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Lo que España necesita

Descargar: Lo que España necesita

nuevo libro de Vicens Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón

Este libro descubre los incumplimientos del PP, pone de relieve la falta de fundamento de las políticas de recortes -mostrando por qué sólo benefician a las clases altas- y propone, además, las medidas que España necesita para salir de la crisis, crear empleo y mejorar nuestro maltrecho orden democrático.

21/05/2014 13:02. Izquierda Socialista en Valladolid #. Lecturas y vídeos No hay comentarios. Comentar.

Hay alternativas

Libro de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón con prólogo de Noam Chomsky

“Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España”. 

Descarga el libro: hayalternativas.pdf

 

 

Prólogo

 

En 1978 el presidente del sindicato más poderoso de Estados Unidos, Douglas Fraser, de la federación de los trabajadores de la industria del automóvil United Auto Workers

 

(UAW) condenó a los "dirigentes de la comunidad empresarial" por haber "escogido seguir en tal país la vía de la guerra de clases (class war) unilateral, una guerra de clases en contra de la clase trabajadora, de los desempleados, de los pobres, de las minorías, de los jóvenes y de los ancianos, e incluso de los sectores de las clases medias de nuestra sociedad". Fraser también los condenó por haber "roto y descartado el frágil pacto no escrito entre el mundo empresarial y el mundo del trabajo, que había existido previamente durante el periodo de crecimiento y progreso" en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial conocido comúnmente como la "edad dorada" del capitalismo (de Estado).

 

El reconocimiento de la realidad por parte de Fraser fue acertado aunque tardío. Lo cierto es que los dirigentes empresariales y sus asociados en otros sectores de las élites dominantes estaban constantemente dedicados a una siempre presente guerra de clases, que se convirtió en unilateral, sólo en una dirección, cuando sus víctimas abandonaron tal lucha. Mientras Fraser se lamentaba el conflicto de clases se iba recrudeciendo, y desde entonces ha ido alcanzando unos enormes niveles de crueldad y salvajismo en Estados Unidos que, al ser

el país más rico y poderoso del mundo y con mayor poder hegemónico desde la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en una ilustración significativa de una tendencia global.

 

Durante los últimos treinta años el crecimiento económico ha continuado -aunque no al nivel de la "edad dorada"-, pero para la gran mayoría de la población la renta disponible ha permanecido estancada mientras que la riqueza se ha ido concentrando, a un nivel abrumador, en una facción del 1 por ciento de la población, la mayoría de los ejecutivos de las grandes corporaciones, de empresas financieras y de alto riesgo, y sus asociados. Este fenómeno se ha ido repitiendo de una manera u otra a nivel mundial. China, por ejemplo, tiene una de las desigualdades más acentuadas del mundo.

 

Se habla mucho, hoy en día, de que por el hecho de que "Estados Unidos esté en declive" hay un cambio en las relaciones de poder a nivel global. Esto es parcialmente cierto, aunque no significa que otros poderes no puedan asumir el rol y la supremacía que ahora tiene Estados Unidos.

 

El mundo se está convirtiendo así en un lugar más diverso en algunos aspectos, pero más uniforme en otros. Pero en todos ellos existe un cambio real de poder: hay un desplazamiento del poder del pueblo trabajador de las distintas partes del mundo hacia una enorme concentración de poder y riqueza. La literatura económica del mundo empresarial y las consultorías a los inversores súper ricos señalan que el sistema mundial se está dividiendo en dos bloques: la plutocracia, un grupo muy importante, con enormes riquezas, y el resto, en una sociedad global en la cual el crecimiento -que en una gran parte es  destructivo y está muy desperdiciado- beneficia a una minoría de personas extraordinariamente ricas, que dirigen el consumo de tales recursos. Y por otra parte existen los "no ricos", la enorme mayoría, referida en ocasiones como el "precariado" global, la fuerza laboral que vive de manera precaria, entre la que se incluye mil millones de personas que casi no alcanzan a sobrevivir.

Estos desarrollos no se deben a leyes de la naturaleza o a leyes económicas o a otras fuerzas impersonales, sino al resultado de decisiones específicas dentro de estructuras  institucionales que los favorecen. Esto continuará, a no ser que estas decisiones y planes se reviertan mediante acción y movilizaciones populares con compromisos dedicados a programas que abarquen desde remedios factibles a corto plazo hasta otras propuestas a más largo plazo que cuestionen la autoridad ilegítima y las instituciones opresivas entre las que reside el poder. Es importante, por lo tanto, acentuar que hay alternativas.

 

Las movilizaciones del 15M son una ilustración inspiradora que muestra qué es lo que puede y debe hacerse para no continuar la marcha que nos está llevando a un abismo, a un mundo que debería horrorizar a todas las personas decentes, que será incluso más opresivo que la realidad existente hoy en día.

 

NOAM CHOMSKY

Boston, agosto 2011

26/11/2012 13:53. Izquierda Socialista en Valladolid #. Lecturas y vídeos No hay comentarios. Comentar.

Grecia Sin Permiso

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Para descargar el libro de forma gratuita pincha en -->Grecia Sin Permiso

 

25/10/2012 08:25. Izquierda Socialista en Valladolid #. Lecturas y vídeos No hay comentarios. Comentar.

Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero

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Nuevo libro escrito por Vicenç Navarro y Juan Torres López

 

INDICE

1. PRESENTACIÓN

 

2. ¿QUIÉN MANDA AQUÍ?

 

El desmantelamiento de las democracias. No solo hay poder donde aparenta. Capitalismo neoliberal y democracia. Los conglomerados empresariales Concentración de capital y poder de mercado. El chantaje de la deslocalización. La fabricación del consenso. Los grandes grupos financieros: el poder sobre el poder. El poder financiero. La percepción del poder. Lo que la gente intuye, con razón, sobre el poder. La percepción del poder. Descubrir el verdadero rostro de los poderosos. La ignorancia cultivada sobre la banca. Abrir los ojos

 

3. EL PODER DEL DINERO Y DE LA BANCA

El origen de las monedas, del dinero y de la banca. Los primeros comerciantes-prestamistas. Los grandes banqueros y los primeros bancos centrales. Las diferentes formas del dinero. El dinero legal. El dinero bancario. Otras formas de dinero. La riqueza virtual. La naturaleza del negocio bancario. Dinero y poder político. El negocio bancario. Los tipos de interés. La deuda como negocio y como esclavitud impuesta por la banca. La fabricación de la deuda

 

4. LA CONSTRUCCIÓN DEL CASINO FINANCIERO

El crecimiento desmesurado de los medios de pago. El endeudamiento generalizado en el capitalismo consumista. El endeudamiento de Estados Unidos. El aumento de los dólares “ociosos” y de la liquidez internacional. El desarrollo tecnológico. Liberalización y privatización del ahorro. El desbordamiento de la liquidez en los mercados financieros. Nuevas políticas económicas y reformas al servicio de las finanzas privadas. El “consenso de Washington”. La prioridad de la lucha contra la inflación. Las reformas del sistema financiero. La derogación de la ley Glass-Steagall. Libertad de movimientos de capital. La progresiva privatización de las pensiones públicas. La independencia de los bancos centrales. Las nuevas formas de la actividad financiera. La desnaturalización de la banca. Los nuevos sujetos e inversores financieros. Los nuevos productos financieros. La globalización del dinero. La desigualdad y los conflictos entre clases como trasfondo

 

5. ASÍ HACEN JUEGO

La especulación, su naturaleza y sus formas. La especulación no es siempre indeseable. Los mercados de futuros. El arbitraje. El carry trade. Las posiciones a corto. ¿De dónde vienen los recursos y cómo se utilizan? El apalancamiento generalizado. La titulización. Los productos derivados. Juegos de manos a la sombra. La privatización de las bolsas. Las operaciones Over the Counter. Banca y finanzas opacas. Paraísos fiscales: la tierra prometida de los especuladores.

6. TERRORISMO FINANCIERO

Los estragos de la especulación en la actividad productiva. La producción de la escasez. La dominación financiera de las empresas. Desintermediación financiera e inestabilidad permanente. El dinero que mata. La especulación en los mercados de materias primas. La especulación con el petróleo y el cambio climático. Enfermedad y muertes tras las políticas de ajuste. Los poderes representativos contra las cuerdas: el caso europeo. Finanzas criminales. Los delitos de cuello blanco en la globalización financiera. La banca, receptora y lavadora del dinero criminal. La crisis de la hipotecas basura como paradigma Los dedos que mueven el gatillo: El caso de Goldman Sachs.

vnavarro.org

22/10/2012 14:44. Izquierda Socialista en Valladolid #. Lecturas y vídeos No hay comentarios. Comentar.

La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre

Antes de que la Junta tomara el poder, Argentina tenía menos pobres que Francia o Estados Unidos — solo un 6 % de la población— y una tasa de desempleo de sólo el 4,2 %.

 


Este es un libro que no deja tranquilo, nos conmueve permanentemente y convoca la rebelión ante la injusticia inimaginable.

 


Leerán página tras página, pormenorizadamente, documentadamente la criminal historia de la ejecución fría, calculada, inmisericorde de aquello que Rodolfo Wallsh conceptualizara como MISERIA PLANIFICADA..


Naomi Klein

 

Pulsa sobre el siguiente enlace para acceder al libro en formato pdf:


la doctrina del shock el auge del capitalismo del desastre-2008.pdf

 

La doctrina del shock, documental completo
http://www.youtube.com/watch?v=gP591bZNc0I

 

25/01/2012 11:16. Izquierda Socialista en Valladolid #. Lecturas y vídeos No hay comentarios. Comentar.

Cleptopía: Fabricantes de burbujas y vampiros financieros en la Era de la Estafa

de Matt Taibbi

 

Descripción del producto

Considerado por buena parte de la crítica norteamericana (Time, The Washington Post, The New York Times...) uno de los mejores libros sobre las razones de la crisis financiera actual, Cleptopía es un preciso relato, lleno de humor negro y no poca mala leche, de los acontecimientos, y también de los nombres y apellidos, que llevaron a la caída y posterior salvamento público de la economía norteamericana. Desde la historia de ese «listillo» de Alan Greenspan hasta la estafa de Obama con la ley sanitaria, pasando por las subprime, la salvaje especulación en los mercados de alimentos y, claro, el mafioso comportamiento de la banca –empezando por Goldman Sachs–... nadie ni nada queda al abrigo de la poderosa escritura de Matt Taibbi y del descarnado retrato que hace de la sala de máquinas del capitalismo financiero y de su domino sobre la política contemporánea. Si alguien quiere saber qué pasó –y quién hizo que pasara– en la última y todavía presente crisis económica, este es el libro... que se lee, además, como una buena novela.

 

03/01/2012 10:13. Izquierda Socialista en Valladolid #. Lecturas y vídeos No hay comentarios. Comentar.

Hay alternativas. Nuevo libro de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón con prólogo de Noam Chomsky

Propuestas para crear empleo y bienestar en España”. 


Hace un par de meses, la Editorial Aguilar, mostró su interés por publicar nuestro libro HAY ALTERNATIVAS. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, que nos prologó Noam Chomsky.

 Cuando ya se había concretado como fecha de publicación el libro el 19 de octubre y se había comenzado su promoción en la web de Aguilar y en librerías, los editores nos comunicaron que la empresa deseaba retrasarla sin otra explicación de por medio, lo que nos obligó lamentablemente a desestimar su publicación en esa editorial. Se confirmaba así lo difícil que resulta difundir en España, en los momentos en que son más necesarias que nunca -como ahora en periodo pre-electoral-, ideas alternativas al pensamiento único que predomina en el debate político y social.

Para solventar esta situación hemos optado por ofrecer nuestra obra gratuitamente en formato pdf a través de la red y en una nueva edición impresa en Ediciones Sequitur que, con la colaboración de ATTAC España, se ha arriesgado a publicar rápidamente este libro que estará en librerías al precio de 10 euros a partir del 31de octubre.
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Ver libro en PDF
31/10/2011 12:10. Izquierda Socialista en Valladolid #. Lecturas y vídeos No hay comentarios. Comentar.

REACCIONA

José Luis Sampedro

Federico Mayor Zaragoza

Baltasar Garzón. Juan Torres López

Àngels Martínez i Castells

Rosa María Artal . Iganacio Escolar

Carlos Martínez . Javier López Facal

Javier Pérez de Albéniz
Lourdes Lucía

 

Descargar el libro (pdf): REACCIONA 


 

Frente a los peligros que afrontan nuestras sociedades interdependientes es tiempo de acción, de participación, de no resignarse. Es tiempo de democracia genuina.

 

Tiempo de movilizarse, de ser actores y no sólo espectadores impasibles, progresivamente uniformizados, gregarizados, obedientes.

 

La participación no presencial que los nuevos medios de comunicación han propiciado fortalecerá el poder ciudadano, su capacidad de implicación, de formular no sólo protestas sino propuestas, de expresarse sin cortapisas.

 

Corresponde a la comunidad intelectual, artística, científica y académica, pero también y de forma progresiva a los ciudadanos más comprometidos, liderar este movimiento a escala mundial que ahora es ya imparable.

 

Más vale prevenir...

 

Los países más prósperos han intentado con enormes efectos negativos y colaterales la gobernación planetaria. Han concentrado en muy pocas manos el poder financiero y militar, han deslocalizado la producción y han marginado a las Naciones Unidas.

 

Conscientes, implicados e indignados —como yo les he recomendado recientemente desde la atalaya de mi vida—, los autores de Reacciona, este compendio compacto, formulan muy interesantes proyectos de futuro junto a sus análisis de la situación presente, tan sombría.

 

Reacciona es un libro que aporta respuestas, caminos para canalizar el descontento y desconcierto que la crisis de un sistema, a escala global y local, vierte sobre la sociedad, capaz, por fin, de movilizarse. Es hora de actuar.

 

Desde José Luis Sampedro, de mi misma edad, que prologa con su brío proverbial la edición de mi libro en España, y mi viejo amigo Federico Mayor, al resto de los participantes, brillantes jóvenes incluidos, forman un conjunto de voces que hay que escuchar con atención, que considero muy relevante y oportuno.

 

Este libro contiene críticas razonadas, vehementes en muchos casos, y propuestas de cambio que hay que tener muy en cuenta. Se lee de principio a fin como un solo relato. Con distintas modulaciones todos reiteran la necesidad de reaccionar, que comparto plenamente.

 

Como dice un sabio proverbio la dificultad aguza el ingenio. Y los autores contribuyen con gran acierto a diseñar un futuro más acorde con la dignidad humana. De todos los habitantes de la Tierra. Y de las generaciones venideras.

 

 

STÉPHANE HESSEL

Febrero de 2011

Prólogo de Sthéphane Hessel

 

20/09/2011 09:14. Izquierda Socialista en Valladolid #. Lecturas y vídeos No hay comentarios. Comentar.

El viejo pacifista que enseña a combatir a los dictadores

Las ideas de Gene Sharp inspiran a los jóvenes líderes de Egipto y Túnez

 

A miles de kilómetros de la plaza de la Liberación en El Cairo, un anciano intelectual estadounidense camina despacio por su pequeña casa de ladrillo en un vecindario de clase obrera en Boston. Su nombre es Gene Sharp. Con su espalda encorvada y su pelo canoso, a sus 83 años, cuida de sus orquídeas. No parece un hombre peligroso. Pero, para los déspotas del mundo, sus ideas pueden ser letales.

 

Pocos han oído hablar de él, pero sus escritos sobre la revolución no violenta -principalmente el libro De la dictudura a la democracia, una guía de 93 páginas para acabar con déspotas traducida a 24 idiomas- han inspirado a disidentes de todo el mundo durante décadas en Birmania, Bosnia, Estonia, Zimbabue y, durante estos días, Túnez y Egipto.

 

Así sucedió con los integrantes del Movimiento del 6 de Abril, uno de los grupos de oposición que inició las protestas populares egipcias. Sus jóvenes líderes tropezaron con el trabajo de Sharp mientras estudiaban hace unos años las acciones de los serbios de Otpor (Resistencia), que les habían influido. Entre los papeles que se distribuyeron dentro de un taller que entrenaba a activistas demócratas en El Cairo, estaba el trabajo de Sharp 198 métodos de acción no violenta. Como explica Peter Ackerman, fundador del taller, Sharp es su mentor porque sus "ideas tienen poder".

 

Más filosofo que revolucionario, este doctor en Teoría Política por la Universidad de Oxford e investigador de Asuntos Internacionales de Harvard no ha tenido contacto con los revolucionarios egipcios, aunque recientemente ha sabido que su libro estaba disponible en la web de los Hermanos Musulmanes. De hecho, ha visto los eventos de El Cairo por la CNN y apenas sabe utilizar Internet o lo que es Facebook o Twitter. Sin embargo, su tesis ha tenido una gran resonancia en la juventud árabe.

 

Dalia Ziada, una bloguera egipcia, asegura que utilizaron sus métodos pacíficos tanto en las revueltas tunecinas como en las egipcias. Ziada cuenta que algunos activistas tradujeron al árabe pasajes enteros de De la dictudura a la democracia. Fue su Biblia revolucionaria. Basadas en los estudios de Gandhi, en las batallas por los derechos civiles o los boicoteos económicos, las ideas de Sharp concluyen que para avanzar en libertad hay que tener una estrategia muy elaborada contra los sátrapas. La protesta pacífica es la mejor arma, porque la violencia da pie al dictador a pasar a la ofensiva y reprimir al enemigo.

 

Sharp, que pasó de joven nueve meses en una prisión federal en Danbury (Connecticut) por ser objetor de conciencia durante la guerra de Corea, sabe de lo que habla. En 1989, fue testigo de las protestas de la plaza de Tiananmen en China y, en los noventa, se coló a escondidas en un campamento rebelde en Birmania. Tal y como recuerda el coronel Robert L. Helvey, quien asesoraba a la oposición birmana por entonces: "Leíamos el trabajo de Sharp con velas en la jungla. Tenía un conocimiento tremendo de las dinámicas del poder social".

 

Bien sea en plena acción en el campo de batalla o en el despacho de una cátedra, su vida ha estado marcada por la lucha contra la represión. Por eso, es una amenaza para muchos. En los últimos años, el Gobierno venezolano de Chávez, la Junta militar birmana o el régimen iraní le han tenido en su lista negra. Aunque no todo el mundo está igual de impresionado con su figura. Asad Abu Khalil, un científico libanés y fundador de un blog sobre noticias árabes, se queja de que los periodistas occidentales están buscando a su Lawrence de Arabia para explicar el éxito egipcio, en lo que considera una actitud colonialista.

 

Refugiado en su modesta casa de Boston, Sharp parece ajeno a cualquier ruido mientras acaricia el final de su carrera. Ahora está preparando otros manuscritos, uno sobre Einstein, quien escribió el prólogo de su primer libro sobre Gandhi y da nombre a una institución que fundó en 1983 para estudiar la resistencia pacífica. Y cuando se refiere a Oriente Próximo afirma, caminando con su paso lento: "Si la gente no tuviese miedo de las dictaduras, estas tendrían un gran problema".

 

elpais.com

 

19/02/2011 22:01. Izquierda Socialista en Valladolid #. Lecturas y vídeos No hay comentarios. Comentar.

LA BÚSQUEDA DE LA IZQUIERDA

Antonio García Santesmases
 
     Este nuevo libro de José Antonio Pérez Tapias no puede llegar en un momento más oportuno. Aparece a mitad de la segunda legislatura de Zapatero cuando se acaba de producir un giro radical en la política económica del gobierno; un giro con consecuencias en la política social ya que afecta al sueldo de los funcionarios, a la promoción de obras públicas, a la cuantía de las pensiones, a las prestaciones prometidas a cargo de la ley de dependencia, o a proyectos que estaban en ciernes como la ley de la ciencia, o la ley de economía sostenible.


    Ni que decir tiene que todos los que, desde la derecha, llevaban clamando por la necesidad de rectificar la política económica  se llevan ahora las manos a la cabeza arguyendo que el “tijeretazo” ha sido fruto de la insolvencia del presidente del gobierno, que no supo ver la crisis, que no tomó a tiempo las medidas imprescindibles y que hoy se ve obligado a actuar en contra de sus convicciones para satisfacer los dictados de los mercados.

    ¿Qué puede hacer la izquierda en esta situación? ¿Cómo debe responder? ¿Tiene una estrategia para salir de esta situación?; si la tiene  ¿por qué no la manifiesta con claridad? ¿Está agotado su discurso?


    Son muchos los interrogantes que se agolpan ante nosotros. Ante los militantes socialistas, ante los sindicalistas, ante los votantes de izquierda, ante los ciudadanos preocupados por la política, ante los estudiosos que quieren saber qué está pasando se acumulan las mismas preguntas y el deseo de buscar una respuesta. Por ello es un acierto el título del libro de Pérez Tapias, La izquierda que se busca. ¿Por dónde convendría comenzar la lectura del libro?


     A mí me gusta comenzar volviendo a leer el artículo titulado “De Berlín a Kabul” porque creo que representa muy bien lo que ha ocurrido en estos años. Los que venimos de una tradición de izquierda marxista siempre recordamos la importancia que tuvo para nosotros la política de bloques militares. La política de bloques militares condicionó radicalmente a la izquierda europea; en unos casos porque supuso la adhesión de los partidos comunistas al  bloque soviético; en otros, porque implicó la adhesión acrítica de la socialdemocracia europea al atlantismo.


   José Antonio Pérez Tapias y yo pertenecemos a una generación que no vivió esa radical escisión de la izquierda que provocaba la existencia de bloques militares. Para los que estamos vinculados a la generación del 68 se abrió una esperanza de buscar una izquierda que rompiera con la dependencia soviética y criticara la dependencia atlántica. El socialismo del sur de Europa y el eurocomunismo nacieron de ese espíritu; los movimientos por la paz de los años ochenta lo continuaron y la llegada de Gorbachov al gobierno de la URSS abrió la esperanza de reestructurar el pensamiento político, de cambiar nuestros hábitos de vida, de buscar un nuevo enfoque en las relaciones internacionales.

   Por eso me gusta empezar la búsqueda de la izquierda por este artículo que refleja muy bien cómo de la esperanza propiciada por la caída del comunismo fuimos pasando a las tesis acerca del “fin de la historia”, para llegar a la “guerra contra el terrorismo”, pasando antes por el “choque de civilizaciones”. ¿Podrá Obama cambiar este designio? El Obama que ha suscitado tantas esperanzas, que ha recibido incluso  el premio Nobel de la Paz, ¿podrá resolver el problema de Afganistán?; ¿será capaz de cambiar la política del Estado de Israel?


    Sobre todos estos temas reflexiona con gran penetración José Antonio Pérez Tapias en este libro cuando habla de “Apocalipsis en Gaza” o cuando recuerda la necesidad  de propiciar un mundo donde haya “Menos OTAN y más Unión Europea”.


   Ya digo que a mí me gusta empezar por este análisis de la coyuntura internacional porque creo que refleja muy bien la personalidad del autor. Un gran profesor de filosofía que está metido en medio de la política y que en su trabajo parlamentario ha tenido y tiene la oportunidad de ir profundizando en su análisis de la situación internacional. Un análisis que remite a una segunda cuestión: ¿podrá Europa sobrevivir en este mundo incierto?; ¿podrá emitir una palabra propia?; ¿podrá mantener su modelo social?


    De la misma manera que no sabemos si el premio Nobel de la Paz podrá salir con acierto de la guerra de Afganistán, tampoco vemos un liderazgo europeo sólido  que permita salir de una crisis como la actual. No vemos este liderazgo sólido desde el debate sobre la Constitución europea. En el no a la Constitución europea que se produjo en Francia ya se vislumbraban dos de las respuestas que se han ido dando ante el temor que produce el proceso de globalización. La primera es una respuesta de izquierda que mira con pavor los efectos de un proceso  neoliberal que van drenando los derechos de los trabajadores, las conquistas del Estado del bienestar y los sistemas de protección social. Es una respuesta de izquierda que pide una Europa más política, más social, más articulada fiscalmente.


     Pero en aquella negativa anidaba también otra respuesta a la Constitución europea que pedía atrincherarse en un nacionalismo de Estado, que defendía con ahínco una forma chauvinista de bienestar recelosa   del peligro del “fontanero polaco” dentro de nuestras ciudades y del turco que acecha pidiendo entrar en nuestro proyecto. Ese planteamiento no ha desaparecido y ha vuelto a emerger con la crisis económica que ha comenzado a partir del 2.008.


     Y es aquí donde es imprescindible afinar. Igual que nos planteamos si podrá Obama  salvar su proyecto a pesar de Afganistán y nos interrogamos  si Europa será capaz de dar una respuesta, hay que diseñar con rigor  la reformulación de un  proyecto socialdemócrata. En todo el libro de Pérez Tapias está presente el problema de si es posible mantener una política keynesiana más allá de las fronteras del Estado Nación.


    Ahora, justamente ahora, cuando nos están diciendo que hay que someterse a los dictados de los mercados, cuando nos dicen que no cabe pensar en mantener una soberanía sobrepasada por los hechos, es cuando es conveniente pensar en todos los elementos que Pérez Tapias pone encima de la mesa. Si fuera  cierto que esta imposición de los mercados fuera  inatacable, ¿qué quedaría de la democracia?; ¿qué efectos tendría sobre la ciudadanía?


     Pérez Tapias realiza en este libro un conjunto de análisis muy penetrantes acerca de la conveniencia de combinar los problemas de la redistribución con los problemas del reconocimiento. Por ello ahora,  precisamente ahora, cuando nos dicen que hay que olvidarse de cualquier política redistributiva, cuando afirman que  vamos a convivir con el paro estructural, cuando nos conminan a  asumir  que las futuras generaciones no podrán gozar de las conquistas del Estado del bienestar, uno no puede sino preguntarse: ¿qué será  de la laicidad, de los derechos cívicos, de la interculturalidad, de la memoria de las victimas?


    Algunos pueden creer que no hay relación entre una cosa y otra, pero creo que se equivocan. Cuando insistimos en adelgazar el Estado, en reducir la función pública, en cercenar el papel de los sindicatos, hay que ser consecuentes y preguntarnos cómo será posible hacer frente a los problemas educativos, a la transmisión de valores, a la reubicación laica del pluralismo religioso.


    Bien es cierto que aunque tuviéramos muchos recursos económicos disponibles no podremos resolver los problemas que plantea hoy la multiculturalidad  sin tener en cuenta los problemas del reconocimiento. Unos problemas que plantean la cuestión de la justicia. Ya en su anterior libro, Del Bienestar a la justicia, Pérez Tapias había logrado conectar muy bien los planteamientos de Habermas con los de Ricoeur, por ejemplo. En esta obra sobresale la extraordinaria capacidad del filósofo que parte de la tesis de que no es posible enfrentarse a la política sin tener en cuenta la dimensión metafísica.


    Una dimensión que aparece reflejada admirablemente en la capacidad de dar cabida en el análisis de la realidad inmediata a ese pasado lejano que nos envuelve, que envuelve a Pérez Tapias en su Granada natal al hablar de Fernando de los Ríos y de Francisco Ayala y que le envuelve al hablar del problema de los moriscos. Yo por ello comenzaría el libro yendo al artículo “De Berlín a Kabul” y lo terminaría leyendo su artículo sobre la “Expulsión de los moriscos” porque ahí aparece hasta qué punto venimos de lejos, hasta qué punto es posible recordar los mil años de Granada, los sucesos de 1492  y cómo nos cuesta pensar en aquellas tres culturas que tanto impresionaron a un cristiano erasmista como Fernando de los Ríos.


    Fernando de los Ríos fue diputado por Granada y fue un hombre concernido por el hecho religioso. Pedro Cerezo, maestro de toda una generación de filósofos, fue también diputado socialista por Granada y en toda su obra intelectual nunca ha dejado de profundizar en la cuestión religiosa a lo largo de la España del siglo pasado. Pérez Tapias es un digno continuador de los dos. Por una feliz coincidencia  se ha constituido así una tradición que nos permite pensar en la España de los años treinta, en la España de la transición y en la España del siglo XXI a partir de la reflexión y de la actuación de estos tres pensadores.


 
*Antonio García Santesmases es Catedrático de Filosofía Política de la UNED.
**Prologo al libro de José Antonio Pérez Tapias  “La izquierda que se busca".

10/01/2011 11:02. Izquierda Socialista en Valladolid #. Lecturas y vídeos No hay comentarios. Comentar.

Costa Nostra. Las mafias en la Costa del Sol


El pasado jueves 7 de mayo, en el hotel El Fuerte Miramar de Marbella tuvo lugar la presentación del libro titulado:“Costa Nostra. Las mafias en la Costa del Sol” del periodista y ex miembro de la Comisión Gestora de Marbella, Miguel Díaz y de Antonio Romero, Secretario General del PCA de Málaga y ex parlamentario de IU, así como presidente de la Red de Municipios por la III República. El acto fue presentado por el diputado andaluz de IULV-CA, José Antonio Castro y abrió una gran expectación en la localidad de Marbella, no solo por lo conocidas de sus posiciones e históricas denuncias de las acciones de las mafias en la Costa, sino también por el preocupante desarrollo de estos tipos de delincuencia a nivel general.

 

El salón estuvo abarrotado con mas de 150 asistentes entre ellos numerosos consejales y cargos publicos de iu en la costa del sol comités de empresa de hoteles de la zona intervino Cayo Lara coordinador general de IU y el sindicalista Manuel Garcia Morales haciendo un alegato contra las mafias y el capital y destacando el libro como una gran aportación. Cayo destaco que Romero y Diaz se la juegan con este libro.

 

En el libro, los autores, explican los orígenes de la instalación de estas organizaciones en el litoral malagueño. Y señalan: “Nadie se molesta en combatir a la Mafia si la Mafia no existe. La negación de su propia existencia fue, durante décadas, uno de los mayores éxitos de la Cosa Nostra siciliana o de la Camorra napolitana. Los pocos que se atrevían a alzar su voz contra las mafias eran ignorados, tachados de alborotadores oportunistas o, en el peor de los casos, silenciados con métodos expeditivos”.

 

En el libro se sustenta la tesis de que la implantación de mafias en la Costa del Sol ha contado durante demasiados años con facilidades. Si bien algunos denunciaron hace más de quince años la evidencia de que distintas mafias se estaban asentando en tan privilegiado enclave, las administraciones se limitaron a mirar para otro lado. También los autores sostiene que hubo quien desde las distintas administraciones, también “se puso al servicio de las mismas mafias cuya existencia negaban”.

 

En la contraportada de la obra se afirma que “Si el Ayuntamiento de Marbella no hubiera puesto su urbanismo al servicio de inversiones criminales, si la Junta de Andalucía hubiera actuado a tiempo, si algunos miembros de la Judicatura y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no hubieran estado a sueldo de quienes debían combatir, los tentáculos de las mafias nunca habrían podido extenderse tanto y tan profundamente por la Costa del Sol”.

 

Antonio Romero y Miguel Díaz, que reiteradamente denunciaron esa situación y que durante tanto tiempo pidieron la disolución del Ayuntamiento de Marbella, hacen en este libro una radiografía de la realidad de las mafias en la Cosa del Sol. El texto también contiene propuestas para derrotar a las mafias, cortando sus tentáculos, quitando el agua que blanquea su dinero sucio.

 

El libro no sólo aborda el crimen organizado sino que también se ocupa de la corrupción política y del urbanismo especulativo. También aborda una relación de propuestas que sugieren a las administraciones públicas para tomar medidas efectivas contra la criminalidad organizada.

 

Aporta importantes revelaciones tales como que la mafia italiana pactó con el régimen franquista para esconderse en Marbella a cambio de que no cometer delitos de sangre. Otra revelación inédita es que la Camorra italiana denomina como “Costa Nostra”, (título del libro) a la Costa del Sol.

 

En definitiva un libro para entender la realidad, pasada y presente, de la Costa del Sol y para afrontar un problema que, según todos los expertos, será el que más gravemente azote a Europa en los próximos veinte años: el fenómeno de las mafias.

larepublica.es

11/11/2009 08:38. Izquierda Socialista en Valladolid #. Lecturas y vídeos No hay comentarios. Comentar.

Represión, silencio y olvido. Memoria Histórica de Hervás y el Alto Ambroz

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Autor: Francisco Moriche Mateos

 PRESENTACIÓN, por Juan Ramón Ferreira Díaz, presidente de la Asamblea de Extremadura

· INTRODUCCIÓN, por Julián Chaves Palacios

· PRÓLOGO, por Víctor Chamorro Calzón

· PRIMERA PARTE: Reflexiones breves

1.1 - Sobre la Recuperación de la Memoria Histórica

1.2 - Sobre la Guerra Civil española

 

El libro (en PDF)

 

1.3 - Sobre Hervás (1936-2007)

· SEGUNDA PARTE: La vida en Hervás durante la II República, la Guerra Civil y la posguerra. Apuntes histórico-sociales (1931-1950)

· TERCERA PARTE: Los represaliados por el franquismo

3.1 - Hervasenses fusilados tras "paseos"

3.2 - Hervasenses fusilados tras Consejos de Guerra

3.3 - Hervasenses condenados a penas de reclusión

3.4 - Hervasenses represaliados residentes fuera de su pueblo natal

3.5 - Otras formas de represión

3.6 - Represaliados singulares: dos "topos"

3.7 - La represión en los pueblos vecinos: Baños de Montemayor y Aldeanueva del Camino

3.8 - Otras víctimas relacionadas con nuestra comarca

· EPÍLOGO

· ANEXOS

Anexo I: Conversación con Justo Jiménez "El Cojo"

Anexo II: "Memoria Histórica de Hervás", por Francisco Moriche Mateos

Anexo III: Homenaje a la República y los hervasenses víctimas de la dictadura (14 de abril de 2007)

Anexo IV: Tablas

· AGRADECIMIENTOS

· BIBLIOGRAFÍA

· IMÁGENES

Represión, silencio y olvido. Memoria Histórica de Hervás y el Alto Ambroz (obra completa en PDF)Libro (descarga el libro en PDF)

09/10/2009 12:03. Izquierda Socialista en Valladolid #. Lecturas y vídeos No hay comentarios. Comentar.

Totó, la primera novela de Magdalena González Acuña

El pasado miércoles 6 de mayo se presentó el libro Totó de Magdalena González Acuña.

Más información en :

http://espaciosyperiferias.blogspot.com/2009/05/toto-la-primera-novela-de-magdalena.html

29/05/2009 14:33. Izquierda Socialista en Valladolid #. Lecturas y vídeos No hay comentarios. Comentar.

El brazo incorrupto del PP

 





    Cuando en el prólogo de este libro leí a Javier Ortiz afirmando que se leía de un tirón no le concedí demasiada credibilidad porque eso se suele decir de demasiados libros, pero ahora quiero dar fe que tenían razón el prologuista y "Zaplana. El brazo incorrupto del PP", se lee, efectivamente, de una sentada. Se trata de un trabajo de investigación donde se destapan las tramas de corrupción en torno a Eduardo Zaplana quien fuera presidente de la Generalitat Valenciana, ministro de Trabajo con el gobierno Aznar y portavoz del Partido Popular en la actualidad. 
   

     La carrera de Zaplana comienza con su llegada al gobierno del Ayuntamiento de Benidorm sin ganar unas elecciones, gracias al voto de una concejala tránsfuga del PSOE que desde ese día -hace 16 años- comenzó a cobrar un sueldo del consistorio sin trabajar, y su marido, sin titulación académica, es destinado a un privilegiado puesto en el Consorcio de Bomberos de Alicante. A partir de ahí se sucede la creación de una tupida red de cargos y amigos influyentes en cargos de relevancia, el incremento disparado de los presupuestos públicos para obras faraónicas, la contratación de amigos y familiares, el despilfarro de dinero público, el silenciamiento de jueces, la compra de complicidades. Cada página de este libro es un escándalo. 
       

     Veamos algunos ejemplos ilustrativos. La concejal tránsfuga Maruja Sánchez, de profesión profesora privada de baile, que le dio con su voto la alcaldía de Benidorm a Zaplana, "sólo en sueldos oficiales, verificados, ha percibido de las arcas públicas, desde su deserción del PSOE, más de 100 millones de pesetas. Durante ese tiempo, Sánchez ha aprovechado para introducir en el Consistorio a su marido y a su nuera. Su hijo ha entrado, también por la vía del compadreo político, en la delegación del Canal 9 de Alicante". Además "lo cierto es que Sánchez aparece poco o nada por su supuesto lugar de trabajo. En Benidorm se dice que sólo se la puede ver, a fin de mes, en la oficina bancaria de la CAM, que es donde se ingresan las nóminas del ayuntamiento". 
  

     En febrero de 1992, Zaplana contrata el mapa sonoro de Benidorm, un estudio encaminado a detectar los problemas del exceso de ruido en la ciudad. Al procedimiento para adjudicar el contrato se invita a tres empresas, ninguna de ellas tiene experiencia, ninguna aparece en el listín telefónica pero en las tres tiene intereses económicos el amigo íntimo de Zaplana, Vicente Conesa. Se adjudica el estudio por 15'5 millones de pesetas, una cantidad superior al límite establecido para la adjudicación directa, casi seis millones de pesetas más que lo que costó un informe similar para la ciudad de Valencia, la tercera de España.
También en 1992 nuestro alcalde de Benidorm adjudica a dedo y por 14'9 millones de pesetas un estudio que consiste simplemente en "la catalogación de zonas verdes y diagnosis de situación de los jardines" del municipio.
  

     Sus aliados en el PP no se quedan atrás, a Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y apoyo fundamental para alcanzar la presidencia de la Generalitat, "Hacienda le apunta un supuesto fraude de 149.000 euros en 1999 y tiene ingresos sin justificar por unos 600.000 euros". 
   

    Cuando gobernaba el PSOE en la Comunidad Valenciana, el PP intentan tumbar el proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias "con el pretexto de que es carísimo", pero al llegar al poder el PP lo retoman. "Entonces se barajaba una cifra de 35.000 millones de pesetas, y el último informe, de 2005, supera los mil millones de euros de costes. Y aún no han finalizado las obras", sólo el arquitecto Santiago "Calatrava y su gente han ingresado ya, en honorarios, doce mil millones de pesetas".
Salvador Gil, chófer de Eduardo Zaplana, condenado ya a nueve meses de prisión por agredir a un joven en 1998, fue nombrado responsable de una sede de la Agencia Valenciana de Turismo, donde también contratan a su mujer, a pesar de no tener la titulación exigida.
También Zaplana presentó en 2001 como propio un libro sobre política territorial que contenía párrafos de hasta más de veinte frases seguidas tomados de otros libros. Todo ello sin bibliografía ni citas a pie de página. 

    El libro de Grimaldos detalla cómo el ex presidente valenciano maniobra para controlar los medios de comunicación de su comunidad promoviendo que empresas concesionarias de servicios se vean obligadas a invertir y tomar el control de periódicos y empresas de comunicación. En otras ocasiones recurre al dinero público "para apoyar a sus medios de comunicación privados". En la televisión pública regional (Canal 9) sustituye a los profesionales más veteranos que no le son fieles por recién licenciados. "La Audiencia Nacional acaba dictaminando que las contrataciones son irregulares, pero la sentencia no llegará a ejecutarse nunca".
Según un estudio del comité de redacción de Canal 9, "el PP protagoniza cuatro de cada cinco noticias de contenido político", el comité denunció que "el presidente de la Generalitat ha aparecido treinta veces en un solo día, haciendo declaraciones en tres espacio informativos distintos, mientras los criterios de la oposición no han sido transmitidos ni una sola vez". Por supuesto, el dinero también da juego en el canal, "los informativos se saturan de articulistas y opinadores que cobran 600 euros por cada minuto de intervención". Y así es como consigue pasar de un déficit de 200 millones de pesetas que tenía la cadena a su llegada a la presidencia a un gasto de 18.000 millones, entre subvenciones y ampliaciones de capital, sólo en 1999. El déficit supera ya con creces la cifra prevista de 15.193 millones de pesetas.
Y como los valencianos se hartan y se emigran a la cadena pública catalana TV-3, Zaplana inicia una ofensiva para clausurar todos sus repetidores en la Comunidad Valenciana. 

    Más anécdotas. En París, donde se desplazó en avión privado, "la visita del presidente incluye una estancia de tres horas en el parisino Hotel Ritz -probablemente una siesta-, por la que paga el módico precio de 150.000 pesetas". 
 

   Sobre la educación del presidente basta ésta otra anécdota sobre la directora general de Canal 9: "Con Genoveva Reig, por ejemplo, tenía una trato muy machista. Le hacía bromas como hundirle el dedo índice en la untura, entre las risotadas de su clá, y le decía: 'Veva', estás engordadno, ¿eh? Te voy a tener que despedir".
Existen en nuestro libro muchos detalles de la personalidad de Eduardo Zaplana, como su obsesión por la imagen que la llevó a ordenar a su llegada al Ministerio de Trabajo que "le montaran, cerca de su despacho oficial, un gimnasio completo, con yacuzzi incluido, y casi se desmorona el edificio". "Tras su llegada a Valencia, se incrementa notablemente el precio de los trajes que luce. Le toma medidas el afamado sastre Antonio Puebla y, además, empieza a hacer escapadas a Londres para comprar ropa y zapatos". En mayo de 2000, "Zaplana contrata oficialmente para la Generalitat, a Miguel Maeso, preparador físico y amigo suyo. Hace que lo nombren, por libre designación, técnico de programas de deporte de elite, por lo que recibe una retribución anual próxima a los seis millones de pesetas (.). Su labor exclusiva: mantener en forma al presidente de la Generalitat. Le acompaña incluso en sus viajes oficiales". 

    Pero el gran fiasco de su presidencia, "la cueva de Alí Baba" como le llama Grimaldos, será el parque temático Terra Mítica. Los pelotazos comienzan con su amigo Eliseo Quintanilla, quien compra unos terrenos en la provincia de Alicante por ocho millones de pesetas, precisamente los que luego son seleccionados para construir el parque y que el empresario venderá por 1.500 millones de pesetas. Otras dos empresas inmobiliarias comienzan a adquirir terrenos rústicos en los alrededores del parque. En la primera de ella encontramos de consejeras delegadas a la esposa de Zaplana y a la madre de ella. La segunda es propiedad del hermano de la suegra del presidente de la Generalitar. La compra fue acompañada de su correspondiente propuesta de reclasificación de terrenos rústicos a urbanizables, según señala Alfredo Grimaldos. 
   

     Y más coincidencias todavía. Otros terrenos de Terra Mítica se asientan en una zona de "especial protección forestal" que, casualmente, se incendia sin motivo aparente en 1992, el alcalde Eduardo Zaplana nunca repoblará ni rehabilitará ese pulmón verde que terminará siendo hormigón para el parque temático. Grimaldos recuerda que "como en otras muchas ocasiones, se incumple la Ley Forestal, que prohíbe edificar en espacios rústicos devastados por el fuego, y los terrenos que posteriormente albergarán al parque temático obtienen todas las licencias y bendiciones necesarias para que se puedan iniciar las obras".
Lo que comenzó prometiéndose como un plan que no iba a costar ni una peseta a los valencianos, en 2003 acumulaba pérdidas cercanas a los 200 millones de euros, y en 2004 se produce la suspensión de pagos. Su coste andaba por los 60.000 millones de pesetas y ya en 1999 el tribunal de cuentas valenciano advertía no se sabía el destino de 156 millones. Entre los beneficiados del invento encontramos hasta al peluquero de José María Aznar, quien, sin tener ninguna experiencia en hostelería, logra el derecho a la construcción y explotación durante 75 años en el entorno del parque de dos hoteles de cuatro y cinco estrellas y dos hoteles de apartamentos, además de un centro de convenciones y un campo de golf.

    En conclusión -afirma Grimaldos- "el parque es un fracaso económico absoluto pero mucho sacan tajada de él. Acaba costando al erario público más de 400 millones de euros". La nómina del parque "está bien surtida de viejos amigos" de Zaplana y "hay, incluso, miembros de su propia familia. El parque llega a tener una enorme cantidad de cargos políticos: multimillonarios contratos a dedo para puestos de confianza". El escándalo es absoluto. La policía descubre que "al menos una decena de firmas que han cobrado del parque son empresas fantasma" y el fraude fiscal se contabiliza en 1'7 millones de euros, según el detallado estudio de Alfredo Grimaldos recogido en el libro.
   

     Otro de los escándalos son los contratos de Julio Iglesias, reclutado como embajador de los productos valencianos en el mundo. Según Grimaldos, la Generalitat firma con el cantante un contrato de 375 millones de pesetas, pero también otro clandestino que sube las ganancias a casi mil millones de pesetas. Todo ello aderezado de paraísos fiscales, facturas falsas y hasta un convite previo a un concierto por valor de 87.450 dólares pagado con tarjeta American Express de la Generalitat en un hotel de Estados Unidos. Y mucho más, como el pago de 120.000 dólares del Instituto Valenciano para la Exportación para el aerotaxi que utiliza Julio Iglesias para ir desde Miami a Tokio. A todo ello añadir las inversiones inmobiliarias del cantante en la costa mediterránea. 
   

    Y cuando Zaplana llega al ministerio de Trabajo continúa la fiesta, tal y como sigue documentándolo Grimaldos en su libro. "A lo largo de sus dos años escasos de mandato en ese departamento, Zaplana gasta 150.000 euros en viajes en aviones privados". Hasta destinó 55.000 euros para enviar a amigos, colaboradores y parientes cuatro toneladas de turrón. En menos de dos años, gastó 183.000 euros en protocolo, muchos de los regalos son lujosas joyas que ni siquiera Hacienda sabe a quien se destinaron, y mientras tanto presenta justificantes al ministerio para que le devuelvan sus contribuciones a la Cruz Roja o las campañas contra el cáncer. Sus campañas de autobombo han sido históricas, basta recordar los 7.207.000 euros gastados en la campaña publicitaria sobre el aumento de las pensiones. Casualmente a la empresa que preside en España Miguel Angel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno Aznar. "Las adjudicaciones en contratos de publicidad a lo largo de los dos años escaso de mandato de Zaplana ascienden a más de 63 millones de euros", recuerda Grimaldos.
   

    Y todo esto, y mucho más, es lo que el magnífico y exhaustivo trabajo de Alfredo Grimaldos saca a la luz en este libro. Un libro cuya claridad y contundencia ha provocado que sea retirado de los todas las tiendas de El Corte Inglés en España, siempre sirviendo diligentemente a los poderosos; un libro que seguro también tendrá dificultades para ser reseñado y difundido en los medios de comunicación. Pero lo más triste, lo más indignante después de leerlo es la percepción de impunidad ante tanta desvergüenza y latrocinio. Cuando uno termina de leer esta obra, lo más grave no es la opinión que uno se crea de Eduardo Zaplana, sino la sensación de estúpido que tendrás cada día cuando todos los días te levantes a trabajar para un sistema que convive con ese hedor político. Grimaldos ya ha cumplido su misión sacando a la luz todo esto, ahora nos queda al resto de los ciudadanos rebelarnos y limpiar toda esa mugre.

Aldredo Grimaldos. "Zaplana. El brazo incorrupto del PP". Editorial Foca. Madrid http://www.foca.es/
 

20/01/2008 18:37. Izquierda Socialista en Valladolid #. Lecturas y vídeos No hay comentarios. Comentar.

La Constitución de 1931

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Constitución de 1931


Í N D I C E
Título preliminar

Título I.
Organización nacional

Título II.
Nacionalidad

Título III.
Derechos y deberes de los españoles

Título IV.
Las Cortes

Título V.
Presidencia de la República

Título VI.
Gobierno

Título VII.
Justicia

Título VIII.
Hacienda Pública

Título IX.
Garantías y reforma de la Constitución

Disposiciones transitorias
Como Presidente de las Cortes Constituyentes y en su nombre, declaro solemnemente que éstas, en uso de la soberanía de que están investidas, han decretado y sancionado lo siguiente:
ESPAÑA, EN USO DE SU SOBERANÍA, Y REPRESENTADA POR LAS CORTES CONSTITUYENTES, DECRETA Y SANCIONA ESTA CONSTITUCIÓN
TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo primero.

España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia.
Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.
España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia.

La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones.
La República

La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.
La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.

Artículo 2.
Todos los españoles son iguales ante la ley.
Artículo 3.
El Estado español no tiene religión oficial.
Artículo 4.
El castellano es el idioma oficial de la República.
Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.
Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional.
Artículo 5.
La capitalidad de la República se fija en Madrid.
Artículo 6.
España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.
Artículo 7.
El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo.
TÍTULO PRIMERO
Organización nacional
Artículo 8.
El estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía.
Los territorios de soberanía del norte de África se organizarán en régimen autónomo en relación directa con el Poder central.
Artículo 9.
Todos los Municipios de la República serán autónomos en las materias de su competencia, y elegirán sus Ayuntamientos por sufragio universal, igual, directo y secreto, salvo cuando funcionen en régimen de Concejo abierto.
Los Alcaldes serán designados siempre por elección directa del pueblo o por el
Ayuntamiento.
Artículo 10.
Las provincias se constituirán por los Municipios mancomunados conforme a una ley que determinará su régimen, sus funciones y la manera de elegir el órgano gestor de sus fines político administrativos.
En su término jurisdiccional entrarán los propios Municipios que actualmente las forman, salvo las modificaciones que autorice la ley, con los requisitos correspondientes.
En las islas Canarias, además, cada isla formará una categoría orgánica provista de un Cabildo insular como Cuerpo gestor de sus intereses peculiares, con funciones y facultades administrativas iguales a las que la ley asigne al de las provincias.
Las islas Baleares podrán optar por un régimen idéntico.
Artículo 11.
Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político administrativo, dentro del Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo establecido en el Artículo 12.
En ese Estatuto podrán recabar para sí, en su totalidad o parcialmente, las atribuciones que se determinen en los artículos 15, 16 y 18 de esta Constitución, sin perjuicio, en el segundo caso, de que puedan recabar todas o parte de las restantes por el mismo procedimiento establecido en este Código fundamental.
La condición de limítrofe no es exigible a los territorios insulares entre sí.
Una vez aprobado el Estatuto, será la ley básica de la organización Político administrativa de la región autónoma, y el Estado español la reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
Artículo 12.
Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma, se requieren las siguientes condiciones:
a) Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos Municipios comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la región.
b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley Electoral, por lo menos las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el plebiscito fuere negativo, no podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años.
c) Que lo aprueben las Cortes.
Los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se ajusten al presente Título y no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la Constitución, y tampoco a las leyes orgánicas del Estado en las materias no transmisibles al poder regional, sin perjuicio de la facultad que a las Cortes reconocen los artículos 15 y 16.
Artículo 13.
En ningún caso se admite la instauración de regiones autónomas.
Artículo 14.
Son de la exclusiva competencia del Estado español la legislación y la ejecución directa en las materias siguientes: 1ª. Adquisición y pérdida de la nacionalidad y regulación de los derechos y deberes constitucionales.
2ª. Relación entre las iglesias y el Estado y régimen de cultos.
3ª. Representación diplomática y consular y, en general, la del Estado en el exterior; declaración de guerra; Tratados de paz; régimen de Colonias y Protectorado, y toda clase de relaciones internacionales.
4ª. Defensa de la seguridad pública en los conflictos de carácter suprarregional o extrarregional.
5ª. Pesca marítima.
6ª. Deuda del Estado.
7ª. Ejército, Marina de guerra y Defensa nacional.
8ª. Régimen arancelario, Tratados de Comercio, Aduanas y libre circulación de las mercancías.
9ª. Abanderamiento de buques mercantes, sus derechos y beneficios e iluminación de costas.
10. Régimen de extradición.
11. Jurisdicción del Tribunal Supremo, salvo las atribuciones que se reconozcan a los Poderes regionales.
12. Sistema monetario, emisión fiduciaria y ordenación general bancaria.
13. Régimen general de comunicaciones, líneas aéreas, correos, telégrafos, cables submarinos y radiocomunicación.
14. Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas cuando las aguas discurran fuera de la región autónoma o el transporte de la energía salga de su término.
15. Defensa sanitaria en cuanto afecte a intereses extrarregionales.
16. Policía de fronteras, inmigración, emigración y extranjería.
17. Hacienda general del Estado.
18. Fiscalización de la producción y el comercio de armas.
Artículo 15.
Corresponde al Estado español la legislación, y podrá corresponder a las regiones autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes, sobre las siguientes materias:
1ª. Legislación penal, social, mercantil y procesal, y en cuanto a la legislación civil, la forma del matrimonio, la ordenación de los registros e hipotecas, las bases de las obligaciones contractuales y la regulación de los Estatutos, personal, real y formal, para coordinar la aplicación y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones civiles de España. La ejecución de las leyes sociales será inspeccionada por el Gobierno de la República, para garantizar su estricto cumplimiento y el de los tratados internacionales que afecten a la materia.
2ª. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
3ª. Eficacia de los comunicados oficiales y documentos públicos.
4ª. Pesas y medidas.
5ª. Régimen minero y bases mínimas sobre montes, agricultura y ganadería, en cuanto afecte a la defensa de la riqueza y a la coordinación de la economía nacional.
6ª. Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos de interés general, quedando a salvo para el Estado la reversión y policía de los primeros y la ejecución directa que pueda reservarse.
7ª. Bases mínimas de la legislación sanitaria interior.
8ª. Régimen de seguros generales y sociales.
9ª. Legislación de aguas, caza y pesca fluvial.
10. Régimen de Prensa, Asociaciones, reuniones y espectáculos públicos.
11. Derecho de expropiación, salvo siempre la facultad del Estado para ejecutar por sí sus obras peculiares.
12. Socialización de riquezas naturales y empresas económicas, delimitándose por la legislación la propiedad y las facultades del Estado y de las regiones.
11. Servicios y aviación civil y radiodifusión.
Artículo 16.
En las materias no comprendidas en los dos artículos anteriores, podrán corresponder a la competencia de las regiones autónomas la legislación exclusiva y la ejecución directa, conforme a lo que dispongan los respectivos Estatutos aprobados por las Cortes.
Artículo 17.
En las regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles.
Artículo 18.
Todas las materias que no estén explícitamente reconocidas en su Estatuto a la región autónoma, se reputarán propias de la competencia del Estado; pero éste podrá distribuir o transmitir las facultades por medio de una ley.
Artículo 19.
El Estado podrá fijar, por medio de una ley, aquellas bases a que habrán de ajustarse las disposiciones legislativas de las regiones autónomas, cuando así lo exigiera la armonía entre los intereses locales y el interés general de la República.
Corresponde al Tribunal de Garantías Constitucionales la apreciación previa de esta necesidad.
Para la aprobación de esta ley se necesitará el voto favorable de las dos terceras partes de los Diputados que integren las Cortes.
En las materias reguladas por una ley de Bases de la República las regiones podrán estatuir lo pertinente, por ley o por ordenanza.
Artículo 20.
Las leyes de la República serán ejecutadas en las regiones autónomas por sus autoridades respectivas, excepto aquellas cuya aplicación esté atribuida a órganos especiales o en cuyo texto se disponga lo contrario, siempre conforme a lo establecido en este Título.
El Gobierno de la República podrá dictar Reglamentos para la ejecución de sus leyes, aun en los casos en que esta ejecución corresponda a las autoridades regionales.
Artículo 21.
El derecho del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas en sus respectivos Estatutos.
Artículo 22.
Cualquiera de las provincias que forme una región autónoma o parte de ella podrá renunciar a su régimen y volver al de provincia directamente vinculada al Poder central. Para tomar este acuerdo será necesario que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos y lo acepten, por lo menos, dos terceras partes de los electorales inscritos en el censo de la provincia.
TITULO II
Nacionalidad
Artículo 23.
Son españoles:
1º. Los nacidos, dentro o fuera de España, de padre o madre españoles.
2º. Los nacidos en territorio español de padres extranjeros, siempre que opten por la nacionalidad española en la forma que las leyes determinen.
3º. Los nacidos en España de padres desconocidos.
4º. Los extranjeros que obtengan carta de naturaleza y los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la República, en los términos y condiciones que prescriban las leyes.
La extranjera que case con español conservará su nacionalidad de origen o adquirirá la de su marido, previa opción regulada por las leyes de acuerdo con los Tratados internacionales.
Una ley establecerá el procedimiento que facilite la adquisición de la nacionalidad a las personas de origen español que residan en el Extranjero.
Artículo 24.
La calidad de español se pierde:
1º. Por entrar al servicio de las armas de una potencia extranjera sin licencia del Estado español, o por aceptar empleo de otro Gobierno que lleve anejo ejercicio de autoridad o jurisdicción.
2º. Por adquirir voluntariamente naturaleza en país extranjero.
A base de una reciprocidad internacional efectiva y mediante los requisitos y trámites que fijará una ley, se concederá ciudadanía a los naturales de Portugal y países hispánicos de América, comprendido el Brasil, cuando así lo soliciten y residan en territorio español, sin que pierdan ni modifiquen su ciudadanía de origen.
En estos mismos países, si sus leyes no lo prohíben, aun cuando no reconozcan el derecho de reciprocidad, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.
TÍTULO III
Derechos y deberes de los españoles
CAPÍTULO PRIMERO
Garantías individuales y políticas
Artículo 25.
No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas.
El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios.
Artículo 26.
Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.
El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.
Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.
Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.
Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:
1ª. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.
2ª. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependientes del Ministerio de Justicia.
3ª. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.
4ª. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.
5ª. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.
6ª. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación.
Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.
Artículo 27.
La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública.
Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos.
Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.
Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.
La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la República y para ser Presidente del Consejo de Ministros.
Artículo 28.
Sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración. Nadie será juzgado sino por juez competente y conforme a los trámites legales.
Artículo 29.
Nadie podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial, dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención.
Toda detención se dejará sin efecto o se elevará a prisión, dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el detenido al juez competente.
La resolución que se dictare será por auto judicial y se notificará al interesado dentro del mismo plazo.
Incurrirán en responsabilidad las autoridades cuyas órdenes motiven infracción de este artículo, y los agentes y funcionarios que las ejecuten, con evidencia de su ilegalidad.
La acción para perseguir estas infracciones será pública, sin necesidad de prestar fianza ni caución de ningún género.
Artículo 30.
El Estado no podrá suscribir ningún Convenio o Tratado internacional que tenga por objeto la extradición de delincuentes político sociales.
Artículo 31.
Todo español podrá circular libremente por el territorio nacional y elegir en él su residencia y domicilio, sin que pueda ser compelido a mudarlos a no ser en virtud de sentencia ejecutoria.
El derecho a emigrar o inmigrar queda reconocido y no está sujeto a más limitaciones que las que la ley establezca.
Una ley especial determinará las garantías para la expulsión de los extranjeros del territorio español.
El domicilio de todo español o extranjero residente en España es inviolable.
Nadie podrá entrar en él sino en virtud de mandamiento de juez competente. El registro de papeles y efectos se practicará siempre a presencia del interesado o de una persona de su familia, y, en su defecto, de dos vecinos del mismo pueblo.
Artículo 32.
Queda garantizada la inviolabilidad de la correspondencia en todas sus formas, a no ser que se dicte auto judicial en contrario.
Artículo 33.
Toda persona es libre de elegir profesión. Se reconoce la libertad de industria y comercio, salvo las limitaciones que, por motivos económicos y sociales de interés general, impongan las leyes.
Artículo 34.
Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura.
En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico, sino por sentencia firme.
Artículo 35.
Todo español podrá dirigir peticiones, individual y colectivamente, a los Poderes públicos y a las autoridades. Este derecho no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada.
Artículo 36.
Los ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.
Artículo 37.
El Estado podrá exigir de todo ciudadano su prestación personal para servicios civiles o militares, con arreglo a las leyes.
Las Cortes, a propuesta del Gobierno, fijarán todos los años el contingente militar.
Artículo 38.
Queda reconocido el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas.
Una ley especial regulará el derecho de reunión al aire libre y el de manifestación.
Artículo 39.
Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana, conforme a las leyes del Estado.
Los Sindicatos y Asociaciones están obligados a inscribirse en el Registro público correspondiente, con arreglo a la ley.
Artículo 40.
Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen.
Artículo 41.
Los nombramientos, excedencias y jubilaciones de los funcionarios públicos se harán conforme a las leyes. Su inamovilidad se garantiza por la Constitución. La separación del servicio, las suspensiones y los traslados sólo tendrán lugar por causas justificadas previstas en la ley.
No se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario público por sus opiniones políticas, sociales o religiosas.
Si el funcionario público, en el ejercicio de su cargo, infringe sus deberes con perjuicio de tercero, el Estado o la Corporación a quien sirva serán subsidiariamente responsables de los daños y perjuicios consiguientes, conforme determine la ley.
Los funcionarios civiles podrán constituir Asociaciones profesionales que no impliquen injerencia en el servicio público que les estuviere encomendado. Las Asociaciones profesionales de funcionarios se regularán por una ley. Estas Asociaciones podrán recurrir ante los Tribunales contra los acuerdos de la superioridad que vulneren los derechos de los funcionarios.
Artículo 42.
Los derechos y garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 podrán ser suspendidos total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte de él, por decreto del Gobierno, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria e inminente gravedad.
Si las Cortes estuviesen reunidas, resolverán sobre la suspensión acordada por el Gobierno.
Si estuviesen cerradas, el Gobierno deberá convocarlas para el mismo fin en el plazo máximo de ocho días. A falta de convocatoria se reunirán automáticamente al noveno día. Las Cortes no podrán ser disueltas antes de resolver mientras subsista la suspensión de garantías.
Si estuvieran disueltas, el Gobierno dará inmediata cuanta a la Diputación Permanente establecida en el artículo 62, que resolverá con iguales atribuciones que las Cortes.
El plazo de suspensión de garantías constitucionales no podrá exceder de treinta días. Cualquier prórroga necesitará acuerdo previo de las Cortes o de la Diputación Permanente en su caso.
Durante la suspensión regirá, para el territorio a que se aplique, la ley de Orden público.
En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles, ni desterrarlos a distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio.
CAPÍTULO II
Familia, economía y cultura
Artículo 43.
La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.
Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución.
Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él.
Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad.
No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en filiación alguna.
El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la “Declaración de Ginebra” o tabla de los derechos del niño.
Artículo 44.
Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes.
La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes.
Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada.
Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija.
El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía nacional.
En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes.
Artículo 45.
Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación.
El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico.
Artículo 46.
El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes.
La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el Extranjero; las instituciones de cooperación; la relación económico jurídica de los factores que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores.
Artículo 47.
La República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola, indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentaciones agropecuarias, obras para riego y vías rurales de comunicación.
La República protegerá en términos equivalentes a los pescadores.
Artículo 48.
El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.
La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.
Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.
La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la votación.
La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.
Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.
Artículo 49.
La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aun en los casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las regiones autónomas. Una ley de Instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado, la duración de los períodos de escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos privados.
Artículo 50.
Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en los Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los Centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo y en los dos anteriores.
El Estado atenderá a la expansión cultural de España estableciendo delegaciones y centros de estudio y enseñanza en el Extranjero y preferentemente en los países hispanoamericanos.
TITULO IV
Las Cortes
Artículo 51.
La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados.
Artículo 52.
El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto.
Artículo 53.
Serán elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la República mayores de veintitrés años, sin distinción de sexo ni de estado civil, que reúnan las condiciones fijadas por la ley Electoral.
Los Diputados, una vez elegidos, representan a la Nación. La duración legal del mandato será de cuatro años, contados a partir de la fecha en que fueron celebradas las elecciones generales. Al terminar este plazo se renovará totalmente el Congreso. Sesenta días, a lo sumo, después de expirar el mandato o de ser disueltas las Cortes, habrán de verificarse las nuevas elecciones. El Congreso se reunirá a los treinta días, como máximo, después de la elección. Los Diputados serán reelegibles indefinidamente.
Artículo 54.
La ley determinará los casos de incompatibilidad de los Diputados, así como su retribución.
Artículo 55.
Los Diputados son inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.
Artículo 56.
Los Diputados sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.
La detención será comunicada inmediatamente a la Cámara o a la Diputación Permanente.
Si algún juez o Tribunal estimare que debe dictar auto de procesamiento contra un Diputado, lo comunicará así al Congreso, exponiendo los fundamentos que considere pertinentes.
Transcurridos sesenta días, a partir de la fecha en que la Cámara hubiere acusado recibo del oficio correspondiente, sin tomar acuerdo respecto del mismo, se entenderá denegado el suplicatorio.
Toda detención o procesamiento de un Diputado quedará sin efecto cuando así lo acuerde el Congreso, si está reunido, o la Diputación Permanente cuando las sesiones estuvieren suspendidas o la Cámara disuelta.
Tanto el Congreso como la Diputación Permanente, según los casos antes mencionados, podrán acordar que el juez suspenda todo procedimiento hasta la expiración del mandato parlamentario del Diputado objeto de la acción judicial.
Los acuerdos de la Diputación Permanente se entenderán revocados si reunido el Congreso no los ratificara expresamente en una de sus veinte primeras sesiones.
Artículo 57.
El Congreso de los Diputados tendrá facultad para resolver sobre la validez de la elección y la capacidad de sus miembros electos y para adoptar su Reglamento de régimen interior.
Artículo 58.
Las Cortes se reunirán sin necesidad de convocatoria el primer día hábil de los meses de febrero y octubre de cada año y funcionarán, por lo menos, durante tres meses en el primer período y dos en el segundo.
Artículo 59.
Las Cortes disueltas se reúnen de pleno derecho y recobran su potestad como Poder legítimo del Estado, desde el momento en que el Presidente no hubiere cumplido, dentro de plazo, la obligación de convocar las nuevas elecciones.
Artículo 60.
El Gobierno y el Congreso de los Diputados tienen la iniciativa de las leyes.
Artículo 61.
El Congreso podrá autorizar al Gobierno para que éste legisle por decreto, acordado en Consejo de Ministros, sobre materias reservadas a la competencia del Poder legislativo.
Estas autorizaciones no podrán tener carácter general, y los decretos dictados en virtud de las mismas se ajustarán estrictamente a las bases establecidas por el Congreso para cada materia concreta.
El Congreso podrá reclamar el conocimiento de los decretos así dictados, para enjuiciar sobre su adaptación a las bases establecidas por él.
En ningún caso podrá autorizarse en esta forma, aumento alguno de gastos.
Artículo 62.
El Congreso designará de su seno una Diputación Permanente de Cortes, compuesta, como máximo, de 21 representantes de las distintas fracciones políticas, en proporción a su fuerza numérica.
Esta Diputación tendrá por Presidente el que lo sea del Congreso y entenderá:
1º. De los casos de suspensión de garantías constitucionales previstos en el Artículo 42.
2º. De los casos a que se refiere el artículo 80 de esta Constitución relativos a los decretos-leyes.
3º. De lo concerniente a la detención y procesamiento de los Diputados.
4º. De las demás materias en que el Reglamento de la Cámara le diere atribución.
Artículo 63.
El Presidente del Consejo y los Ministros tendrán voz en el Congreso, aunque no sea Diputados.
No podrán excusar su asistencia a la Cámara cuando sean por ella requeridos.
Artículo 64.
El Congreso podrá acordar un coto de censura contra el Gobierno o alguno de sus Ministros.
Todo voto de censura deberá ser propuesto, en forma motivada y por escrito, con las firmas de cincuenta Diputados en posesión del cargo.
Esta proposición deberá ser comunicada a todos los Diputados y no podrá ser discutida ni votada hasta pasados cinco días de su presentación.
No se considerará obligado a dimitir el Gobierno ni el Ministro, cuando el voto de censura no fuese aprobado por la mayoría absoluta de los Diputados que constituyan la Cámara.
Las mismas garantías se observarán respecto a cualquier otra proposición que indirectamente implique un voto de censura.
Artículo 65.
Todos los Convenios internacionales ratificados por España e inscritos en la Sociedad de las Naciones y que tengan carácter de ley internacional, se considerarán parte constitutiva de la legislación española, que habrá de acomodarse a lo que en aquéllos se disponga.
Una vez ratificado un Convenio internacional que afecte a la ordenación jurídica del Estado, el Gobierno presentará, en plazo breve, al Congreso de los Diputados, los proyectos de ley necesarios para la ejecución de sus preceptos.
No podrá dictarse ley alguna en contradicción con dichos Convenios, si no hubieran sido previamente denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido.
La iniciativa de la denuncia habrá de ser sancionada por las Cortes.
Artículo 66.
El pueblo podrá atraer a su decisión mediante “referéndum” las leyes votadas por las Cortes. Bastará, par a ello, que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral.
No serán objeto de este recurso la Constitución, las leyes complementarias de la misma, las de ratificación de Convenios internacionales inscritos en la Sociedad de las Naciones, los Estatutos regionales, ni las leyes tributarias.
El pueblo podrá asimismo, ejerciendo el derecho de iniciativa, presentar a las Cortes una proposición de ley siempre que lo pida, por lo menos, el 15 por 100 de los electores.
Una ley especial regulará el procedimiento y las garantías del “referéndum” y de la iniciativa popular.
TITULO V
Presidencia de la República
Artículo 67.
El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación.
La ley determinará su dotación y sus honores, que no podrán ser alterados durante el período de su magistratura.
Artículo 68.
El Presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un número de compromisarios igual al de Diputados.
Los compromisarios serán elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, conforme al procedimiento que determine la ley. Al Tribunal de Garantías Constitucionales corresponde el examen y aprobación de los poderes de los compromisarios.
Artículo 69.
Sólo serán elegibles para la Presidencia de la República los ciudadanos españoles mayores de cuarenta años que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Artículo 70.
No podrán ser elegibles ni tampoco propuestos para candidatos:
a) Los militares en activo o en la reserva, ni los retirados que no lleven diez años, cuando menos, en dicha situación.
b) Los eclesiásticos, los ministros de las varias confesiones y los religiosos profesos.
c) Los miembros de las familias reinantes o ex reinantes de cualquier país, sea cual fuere el grado de parentesco que les una con el jefe de las mismas.
Artículo 71.
El mandato del Presidente de la República durará seis años.
El Presidente de la República no podrá ser reelegido hasta transcurridos seis años del término de su anterior mandato.
Artículo 72.
El Presidente de la República prometerá ante las Cortes, solemnemente reunidas, fidelidad a la República y a la Constitución.
Prestada esta promesa, se considerará iniciado el nuevo período presidencial.
Artículo 73.
La elección de nuevo Presidente de la República se celebrará treinta días antes de la expiración del mandato presidencial.
Artículo 74.
En caso de impedimento temporal o ausencia del Presidente de la República, le substituirá en sus funciones el de las Cortes, quien será substituido en las suyas por el Vicepresidente del Congreso. Del mismo modo, el Presidente del Parlamento asumirá las funciones de la Presidencia de la República, si ésta quedara vacante; en tal caso será convocada la elección de nuevo Presidente en el plazo improrrogable de ocho días, conforme a lo establecido en el artículo 68, y se celebrará dentro de los treinta días siguientes a la convocatoria.
A los exclusivos efectos de la elección de Presidente de la República, las Cortes, aun estando disueltas, conservan sus poderes.
Artículo 75.
El Presidente de la República nombrará y separará libremente al Presidente del Gobierno, y, a propuesta de éste, a los Ministros. Habrá de separarlos necesariamente en el caso de que las Cortes les negaren de modo explícito su confianza.
Artículo 76.
Corresponde también al Presidente de la República:
a) Declarar la guerra, conforme a los requisitos del artículo siguiente, y firmar la paz.
b) Conferir los empleos civiles y militares y expedir los títulos profesionales, de acuerdo con las leyes y los reglamentos.
c) Autorizar con su firma los decretos, refrendados por el Ministro correspondiente, previo acuerdo del Gobierno, pudiendo el Presidente acordar que los proyectos de decreto se sometan a las Cortes, si creyere que se oponen a alguna de las leyes vigentes.
d) Ordenar las medidas urgentes que exija la defensa de la integridad o la seguridad de la Nación, dando inmediata cuenta a las Cortes.
e) Negociar, firmar y ratificar los Tratados y Convenios internacionales sobre cualquier materia y vigilar su cumplimiento en todo el territorio nacional.
Los Tratados de carácter político, los de comercio, los que supongan gravamen para la Hacienda pública o individualmente para los ciudadanos españoles y, en general, todos aquellos que exijan para su ejecución medidas de orden legislativo, sólo obligarán a la Nación si han sido aprobados por las Cortes.
Los proyectos de Convenio de la organización internacional del Trabajo serán sometidos a las Cortes en el plazo de un año y, en caso de circunstancias excepcionales, de dieciocho meses, a partir de la clausura de la Conferencia en
que hayan sido adoptados. Una vez aprobados por el Parlamento, el Presidente de la República subscribirá la ratificación, que será comunicada, para su registro, a la Sociedad de las Naciones.
Los demás Tratados y Convenios internacionales ratificados por España, también deberán ser registrados en la Sociedad de las Naciones, con arreglo al artículo 18 del Pacto de la Sociedad, a los efectos que en él se previenen.
Los Tratados y Convenios secretos y las cláusulas secretas de cualquier Tratado o Convenio no obligarán a la Nación.
Artículo 77.
El Presidente de la República no podrá firmar declaración alguna de guerra sino en las condiciones prescritas en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, y sólo una vez agotados aquellos medios defensivos que no tengan carácter bélico y los procedimientos judiciales o de conciliación y arbitraje establecidos en los convenios internacionales de que España fuere parte, registrados en la Sociedad de las Naciones.
Cuando la Nación estuviera ligada a otros países por Tratados particulares de conciliación y arbitraje, se aplicarán éstos en todo lo que no contradigan los Convenios generales.
Cumplidos los anteriores requisitos, el Presidente de la República habrá de estar autorizado por una ley para firmar la declaración de guerra.
Artículo 78.
El Presidente de la República no podrá cursar el aviso de que España se retira de la Sociedad de las Naciones sino anunciándolo con la antelación que exige el Pacto de esa Sociedad, y mediante previa autorización de las Cortes, consignada en una ley especial, votada por mayoría absoluta.
Artículo 79.
El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno, expedirá los decretos, reglamentos e instrucciones necesarios para la ejecución de las leyes.
Artículo 80.
Cuando no se halle reunido el Congreso, el Presidente, a propuesta y por acuerdo unánime del Gobierno y con la aprobación de los dos tercios de la Diputación Permanente, podrá estatuir por decreto sobre materias reservadas a la competencia de las Cortes, en los casos excepcionales que requieran urgente decisión, o cuando lo demande la defensa de la República.
Los decretos así dictados tendrán sólo carácter provisional, y su vigencia estará limitada al tiempo que tarde el Congreso en resolver o legislar sobre la materia.
Artículo 81.
El Presidente de la República podrá convocar el Congreso con carácter extraordinario siempre que lo estime oportuno.
Podrá suspender las sesiones ordinarias del Congreso en cada legislatura sólo por un mes en el primer período y por quince días en el segundo, siempre que no deje de cumplirse lo preceptuado en el artículo 58.
El Presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato cuando lo estime necesario, sujetándose a las siguientes condiciones:
a) Por decreto motivado.
b) Acompañando al decreto de disolución la convocatoria de las nuevas elecciones para el plazo máximo de sesenta días.
En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja la destitución del Presidente.
Artículo 82.
El Presidente podrá ser destituido antes de que expire su mandato.
La iniciativa de destitución se tomará a propuesta de las tres quintas partes de los miembros que compongan el Congreso, y desde este instante el Presidente no podrá ejercer sus funciones.
En el plazo de ocho días se convocará la elección de compromisarios en la forma prevenida para la elección de Presidente. Los compromisarios reunidos con las Cortes decidirán por mayoría absoluta sobre la propuesta de éstas.
Si la Asamblea votare contra la destitución, quedará disuelto el Congreso. En caso contrario, esta misma Asamblea elegirá el nuevo Presidente.
Artículo 83.
El Presidente promulgará las leyes sancionadas por el Congreso, dentro del plazo de quince días, contados desde aquel en que la sanción le hubiere sido oficialmente comunicada.
Si la ley se declara urgente por las dos terceras partes de los votos emitidos por el Congreso, el Presidente procederá a su inmediata promulgación.
Antes de promulgar las leyes no declaradas urgentes, el Presidente podrá pedir al Congreso, en mensaje razonado, que las someta a nueva deliberación. Si volvieran a ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de votantes, el
Presidente quedará obligado a promulgarlas.
Artículo 84.
Serán nulos y sin fuerza alguna de obligar los actos y mandatos del Presidente que no estén refrendados por un Ministro.
La ejecución de dichos mandatos implicará responsabilidad penal.
Los Ministros que refrenden actos o mandatos del Presidente de la República asumen la plena responsabilidad política y civil y participan de la criminal que de ellos pueda derivarse.
Artículo 85.
El Presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales.
El Congreso, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus miembros, decidirá si procede acusar al Presidente de la República ante el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Mantenida la acusación por el Congreso, el Tribunal resolverá si la admite o no. En caso afirmativo, el Presidente quedará, desde luego, destituido, procediéndose a nueva elección, y la causa seguirá sus trámites.
Si la acusación no fuese admitida, el Congreso quedará disuelto y se procederá a nueva convocatoria.
Una ley de carácter constitucional determinará el procedimiento para exigir la responsabilidad criminal del Presidente de la República.
TITULO VI
Gobierno
Artículo 86.
El Presidente del Consejo y los Ministros constituyen el Gobierno.
Artículo 87.
El Presidente del Consejo de Ministros dirige y representa la política general del Gobierno. Le afectan las mismas incompatibilidades establecidas en el artículo 70 para el Presidente de la República.
A los Ministros corresponde la alta dirección y gestión de los servicios públicos asignados a los diferentes departamentos ministeriales.
Artículo 88.
El Presidente de la República, a propuesta del Presidente del Consejo, podrá nombrar uno o más Ministros sin cartera.
Artículo 89.
Los miembros del Gobierno tendrán la dotación que determinen las Cortes.
Mientras ejerzan sus funciones, no podrán desempeñar profesión alguna, ni intervenir directa o indirectamente en la dirección o gestión de ninguna empresa ni asociación privada.
Artículo 90.
Corresponde al Consejo de Ministros, principalmente, elaborar los proyectos de ley que haya de someter al Parlamento; dictar decretos; ejercer la potestad reglamentaria, y deliberar sobre todos los asuntos de interés público.
Artículo 91.
Los miembros del Consejo responden ante el Congreso: solidariamente de la política del Gobierno, e individualmente de su propia gestión ministerial.
Artículo 92.
El Presidente del Consejo y los Ministros son, también, individualmente responsables, en el orden civil y en el criminal, por las infracciones de la Constitución y de las leyes.
En caso de delito, el Congreso ejercerá la acusación ante el Tribunal de Garantías Constitucionales en la forma que la ley determine.
Artículo 93.
Una ley especial regulará la creación y el funcionamiento de los órganos asesores y de ordenación económica de la Administración, del Gobierno y de las Cortes.
Entre estos organismos figurará un Cuerpo consultivo supremo de la República en asuntos de Gobierno y Administración, cuya composición, atribuciones y funcionamiento serán regulados por dicha ley.
TITULO VII
Justicia
Artículo 94.
La Justicia se administra en nombre del Estado.
La República asegurará a los litigantes económicamente necesitados la gratuidad de la Justicia.
Los jueces son independientes en su función. Sólo están sometidos a la ley.
Artículo 95.
La Administración de Justicia comprenderá todas las jurisdicciones existentes, que serán reguladas por las leyes.
La jurisdicción penal militar quedará limitada a los delitos militares, a los servicios de armas y a la disciplina de todos los Institutos armados.
No podrá establecerse fuero alguno por razón de las personas ni de los lugares. Se exceptúa el caso del estado de guerra, con arreglo a la ley de Orden público.
Quedan abolidos todos los Tribunales de honor, tanto civiles como militares.
Artículo 96.
El presidente del Tribunal Supremo será designado por el Jefe del Estado, a propuesta de una Asamblea constituida en la forma que determine la ley.
El cargo de presidente del Tribunal Supremo sólo requerirá: ser español, mayor de cuarenta años y licenciado en Derecho.
Le comprenderán las incapacidades e incompatibilidades establecidas para los demás funcionarios judiciales.
El ejercicio de su magistratura durará diez años.
Artículo 97.
El presidente del Tribunal Supremo tendrá además de sus facultades propias, las siguientes:
a) Preparar y proponer al Ministro y a la Comisión Parlamentaria de Justicia, leyes de reforma judicial y de los Códigos de procedimiento.
b) Proponer al Ministro, de acuerdo con la Sala de gobierno y los asesores jurídicos que la ley designe, entre elementos que no ejerzan la Abogacía, los ascensos y traslados de jueces, magistrados y funcionarios fiscales.
El presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal general de la República estarán agregados, de modo permanente, con voz y voto, a la Comisión parlamentaria de Justicia, sin que ello implique asiento en la Cámara.
Artículo 98.
Los jueces y magistrados no podrán ser jubilados, separados ni suspendidos en sus funciones, ni trasladados de sus puestos, sino con sujeción a las leyes, que contendrán las garantías necesarias para que sea efectiva la independencia de los Tribunales.
Artículo 99.
La responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los jueces, magistrados y fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, será exigible ante el Tribunal Supremo con intervención de un Jurado especial, cuya designación, capacidad e independencia regulará la ley. Se exceptúa la responsabilidad civil y criminal de los jueces y fiscales municipales que no pertenezcan a la carrera judicial.
La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República será exigida por el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Artículo 100.
Cuando un Tribunal de Justicia haya de aplicar una ley que estime contraria a la Constitución, suspenderá el procedimiento y se dirigirá en consulta al Tribunal de Garantías Constitucionales.
Artículo 101.
La ley establecerá recursos contra la ilegalidad de los actos o disposiciones emanadas de la Administración en el ejercicio de su potestad reglamentaria, y contra los actos discrecionales de la misma, constitutivos de exceso o desviación de poder.
Artículo 102.
Las amnistías sólo podrán ser acordadas por el Parlamento. No se concederán indultos generales. El Tribunal Supremo otorgará los individuales a propuesta del sentenciador, del fiscal de la Junta de Prisiones o a petición de parte.
En los delitos de extrema gravedad, podrá indultar el Presidente de la República, previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno responsable.
Artículo 103.
El pueblo participará en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, cuya organización y funcionamiento serán objeto de una ley especial.
Artículo 104.
El Ministerio Fiscal velará por el exacto cumplimiento de las leyes y por el interés social.
Constituirá un solo Cuerpo y tendrá las mismas garantías de independencia que la Administración de Justicia.
Artículo 105.
La ley organizará Tribunales de urgencia para hacer efectivo el derecho de amparo de las garantías individuales.
Artículo 106.
Todo español tiene derecho a ser indemnizado de los perjuicios que se le irroguen por error judicial o delito de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus cargos, conforme determinen las leyes.
El Estado será subsidiariamente responsable de estas indemnizaciones.
TITULO VIII
Hacienda pública
Artículo 107.
La formación del proyecto de Presupuestos corresponde al Gobierno; su aprobación a las Cortes. El Gobierno presentará a éstas, en la primera quincena de Octubre de cada año, el proyecto de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico siguiente.
La vigencia del Presupuesto será de un año.
Si no pudiera ser votado antes del primer día del año económico siguiente se prorrogará por trimestres la vigencia del último Presupuesto, sin que estas prórrogas puedan exceder de cuatro.
Artículo 108.
Las Cortes no podrán presentar enmienda sobre aumento de créditos a ningún artículo ni capítulo del proyecto de Presupuesto, a no ser con la firma de la décima parte de sus miembros. Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso.
Artículo 109.
Para cada año económico no podrá haber sino un solo Presupuesto, y en él serán incluidos, tanto en ingresos como en gastos, los de carácter ordinario.
En caso de necesidad perentoria, a juicio de la mayoría absoluta del Congreso, podrá autorizarse un Presupuesto extraordinario.
Las cuentas del Estado se rendirán anualmente y, censuradas por el Tribunal de Cuentas de la República, éste, sin perjuicio de la efectividad de sus acuerdos, comunicará a las Cortes las infracciones o responsabilidades ministeriales en que a su juicio se hubiere incurrido.
Artículo 110.
El Presupuesto general será ejecutivo por el solo voto de las Cortes, y no requerirá, para su vigencia, la promulgación del Jefe del Estado.
Artículo 111.
El Presupuesto fijará la Deuda flotante que el Gobierno podrá emitir dentro del año económico y que quedará extinguida durante la vida legal del Presupuesto.
Artículo 112.
Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, toda ley que autorice al Gobierno para tomar caudales a préstamo, habrá de contener las condiciones de éste, incluso el tipo nominal de interés, y, en su caso, de la amortización de la Deuda.
Las autorizaciones al Gobierno en este respecto si limitarán, cuando así lo estimen oportuno las Cortes, a las condiciones y al tipo de negociación.
Artículo 113.
El Presupuesto no podrá contener ninguna autorización que permita al Gobierno sobrepasar en el gasto la cifra absoluta en él consignada, salvo caso de guerra. En consecuencia, no podrán existir los créditos llamados ampliables.
Artículo 114.
Los créditos consignados en el estado de gastos representan las cantidades máximas asignadas a cada servicio, que no podrán ser alteradas ni rebasadas por el Gobierno. Por excepción, cuando las Cortes no estuvieren reunidas, podrá el Gobierno conceder, bajo su responsabilidad, créditos o suplementos de crédito para cualquiera de los siguientes casos:
a) Guerra o evitación de la misma.
b) Perturbaciones graves de orden público o inminente peligro de ellas.
c) Calamidades públicas.
d) Compromisos internacionales.
Las leyes especiales determinarán la tramitación de estos créditos.
Artículo 115.
Nadie estará obligado a pagar contribución que no esté votada por las Cortes o por las Corporaciones legalmente autorizadas para imponerla.
La exacción de contribuciones, impuestos y tasas y la realización de ventas y operaciones de crédito, se entenderán autorizadas con arreglo a las leyes en vigor, pero no podrán exigirse ni realizarse sin su previa autorización en el estado de ingresos del Presupuesto.
No obstante, se entenderán autorizadas las operaciones administrativas previas, ordenadas en las leyes.
Artículo 116.
La ley de Presupuestos, cuando se considere necesaria, contendrá solamente las normas aplicables a la ejecución del Presupuesto a que se refiera.
Sus preceptos sólo regirán durante la vigencia del Presupuesto mismo.
Artículo 117.
El Gobierno necesita estar autorizado por una ley para disponer de las propiedades del Estado y para tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la Nación. Toda operación que infrinja este precepto será nula y no obligará al Estado a su amortización ni al pago de intereses.
Artículo 118.
La Deuda pública está bajo la salvaguardia del Estado. Los créditos necesarios para satisfacer el pago de intereses y capitales se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos del Presupuesto y no podrán ser objeto de discusión mientras se ajusten estrictamente a las leyes que autorizaron la emisión. De idénticas garantías disfrutará, en general, toda operación que implique, directa o indirectamente, responsabilidad económica del Tesoro, siempre que se dé el mismo supuesto.
Artículo 119.
Toda ley que instituya alguna Caja de amortización, se ajustará a las siguientes normas:
1ª. Otorgará a la Caja la plena autonomía de gestión.
2ª. Designará concreta y específicamente los recursos con que sea dotada. Ni los recursos ni los capitales de la Caja podrán ser aplicados a ningún otro fin del Estado.
3ª. Fijará la Deuda o Deudas cuya amortización se le confíe.
El presupuesto anual de la Caja necesitará para ser ejecutiva la aprobación del Ministro de Hacienda. Las cuentas se someterán al Tribunal de Cuentas de la República. Del resultado de esta censura conocerán las Cortes.
Artículo 120.
El Tribunal de Cuentas de la República es el órgano fiscalizador de la gestión económica. Dependerá directamente de las Cortes y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el conocimiento y aprobación final de las cuentas del Estado.
Una ley especial regulará su organización, competencia y funciones.
Sus conflictos con otros organismos serán sometidos a la resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales.

TÍTULO IX
Garantías y reforma de la Constitución

Artículo 121.
Se establece, con jurisdicción en todo el territorio de la República, un Tribunal de Garantías Constitucionales, que tendrá competencia para conocer de:
a) El recurso de inconstitucionalidad de las leyes.
b) El recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades.
c) Los conflictos de competencia legislativa y cuantos surjan entre el Estado y las Regiones autónomas y los de éstas entre sí.
d) El examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que juntamente con las Cortes eligen al Presidente de la República.
e) La responsabilidad criminal del Jefe del Estado, del Presidente del Consejo y de los Ministros.
f) La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República.

Artículo 122.

Compondrán este Tribunal:
Un presidente designado por el Parlamento, sea o no Diputado.
El presidente del alto Cuerpo consultivo de la República a que se refiere el artículo 93.
El Presidente del Tribunal de Cuentas de la República.
Dos Diputados libremente elegidos por las Cortes.
Un representante por cada una de las Regiones españolas, elegido en la forma que determine la ley.
Dos miembros nombrados electivamente por todos los Colegios de Abogados de la República.
Cuatro profesores de la Facultad de Derecho, designados por el mismo procedimiento entre todas las de España.

Artículo 123.
Son competentes para acudir ante el Tribunal de Garantías Constitucionales:
1º. El Ministerio Fiscal.
2º. Los jueces y tribunales en el caso del artículo 100.
3º. El Gobierno de la República.
4º. Las Regiones españolas.
5º. Toda persona individual o colectiva, aunque no hubiera sido directamente agraviada.

Artículo 124.
Una ley orgánica especial, votada por estas Cortes, establecerá las inmunidades y prerrogativas de los miembros del Tribunal y la extensión y efectos de los recursos a que se refiere el artículo 121.

Artículo 125.
La Constitución podrá ser reformada:
a) A propuesta del Gobierno.
b) A propuesta de la cuarta parte de los miembros del Parlamento.
En cualquiera de estos casos, la propuesta señalará concretamente el artículo o los artículos que hayan de suprimirse, reformarse o adicionarse; seguirá los trámites de una ley y requerirá el voto, acorde con la reforma, de las dos terceras partes de los Diputados en el ejercicio del cargo, durante los cuatro primeros años de vida constitucional, y la mayoría absoluta en lo sucesivo.
Acordada en estos términos la necesidad de la reforma, quedará automáticamente disuelto el Congreso y será convocada nueva elección para dentro del término de sesenta días.
La Cámara así elegida, en funciones de Asamblea Constituyente, decidirá sobre la reforma propuesta, y actuará luego como Cortes ordinarias.
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
 
Primera.
Las actuales Cortes Constituyentes elegirán, en votación secreta, el primer Presidente de la República. Para su proclamación deberá obtener la mayoría absoluta de votos de los Diputados en el ejercicio del cargo.
Si ninguno de los candidatos obtuviese la mayoría absoluta de votos, se procederá a nueva votación y será proclamado el que reúna mayor número de sufragios.
 
Segunda.
La ley de 26 de Agosto próximo pasado, en la que se determina la competencia de la Comisión de responsabilidades, tendrá carácter constitucional transitorio hasta que concluya la misión que le fue encomendada; y la de 21 de Octubre conservará su vigencia asimismo constitucional mientras subsistan las actuales Cortes Constituyentes, si antes no la derogan éstas expresamente.
Por tanto, en representación de las Cortes Constituyentes, mando a todos los españoles, autoridades y particulares, que guarden y hagan guardar la presente Constitución, como norma fundamental de la República.
Palacio de las Cortes Constituyentes a nueve de Diciembre de mil novecientos treinta y uno.

El Presidente, Julián Besteiro.

16/12/2005 13:56. #. Lecturas y vídeos No hay comentarios. Comentar.


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