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El PP de pronto –tras algunos escarceos previos afirmando sin prueba ninguna que las escuchas policiales sobre el caso Gürtel no eran legales- ha optado por montar otro pollo de los suyos. En esta ocasión, lo hace en base al Sitel (Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones).
Según los heraldos de Mariano Rajoy, el Gobierno Zapatero habría puesto en marcha un artilugio tecnológico infernal, mediante el cual el Big Brother o Gran Hermano, protagonista del libro 1984, escrito por George Orwell, vendría a ser un juguete inocente para distraer a los niños, al lado del monstruo auténtico que maneja - naturalmente sin escrúpulos- el malvado Rubalcaba.
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Miembros del colectivo "No a la corrupció", ciudadanos en general, plataformas y partidos políticos adheridos a la iniciativa, se han manifestado ayer en la tarde en Valencia para exigir una regeneración de la democracia y la dimisión del president de la Generalitat, Francisco Camps.
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ELPLURAL.COM
El 83% de los ciudadanos dice que le inspira "poca o ninguna" confianza el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Un asombroso 68% de sus propios votantes dice que no confía en él. Es la contundente encuesta que publica hoy El País, que confirma que la ventaja del PP sobre el PSOE “se evapora”.
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una encuesta de laSexta avisaba, ayer, que el 43,8% de los ciudadanos consideran que el caso Gürtel es demasiado grave y el 41,6% cree que es grave. El 59,2% piensa que Francisco Camps debe dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana. Y el líder del PP, Mariano Rajoy, obtiene la baja calificación de un 3,83% en su gestión ante los avatares que azotan a su partido. Definitivamente, el panorama de las encuestas para el principal partido de la oposición ya no se presenta tan radiante como en meses anteriores.
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El motivo es un vídeo grabado con un teléfono móvil por la mujer que le acompañaba y a la que el dirigente popular, que fue sacerdote en su día, hacía promesas a cambio de favores sexuales.
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La Fiscalía Anticorrupción ha elaborado un informe en el que demuestra que el presidente de la Diputación de Castellón, el popular Carlos Fabra, pudo incurrir en un delito de fraude fiscal por no haber declarado desde el año 1999 numerosos ingresos sin justificar en un centenar de cuentas bancarias a su nombre. Fabra podría acumular unos 300.000 euros sin declarar al erario público, según recoge el informe que será entregado en el juzgado número 1 de Nules que juzga las numerosas causas abiertas contra el dirigente.
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“Muy amargado”. Así está José María Aznar según Il Corriere della Sera, debido al seguimiento que está haciendo Telecinco del caso Gürtel. El pasado día 12 de octubre, el ex presidente del Gobierno se rodeó de posfascistas italianos en Roma, en una fiesta organizada en su honor, y allí evitó defender a su “amigo Silvio” de los “ataques” de la prensa italiana e internacional. Su excusa fue: “Si yo pienso en lo que Telecinco hace en España en contra de mí, en los ataques que me llegan... pero son curiosidades de la vida”.
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La ex socialista Ofelia Rey se ha convertido esta mañana en la nueva alcaldesa de Silleda (Pontevedra) tras un pacto entre cinco ediles del PP y dos tránsfugas del PSOE. La moción de censura contra la hasta ahora regidora Paula Fernández (PSOE) ha sido aprobada en un bronco pleno al que han asistido alrededor de 200 personas, entre ellas varios miembros de Nuevas Generaciones del PP que han aplaudido la moción.
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Un informe policial de 22 folios y tres anexos documentales que manejan ya los magistrados del Tribunal Supremo implica al Gobierno de Castilla y León en la trama que dirigía Francisco Correa. En concreto, al ex consejero de Fomento y actual presidente del Parlamento castellano-leonés, José Manuel Fernández Santiago.
El citado informe fue remitido hace 15 días al Supremo porque recoge supuestos pagos de la trama Gürtel al senador Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino como comisión por una obra pública, la variante del municipio leonés de Olleros de Alba, adjudicada por el Gobierno de Castilla y León. Barcenas y Merino, dada su condición de aforados nacionales, están siendo investigados por el alto tribunal.
El informe policial arranca de una documentación hallada en las oficinas de la trama corrupta sobre la adjudicación de una carretera por 2,7 millones a la constructora leonesa Teconsa -en un fax remitido a la trama corrupta desde la Consejería de Fomento de Castilla y León- y del reparto de comisiones por el 3% de ese dinero entre altos cargos del PP y el propio Correa. Teconsa, afín a Correa, fue la adjudicataria de la sonorización de la visita del Papa a Valencia en 2006, de lo que la trama también sacó tajada.
La policía señala: "Todos los indicios permiten inferir que se produjo una adjudicación amañada de la obra en la que hay una participación activa de la organización de Francisco Correa así como de cargos públicos y responsables políticos con capacidad de influir en la decisión de la Consejería de Fomento de Castilla y León de adjudicar el concurso a Teconsa". Tras meses de pesquisas policiales para conocer quién se escondía tras las siglas "T. O." o "TOTI", la policía concluye que se trata de Fernández Santiago. "Todo parece indicar", indica el informe, "que el entonces consejero de Fomento de la Junta y actual presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago (TOTI), podría haber tenido participación en los hechos".
En el reparto de las comisiones, según un cuadro elaborado por la policía, destacan los 39.000 euros cobrados supuestamente por Fernández Santiago................
La Brigada policial de Blanqueo que investiga el caso Gürtel, y que ha destapado la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en un informe que se niega a investigar el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, también sostiene que existen múltiples indicios de financiación ilegal de este partido a nivel nacional entre 1996 y 1999 a través de las empresas de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa. El sistema utilizado, de doble facturación, es similar al destapado en la Comunidad Valenciana, con la salvedad de que en esta ocasión la policía no ha encontrado constructoras que sufragaran gastos correspondientes al Partido Popular.
En febrero pasado, la policía inició su investigación a raíz del hallazgo de documentos comprometedores sobre prácticas ilegales en una caja de seguridad que el ex secretario de Organización del PP gallego y número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, guardaba en una sucursal bancaria de Pontevedra.
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El recorrido del caso Gürtel en Valencia ha puesto en el ojo del huracán a Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Dijo sentirse "feliz" de que Francisco Camps le considerara "más que un amigo". Y no consideró que ni eso ni otras proximidades con el presidente autonómico fueran motivo para abstenerse del caso en el que Camps estaba imputado por supuesto delito de cohecho. Firmó el archivo del caso. Además, ha decidido, junto a los magistrados Juan Montero y José Francisco Ceres, ignorar un informe policial que, además de incluir nuevos datos sobre los trajes y otros regalos comprados en Milano y Forever Young, destapa una posible financiación ilegal del PP valenciano a través de una trama de facturación opaca con Orange Market (mercantil fundamental en el caso Gürtel) y al menos seis constructoras.
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Mariano Rajoy conocía la estrecha relación del PP con la trama dirigida por Francisco Correa, el cabecilla del caso Gürtel, y no sólo eso, él mismo estaba al tanto, personalmente, de los pagos pendientes a Alvaro Pérez (El Bigotes) por actos públicos del partido organizados por las empresas investigadas por corrupción.
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El Partido Popular ha vuelto a demostrar una vez más su carácter homófobo. El pasado jueves, el Parlamento Europeo aprobó, con 349 votos a favor, 218 en contra y 46 abstenciones, una resolución que condena la nueva ley de menores lituana. Norma que considera un delito “promover la homosexualidad”. Todos los europarlamentarios del PP, a excepción de Santiago Fisas, votaron en contra de esta resolución.
..........elplural.com
MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
El diputado del PSOE José Antonio Pérez Tapias ve al presidente del PP, Mariano Rajoy, con "talla de actor" suficiente como para interpretar ’El Padrino’, un personaje que considera a la altura de "la tropa de bigotes, correas y gentes variopintas" que forman dirigentes ’populares’ como Cospedal, Trillo, Barberá o Camps.
En un artículo publicado en su ’blog’ personal, y recogido por Europa Press, el diputado socialista recomienda a Rajoy que no insista en denunciar una teoría de la conspiración contra el PP porque "a estas alturas de la película el reparto está muy consolidado". "Con voz entrecortada vuelve a acusar de inquisidor a Zapatero y al PSOE en general, como si no supiéramos en nuestra sufrida España por dónde se transmiten los genes de Torquemada", defiende.
En este reparto, Pérez Tapias incluye a la secretaria general de los ’populares’, María Dolores de Cospedal, como "una Lola se va a La Mancha" y que ejerce de "portavoz calumniosa"; y al responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, "que trae recuerdos de escopeta nacional". Además, hace referencia a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien asegura que "hubiera hecho las delicias de Lope"; y no duda en atribuir al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, el refrán "ande yo con traje de buen corte y que el juzgado lo soporte".
"La tropa se ve nutrida con bigotes, correas y gentes variopintas de las cuales dan cuenta las crónicas escurialenses", argumenta antes de asegurar que "todo parece apuntar" que es el director italiano Mario Puzzo "quien ofrece a Rajoy el papel que anda buscando: su talla de actor da para ’El padrino’, un personaje a la altura de la tropa".
"INOCULTABLE CORRUPCIÓN INSTALADA EN EL PP"
A juicio del diputado por la provincia de Granada, miembro de Izquierda Socialista, el PP "ha perdido los papeles" e interpreta un "alocado guión" con el objetivo de "ocultar todo rastro de una inocultable corrupción instalada en sus filas". "Por eso, como verdaderos sin papeles, andan pirandellianamente a la búsqueda de autor", ironiza.
"Parece que alguien ha de recomponer la figura de tanta gente de orden pillada en falta, de caballeros de camisa a rayas y cuellos blancos que siempre usan pasadores y que ahora frecuentan alojamientos que les eran desconocidos, de señoras con estilo del club de toda la vida que no pueden llevar sus conversaciones a los excesos de los descamisados, ya que son otros los que se les vienen a las mientes", concluye.
Fuente: europapress.es
MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
Diputados del PSOE aprovechan sus páginas personales de Internet para acusar al líder del PP, Mariano Rajoy, y al presidente valenciano, Francisco Camps, de "callar como bellacos" en relación con el caso ’Gürtel’ y censurar a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por poner ejemplos "tan disparatados" como que el Gobierno "usa" la Fiscalía para perseguir a Camps en lugar de a ETA. Los parlamentarios socialistas exigen la dimisión de De Cospedal por estas palabras y le aconsejan, además, que se lea el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.
Así, en un comentario publicado en su página personal de Internet, que recoge Europa Press, el diputado del PSC José Vicente Muñoz constata que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), en su archivo de la causa abierta contra Camps, "da por probado" que el jefe del Ejecutivo valenciano "mintió", por lo que considera que él y a Rajoy deberían pedir "disculpas" a los ciudadanos.
"Pero no --lamenta--, callan como bellacos y ponen ejemplos tan disparatados, como el utilizado por De Cospedal, de que el Gobierno usa al Ministerio Público para perseguir a Camps en lugar de a ETA", denuncia Muñoz, quien pide a De Cospedal que "pague" por sus "excesos" verbales dimitiendo, que se lea el Pacto Antiterrorista y que deje de "manipular" el terrorismo cuando aún están presentes "el dolor y la rabia" de los españoles por las dos últimas víctimas mortales de la banda criminal.
LA LEY ES ANCHA CUANDO SE TIENE PODER
Aunque, a su juicio, el PP "no crea" en los órganos judiciales y piense que los demás harían "lo que ellos han hecho de presionar a los jueces más que amigos de Camps para evitarle el banquillo", el parlamentario socialista subraya que el proceso continúa. "No dejemos (a los ’populares’) que lo adulteren", concluye.
En esta misma línea se expresa el diputado del PSOE por Granada José Antonio Pérez Tapias, adscrito a la corriente Izquierda Socialista, quien lamenta que el presidente valenciano se haya ido "de rositas" después de que el TSJV archivara el pasado lunes el caso de los trajes que presuntamente recibió de la trama corrupta liderada por Francisco Correa, y se queja de que la ley sea "ancha" cuando se tiene poder.
En un artículo publicado en ’blog’, Pérez Tapias defiende que mientras que unos tienen el gobierno, los socialistas, otros, como el líder del PP, Mariano Rajoy, tienen "el poder hasta cuando no gobiernan" y "más" si gobiernan, aunque sea en una comunidad autónoma, como es el caso de Camps.
"¿No es tener mucho poder irse de rositas cuando se ha mentido en público y ocupando un cargo de máximo nivel? ¿No es tener mucho poder el mantener estrechas relaciones que anuncien por dónde pueden ir resoluciones judiciales?", se pregunta. A su entender, todo ello es cuestión de "poder, por más que la resolución del mencionado tribunal sea conforme a derecho". "¡Qué ancha es la Ley cuando se tiene poder!", resume Pérez Tapias.
LA INQUISICIÓN DEBE PERSEGUIR A LOS GÜRTEL
De su lado, el parlamentario del PSOE por Albacete Manuel Pérez Castell defiende la necesidad de que "la inquisición" --como así definió Rajoy recientemente lo vivido por el PP en relación con la trama-- debiera perseguir "a los Gürtel’, como lo hizo con las meigas".
"La Justicia no puede estar nunca muerta, y yo espero el juicio del Supremo" sobre el recurso de casación presentado por la Fiscalía contra el sobreseimiento de la rama valenciana del ’caso Gürtel’, manifiesta Pérez Castell. Un asunto sobre el que el alto tribunal adoptará una decisión "entre ocho meses y un año", según avanzó ayer el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra Ruiz.
Fuente: europapress.es
Ante el ridículo de las acusaciones de escuchas ilegales realizadas por el Partido Popular contra el Gobierno, los dirigentes populares han optado por inventarse las pruebas. Así lo hicieron, el mismo día y casi a la misma hora, María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido e inventora de la serpiente del verano, y Juan José Güemes, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Mientras la primera hablaba de una conversación suya, “privada” y publicada “en televisión”, el segundo se sacaba de la manga una noticia “a cuatro columnas” que jamás existió.
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Entre los detenidos, se encuentra el actual portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de Palma de Mallorca, Rafael Durán, que en el pasado mandato municipal ocupaba la concejalía de Deportes y presidía el consorcio del pabellón.
Jefe de campaña
Otro de los detenidos es el director de la agencia de comunicación y publicidad Nimbus, Miquel Romero, empresa que tenía la cuenta del pabellón del Palma Arena. Según informa la Agencia EFE, este directivo fue también jefe de una de las campañas electorales del PP.
El abogado José Luis Mazón ha presentado hoy la denuncia ante el CGPJ al entender que De la Rúa cometió una “infracción del deber de abstención” y una “falta disciplinaria muy grave”.
Estrecha amistad
"Según ha publicado repetidamente la prensa, el presidente de la Comunidad Valenciana declaró públicamente, antes del escándalo del presunto soborno de los trajes, que Juan Luis de la Rúa 'era más que amigo'", dice la denuncia de Mazón. Además, “el denunciado no ha desmentido ante los medios de comunicación esa supuesta estrecha amistad con Camps".
http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=36735
CARLOS E. CUÉ - Madrid
27-07-2009 El caso Gürtel, una red corrupta vinculada a Administraciones controladas por el PP que ya tiene más de 100 imputados, continúa su imparable expansión. Cinco meses después de las primeras detenciones, los investigadores siguen descubriendo nuevas irregularidades y operaciones sospechosas. ............... La deriva de Gürtel en Castilla y León ya apareció en el primer auto del juez Baltasar Garzón que implicaba a Bárcenas. Los investigadores encontraron entre la documentación del contable de Correa un fax de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por José Manuel Fernández Santiago (conocido entre sus íntimos como Toti), ahora presidente de las Cortes, con la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba, por 2,45 millones de euros, en noviembre de 2002, a TECONSA, una empresa relacionada con la trama y que tenía entre sus directivos a José Ramón Blanco Balín, uno de los imputados en el caso Gürtel. ....................... La polémica por la variante de Olleros de Alba, el nexo principal entre el caso Gürtel, radicado fundamentalmente en Madrid y la Comunidad Valenciana, y Castilla y León, ha llegado incluso a las Cortes. La oposición del PSOE, dirigida por Óscar López en esta comunidad, exigió explicaciones y el actual consejero, Antonio Silván, insistió en que el expediente de adjudicación es "impecable". TECONSA y FCC empataron a puntos, pero la primera ofreció un preció más barato, aunque al final, según denunció la oposición socialista, la obra costó 4,2 millones, frente a los 2,8 que había ofrecido inicialmente TECONSA. A pesar de esta aparente tranquilidad, en el PP, según varios dirigentes consultados, existe un gran temor de que el escándalo se extienda judicialmente a Castilla y León, ya que serían tres de las seis comunidades gobernadas por el partido que lidera Mariano Rajoy las afectadas por Gürtel, un caso que no para de dar disgustos al PP. ....................... El actual presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, máximo responsable de esa adjudicación, contestó ayer a algunas preguntas de EL PAÍS. Él insiste en que el expediente "es impecable". "Se concedió la obra a la empresa más barata. Toda la operación es de lo más correcta que se pueda imaginar. Estoy muy tranquilo", insiste. ........
La FAES de Aznar
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http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=36175
“Canal 9 es una televisión pública que debería ser “objetiva, independiente y veraz, pero que se ha convertido en el portavoz del Partido Popular y de Francisco Camps”, lamentó a El Plural Miguel Mazón, uno de los cuatro representantes del Consejo de Administración de la televisión pública que eligió el Partido Socialista (el Consejo está formado por otro representante de Izquierda Unida y 6 más del Partido Popular).
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http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=34323
Aunque ha sido acusado por la Fiscalía de cometer un delito continuado de falsedad documental, el presidente de la Diputación de Castellón, el multi-imputado Carlos Fabra, ha asegurado este martes que no piensa “abandonar” su cargo.
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Canal 9 no ha informado de la condición de imputados de Camps y su número dos, Ricardo Costa. La noticia de la citación judicial -¡obviando la palabra “imputado”- que afronta Camps, el próximo martes 19, se dio en mitad del informativo de la tarde, dentro de un collage de titulares breves e inmediatamente antes de una información relacionada con la Ley del aborto.
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http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=33938
06/04/2009 - elplural.com
El ex vicepresidente de Castilla y León y diputado popular por Segovia, bajo sospecha por el caso Gürtel . Su mujer creó una sociedad fantasma junta a Luis Bárcenas
Ana Gutiérrez, la mujer del que fuera consejero de Fomento y vicepresidente de la Junta de Castilla y León desde 1991 hasta 1999, Jesús Merino Delgado, creó en abril de 2006 una sociedad fantasma junto a Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular al que el juez Baltasar Garzón acusa de haber recibido por parte de Francisco Correa 1.353.000 euros.
La sociedad en cuestión es Astrologo de Inversiones S.L., sociedad inmobiliaria sin actividad ni trabajadores que fue dada de baja el pasado 30 de marzo, fecha en la que Ana Isabel Gutiérrez Benito figuraba como administradora única de esta empresa que podría haber servido como tapadera para crear facturas falsas para justificar diferentes pagos.
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http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=32471
07.04.09 - nortecastilla.es
El diputado del PP por Segovia, ex consejero de Fomento y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, desvinculó ayer su actividad política de las relaciones de su mujer, Ana Gutiérrez, con implicados en el ’caso Gürtel’, la trama de corrupción del PP que investiga el juez Garzón.
La Cadena Ser informó ayer que Ana Gutiérrez creó una «sociedad fantasma» junto al tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, de quien los informes policiales aseguran que usó sus contactos políticos para «amañar» un concurso de la Junta de Castilla y León.
De la citada sociedad, de nombre Astrógalo de Inversiones y liquidada hace apenas dos semanas, formaba también parte Jesús Sepúlveda, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, cargo del que dimitió a raíz de estar imputado en el ’caso Gürtel’, y hombre de confianza del ex presidente del Gobierno José María Aznar.
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http://www.nortecastilla.es/20090407/segovia/merino-desvincula-actividad-politica-20090407.html
Noticias relacionadas:
05/04/2009 - eldiadevalladolid.com
Herrera define como «calamitosa» la actuación de Garzón en el caso Gürtel
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, aseguró ayer que si él estuviera en una situación «tan complicada» como lo están el tesorero y senador de los populares, Luis Bárcenas, y del eurodiputado Gerardo Galeote, ambos implicados en el caso Gürtel por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, a los que acusa de cobrar dos millones de la red de empresas de Francisco Correa, no tendría dudas y dimitiría. Sobre este asunto, defendió la posición del presidente de su partido, Mariano Rajoy, con quien coincidió en que la instrucción por parte del juez Garzón ha sido «calamitosa en cuanto al contenido y las formas» ya que «interesadamente se ha ido filtrando contenidos del sumario». Por ello, insistió en que para que él el sumario, que tiene que ser «sólido y serio», debería pasar a manos de un tribunal «serio» ya que debería estar en manos de los tribunales superiores de justicia de Madrid o Valencia o en su caso de Tribunal Supremo para «dar más tranquilidad», afirmó.
diariopalentino.es / 03/04/2009
Francisco Jambrina, ex consejero de Medio Ambiente, denunciado por uso ilegal de un cepo
La Guardia Civil de Palencia ha denunciado a Francisco Jambrina, ex consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por la presunta utilización de un cepo ilegal en su finca de Pedraza de Campos, incumpliendo así la Ley de Caza que él mismo impulsó.
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http://www.diariopalentino.es/noticia.cfm/Local/20090403/francisco/jambrina/
nortecastilla.es / 03/04/2009
Denuncian a un ex consejero de Medio Ambiente por usar un cepo ilegal de caza
La Guardia Civil ha denunciado a Francisco Jambrina, ex consejero de Medio ambiente de la Junta entre 1991 y 1999, por el presunto uso de un cepo ilegal de caza en una finca situada en la población palentina de Pedraza de Campos.
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elmundo.es / 03/04/2009
El ex consejero de Medio Ambiente denunciado por utilizar un cepo ilegal
La Guardia Civil del Puesto de Ampudia ha denunciado al ex consejero de Medio Ambiente de la Junta Francisco Jambrina, por una infracción a la Ley Regional de Caza, tras utilizar presuntamente un cepo de caza ilegal en una finca de su propiedad ubicada en la localidad de Pedraza de Campos (Palencia), según confirmaron fuentes del Instituto Armado.
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http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/03/castillayleon/1238775646.html
Francisco Correa lo fue todo en el PP de José María Aznar, en el que Mariano Rajoy era un personaje destacado, jefe de campaña en 1996 y 2000. Pero a partir de 2003 Correa fue perdiendo contratos en el PP nacional y se refugió en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Rajoy permitió que en Valencia y Madrid se siguiera contratando a Correa, pero rompió con él a principios de 2003. Lo hizo por una cuestión personal. Rajoy sufrió en esos días una extorsión con una supuesta cinta en la que se escuchaba cómo él y Xesús Palmou, secretario general del PP gallego, criticaban a Manuel Fraga en los pasillos de una convención del PP celebrada en enero. Tras atar cabos, Rajoy llegó a la conclusión de que era Correa quien había urdido el chantaje, y rompió con él definitivamente, según fuentes de la dirección del partido.
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El auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tuvo ayer un efecto demoledor en el seno del Consell y del Partido Popular. Tras el terremoto generado por la publicación (EL PAÍS del pasado día 19) del informe de la Fiscalía Anticorrupción que implicaba al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la trama corrupta vinculada al PP, el auto remitido ayer al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por el juez Garzón sacudió con intensidad inusitada los cimientos institucionales y políticos del Partido Popular.
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Según el auto del juez Baltasar Garzón, Orange Market disponía de una caja B (de dinero negro) en la que figura, al menos, "un apunte de entrega de 15.000 euros al Partido Popular de Valencia procedente de la caja B de Orange Market" con fecha de 31 de agosto de 2005.
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El ex delegado del Gobierno en Murcia con el Partido Popular, Francisco Marqués, escondía 43.000 euros en billetes de 500 euros en el trastero de su casa, según avanza hoy el diario La Verdad de Murcia y han confirmado fuentes próximas al caso. La policía investiga, además, la empresa que Marqués posee en Panamá, un paraíso fiscal, y propiedades que ha adquirido en Murcia, Valencia y Madrid. Fue detenido en Madrid el pasado miércoles y ayer los agentes registraron su vivienda en el centro de Murcia.
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El Partido Popular ha comenzado esta misma mañana a tomar medidas con los dirigentes de esta formación implicados en la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, el hombre que montó todos los actos populares durante el mandato de José María Aznar, informa Carlos E. Cué. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado esta mañana la suspensión de militancia de los implicados, con la excepción el presidente valenciano, Francisco Camps; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ambos aforados y aún no imputados, pues depende directamente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia aunque el juez Baltasar Garzón ha encontrado suficientes indicios contra ambos.
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La Audiencia de Valladolid ha condenado en una demanda civil al concejal del Partido Popular en Valoria la Buena Manuel Vázquez Onecha y a su esposa por ejercer «actos de competencia desleal», en relación con la edificación de una residencia de ancianos en dicho término municipal, centro que se levantó a escasos metros de otro cuya propiedad era de una sociedad de ambos.
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La Audiencia Provincial sentará hoy en el banquillo de los acusados a dos ex directivos del Río Hortega, los facultativos Benito C. G. y Alberto V. M., acusado de un delito de falsedad en documento oficial relacionado con un acta que ambos crearon, presuntamente, para dar apariencia legal al proceso de selección para el nombramiento del puesto de jefe de Neurocirugía en favor de una determinada persona.
En su escrito de calificación provisional de los hechos, el fiscal solicita una pena de tres años de prisión para cada uno de los procesados e inhabilitación especial por espacio de cuatro años para el desempeño de funciones directivas relacionadas con la administración pública, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Los hechos se remontan al 2003 y tienen su origen en el recurso contencioso promovido ante la Audiencia Nacional por uno de los aspirantes a este puesto, el que entonces era jefe de Sección de Neurocirugía del Río Hortega, quien impugnó el proceso de selección de la plaza adjudicada finalmente al doctor José María C. G., ya que el recurrente, que había sido excluido, tenía en su opinión más derecho para ocupar el puesto.
El fiscal sostiene que el nombramiento fue a dedo y que los acusados, director y subdirector médicos, respectivamente, falsearon un acta que fue remitida a la Audiencia Nacional al objeto de legalizar el proceso.
http://www.nortecastilla.es/20090126/valladolid/altos-cargos-hortega-seran-20090126.html
La empresa pública Gesturcal, cuyo consejero delegado es Juan Carlos Sacristán, contrató en julio de 2006 con una empresa del Grupo Parqueolid (Urban Proyecta P. M. 3) el arrendamiento del nuevo edificio de la Junta en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, al que se trasladarán en breve varias direcciones generales y servicios de la Consejería de Economía y Empleo.
Este contrato se formalizó 20 días después de que otro órgano de Economía, la Agencia de Desarrollo Económico (ADE), optase por rescindir un contrato de alquiler para el mismo edificio a Urban Proyecta P. M.3 , amparándose en «las dificultades de aplicar en su totalidad las condiciones técnicas y económicas» que se habían recogido en el primer concurso.
Este alquiler de 17.615 metros cuadrados supondrá el desembolso para la Junta de 76 millones de euros (más de 12.000 millones de las antiguas pesetas) en 15 años.
Para dentro de unas semanas, la Consejería de Economía tiene intención de trasladar a unos 550 funcionarios (600, según los sindicatos), lo que ha generado fuerte malestar entre el personal.
El trámite administrativo para esta adjudicación no siguió los habituales procedimientos. Cuando se decidió llevar a cabo el traslado del personal, con el objetivo de evitar la dispersión de servicios en Valladolid capital, la idea era que fuera la Consejería de Economía la que formalizase el contrato de arrendamiento a través de la ADE. Sin embargo, la Ley de Patrimonio de octubre del 2006, otorga las competencias a la consejera de Hacienda para este tipo de procedimientos de alquileres.
Así, el 26 de diciembre del 2005 el director de la División de Gestión y Modernización de la Agencia de Desarrollo Económico (ADE), Carlos Díez, convocó la licitación para el arrendamiento de un edificio, con destino administrativo, en Valladolid o municipios próximos. A este concurso sólo se presentó la empresa Urban Proyecta, según reconoció el consejero de Economía y presidente de la ADE, Tomás Villanueva, quien en respuesta parlamentaria a las Cortes informó de que la adjudicación se hizo el 19 de mayo del 2006.
Pese a ello, la empresa Urban, creada el 22 de abril del 2005, renunció el 30 de junio del 2006 al contrato por «dificultades técnicas y económicas». Veinte días después (19 de julio), el consejero delegado de Gesturcal firmó otro contrato con Urban para 10.000 metros cuadrados, un espacio que ha sido posteriormente ampliado hasta llegar a los 17.615 metros (24 euros por metro). Pese a que en diciembre del 2007 la consejera Pilar del Olmo delegó en Villanueva las competencias para este contrato ya formalizado un año antes, Hacienda no dispone de datos sobre el proceso de adjudicación.
El sistema habitual para este tipo de operaciones inmobiliarias lo lleva a cabo la Consejería de Hacienda. Un ejemplo de ello fue el concurso para otro arrendamiento, también con opción de compra, que se hizo para el edificio destinado a la Consejería de Familia. El procedimiento se resolvió el 28 de marzo del 2005 por la secretaria general de Hacienda, Georgina de la Lastra, con la adjudicación del inmueble a Inverduero (constructora Collosa), y cuya renta anual se fijó en 778.918,73 euros anuales, IVA incluido.
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El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, confirmó ayer que la Consejería de Economía «está negociando la compra del edificio» de Arroyo de la Encomienda al que en las próximas semanas se trasladarán unos 550 funcionarios y empleados públicos adscritos al departamento que dirige Tomás Villanueva, y de sociedades públicas como la ADE.
De Santiago justificó este arrendamiento, que supone el desembolso de 65 millones de euros en 15 años (4,3 anuales) por la dispersión de sedes y servicios de Economía en la capital vallisoletana que están suponiendo gastos.
En este sentido el procurador del PSOE, Jorge Félix Alonso, ha pedido la comparecencia en las Cortes del consejero Tomás Villanueva para que explique el contrato firmado por la empresa pública Gesturcal con Parqueolid. Alonso dice que no tiene justificación que la Junta «pague por un alquiler más dinero del que ha costado el edificio del Parlamento regional» inaugurado en 2007
http://www.nortecastilla.es/20090109/castilla_leon/junta-negocia-compra-edificio-20090109.html
Gestión Urbanística de Castilla y León (Gesturcal), la empresa pública dependiente de la Consejería de Economía y Empleo que dirige Tomás Villanueva, pagará 65 millones de euros (cerca de 11.000 millones de las antiguas pesetas) por el contrato de arrendamiento de un edificio situado en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, al que está previsto que se trasladen en las próximas semanas unos 550 funcionarios de la Junta que trabajan en diferentes sedes de Economía de la capital de la comunidad.
El edificio está diseñado por el arquitecto Lamela, y dispone de dos torres a distinta altura con dos plantas de sótano, una semisótano, una planta baja y cinco plantas en altura. Además del espacio destinado para las oficinas y empresas participadas por la Junta, el inmueble dispone de salas de reuniones, un área de negocios, un centro de formación, una sala de prensa, un auditorio y una zona destinada a restaurante, cuya explotación se deberá formalizar. Las gestiones para buscar y contratar el edificio fueron encargadas a la Agencia de Inversiones y Servicios (ADE), quien delegó en Gesturcal.
El contrato de alquiler, al que ha tenido acceso este diario, fue suscrito el 19 de julio del 2006 por el consejero de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, y la empresa vallisoletana Urban Proyecta P. M. 3, que fue constituida apenas un año antes (el 22 de abril del 2005).
En el mismo se recoge que la promotora, vinculada al grupo inmobiliario Parqueolid, pondrá a disposición de la Junta una superficie de oficinas de 17.615 metros cuadrados por los que abonará 20,69 euros por metro al mes. Ello supone que Gesturcal deberá pagar 4,3 millones anuales, que con la cláusula obligatoria incluida en el contrato suscrito de los 15 años alcanzará los 65 millones de euros.
La Consejería de Economía y Empleo ha justificado el traslado a la nueva sede situada en las proximidades de la autovía A-62 como un intento de acabar con la «importante pérdida de operatividad y de costes derivados de los movimientos entre sedes» con los que actualmente cuenta este departamento en Valladolid.
Con la mudanza al nuevo edificio de Arroyo de la Encomienda, que tiene una superficie de 31.055 metros cuadrados, de los cuales 17.615 son para oficinas y 1.150 metros cuadrados para archivos, se pretende además poner en marcha la ’oficina sin papel’, fomentar el trabajo en equipo y el uso de las nuevas tecnologías.
El inmueble está situado en el sector SAU 15 y dispondrá además de 280 plazas de aparcamiento para coches y otras 65 para motos. Pese a que Economía ha asegurado que el nuevo centro de trabajo para los empleados públicos supondrá una mejora en la conciliación familiar y laboral (con el establecimiento incluso de una guardería y un dispensario médico), los sindicatos ya han criticado este traslado a la periferia de Valladolid. Aunque la Ley de Patrimonio de de Castilla y León, de octubre del 2006, atribuye a la titular de la Consejería de Hacienda la competencia de arrendar los bienes inmuebles que la Junta precise, el procedimiento del contrato que se formalizó fue «diferente a lo que es habitual», según fuentes oficiales. De este modo, el 23 de noviembre del 2007 la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, firmaba una orden en la que delegaba en el consejero de Economía y Empleo «el ejercicio de todas las atribuciones que corresponden a la consejera de Hacienda referente al arrendamiento de un inmueble que sirva de sede a varios centros directivos de los servicios centrales de la Consejería de Economía».
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La orden entró en vigor el 4 de diciembre del 2007, aunque posteriormente la consejera Pilar del Olmo volvió a publicar otra disposición por la que atribuía la delegación en la tramitación del expediente a Rafael Delgado, secretario general de la Consejería de Economía y consejero de Gesturcal.
Autorizaciones
Pese a estas autorizaciones para el arrendamiento, el contrato suscrito por el consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, y Urban Proyecta para el edificio de Arroyo de la Encomienda tiene fecha de 19 de julio del 2006. Este documento establecía que en ningún caso la Junta podrá anticipar la resolución del contrato durante los 15 primeros años, y en este supuesto estaría obligada a abonar la totalidad de las rentas pactadas por todo el periodo.
Además, fijaba como plazo de entrega del inmueble el 30 de junio del 2008, una circunstancia que no se ha producido por la ampliación de las obras. La última fecha fijada para la entrega fue el pasado 30 de diciembre, aunque el pago de la renta quedó acordado a partir del 1 de octubre del 2008.
http://www.nortecastilla.es/20090108/castilla_leon/junta-pagara-millones-anos-20090108.html
Denominacion Social: SANCHEZ-ROBLES AZNAR SL Fecha Inscripción: 14/12/2006 DATOS SOCIEDAD Actos Detalle Comienzo de operaciones: 06.11.2006. Objeto social: La administración y gestión de acciones y participaciones representativas del capital social y de los derechos económicos y políticos de sociedades y entidades de cualquier clase, y la gestión de los recursos financieros. Domicilio: C/ VELAZQUEZ 5 Ptl.6 3º C (LEON). Capital: suscrito: 3.006,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.: AZNAR FERNANDEZ MARIA TERESA; SANCHEZ-ROBLES HURTADO JAIME.
CIF: B24546772
CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO
Constitución.
Los cargos más relevantes presuntamente implicados en este caso son:
los del jefe de Industria del Servicio Territorial de Fomento de la delegación de la Junta en León, Emilio Fernández
Denominacion Social: SOCIEDAD GESTORA DE PARQUES EOLICOS DE CASTILLA-LEON SA | ||
Fecha Inscripción: 29/04/1999 | ||
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Actos | Detalle Comienzo de operaciones: 31.03.1999. Objeto social: La constitución, promoción, estructuración, gestión, desarrollo, explotación y mantenimiento de parques eólicos y la producción de energía eléctrica, su transporte, distribución y suministro. El diseño, proyecto y construcción de equipos, instalaciones y plantas para los anteriores fines para usos. Domicilio: Calle del Cid, número 2-4, planta. (MIRANDA EBRO).
Nombramientos: Consejero: YARRITU ANGULO ANGEL; MARTINEZ ZORRILLA CARLOS ANGEL; CLEMENTE ORTIZ GINES; PULIDO CORBACHO MARIA REMEDIOS; JUAN GARRIGOS MILAGROS; RODRIGUEZ SUAREZ ELENA. Presidente: YARRITU ANGULO ANGEL. Secretario: MARTINEZ ZORRILLA CARLOS ANGEL. Cons.Del.Sol: YARRITU ANGULO ANGEL; MARTINEZ ZORRILLA CARLOS ANGEL. | |
Fecha Inscripción: 24/07/2006 Actos Detalle Consejero: YARRITU ANGULO ANGEL; MARTINEZ ZORRILLA CARLOS ANGEL; CLEMENTE ORTIZ GINES; CASTILLON VINENT FRANCISCO. Presidente: YARRITU ANGULO ANGEL. Secretario: MARTINEZ ZORRILLA CARLOS ANGEL. Nombramientos. Consejero: ACITURRI SL; CASLEVER 2000 SL; IDE EOLICA SL; HERMENPO EOLICA SL; YOLMAR GESTION SL; CASTILLON VINENT FRANCISCO. Presidente: CASLEVER 2000 SL. Secretario: YOLMAR GESTION SL. Fecha Inscripción: 17/12/2007 Actos Detalle
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Fecha Inscripción: 23/06/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Actos | Detalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La Consejería de Economía y Empleo proyecta trasladar una buena parte de sus servicios y dependencias al municipio de Arroyo de la Encomienda, donde la promotora Parqueolid construye actualmente un gran edificio de oficinas, con la idea de alquilarlo a la Junta de Castilla y León.
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/05/castillayleon/1204704428.html




Inmaculada Larrauri calificó el plan de «estafa» y «timo del tocomocho del verano 2006», además de señalar un posible «contagio de las rebajas» por el descenso en el número de ambulancias. Además subrayó el alejamiento de la calidad sanitaria de las áreas de salud del mundo rural que supone la última actuación.
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http://www.nortecastilla.es/pg060806/prensa/noticias/Castilla_Leon/200608/06/VAL-CAS-121.html
Larrauri aseguró que César Antón realiza «un engaño manifiesto» a la ciudadanía porque no informó de la reducción de horas de determinadas ambulancias, además de considerar que ha habido mala intención de la consejería por no comunicar a los ciudadanos cómo quedará la situación de cada zona.


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