedic Care and Consulting, la empresa de Santiago Tobal con la que trabaja en los hospitales privados.

     

    El interventor, en este segundo informe, aporta dos flujogramas. En uno de ellos se reflejan los "movimientos relativos a 33 prótesis de columna" que Quiromedic facturó directamente al Sanatorio Sagrado Corazón y en el otro, se recogen los movimientos relativos a 20 prótesis de columna facturadas por Orto-Gaudí y Biospine al Sagrado Corazón con la intermediación en el pago de la empresa de Tobal.

     

    El primero de estos gráficos pone al descubierto que "el precio que factura Biospine a Quiromedic en cada una de las 30 facturas es de 2.704,55 euros, cuando el precio de las prótesis facturado al SagradoCorazón es muy próximo a 7.500 euros".

     

    "En definitiva, siguiendo los asientos contables recogidos en la contabilidad de Quiromedic relativos a las compras de prótesis a Orto-Gaudí y a Biospine y su facturación posterior a Sanatorio Sagrado Corazón el porcentaje de intermediación aplicado fue superior al 184%", concluye el informe.

     

    En el segundo de los gráficos, el Interventor explica que Orto Gaudí facturó directamente (pero a través de la intermediación de Quiromedic) a Sanatorio Sagrado Corazón prótesis en 18 procesos por un importe total de 140.600 euros y por un importe individual en torno a 7.800 euros (contabilidad de Orto Gaudí). "En definitiva, resulta razonable estimar el porcentaje de intermediación aplicado por Orto Gaudí a Sanatorio SagradoCorazón, situándolo en torno al 188%", afirma en su informe el interventor antes de asegurar que "este porcentaje de intermediación calculado, que se cifra en aproximadamente 92.000 euros, es una cuantía semejante a la recogida como comisiones a favor de Quiromedic y a cargo de Orto Gaudí, por importe de 99.738,44 euros".

     

    Tras este análisis, el interventor establece una síntesis final: "Los costes de intermediación aplicados en la venta de prótesis de columna desde el proveedor inicial hasta la empresa concertada Sanatorio Sagrado Corazón ascendieron a 251.463 euros". El técnico aclara que este importe se deriva de dos tipos de operaciones económicas en las que participó Quiromedic: actuando como proveedor, el margen de intermediación se estima en 159.463 euros, mientras que actuando como "intermediario en el pago", el margen de intermediación se estima en 92.000 euros.

    fuente:

    http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/09/castillayleon/1215588385.html

    UGT y CSIF piden la dimisión del consejero César Antón

    El sindicato UGT ha pedido la dimisión del que fuera consejero de Sanidad, actual titular de Familia, al considerar, a la luz del archivo del ’caso Antona’, que este responsable político ha utilizado servicios públicos «para batallas mercantiles y privadas». Esta central insiste en que si llevó el caso a los juzgados fue guiada por las declaraciones públicas de irregularidades e ilícitos penales de Antón pero que tendrían «que haber estado siempre basadas en informaciones veraces, objetivas, contrastadas ya que, de no ser así, se hace un profundo e irreversible daño al conjunto de los trabajadores públicos».

     

     

    Según la resolución judicial, añade UGT, «no se ha podido demostrar ningún tipo de irregularidad; lo que evidencia que la actuación de Antona, hasta que no se demuestre lo contrario, ha sido irreprochable». Por último destaca que este sindicato «defiende la honorabilidad de todo trabajador público, por lo que exigimos responsabilidades a quien denuncia sin fundamento».

     

     

    También CSI-CSIF critica duramente la actuación del anterior consejero de Sanidad llevada «por intereses políticos y propios», pide el cese de César Antón y critica que el presidente Juan Vicente Herrera, «le haya ’premiado’ con una consejería ’bombón’ como es la de Familia». CSIF insistió en la «obligatoriedad moral y social» de restituir a Pedro Antona «su honor de forma pública, además de haberlo hecho ya el auto judicial, y de que se le den disculpas desde la Administración regional» por unas acusaciones que «han resultado sin fundamento».

     

     

    http://www.nortecastilla.es/20080702/valladolid/csif-piden-dimision-consejero-20080702.html

    CASO ANTONA. UGT pide la dimisión de César Antón y dice que la actuación de Antona es 'irreprochable'

    La Secretaría de Sanidad y Salud Laboral de la Federación de Servicios Públicos del sindicato emitió ayer una nota de prensa en la que solicita la dimisión del ex consejero de Sanidad y actual titular de Familia, César Antón y llega a calificar como "irreprochable, hasta que no se demuestre lo contrario, la actuación de Pedro Luis Antona" al frente de la Gerencia de las Áreas de Salud de Valladolid.

     

    UGT recuerda que basó la denuncia que presentó ante el juzgado de guardia a principios de 2006 "en las informaciones públicas del antiguo consejero de Sanidad, César Antón".

     

    El sindicato también hace hincapié en que las "presuntas irregularidades fueron denunciadas públicamente por la Consejería de Sanidad".

     

    UGT entiende que "cuando un responsable político denuncia unas presuntas irregularidades realizadas por un trabajador, aunque sea un puesto de confianza, tendrían que estar siempre basadas en informaciones veraces, objetivas y contrastadas, ya que si no, se hace un profundo e irreversible daño al conjunto de los trabajadores públicos".

     

    En la nota de prensa, UGT despliega el siguiente argumento: "Como al parecer, según la resolución judicial, no se ha podido demostrar ningún tipo de irregularidad, lo que está comprobado es que la actuación de Antona, hasta que no se demuestre lo contrario, ha sido irreprochable".

     

    El sindicato concluye afirmando que "no se pueden utilizar los servicios públicos para batallas mercantiles y privadas" y recordando que "UGT defiende y defenderá siempre la honorabilidad de todo trabajdor público" por lo que exige responsabilidades a "quien denuncia sin fundamento".

     

    "No nos queda más remedio que solicitar la dimisión del político responsable de estos hechos, que es el señor César Antón, de triste recuerdo para cualquier trabajador de la sanidad pública de Castilla y León", afirma de forma tajante el sindicato en su comunicado.

     

    http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/02/castillayleon/1214988252.html

     

    Anona pedía explicaciones a Sanitaria por las operaciones nada más encargárselas

     

    L. G. V. VALLADOLID.- El ex gerente del grupo Sanitaria de Inversio­nes (Campo Grande, Felipe II y Paracelso), Juan Ignacio Pinedo, explicó ayer al juez que instruye el caso Antona, en el que se in­vestigan desvíos irregulares de pacientes a centros privados y sobreprecios en prótesis, que la Gerencia de Salud de las Areas de Valladolid que dirigía Pedro Luis Antona, pedía explicaciones por supuestos retrasos en las operaciones nada más encargár­selas.

     

    Estas supuestas demoras son en las que se basó el ex gerente de Salud, Pedro Antona, para justificar el desvío de pacientes al Sagrado Corazón donde pres­taba sus servicios, a través de la empresa Quiromedic Care And Consultin, el empresario médico Santiago Tobal.

     

    Pinedo, que compareció ayer durante más de dos horas como testigo en el juzgado a petición de la defensa de Tobal, comentó ayer, según distintas fuentes, que Sanitaria siempre cumplió los contratos firmados pese a los requerimientos enviados por Sacyl y que, para evitar que se repitieran, estableció un calen­dario de operaciones y comuni­caciones periódicas con la Ge­rencia de Salud.

     

    Según las mismas fuentes, Pinedo      reconoció al juez que la empresa que él dirigía tu­vo en su poder historias clínicas de pacientes que fueron opera-das por los médicos que ponía Santiago Tobal en el Sagrado Corazón, a pesar de que inicial-mente hablan sido adjudicados a Sanitaria de Inversiones.

     

    En el interrogatorio, Pinedo también reconoció que, tres in­corporarse a Sanitaria de Inversiones como gerente en julio de 2005, no observó problemas en la adjudicación de operaciones en el segundo semestre de ese en., ye que estas ya se habían producido Sin embargo, también apuntó que, nada más to­mar las riendas Sanitaria, es­cuchó diversos comentarios en los que se aseguraba que Tobal se arrogaba la capacidad de re-partir los lotes de procedimien­tos negociados sin publicidad y posteriormente la adjudicación de los procedimientos por parte de la Gerencia ratificaba en su totalidad dichos repartos.

     

    Sobre estas afirmaciones, in­cluidas en el informe realizado por el inspector Miguel Angel Alonso de Vega, Pinedo aseguró ayer que fue Florentino Santos (por entonces director de gestión de Sanitaria) el que las contó, por haber sido el que vivió la época en la que Tobal era geren­te de Sanitaria (fue despedido en marzo de 2005).

     

    En su comparecencia ante el juez, Pinedo también dejó claro que no siguió las directrices de nadie cuando concertó una en­trevista con la por entonces Ge­rente Regional de Salud, Car­men Ruiz, para explicarle que el grupo que dirigía no estaba reci­biendo un trato acorde con su ca­pacidad, en comparación con otras empresas sanitarias.

     

    La comparecencia ante el juez del ex gerente de Sanitaria fue interpretada ayer por la defensa de Pedro Luis Antona como una «marcha atrás» sobre declaracio­nes anteriores, ya que Pinedo imputa a Florentino Santos el co­mentario específico sobre el re-parto de lotes que supuestamen­te realizaba Tobal y Antona se-guía después al pie de la letra.

     

    Pinedo aseguró ayer al juez que nunca ha llegado a hablar ni con el empresario médico San­tiago Tobal ni con Pedro Antona.

     

    Fuente: El MUNDO diario de Valladolid, 21-11-2007

    Un funcionario declara que Antona desvió pacientes por el atasco de Sanitaria

     

    Un funcionario encargado de las listas de espera de Sacyl declaró ayer ante el juez del llamado 'caso Antona' que la UTE de Sanitaria de Inversiones, que fue la empresa que acusó al ex responsable de Salud de Valladolid de desviaciones de cirugías de forma irregular, «estaba produciendo una segunda lista de espera que había que solucionar y el gerente adoptó medidas para ello».

    Destacó asimismo a preguntas del juez este trabajador de Sacyl que «la decisión de derivar pacientes al Virgen de la Salud la tomó el gerente (en referencia a Pedro Antona) tras examinar durante varias semanas y meses el gran atasco que había en Sanitaria de Inversiones en cataratas y que se había acumulado una barbaridad de pacientes del orden incluso de los cuatrocientos, por eso se decidió a utilizar un contrato que se tenía con el Virgen de la Salud». Declaró además que el inspector, Miguel Ángel Alonso, no le había solicitado los estadillos de las listas de espera.

     

    Fuente: http://www.nortecastilla.es/20071128/valladolid/funcionario-declara-antona-desvio-20071128.html

     

    El ex director del Insalud y de Asistencia Sanitaria de la Junta, Carlos Fernández, clave para el escándalo del Caso Antona

     

    . Antes de las transferencias sanitarias a la Junta y sin que estuvieran contempladas en el contrato marco que regulaba las intervenciones y la selección de centros privados, autorizó operaciones de artrodesis vertebral y descompresión de conducto raquídeo al gabinete en el que trabajaba Tobal .

    . En el contrato marco que sustituyó al del Insalud en septiembre de 2004 incluyó ese tipo de operaciones

    .Ya como director general de Asistencia Sanitaria autorizó una subida en el precio máximo de las prótesis para esas operaciones, que paso de 4.378 euros a 7.500 euros.

    . En la revisión de precios de los demás servicios sanitarios en centros privados la subida fue sólo del 3,7%

    L.G.V. VALLADOLID.-

    El ex gerente pro­vincial del Insalud y, tras el traspaso de competencias sanitarias a la Co­munidad, director general de Asis­tencia Sanitaria, Carlos Fernández Rodríguez, actual director gerente del Hospital Clínico, toleró única-mente en la provincia de Valladolid y sólo a empresas en las que estaba presente el empresario médico San­tiago Tobal, la práctica de operacio­nes de columna de pacientes de la lista de espera que basta ese mo­mento, y después de destaparse el escándalo, se habían llevado a cabo en hospitales públicos.

    Fernández también autorizó una espectacular subida del precio máxi­mo autorizado para la facturación de prótesis de columna (artrodesis vertebral y descompresión de con­ducto raquídeo), que pasó de 4.378 euros a 7.500 euros redondos. Un incremento que nada tenía que ver con la subida del 3,7% que acabó aplicándose a las tarifas de los actos médicos concertados con empresas sanitarias privadas ese año, según la documentación que ya está en poder del juez de Intrucción número 2 y distintas fuentes sanitarias.

    Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Carlos Fernán­dez para conocer su versión. Fuen­tes oficiales de Sacyl se limitaron a indicar que «sobre el caso Antona no se realizan declaraciones por es­tar siendo objeto de investigación ju­dicial».

    En el extinguido Insalud, la con­tratación de operaciones en centros privados para reducción de listas de espera de la sanidad pública se efec­tuó desde 1998 al amparo del con-trato marco CMQ 4/1998, en el que se especificaban las operaciones a realizar y los centros que reunían los requisitos para poder practicar las operaciones derivadas. Entre las operaciones incluidas en ese contra­to no estaban las de artrodesis verte­bral y descompresión de conducto raquídeo. Pese a no estar incluidas, la dirección territorial del Insalud desde el 14 de septiembre de 2001 y, a partir de 2002, en la Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid, se realizaron procedimientos negocia-dos sin publicidad para la contrata­ción de esos dos tipos de operacio­nes fuera del referido contrato mar­co con el Gabinete Médico Paracel­so dirigido por Santiago Tobal.

    Como director general de Asis­tencia Sanitaria, Fernández infor­mó favorablemente sobre la contra­tación de esos procedimientos qui­rúrgicos.

         Cambio de opinión sobre el precio máximo de las prótesis.

    Ese informe positivo, firmado en di­ciembre de 2003, recogía la práctica de 56 operaciones de artrodesis vertebral y descompresión de conducto raquídeo por un importe máximo de 141.800 y 57.744 euros respectivamente. En esos precios máximos, según ese mismo informe, no se in­cluían «los importes de las prótesis correspondientes, debiendo factu­rarse las mismas a precio de coste». «Si se considera un precio medio de prótesis por paciente de 4.378 euros, para los 56 procedimientos que se pretende concertar, supone un im­porte total de 245.168 euros», seña­laba Fernández en su informe con validez hasta el 31 de diciembre de 2004.

     

    El 8 de noviembre de 2004, sin embargo, ante una propuesta de la Gerencia de Salud dirigida por Pe­dro luís Antona. Carlos Fernández volvió a informar favorablemente sobre la práctica de 42 operaciones de artrodesis vertebral y descompre­sión de conducto raquídeo por im­porte de 113.440 y 36.090 euros res­pectivamente. En esta ocasión. sin embargo, las prótesis casi habían duplicado su valor estimado: los 4.378 euros supuestamente en vigor hasta el 31 de diciembre de 2004 se habían convertido en unos redondos 7.500 euros.

     

    En ese mismo informe, Carlos Fernández incluía una reveladora autorización a la Gerencia de Salud que dirigía Antona para «modificar el número y tipo de procedimientos a adjudicar, en función de las nece­sidades concretas que existan en el momento de la adjudicación, con el límite máximo del presupuesto asignado».

     

    Para entonces (noviembre de 2004), el empresario médico San­tiago Tobal ya había dejado de ser socio de Paracelso, el Gabinete Médico que fundó y logró vender al mayor grupo sanitario privado de la comunidad (la operación se cifró en más de 5 millones de eu­ros) y, curiosamente, había pasado a dirigir la sociedad que le aca­baba de comprar, Sanitaria de Inversiones. Irónicamente, los tra­bajadores de Paracelso, tras la sorprendente operación, pregun­taban a los de Sanitaria si habían comprado «ellos a Paracelso o Pa­racelso a ellos». En los hospitales de Sanitaria, con Tobal al frente, se siguieron practicando las ope­raciones de artrodesis y descom­presión de conducto raquídeo de­rivadas de la sanidad pública como antes se había hecho en Paracel­so, aunque subcontratando el 'servi­cio de babitaciones' con Felipe II.

     

    El empresario médico Santiago Tobal y el ex gerente de Salud de las Áreas de Valladolid. Pedro Luis Antona, que ya han sido interrogados por el juez en calidad de imputados, for­maron durante años un conocido tándem sanitario en Valladolid. Se­gún informes elaborados por la pro­pia Gerencia, las contrataciones que decidía Antona seguían sospechosamente «la estela» de las empresas donde operaba Tobal y, supuestamente, estas empresas conseguían jugosos descuentos económicos con las prótesis que implantaban, ya que no eran comunicados a Sacyl, pese a que «debían facturarse a precio de costes.

     

     

    Tobal dice que seguía las instrucciones de Fernández

     

    Pero a medida que avanza el proce­so judicial del denominado Caso An­tona, los nombres de Carlos Fernán­dez Rodríguez y Santiago Tobal es­tán más unidos.

     

    En su declaración ante el juez. Santiago Tobal ha reconocido que fue el propio Carlos Fernández el que le pidió que organizara la ciru­gía de columna con Paracelso y le autorizó a subcontratar la hospitalización con el Felipe II. Un centro que, curiosamente, pese a disponer de las unidades de hospitalización requeridas en los contratos marco, nunca presentaba ofertas. Algunos responsables de Sanitaria de Inver­siones han confesado que era una tarea inútil. «Tobal se arrogaba la ca­pacidad de repartir los lotes de pro­cedimientos negociados sin publici­dad y posteriormente la adjudica­ción de los procedimientos por parte de la Gerencia ratificaba en su totali­dad dichos repartos», llegó a decla­rar un máximo dirigente de Sanitaria de Inversiones en el marco de la información reservada abierta al por entonces gerente de Salud, Pedro Luis Antona.El empresario médico, sin embar­go, siempre ha negado tal circuns­tancia. «No es cierto que conociera anticipadamente lo que iba a ser ad­judicado. ¿Cómo lo iba a saber?», aseguró en la declaración que prestó ante el juez de Instrucción 2 el 11 de julio de 2006.

     

    El pasado 2 de febrero, el director general de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud de la Junta, «por considerar que eran rele­vantes en relación a las actuaciones seguidas en el juzgado», envió al juez diversa documentación. Entre ella, un informe elaborado por la Geren­cia en el que se concluye que «hay evidencias de que el Sagrado Cora­zón (hospital donde operaba Tobal con sus médicos a través de la socie­dad Quiromedic Care And Consul­ting después de ser despedido en Sa­nitaria de Inversiones) facturó a la Gerencia durante el segundo semes­tre de 2005 muy por encima del valor que pagó el Hospital Clínico por com­ponente de columna a sus propios proveedores dentro de su actividad asistencial habitual». 21 días des­pués, Tobal remitió un escrito al juz­gado en el que solicitaba que se devolviera a la Gerencia la documenta­ción entregada porque no había sido la letrada de la Comunidad quien la había aportado a la causa.

     

    Queja porque EL MUNDO desvela informes

    El letrado de Tobal consideraba «es­pecialmente relevante» su petición al entender que «la Gerencia Regio­nal de Salud viene facilitando copia al periódico EL MUNDO DE VA­LLADOLID de todos estos oficios y documentos que decida aportar a los autos, de manera que salen pu­blicados antes incluso de tener en­trada en este juzgado o, en todo caso, antes de que esta parte reciba traslado».

     

    El juez instructor, el pasado 9 de marzo, dictó una providencia para decir que «no ha lugar a la devolu­ción del oficio y documentos, pues. con independencia de la vía por la que se ha recibido pueden ser perti­nentes y útiles a la causa».

     

     Carlos Fernández, como Antona en la Gerencia de Salud de Vallado-lid e Ibáñez Fraile al frente del Hos­pital Del Río Hortega, fue cesado co­mo director general de Asistencia Sanitaria en junio de 2006. Meses después fue nombrado jefe de servi­cio de Cooperativas, Sociedades La­borales y Trabajadores Autónomos. Tras las últimas elecciones y el cam­bio registrado en la Consejería de Sanidad (marcha de César Antón a Familia y llegada de Francisco Ja­vier Alvarez Guisásola), Carlos Fer­nández ha regresado a la sanidad pública para ser director del Hospi­tal Clínico.

     

    Fuente: EL MUNDO DE VA­LLADOLID 12-11-2007

     

    Sobreprecios, prótesis de columna y cestas de Navidad

     

    El caso de la sobrefactura­ción del coste de prótesis para intervenciones de co­lumna en hospitales priva-dos de Valladolid hunde sus raíces en tiempos del In-salud, cuando las compe­tencias de Sanidad aún per­tenecían al Gobierno cen­tral.

     

    El director provincial del Insalud en Valladolid era el mismo que una vez re­cibidas las transferencias sanitarias por la Junta ascendió a director gene­ral de Asistencia Sanitaria, Carlos Fernán­dez. Bajo su mandato ocurrió en 2001 la desviación a hospitales privados de Va­lladolid de operaciones de columna no incluidas en el contrato marco 4:98 que re­gulaba entonces las inter­venciones quirúrgicas sus­ceptibles de contratar fuera de la sanidad pública, y también bajo su responsa­bilidad incluyó el nuevo contrato marco de la Junta 1/2004 este tipo de operaciones. La decisión es sor­prendente, pues debido a su complejidad y al nivel de es­pecialización que requieren son intervenciones propias de los hospitales públicos.

     

    Los propios informes de la Consejería de Sanidad las consideran operaciones de cirugía mayor, difícilmente equiparables a las que sí suelen concer­tarse con cen­tros privados en Castilla y León: cataratas, jua­netes. artrosco­pias o prótesis de cadera y rodilla. También Fernández au­torizó en 2004 un aumento del precio máximo de las próte­sis desde los 4.378 euros que él mismo había consi­derado en 2003 hasta 7.500 euros por prótesis y pacien­te.

     

    ¿Por casualidad en todos los centros privados contra­tados estaba el empresario Santiago Tobal, el mismo que en la Navidad de 2004 le relagara desde Sanitaria de Inversiones una cesta de más de 2.000 euros?

    Fuente: el mundo de valladolid 12-11-2007 

    Herrera vuelve a tener sobre la mesa los topillos y el caso ANTONA

     

    Fuente: elsemanaldigital.com

     

    Dos son las grandes crisis a las que se enfrenta el presidente de Castilla y León. Una de ellas la puede cerrar un invierno duro; la otra, los tribunales y una actuación decidida.

    15 de noviembre de 2007.  Vuelve a aflorar mediáticamente el escándalo del "caso Antona". La culpa, la mala memoria del nuevo gerente de salud, José Manuel Fontsaré, en su comparecencia en las Cortes de Castilla y León, cuando se le pidió que justificara el "perdón" a las monjas del Hospital Sagrado Corazón de Valladolid de un sobreprecio de 250.000 euros, pagados de más por el Sacyl, por la facturación de prótesis para operaciones derivadas de la salud pública.

    El gerente regional de salud tampoco explicó por qué cuando era director del Clínico de Valladolid reconoció el "precio abusivo" de las prótesis y ahora, en su nuevo puesto, "perdona" la deuda.

    Todo ello ha ocasionado que se reabra informativamente el "caso Antona", que lleva el nombre del ex gerente provincial del Sacyl, Pedro Antona, que está siendo investigado por un Juzgado después que el propio consejero de Sanidad de entonces, César Antón, ordenara trasladar al fiscal las presuntas irregularidades detectadas, que incluyen desajustes de precios en la compra de prótesis y la incorrecta derivación de pacientes.

    Algunos medios de comunicación han abierto sus portadas nuevamente con este caso, un escándalo en la Sanidad castellanoleonesa que se llevó por delante, entre otros, al director de Asistencia Sanitaria, Carlos Fernández Rodríguez, al jefe del servicio de Concertación, Miguel Hernández Gallego, y al director de Desarrollo Sanitario, Fernando Uribe.

    El diario El Mundo de Valladolid lleva unos días dando pruebas en sus páginas de lo que denomina "el saqueo del Sacyl en Valladolid". Publica que hospitales privados de esta provincia adjudicatarios de convenios del Sacyl para la realización de operaciones de columna-artrodesis vertebral han facturado a la Sanidad pública por esas prótesis cantidades escandalosamente superiores a las cobradas a hospitales públicos.

    Estos hospitales (Gabinete Paracelso, el grupo Sanitario de Inversiones, el Sagrado Corazón y el Virgen de Salud) estaban gestionados por el empresario médico Santiago Tobal, amigo y vecino del ex director de Asistencia sanitaria, Carlos Fernández, que fue quien autorizó una subida del precio máximo de las prótesis del 40% y el desvío de operaciones complicadas al Gabinete en el que trabajaba Tobal, cuando el contrato marco no contemplaba este tipo de operaciones tan caras y complicadas y las reservaba para hospitales públicos.Carlos Fernández, quien según El Mundo aparece como la figura clave en este escándalo, ha sido nombrado en esta legislatura recién estrenada director del Clínico de Valladolid.

    El regreso de los topillos

    Como si del título de una película se tratara, los topillos han vuelto. O mejor, nunca se marcharon. Las organizaciones profesionales agrarias han denunciado que hay un repunte de la plaga de estos roedores que atacan el sembrado y arruinan la cosecha de patatas, colza y veza. Lo cual está obligando a los agricultores de muchas provincias a retrasar la siembra.

    El equipo de la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, ha puesto en marcha un nuevo paquete de medidas: veinte equipos, con cinco personas cada uno, aplicarán el nuevo plan. El experto alemán al que recurrió la Junta en verano, recorre las tierras de la Comunidad para realizar diagnósticos y la consejera ha firmado un convenio con las Universidades para la elaboración de un Plan Director contra las plagas.

    Por otro lado, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, ha querido implicarse en la solución del problema y ha recomendado a los cazadores que no abatan zorros en las zonas con muchos topillos para ayudar a controlar la plaga. Ésta, según Ruiz, afecta a las provincias de Palencia, Valladolid, Zamora, Segovia, Soria y Avila.

     

    http://www.elsemanaldigital.com/arts/75822.asp?tt=

    Un directivo de Sanitaria cambia ante el juez la declaración que hizo al inspector sobre el 'caso Antona'

     

    Fuente: 16.11.2007 - nortecastilla.es

    ANA SANTIAGO

     

    El gerente afirma desconocer si Tobal distribuía la cirugía a su conveniencia, pero en el 2006 declaró que sí lo hacía

     

     

    El que fuera director de gestión de Sanitaria de Inversiones hasta septiembre del 2004 y de nuevo gerente en la actualidad, Florentino Santos, ha declarado ante el juez del 'caso Antona' sobre las presuntas desviaciones por parte del ex gerente de Sacyl de los conciertos con hospitales privados para favorecer los centros vinculados a Santiago Tobal.

    El directivo de la UTE que encabeza Sanitaria ha repasado las declaraciones realizadas al inspector Miguel Ángel Alonso de Vega en enero del 2006; aunque las respuestas ante el Juzgado de Instrucción número 2 han sido diferentes a las facilitadas al inspector que sirvieron además de base para el informe que llevó al ex gerente Pedro Antona ante el fiscal por indicios de presunto delito penal.

    En el interrogatorio del año pasado, el inspector pregunta si «el reparto de lotes de procedimientos quirúrgicos se hacía antes del desarrollo del proceso de contratación y fuera del ámbito de la Gerencia de Salud de Valladolid». El documento recoge específicamente que Florentino Santos contesta que «sí». También responde en similar sentido a la pregunta de si Santiago Tobal, una vez que estaba ya ligado al hospital Sagrado Corazón, «mantuvo reuniones para intentar distribuir los lotes» antes de que se negociara en Sacyl la adjudicación. De nuevo, Santos explica que «sí, por dos vías». «La primera con el propio Tobal no llegándose a ningún acuerdo» y, la segunda, desde Sacyl «se nos dijo a que lote debería ofertar la UTE para la traumatología. En este caso tampoco se admitió la propuesta, ofertando a los dos lotes que efectivamente se repartieron como nos dijeron que lo había ofertado la Gerencia de Salud». Sin embargo, en las declaraciones ante el juez instructor, el pasado día 14 de noviembre, este directivo ha manifestado no recordar los términos de dicha declaración y ha cambiado algunos aspectos.

    «No me consta»

    Declara esta vez ante el juez que sabe que Tobal estaba en Paracelso entre el 2002 y el 2004 pero que «desconoce si se mantenían reuniones periódicas» sobre los procedimientos e insiste en varias partes de su declaración que «no le constan» reuniones al respecto y que «Sanitaria no concurría a las intervenciones de columna». Manifiesta asimismo este directivo que «tras la salida del señor Tobal de Sanitaria no le constan reuniones con él para la adjudicación o distribución de lotes ni antes tampoco». No obstante, explica que en el interrogatorio del 2006 ante el inspector él era un mero acompañante de Juan Ignacio Pinedo que sólo llevaba tres meses como director general de Sanitaria por lo cual acudió «sólo como compareciente» con él.

    Ante las contradicciones entre el 2006 y las recientes declaraciones, explica que «a lo mejor se recogieron manifestaciones de Pinedo» pero que «no tiene constancia de tal dato» y repite que no tiene la certeza «de que las adjudicaciones se hicieran como mandaba Tobal» y que él solicitaba lo que le pedía Sanitaria.

    Las declaraciones que recoge el documento de la Consejería de Sanidad el día 26 de enero del 2006 son fundamentales en el informe del inspector. Efectivamente, Alonso de Vega declaró también al juez que las conclusiones de su informe se basan en fuentes de Sanitaria y reconoce que hay datos que no contrastó.

     

     

    http://www.nortecastilla.es/prensa/20071116/valladolid/directivo-sanitaria-cambia-ante-20071116.html

    Decenas de facturas confirman el escandaloso sobreprecio que Sacyl pagaba a los hospitales privados que gestionaba Tobal

    Fuente: DIARIO DE VALLADOLID, DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE DE 2007

     

    Los `abonos' de la suministradora de material protésico Ortomedimatec a Sanitaria de Inversiones se convirtieron en «rectificaciones de facturas» cuando el empresario médico fue cesado como gerente del grupo sanitario / En algunos casos, correspondientes al año 2003 y Paracelso, los descuentos superaban el 80% del total que pagó la Gerencia de Salud.

     

    L.G.V.

    VALLADOLID.- La documentación que obra en poder del juez de Instruc­ción número 2 encargado del denomi­nado caso Antona (en el que se inves­tiga la llamativa concertación con hos­pitales privados de operaciones quirúr­gicas de columna por las que Sacyl aca­baba pagando un precio significativamente superior al habitual en la sanidad pública, durante el man­dato de Pedro Luis Antona del Val como gerente provincial de Sacyl en Valladolid) pone de manifiesto que los jugosos descuentos en prótesis seguían, como en el caso de las adjudicaciones de ope­raciones de columna a centros privados, la estela del empresario médico Santia­go Tobal, primero en Paracelso, luego en el grupo Sanitaria de Inversiones (hospitales Felipe II y Campo Grande) y posteriormente, a través de su empresa Quiromedic Care And Consulting, en el hospital Sagrado Corazón.

     

    Santiago Tobal desempeñó el cargo de director gerente de Sanitaria de In-versiones desde mediados de 2004 has-ta marzo de 2005, cuando desavenen­cias con el Consejo de Administración de la sociedad provocaron su cese.

     

    EL MUNDO ha tenido acceso más de un centenar de facturas y abonos entre­gados al juez referidos a la gestión de este empresario médico entre abril de 2002, cuando era director gerente de Paracelso y noviembre de 2005 cuando gestionaba, más o menos en la sombra, determinados conciertos de Sacyl con los hospitales privados Sagrado Cora­zón y Virgen de la Salud. En medio, ha­bía sido gerente de Sanitaria de Inver­siones.

     

    El seguimiento de esas facturas refe­ridas a la gestión de Santiago Tobal al frente de Paracelso y Sanitaria de Inver­siones resulta revelador. Especialmente las giradas por la empresa Ortomedi­matec siempre a nombre del Gabinete Médico Paracelso, a pesar de que sólo era una de cinco empresas que formaron la unión temporal de empresas (Sa­nitaria de Inversiones, Hospital Campo Grande, Recoletos, Cemin y Paracelso) creada para concurrir en los procesos de adjudicación de procedimientos qui­rúrgicos de la sanidad pública.

     

    Desembarco en el hospital Sagrado Corazón

     

    Tras la salida de Tobal de Sanitaria de Inversiones, en el segundo semestre de 2005, la Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid que dirigía Antona, comenzó a derivar al hospital Sagrado Corazón las mismas operaciones que antes se habían adjudicado a la UTE. El nombre de Santiago Tobal volvió a apa­recer junto al de la empresa Quirome­dic Care And Consulting, con la que el Sagrado Corazón firmó un contrato de colaboración con las religiosas que ges­tionan el centro hospitalario.

     

    En este caso, para llegar a determi­nar que Quiromedic facturó a Sacyl al­gunas prótesis incrementando su precio real hasta en un 694%, la Gerencia Regional hizo un completo estudio comparativo del precio unitario fac­turado por el Sagrado Corazón a la Gerencia de Salud que dirigía Pedro Luís Antona y el precio unitario fac­turado a hospitales públicos como el complejo asistencial de León o el Río Hortega de Valladolid.

     

    El sobreprecio soportado por Sacyl en el caso del componente Oxíples por unidad de producto su­peró el 509%. Con el componente Healos, los sobreprecios oscilaron entre el 159% y el 177%, dependien­do de si la operación se había realiza-do en el Complejo Asistencial de Le­ón o en el Del Río Hortega. En am­bos casas, el proveedor de esos com­ponentes era el mismo para los hos­pitales públicos que para el Sagrado Corazón: Orto-Gaudí S.L.

     

     Descuentos no comunicados a la Consejería de Sanidad Sólo en un mes, diciembre de 2004, Santiago Tobal, al frente de la UTE, facturó a Sacyl en material protésico 109.774,41 euros correspondientes a 10 intervenciones. Esa cantidad, sin em­bargo, no incluía los enormes descuen­tos que le abonaba la empresa suminis­tradora de prótesis Ortomedimatec, con la que él mismo había firmado un contrato de suministro de material en exclusividad, sólo tres meses antes. 

     

    Un ejemplo. El paciente T.V.S. fue operado en diciembre de 2004. En la in­tervención le colocaron 12 componentes protésicos (6 antibarreras mesofol y 6 collapat). La factura (0832/2004) de ese material, incluido el IVA del 7%, as­cendió a 11.940,04 euros y quedó con­tabilizada el día 30 de diciembre. El Sacyl pagó esa cantidad religiosamente sin imaginar que Ortomedimatec había girado una factura de abono (0117/2004) a Paracelso por importe de 5.020,08 euros, más de un 40% de des-cuento. Paracelso facturó a Sacyl 11.940,04 euros por un material que en realidad le había costado poco más de 6.900 euros. Un negocio redondo.

     

    Algo parecido ocurre en los otros 9 casos de pacientes operados ese mismo mes de diciembre de 2004. Un total de 5.846,47 euros de descuento sobre una factura de 13.592,83 euros en el caso de la paciente J.P.S.; un abono dé 4.025,07 euros sobre una factura de 9.950,04 co­rrespondiente al paciente O.V.M.

     

    Pero estos casos no son ni mucho menos los más llamativos. A lo largo del año 2003, cuando ni siquiera estaba constituida la UTE y Paracelso actuaba por su cuenta bajo la dirección de To­bal, los descuentos son más desorbita-dos aún: de hasta 13.104,15 euros sobre una factura de 13.906,60 euros o de 7.534,96 euros sobre una factura de 8.872,45 euros. Unas rebajas que prác­ticamente convertían en regalos para la empresa de Tobal las prótesis por las que la administración sanitaria pagaba miles de euros. En marzo de 2005, el mes en el que Santiago Tobal fue cesado en Sanitaria de Inversiones, la empresa Ortomedi­matec siguió facturando las prótesis al Gabinete Médico Paracelso, pero en lu­gar de abonos, emitió «facturas rectifi­cativas». En lugar del «abono sobre fac­tura», aparecieron «facturas rectificati­vas correspondientes a una determina-da factura «por descuento no aplicado en esa factura», según se hace constar en las facturas que obran en poder del juez desde hace ya más de un año.

     

    Un procedimiento absolutamente irregular puesto que las condiciones fijadas en el acuerdo entre Sacyl y las empresas sanitarias privadas con las que firmaba conciertos para derivar operaciones de pacientes en lista de espera se especifica que las prótesis siem­pre se deben facturar a parte y a precio de coste. En el caso de la UTE que ges­tionó Tobal hasta el 3 de marzo de 2005, el importe total a devolver calcu­lado por los por entonces responsables de la sanidad pública ascendió a 163.424,79 euros en el caso de la UTE y 647.046,46 euros en el caso de Paracel­so. Ambas cantidades finalmente han sido devueltas a la administración.

     

    Facturas con decimales, cifras redondas

     

    Las facturas emitidas por Orto Gaudí sobre material protésico im­plantado en operaciones derivadas de los hospitales públicos al Sagra­do Corazón son diferentes a las gi­radas a la sanidad pública directamente. Las diferencias no son ino­centes y revelan una llamativa for­ma de proceder. Mientras que factu­ras de Orto Gaudí enviadas al Sagrado Corazón el material im­plantado, curiosamente, suma una cifra redonda, en las giradas al hos­pital Clínico de Valladolid directamente, sin embargo, se especifica el valor de cada componente y el im­porte total incluye los lógicos deci­males. Algo parecido ocurre con factu­ras emitidas por Quiromedic Care and Consultig cuando operaba en el Sagrado Corazón: tampoco se espe­cifica el importe unitario de cada componente del implante, pero la suma total, con el 7% de IVA inclui­do, sumaba una cantidad redonda, sin decimales. Pese a que los servicios de la Ge­rencia determinaron en su día que el sobreprecio soportado por Sacyl en las prótesis implantadas en ope­raciones del Sagrado Corazón as­cendía a un total de 249.777 euros (se incoaron dos expedientes de reintegro, uno por las cantidades pa­gadas por la Gerencia de Salud de 133.411,32 euros y otro por las can­tidades pagadas a través del hospi­tal Clínico de 116.365,68 euros), fi­nalmente ha sido atendido un recur­so de las religiosas del Sagrado Co­razón que, en la práctica, significa el perdón de la deuda en vía admi­nistrativa.

     

    Los servicios jurídicos de la Ge­rencia de Salud que ahora dirige el que era director del Clínico cuando la Gerencia de Valladolid de Antona autorizó, a través del hospital públi­co, el pago de esos supuestos exce­sos de facturación, José Manuel Fontsaré, aseguran que no está acreditado que el Sagrado Corazón cobrara al Sacyl por las prótesis cantidades distintas a las que pagó a su proveedor (Ortomedimatec). Lo que sí que está claro es que Sacyl pagaba cantidades escandalosamente superiores por las mismas prótesis cuando se practicaban en el Sagrado Corazón que cuando se llevaban a cabo en hospitales públi­cos, pese a que algunos de los proveedores eran los mismos. No en valde, en el primer informe solicitado por Fontsaré se apuntó la exis­tencia de «indicios» del sobreprecio denunciado.

     

    La rentable vuelta a los hospitales públicos

     

    El cese de Antona y los posterio­res de Carlos Fernández como director general de Asistencia Sanitaria, Eduardo Ibáñez Fraile como director gerente del Río Hortega, además de los del jefe de Concertación, José Miguel Hernández, el de Víctor Manuel Vázquez García como Gerente de Salud del Área de Segovia, y el del director General de Desa­rrollo Sanitario, Fernando Uribe, desataron una crisis política so­bre la que los juzgados tratan de poner luz, pero también forzaron unos cambios cuyos resultados prácticos, tan sólo un año después del primer cese, ya se cuantificaron en casi dos millo­nes de euros. Según información facilitada por fuentes oficiales de la Conse­jería de Sanidad, Sacyl consiguió reducir en un año el gasto por derivación de paciente a la sani­dad privada un 43,21% (de 4,5 millones de euros en 2005 a 2,59 millones de euros en 2006), sin que eso supusiera una amplia­ción de listas de espera, ya que el rendimiento de los hospitales públicos se ha incrementado más de un 10%.

    Buena parte de ese ahorro proviene del fin de las derivacio­nes de determinadas operacio­nes a la sanidad privada. En con­creto, las de artrodesis vertebral y descompresión de conducto ra­quídeo, cuya práctica en centros privados ha dado lugar a los ex­cesos de facturación en prótesis que fueron denunciados por la propia Gerencia de Salud y que ahora investiga Instrucción 2.

     

    Ortomedimatec de Madrid a Valladolid

     

    La mayoría de las facturas por prótesis y sus abonos (descuen­tos) no comunicados correspon­den a la empresa Ortomedima­tec con la que Tobal suscribió un compromiso de suministro en exclusividad como director de Sanitaria de Inversiones.

     

    El acuerdo, fechado el 20 de septiembre de 2004, establecía el compromiso por parte de Sanita­ria «del uso de las prótesis de co­lumna citadas en exclusividad a partir de 20 de septiembre de 2004 durante 2 años prorroga­bles de común acuerdo».

     

    El origen de Ortomedimatec se sitúa en Madrid. La empresa comenzó a funcionar el 30 de abril de 1997, pero tan solo un año después, sus dos únicos so­cios, (José María César López Díaz y Arturo Ignacio Aguado Sarmiento) decidieron trasladar a Valladolid su domicilio social.

     

    Tras aumentar el capital so­cial de la sociedad hasta los 360.607,26 euros en 2004, se pro­dujo un cambio en la administra­ción de la empresa. Aguado Sar­miento dejó paso a Ana Belén Valverde Gutiérrez, en enero de 2006.

     

    Tobal declaró ante el juez que no había nada que fiscalizar

     

    L G. V.

    VALLADOLID.- «Los descuen­tos de los proveedores de pró­tesis estaban contemplados en la contabilidad de las empresas y formaban parte de las decla­raciones tributarias, nunca hu­bo intención de ocultar nada al respecto ni intención de obte­ner beneficio personal». Esta fue la explicación que dio To­bal al juez que investiga el denominado caso Antona cuando el pasado 11 de julio le tomó declaración en calidad de im­putado.

     

    Tobal asegura que Sanitaria conocía los descuentos que se conseguían con los proveedo­res de prótesis. «Durante mi permanencia en Sanitaria la adquisición de prótesis e im­plantes era una función realizada por los responsables finan­cieros de la sociedad, que eran quienes supervisaban las factu­ras correspondientes», dijo an­te el juez. Además, afirmó que tras su marcha de Sanitaria, se facturaron 24 procedimientos al precio de 34 y que no se co­municaron los 'abonos' «con descuentos de aproximadamente el 35%».

     

    El empresario medico entiende que «la media total de operaciones realizadas coinci­de con el precio contratado, que nada tiene que ver con el importe negociado entre la em­presa y su proveedor, en el que rigen los descuentos corres­pondientes, sin que la Adminis­tración tenga nada que fiscali­zar sobre tales descuentos, pues son operaciones que se mueven en un ámbito estricta-mente mercantil o privado».No han opinado lo mismo los servicios de Intervención de la Consejería de Hacienda, que ya a mediados de 2006 y tras ana­lizar el periodo comprendido entre enero de 2002 y diciem­bre de 2005 determinó en un contundente informe que «el importe de las facturas de las prótesis implantadas, pagadas por la Gerencia de Salud de Va­lladolid a las entidades concer­tadas, es superior al real sopor­tado por estas últimas, ya que no aplicaban a la Gerencia los descuentos realizados por sus proveedores, lo que es contra­rio a los contratos suscritos, que establecen que el precio de las citadas prótesis debe ser el mismo que soporte la entidad».

     

    En cualquier caso, Tobal siempre se ha mostrado tajante, incluso, a preguntas del juez: «Absolutamente no. No obtenía ningún beneficio o con­trapartida personal, cualquier descuento que se ha realizado se ha hecho a las empresas. Los descuentos de los proveedores de prótesis estaban contemplados en la contabilidad de las empresas y formaban parte de las declaraciones tributarias, nunca hubo intención de ocul­tar nada al respecto ni inten­ción de obtener beneficio per­sonal», explicó claramente al juez.

     

    Lo que Fontsaré no reconoció en su comparecencia

     

    DIARIO DE VALLADOLID, MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE DE 2007

    El gerente regional de Salud no explicó por qué cuando era director del Clínico reconoció el «precio abusivo» de las prótesis y ahora `perdona' la deuda.

    C.s.J.

    Las incógnitas sobre el excesivo precio de las pró­tesis del Sagrado Corazón conti­núan en el aire. El nuevo gerente regional de Salud, José Manuel Fontsaré, no aclaró en su compare­cencia del pasado lunes en las Cor­tes por qué ha permitido que se pa­gara un 600% más por prótesis im­plantadas en el hospital privado con el que la sanidad pública man­tenía los conciertos.

     

    Fontsaré sólo se limitó a expli­car que el «informe jurídico pre­ceptivo» justifica el 'perdón' a las monjas del Sagrado Corazón de los 250.000 euros pagados de más por Sacyl en la facturación de unas prótesis para operaciones derivadas de los hospitales públicos. «No queda acreditado que las cantida­des pagadas por la Gerencia regio­nal de Salud y el Hospital Clínico al Sagrado Corazón fueran superio­res al coste soportado por este últi­mo y ni por ello que exista incum­plimiento del contrato existente», señala el informe del 3 de septiem­bre, según indicó Fontsaré en su intervención en las Cortes. Pero no hizo referencia a otro informe ela­borado un mes antes en el que se reconocía que había «indicios» de sobreprecios en las prótesis, «posi­ble punto de partida para iniciar las averiguaciones procedentes».

     

    Tras este primer documento, el gerente regional encargó el segundo para justificar la admisión del recurso presentado por las religio­sas contra el expediente de reinte­gro por exceso de facturación. En ambos casos los informes partie­ron de los servicios jurídicos de Sacyl, lo que ha causado malestar e irritación en los servicios jurídicos de la Intervención General de la Junta porque se enteraron de estas actuaciones a través  de la prensa.

     

    El pagó de más en las prótesis se llevó a cabo en el segundo semestre de 2005, cuando la sociedad del em­presario médico Santiago Tobal, Quiromedic Care And Consulting, se encargaba de la gestión de las operaciones derivadas procedentes de las listas de espera de la sanidad pública, como ya publicó el pasado domingo 28 de octubre DIARIO DE VALLADOLID-EL MUNDO.

     

    Tampoco dio explicaciones Fontsaré de su cambio de opinión sobre el precio. El 15 de mayo, cuan-do aún era gerente del Hospital Clí­nico, suscribió una resolución sobre estos expedientes de reintegro de los pagos «cuyo carácter de indebi­dos no dejan lugar a duda alguna y la responsabilidad frente a la admi­nistración tampoco». «Estamos ante un precio abusivo diferente al apli­cado a otros centros públicos y o concertados, no entrando a valorar esta administración si esa diferen­cia en los precios de las prótesis ha sido debida a dolo, culpa, error o ne­gligencia, ni quién fue el responsa­ble final de tal actuación», apuntaba textualmente la resolución firmada por Fontsaré. El 4 de septiembre, ya como gerente regional de Salud, dictó una resolución bien diferente: «Se estiman los recursos de reposi­ción interpuestos por el sanatorio Sagrado Corazón contra las resolu­ciones de reintegro dictadas en su día por los entonces órganos com­petentes de la sanidad».

     

    No sólo el informe de Sacyl de agosto de 2007 observa «indicios» de precios excesivos en el Sagrado Corazón. También la Intervención General de la Junta pidió la devolu­ción de dinero de los sobreprecios entre 2002 y 2005. «Se han detecta-do irregularidades en la ejecución de los contratos analizados que afectan a la gestión del Gerente de Salud de las Areas de Valladolid y a los responsables de los centros con­certados», señalaban los informes, en los que se ponía al descubierto un exceso de facturación próximo al millón de euros en los pagos que la sanidad pública efectuó a los cen­tros privados a los que derivó pa­cientes.

    Fontsaré se escuda en un informe jurídico para justificar el `perdón' al Sagrado Corazón

     

    DIARIO DE VALLADOLID, MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2007

    «No queda acreditado que las cantidades pagadas sean superiores al coste soportado», señala el gerente, con lo que el hospital privado no abonará los 250.000 euros que cobró de más por prótesis


    C. S. J.

    El gerente regional de Salud, .losé Manuel Fontsaré, defendió ayer que el «informe jurídico  preceptivo» justifica el 'perdón' a las monjas del Hospital Sagrado Corazón de los 250.000 euros pagados de más por Sacyl en la facturación de unas prótesis para operaciones derivadas de la salud pública.

     

    En su primera comparecencia ayer en las Cortes, Fontsaré ex­plicó que este documento permi­tió ((una resolución del 4 de sep­tiembre del gerente regional de Salud como órgano competente en la que se estiman los recursos de reposición interpuestos por el sanatorio Sagrado Corazón con­tra las resoluciones de reintegro dictadas en su día por los enton­ces órganos competentes de la sanidad».

     

    El pago de más en las prótesis se llevó a cabo en el segundo se­mestre de 2005, cuando la socie­dad del empresario médico San­tiago Tobal, Quiromedic Care And Consulting, se encargaba de la gestión de las operaciones de­rivadas procedentes de las listas de espera de la sanidad pública, como ya publicó el pasado do-mingo 28 de octubre DIARIO DE VALLADOLID-EL MUNDO.

     

    Ante las informaciones apare­cidas en este periódico, la porta-voz socialista de sanidad en las Cortes, Teresa Rodrigo, realizó ayer la pregunta a .losé Manuel Fontsaré, una cuestión que Ro­drigo ya formuló el pasado martes la consejero, Francisco Javier Alvarez Guisasola, aunque no ob­tuvo respuesta alguna.

     

    Fontsaré se ciñó al contenido de la resolución y leyó: «No que-da acreditado que las cantidades pagadas por la Gerencia regional de Salud y el Hospital Clínico al Sagrado Corazón fueran superio­res al coste soportado por este úl­timo y ni por ello que exista in-cumplimiento del contrato exis­tente». Recordó que «la Junta de Castilla y León se encuentra personada como acusación particu­lar en el proceso penal que se si­gue en el Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid, que investiga un posible fraude a la Hacienda Pú­blica». «El juez determinará la existencia o no de responsabili­dad y en su caso las cantidades que tienen que devolverse a la ha­cienda pública».

     

    Teresa Rodrigo volvió a insistir y pidió al gerente más explicacio­nes sobre la labor de Sanitaria de Inversiones. «Yo no sé lo que sucedió con Sanitaria de Inversio­nes o lo que dejó de suceder. Sólo sé que cuando desde la Adminis­tración a una persona o a una en­tidad se le solicita que devuelva unas cantidades económicas por-que ha recibido de más, eso tiene que estar acreditado. En este caso, esa entidad, que tiene derecho a recurrir, recurrió y, con el infor­me jurídico preceptivo se ha en-tendido que no había que deman­dar ese dinero)).

     

    Fontsaré adoptó la resolución el pasado 4 de septiembre, cuan-do firmó que se estimaba un re-curso de reposición del Sagrado Corazón sobre el que existen du­das de que fuera presentado en plazo. La resolución adoptada echa por tierra informes y estu­dios de la Gerencia Regional de Salud elaborados antes de que Francisco Javier Alvarez Guisasola sustituyera a César Antón como consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. En esos informes previos, que han sido remitidos al juzgado de Instruc­ción número 2 para que formen parte de la investigación del denominado 'Caso Antona'. se afir­ma que «hay evidencias de que el Sagrado Corazón facturó a la Ge­rencia de Salud de las Areas de Valladolid muy por encima del valor que pagó el Hospital Clínico por componentes de columna a sus proveedores dentro de su ac­tividad asistencial habitual».

     

    Fueron precisamente esos in-formes en los que se apoyó la ex gerente regional de Salud, Car­men Ruiz, para ordenar la incoa­ción de dos expedientes de reinte­gro por un total de 249.777 euros «en concepto de cantidades factu­radas en exceso por parte del Sa­grado Corazón»: Uno por las can­tidades pagadas directamente por la Gerencia (133.411,32 euros) y otro por las facturas pagadas a través del Hospital Clínico (116.365,68 euros). Fontsaré era el director del hospital Clínico cuando se realizaron estos pagos al Sagrado Corazón. El 15 de ma­yo, cuando aún estaba al frente del hospital, suscribió una resolu­ción sobre estos expedientes de reintegro de unos pagos «cuyo ca­rácter de indebidos no dejan lu­gar a duda alguna y la responsa­bilidad frente a la administración tampoco».

    Sacyl perdona 250.000€ al Sagrado Corazón pagados de más en prótesis

    20071106135412-untitled.jpg

    El gerente regional de Salud, que como responsable del Clínico hace sólo unos meses no tenía dudas de que los pagos eran indebidos, atiende ahora el recurso de las monjas.

     

     Encargó dos informes sobre los cobros del material para operaciones: el primero sugería que había que seguir investigando pero el segundo cierra la investigación por falta de pruebas.

     

     Existen dudas fundadas de que el escrito que recurría el pago fuera presentado en plazo.

     

     La empresa Quiromedic Care and Consulting que administra Santiago Tobal gestionó las operaciones de pacientes en lista de espera en la sanidad pública.

     

     Las brutales diferencias de precio en las prótesis superaron a veces el 600%.

     

    VALLADOLID.-La Gerencia regio­nal de Salud de la Junta ha decidi­do perdonar a las monjas del hos­pital Sagrado Corazón de Vallado-lid los 250.000 euros que cobró de más en prótesis para operaciones desviadas de la sanidad pública. El centro privado facturó y Sacyl pagó durante meses un precio seis y siete superior al de los hospitales públicos por las mismas prótesis.

     

    El gerente regional José Manuel Fontsaré, que en mayo pasado, cuando era gerente del hospital Clínico, no tenía ninguna duda de que los pagos eran indebidos, atiende ahora el recurso del Sagra­do Corazón y decide no exigirle la devolución de los 250.000 euros.

     

    Fontsaré justifica su decisión en informes jurídicos de la Gerencia. En un primer informe se apunta­ban indicios para iniciar investiga­ciones, pero se elaboró otro en el que se concluye que no hay prue­bas y se cierra la investigación.

     

    Fuente: El mundo. Diario de Valldolid de 28-10-2007

    Dos informes para justificar la decisión

     

    En el primero se apunta que existen indicios pero en el definitivo, falta de pruebas

     

    VALLADOLID.- La Gerencia Regio­nal de Salud que dirige José Manuel Fontsaré ha tenido que encargar dos informes jurídicos para poder justifi­car la admisión del recurso presenta-do por las religiosas del Sagrado Co­razón contra el expediente de reinte­gro por exceso de facturación.

     

    La letrada jefe de los servicios ju­rídicos de la Gerencia Regional, Ana Rodríguez Lorca, que aunque no fir­ma los dos informes los asume como propios, tras asegurar que «para na­da» ha recibido presiones «de nin­gún tipo» para elaborarlos, afirma que el primero (el que firma ella mis­ma) «es un informe facultativo, mientars que el segundo, es el pre­ceptivo».

     

    En los informes, sin embargo, no se hace constar esa circunstancia y, mientras que en el suscrito por la le­trada jefe el 3 de agosto se habla de «indicios, posible punto de partida para iniciar las averiguaciones pro­cedentes», en el segundo, firmado justo un mes más tarde por la letrada Marta Ramos, se señala que «no está probado» que «el precio abonado realmente por el contratista a la em­presa suministradora fuera inferior al efectivamente facturado a la Ad­ministración».

     

    El plazo para que las monjas del Sagrado Corazón presentaran un re-curso contra el expediente de reinte­gro por exceso de facturación conclu­yó el pasado 11 de junio, el día en que las religiosas registraron un es­crito (elaborado tres días antes) soli­citando una ampliación del plazo. El hospital Clínico denegó la petición de ampliación de plazo el 26 de junio y fue un día después cuando se pre­sentó de forma oficial el recurso de reposición. Pese a superar el plazo, el recurso ha sido finalmente admiti­do, algo que hasta los propios sevicios jurídicos de la Gerencia recono­cen que puede ser «discutible».

    Fuente: El mundo. Diario de Valldolid de 28-10-2007

     

    Escandaloso perdón de Sacyl a un hospital privado

    La actuación de Sacyl en el ultimo episodio del 'caso Antona' resulta tan asom­brosa como decepcionan-te. Parece increíble que el gerente regional de Salud haya decidido perdonar 250.000 euros de todos los castellanos y leoneses a un hospital privado y que lo haga por escrito, utilizan-do los argumentos contra­rios a lo que defendía hace unos meses, cuando actua­ba como geren­te del hospital Clínico. En ma­yo decía que los pagos eran indebidos sin lugar a dudas, y ahora asegura todo lo contrario. La actuación de José Manuel Fontsaré supone un abso­luto desprecio de la razón, y ha venido salpicada de sorprendentes decisiones a favor del hospital Sagra­do Corazón: fusionó dos expedientes en uno y esti­mó el recurso de las mon­jas vallisoletanas con se­rias dudas sobre si fue presentado o no en plazo. Pa­ra remate, pidió un primer estudio del caso en el que los servicios jurídicos su­gerían que debería continuar la investigación de los pagos pero, quizás en búsqueda de un diagnósti­co más suave, solicitó un segundo informe: y ahí sí, ahí se renuncia sin más a la devolución de los 250.000 euros cobrados de más en pró­tesis. Sacyl lle­gó a pagar a los hospitales privados donde estaba San­tiago Toba] hasta seis y sie­te veces más de su precio y ese sobrepago provocó la devolución de 800.000 euros de Sanitaria de Inversiones a las arcas públicas. Ahora Fontsaré debe explicar por qué no se exige la parte corres­pondiente al Sagrado Co­razón. La Gerencia no quiere cumplir su obliga­ción de investigar este te­rrible escándalo, pero lo hará EL MUNDO.

      Fuente: el mundo. Diario de Valladolid 28-10-2007

    La Junta de Castilla y León adjudica contratos a empresas que presuntamente la “estafaron” con las PROTESIS en el caso ANTONA.

     

    De acuerdo con los expedientes abiertos por la Junta de Castilla y León a las empresas sanitarias de Valladolid (El Sagrado Corazón y Sanitaria de Inversiones) por el caso "Antona" cuando era Consejero de Sanidad el Sr. Antón, presuntamente habían cobrado de más por las PROTESIS. Presuntamente el Sagrado Corazón debía haber devuelto más de 250.000,00€ y Sanitaria de Inversiones más de 800.000,00€.

     

    Preguntas:

     

    ¿La Junta de Castilla y León ha pedido la devolución de dicho dinero público más los intereses (correspondientes a las anualidades) a las empresas sanitarias El Sagrado Corazón y Sanitaria de Inversiones (Hospital Campo Grande, Hospital Felipe II, Paracelso, etc.)?

     

    ¿En que partida presupuestaria del proyecto de presupuesto ha reflejado la Junta de Castilla y León el importe de dichas devoluciones?

     

    La Coordinadora de Izquierda Socialista

     

    PRESUNTA CORRUPCIÓN CONSENTIDA Y PREMIADA

    Entre los funcionarios de la Junta de Castilla y León circula un correo con el texto siguiente:

     

    Podría decirse que existen casos en los que el nuestro Gobierno Regional premia la corrupción o, cuando menos, las irregularidades administrativas. Es el caso de la funcionaria Raquel García Robles, a quien pudi! eran imputarse muchas cosas, pero no la de no estar enamorada de su novio, José Luis Aparicio Herguedas, al que ayuda con generosidad más que administrativa.

     

             Con solo  27 años, lo que evidencia una dilatada carrera administrativa y una consolidada experiencia, esta proba funcionaria accede a una Jefatura de Servicio (nivel 28 y “específico” de envidiar) en la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Sus primeras actuaciones ya hacían presagiar lo peor: desprecio del funcionariado, contratación de eventuales y! externalización de los servicios de formación, tiempo libre y turismo para jóvenes.

     

             De entre los contratados, destaca José Luis Aparicio, del que no se conocen titulaciones académicas de rango medio o superior. Antes de finalizar su contrato de 6 meses, la ínclita Raquel G. Robes, novia oficial del contratado y sin aplicarse inhibición por interés directo, preside un tribunal de selección para adjudicar una plaza de ¡técnico¡ y por un periodo de 5 años que, como era de esperar, le es concedida al tal Aparicio quien, por otra parte, ya actuaba como “segundo de abordo” en el Servicio de marras pues, por instrucción de la susodicha, era quien ejercía la jefatura efectiva en su ausencia.

            Ante las protestas del funcionariado afectado, el Director General de Juventud y la Secretaria General de la Consejería se inhiben, llegando a asegurar el Director General que la pareja en cuestión goza de su plena confianza y que el resto d! e la plantilla son una panda de vagos (¿olvidó decir “y maleantes”?). El resto de los jefes de servicio en la dirección general y un buen número de funcionarios manifiestan a éste su malestar y todo se zanja con la concesión de una comisión de servicios al jefe de sección más afectado por las irregularidades de la ínclita Raquel G. Robles.

     

            Las irregularidades administrativas son tales y el favoritismo en la adjudicación de los contratos llega a ser de tal magnitud que existen sobradas sospechas e indicios más que razonables para pensar que la susodicha y el amigo “metían mano al cajón” recibiendo de las empresas adjudicatarias recompensas tanto en especies como posiblemente dinerarias. Tal es así que hace cuatro meses y ante lo flagrante y evidente de las corruptelas detectadas en esas adjudicaciones y las pruebas descubiertas y aportadas,  se decide aconsejar a Raquel su dimisión como! Jefe de Servicio y a José Luis su renuncia al sustancioso contrato como técnico, hechos que se producen evitando lo que hubiere sido normal: la incoación de un expediente administrativo para dilucidar las posibles responsabilidades que pudieran concurrir en el caso.

     

            Tal cese/dimisión pudiera haber zanjado el tema como un episodio aislado de una funcionaria robaperas ante el que los órganos de la Administración Autonómica hubieran actuado con el recto proceder que se le presupone. Sin embargo, los servicios prestados por Raquel G. Robles han sido debidamente recompensados y acaba de ser nombrada Directora de Programas en la Dirección General del Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales, con dependencia orgánica de la Vicepresidenta, hecho que pone una vez más de manifiesto cómo este Gobierno, lejos de actuar con la justeza y altas miras que pregona su Presidente, cae en los defectos que critica y no duda en premiar el delito, dejando en el ostracismo a funcionarios capaces, cabales y, sin duda, honestos, que haberlos, haylos; faltaría más.

     

    El PP rechazará esta semana el intento del PSOE de investigar el 'caso Antona'

    http://www.nortecastilla.es/prensa/20060828/castilla_leon/rechazara-esta-semana-intento_20060828.html

    No habrá comisión de investigación parlamentaria sobre el 'caso Antona'. El PP se opuso por escrito a mediados de julio y volverá a hacerlo el miércoles, en una reunión de la Diputación Permanente, órgano que sustituye al Pleno en los periodos de vacaciones parlamentarias.

    Sanidad reclama 810.471 euros a Paracelso por rebajas en las prótesis

    http://www.nortecastilla.es/pg060720/prensa/noticias/Valladolid/200607/20/VAL-VAL-017.html

    La investigación de la Consejería de Hacienda sobre el 'caso Antona' detectó que la clínica Paracelso se había beneficiado de los descuentos que los proveedores de prótesis le hicieron en los casos en que intervino de columna a pacientes de Sacyl

    El Partido Popular se ha opuesto a formar una comisión de investigación sobre la crisis que atraviesa la sanidad pública de la región. ¿Está implicado el PP en la corrupción de la sanidad?

    20060715181612-juan-vicente-herrea-el-presidente.jpg
    El PSOE solicita un pleno sobre la crisis de la sanidad al rechazar el PP la comisión de investigación
    El portavoz popular no considera necesaria esta sesión y acusa a Villalba de hacer méritos para las elecciones

    Tobal acusa a Sanidad ante el juez de favorecer a Sanitaria de Inversiones.

    http://www.nortecastilla.es/pg060712/prensa/noticias/Valladolid/200607/12/VAL-VAL-003.html

    El administrador de Quiromedic declara que la Consejería interviene en contra de su ex gerente Pedro Antona para beneficiar a la empresa de Campo Grande El testigo rechaza haber percibido beneficios por los descuentos de las prótesis «tal y como demuestran las declaraciones tributarias»

    Hacienda detecta que Paracelso no comunicó los descuentos de las prótesis a la Gerencia de Salud

    La Intervención General de la Junta recomienda reclamar la devolución de los 810.471 euros que suman las rebajas de precio que hicieron los proveedores al centro privado

    De Sacyl al fiscal - Desde el gobierdo del PP de Castilla y León al Fiscal

    20060618184936-juan-vicente-herrea-el-presidente.jpg

    En el análisis de los contratos dentro del procedimiento negociado estipulado dentro del Plan de Reducción de Listas de Espera, el informe recoge diferencias entre el número de procedimientos contratados y los derivados y realmente ejecutados. Este es uno de los principales argumentos de la acusación y del informe. Según ambos, había un claro favoritismo hacia las empresas vinculadas con Quiromedic Care and Consulting, gestionadas por Santiago Tobal, a quien supuestamente beneficiaba en sus lotes Antona.

    http://www.nortecastilla.es/pg060618/prensa/noticias/Valladolid/200606/18/VAL-VAL-009.html

    No olvidemos que el SR. Antona fue nombrado por el Presidente de la Junta de Castilla y León (D. Juan Vicente Herrera a propuesta del Consejero de Sanidad (D. Cesar Antón).


    Plantilla basada en http://blogtemplates.noipo.org/

    Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
    Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

    Contrato Coloriuris