









Se muestran los artículos pertenecientes al tema Escuela Pública.
Al líder de la oposición, Mariano Rajoy, le parece bien que el Gobierno quiera conseguir un pacto político sobre Educación, porque "yo creo -afirmó- que la Educación es un tema capital para el futuro de España, pero el Gobierno debe dejarse de asuntos como educación para la ciudanía
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RETIRADOS LOS CRUCIFIJOS DEL COLEGIO MACÍAS PICAVEA Más de cuatro meses después de haber sido dictada la sentencia que obligaba a ello, al fin han sido retirados los símbolos religiosos presentes en las aulas y dependencias comunes del CEIP Macías Picavea de Valladolid. Para ello ha sido necesario un auto judicial obligando al colegio a ejecutar la sentencia de forma inmediata y a notificar al juzgado en el plazo máximo de diez días el órgano encargado de dar cumplimiento a la sentencia y las actuaciones llevadas a efecto para ello. Así, a las 11:30 de este viernes 3 de Abril, mientras los niños estaban en el recreo, los símbolos han sido retirados. El citado auto judicial indica que “De acuerdo a la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 112/1996 en los procedimientos relativos a los Derechos Fundamentales hay que entender que la ejecutividad es inmediata”. Este auto indica que “la significación religiosa de estos símbolos queda fuera de toda duda” (en contra de los argumentos esgrimidos por la Consejería de Educación, que pretendía despojarlos de su significado religioso y hacerlos pasar por meros símbolos culturales para justificar que su presencia no vulneraba leyes ni derechos) Al hilo de ello, y al igual que en la sentencia ahora ejecutada, el auto reitera que “la apología de una determinada fe religiosa en el sistema público de enseñanza pugna con el pluralismo y la libertad religiosa que proclama la Constitución española en sus artículos 1 y 16.1”, añadiendo que por el contrario “la retirada de los símbolos de los espacios comunes no supone que se vulnere el derecho de los alumnos o sus padres que hayan optado voluntariamente por recibir enseñanza de religión, ni que se vaya a perjudicar dicha enseñanza”. Tanto el auto judicial como el preceptivo informe fiscal indican que frente a las sentencias dictadas en los procedimientos sumarios de Protección de Derechos Fundamentales solo cabe apelación en un solo efecto (poder ser apelada para instar su revocación, pero no suspender su ejecución, al estar afectados derechos fundamentales de las personas). Pese a ello la Consejería de Educación solicitó la suspensión, que ha sido denegada por este auto ya que no se aprecia ninguna circunstancia excepcional para ello. La Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid (ACEL) se congratula por el hecho de que al fin hayan sido retirados los símbolos religiosos, que en un centro público, como reconoció claramente la sentencia, suponen un atentado contra la libertad de conciencia y los principios de igualdad y de neutralidad del Estado, por lo que su retirada no debería ser noticia sino una situación lógica en un estado que se considere democrático. Lo triste del caso es que aún no quede definitivamente cerrado debido al recurso contra la sentencia interpuesto por la Junta de Castilla y León, que pese a tener derecho a recurrir las sentencias judiciales que le sean adversas con ello evade otro precepto constitucional (artículo 9) que indica que es precisamente a los poderes públicos a los que corresponde promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sea efectiva. No obstante la ACEL estima que la retirada de los símbolos producida este viernes al haber sido ejecutada la sentencia de Noviembre puede haber sido el principio del fin del caso, ya que la Consejería de Educación siempre ha hecho gala de que no era lo mismo colocar símbolos donde no los hay (cosa que según su propia afirmación nunca ha hecho) que retirarlos de donde los hay. Además la ACEL confía plenamente en que el recurso no será estimado, pues la sentencia está magníficamente argumentada y basada en derecho. Si por el contrario fuese estimado el recurso, se recurriría ante el Tribunal Supremo y si aún fuese necesario ante el Tribunal Constitucional, cuya jurisprudencia, en opinión de ACEL, avala las tesis mantenidas por esta asociación. La ACEL solicita el cese inmediato de la directora del CEIP Macías Picavea de Valladolid, pues ha demostrado con su cerrazón y defensa a ultranza de una situación vulneradora de leyes y de derechos de sus propios alumnos, que no está capacitada para seguir dirigiendo un centro escolar público. Esta directora es una de los casi trescientos directores de centro públicos cuya situación declaró ilegal el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Octubre del pasado año por haber sido renovado su mandato automáticamente por parte de la administración educativa por cuatro años pese a que solamente podía prorrogarse por un año en tanto se convocase un nuevo proceso de selección acorde con la nueva Ley de Educación, que daba más peso a la comunidad escolar en el nombramiento de directores. Actualmente para que sea validada la situación de esos directores que se encuentran en situación de ilegalidad, estos han de presentar un proyecto educativo sólido y aprobado por la administración educativa. El proyecto que vaya a presentar la directora del CEIP Macías Picavea ¿hablará de incitar a la toma de decisiones ilícitas y vulneradoras de leyes y de discriminación entre sus propios alumnos como ha ocurrido con el mantenimiento ilícito de simbología confesional en un colegio que no es ni puede ser confesional? El órgano administrativo encargado de evaluar la continuidad de esta directoral al frente de un centro público deberá tener en cuenta estos hechos. Para más información: Carlos Parrado (Presidente de ACEL). Tf: 983 37 30 40 – 625 796 342
publico.es / 04-04-2009
El Juzgado de lo Contencioso Adminisrativo número 2 de Valladolid ha dictado una sentencia que obliga al colegio público Macías Picavea a retirar los crucifijos de sus aulas y espacios comunes, después de que un grupo de padres así lo demandara desde 2005.
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http://www.publico.es/espana/176735/juez/obliga/retirar/crucifijos/colegio/publico/valladolid
elmundo.es / 04-04-2009
Retiran los crucifijos del colegio Macías Picavea
La Asociación Cultural Escuela Laica (ACEL) aseguró este viernes que la dirección del colegio Macías Picavea de Valladolid retiró de las aulas los crucifijos que habían sido objeto de una sentencia judicial que ordenaba su retirada.
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http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/03/castillayleon/1238787002.html
eldiadevalladolid.com / 04-04-2009
El Macías Picavea retira los crucifijos obligado por un nuevo auto judicial
De las paredes de las aulas del colegio público Macías Picavea ya no cuelga ningún crucifijo. Al menos será así hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León falle sobre el recurso interpuesto por la Junta respecto a la retirada de los símbolos religiosos del centro solicitada por el padre de una de las alumnas en 2005.
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http://www.eldiadevalladolid.com/noticia.cfm/Local/20090404/
nortecastilla.es / 04-04-2009
El Macías Picavea retira los crucifijos de las aulas
El Consejo Escolar del Colegio Público Macías Picavea acordó ayer la retirada de los crucifijos que se encontraban situados en sus aulas, cuatro meses después de que se dictase una sentencia en este sentido por parte del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Valladolid.
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http://www.nortecastilla.es/20090404/valladolid/macias-picavea-retira-crucifijos-20090404.html

LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE DE VALLADOLID APRUEBA SOLICITAR A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN LA RETIRADA DE LOS MISMOS
La Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid (ACEL) valora muy negativamente la decisión de la Junta de Castilla y León de recurrir el fallo judicial que obliga a retirar los símbolos religiosos presentes en el colegio público Macías Picavea de Valladolid.
Como señala la citada sentencia, la presencia de símbolos confesionales en un centro escolar público vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como el principio de igualdad y la libertad de conciencia, así como un principio que resulta fundamental en un sistema democrático, como es la neutralidad de los poderes públicos, por lo que interponer recurso contra ella supone un intento de prolongar en el tiempo esa situación.
Tras conocerse dicha sentencia han podido leerse y escucharse algunas afirmaciones catastrofistas tendentes a hacer creer que la pretensión de la ACEL es eliminar la existencia misma de los símbolos religiosos, pese a que desde el inicio de este proceso, hace más de tres años, ha manifestado por activa y por pasiva que respeta los símbolos, pero no su imposición. Con ello no pretende más que el cumplimiento de la ley, que impide que nadie pueda imponer sus creencias, mediante su simbología, al resto de ciudadanos por muy mayoritarias que pudieran ser; así como que ninguna creencia puede gozar de favoritismo por parte de las instituciones.
Cuando parecía que la Junta de Castilla y León iba a ser coherente por primera vez en todo este proceso, anunciando a través de su portavoz, José Antonio de Santiago- Juárez, que acataba la sentencia y no sería recurrida, ha bastado una indicación del Arzobispado de Valladolid para que cambie de postura y decida recurrirla, actitud muy diferente a la tomada por el ejecutivo castellano leonés recientemente ante otro pronunciamiento judicial contrario a una resolución suya. Ello hace pensar que la Junta de Castilla y León no es el gobierno de todos los castellano-leoneses sino solamente de una parte de ellos, los próximos a la jerarquía eclesiástica.
Esta postura está alimentando comportamientos incívicos en algunos miembros de la comunidad escolar del colegio Macías Picavea, que con actitudes propias del integrismo más cerril están creando tensión en torno a los padres que solicitaron la retirada de los símbolos, apoyándose en bulos y mentiras. Campaña en parte orquestada desde la dirección del centro al amenazar con no organizar la fiesta de Navidad si se retiran los crucifijos, cuando lo cierto es que dicha fiesta está aprobada en la PGA del curso y la dirección no puede suprimirla, pero que ha bastado para que algunas madres de alumnos, de forma irracional, acusen falsamente a los citados padres.
Y lo más triste e intolerable de esta campaña de tensión es que se esté utilizando a los niños en ella, algo que no había ocurrido hasta ahora.
La ACEL se pregunta ¿qué intereses públicos se ven perjudicados por la sentencia para que la Junta castellano-leonesa haya decidido recurrirla? No ocasiona perjuicio a nadie, ni impone sanción alguna… Por ello, solamente se entiende si lo que pretende es que continúe la vulneración de derechos de unos niños y de sus padres, que no pueden ejercer un derecho con el que precisamente quienes son contrarios a la retirada de los símbolos suelen llenarse la boca, como es el de la libertad para elegir el tipo de educación que se quiere para sus hijos, que en este caso es una educación libre de simbología confesional, para cuyo cumplimiento tienen su razón de ser los centros educativos públicos, por ley aconfesionales y carentes de ideario.
Para justificar este recurso, la Junta de Castilla y León ha aludido a dos líneas argumentales. La autonomía del consejo escolar del centro y la comparación con otra situación que en su opinión es similar como es la presencia de simbología religiosa en la toma de posesión de cargos públicos.
Respecto a la primera, la autonomía de los consejos escolares está cada vez más mermada precisamente por decisiones políticas de quienes ahora pretenden otorgarle la máxima competencia. La autonomía y las competencias de los consejos escolares tienen un límite lógico: el respeto a las leyes. Resulta sarcástico que los consejos escolares, que no tienen potestad ni para nombrar a su presidente, pudieran tenerla para llevar a cabo actuaciones que se sitúan fuera de la ley, por discriminatorias y vulneradoras de derechos.
Por si fuera poco, las sentencias judiciales conocidas niegan esas competencias. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2002 y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Valladolid en 2007 así lo indicaban. Si bien esta última fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, éste indicaba que aunque en primera instancia los consejos escolares pudieran pronunciarse sobre el tema, si su decisión era recurrida era la administración quien debía pronunciarse ya que lo contrario constituiría una dejación de funciones. Y por último la propia sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Valladolid que ahora la Junta de Castilla y León va a recurrir niega que el consejo escolar pueda tomar la decisión de mantener los símbolos, y de ahí el fallo que deja sin efecto ese acuerdo y ordene su retirada.
Respecto a la segunda cuestión, la comparación con la presencia de símbolos religiosos en la toma de posesión de cargos públicos, se trata de una disputa de carácter político de la que la ACEL y sobre todo este proceso son ajenos, y que para nada puede interferir en la pretensión de esta Asociación de eliminar la simbología religiosa de los centros escolares públicos en general y del colegio Macías Picavea en particular por haberlo solicitado varios padres y madres del mismo.
No es la ACEL quien tenga ni pueda dar explicaciones sobre la presencia de símbolos religiosos en la toma de posesión de cargos públicos, ya que es una cuestión que no depende de ella. Es más, si a la Junta de Castilla y León no le gusta esa situación, esta Asociación estaría encantada de poder colaborar con el ejecutivo castellano leonés en cualquier iniciativa tendente a ampliar el carácter laico de los poderes públicos, cuales quiera que sean, por entender que ello contribuiría a afianzar el sistema democrático, la igualdad y la pluralidad de la sociedad.
En definitiva, la Junta de Castilla y León no aporta ningún argumento de fondo que justifique la revocación de la sentencia. No lo tiene. No puede tenerlo.
De todas formas la ACEL ya manifestó desde el inicio del proceso su intención de llegar hasta el final. Por todo lo anteriormente expuesto, confía plenamente en que el recurso será desestimado, pero en caso de que no lo fuese llegaría al Tribunal Constitucional, en el que los precedentes, la jurisprudencia creada en temas similares y los estudios de constitucionalistas respecto al tema concreto de presencia de símbolos religiosos presidiendo la actividad educativa, no ofrecen duda sobre el sentido de su pronunciamiento. Y si fuese necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
De momento la ACEL está estudiando las posibilidad de solicitar la ejecución cautelar de la sentencia en cuanto el recurso anunciado por la Junta de Castilla y León se formalice. Al tratarse de un procedimiento de protección de derechos fundamentales esta solicitud será muy probablemente aceptada.
El hecho de que queden muy pocos centros educativos públicos con simbología religiosa en sus aulas evidencia que esta imposición es un residuo del pasado al que solamente se oponen los sectores más inmovilistas de la sociedad, buscando perpetuar sus privilegios.
Dentro de no mucho tiempo esta situación se verá como algo absolutamente superado, al igual que se ven ahora situaciones como la legalización de los partidos políticos o la aprobación del derecho al divorcio, por citar situaciones que en su día levantaron fuerte polémica por la oposición de esos mismos sectores inmovilistas.
LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE SOLICITARÁ LA RETIRADA DE LOS SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN TODOS LOSC ENTROS PÚBLICOS.
Por último la ACEL quiere agradecer las múltiples muestras de solidaridad recibidas, tanto de particulares (con independencia de sus creencias; muchos apoyos provienen de católicos que no desean que su símbolo sirva de instrumento de imposición) como de organizaciones sociales, políticas, sindicales…
En este sentido, la Junta de Personal Docente de Centros Públicos no Universitarios de Valladolid, en reunión celebrada este jueves, “se felicita por la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Valladolid, lamenta que hayan tenido que transcurrir más de tres años desde que fuera solicitada la retirada de los símbolos por el empecinamiento de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León contribuyendo a prolongar una situación que como esta sentencia refleja supone una violación de derechos fundamentales de las personas”, por lo que ha acordado “exigir al Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León que rectifique y tome la iniciativa recordando a través de una resolución, instrucción, decreto, circular… la obligación de que la simbología religiosa, de cualquier tipo, salga de los espacios comunes de todos los centros públicos de la Comunidad”.

EN EL FALLO INDICA QUE SU PRESENCIA VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Valladolid ha dictado una sentencia en la que obliga al Colegio Público Macías Picavea de Valladolid a retirar los símbolos religiosos de las aulas y espacios comunes del centro, por entender que vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16.1 de la Constitución (igualdad y libertad de conciencia). La sentencia cita la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la que se recuerda que “el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso”, y se alude a “la laicidad y neutralidad del Estado”. Por ello la sentencia indica que “el Estado no puede adherirse ni prestar su respaldo a ningún credo religioso ya que no debe existir confusión alguna entre los fines religiosos y los fines estatales. Nadie puede sentir que, por motivos religiosos, el Estado le es más o menos próximo que a sus conciudadanos”. También indica la sentencia que “si bien la Constitución establece que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguiente relaciones con la Iglesia Católica y las demás confesiones (…), para lo que adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en determinados establecimientos públicos (…), pero no menciona para los centros docentes públicos otro tipo de medidas o actuaciones” (en referencia al tema debatido de la presencia de símbolos religiosos). Por el contrario, como indica la sentencia, “en un centro público docente se imparte enseñanza a menores; estos se encuentran en plena fase de formación de su personalidad (…). La presencia de estos símbolos en las zonas comunes del centro educativo público puede provocar en esos menores el sentimiento de que el Estado está más cercano a la confesión con la que guardan relación los símbolos presentes en el centro público que a otras confesiones respecto de las que no está presente ningún símbolo en el centro público, con lo que el efecto que se produce, o puede producirse, con la presencia de los símbolos religiosos es la aproximación a la confesión religiosa representada en el centro por considerar que es más próxima al Estado y una forma de estar más próximo a éste”. Al hilo de esta argumentación, la sentencia incide en que “especialmente sensible al tema de la libertad religiosa es la educación, pues en la fase de formación de la personalidad de los jóvenes la enseñanza influye decisivamente en su futuro comportamiento respecto de creencias e inclinaciones, condicionando sus conductas dentro de una sociedad que aspira a la tolerancia de otras opiniones e ideales que no coincidan con los propios”. Al respecto cita la sentencia la Convención de Derechos del Niño de Noviembre de 1989, ratificada por el Estado español, y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, de Enero de 1996, que indican que los niños son titulares plenos de sus derechos fundamentales, entre los que se encuentra la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Por todo ello la sentencia deja sin efecto el acuerdo del Consejo Escolar del Colegio Macías Picavea por el que se negaba a retirar los símbolos religiosos, obligándole a retirarlos. La Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid (ACEL) se felicita por este fallo judicial, al tiempo que lamenta que hayan tenido que transcurrir más de tres años desde que la retirada de los símbolos fuese solicitada, por el empecinamiento mostrado por el Consejo Escolar del colegio Macías Picavea por un lado, y por la Consejería de Educación por otro, que con su contumaz negativa ha contribuido a que se prolongara una situación que como esta sentencia refleja, supone una violación de derechos fundamentales de las personas.
El debate sobre la retirada de los símbolos religiosos en el colegio público Macías Picavea llegó ayer a la Comisión de Educación de las Cortes, aunque no pasó de ahí al ser rechazada por la mayoría del PP la Proposición No de Ley presentada por la portavoz socialista en la materia Ana María Redondo, en la que instaba a la Junta de Castilla y León a revisar la decisión de la dirección del centro para garantizar la libertad ideológica y religiosa de los alumnos y sus familias.
Redondo se refirió así a la sentencia del 13 de septiembre de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del 7TSJ que indica la competencia de la Junta para revisar las decisiones del los Consejos Escolares en materia de mantenimiento o retirada de símbolos religiosos de las aulas. Así, insistió en la necesidad de que la Junta regule en materia de símbolos religiosos en las escuelas públicas, puesto que, a la denuncia realizada por los padres de alumnos del Colegio Público Macías Picavea, se han sumado nuevas demandas de retirada de símbolos religiosos en otros centros públicos, como el colegio Isabel La Católica.
La portavoz socialista defendió la neutralidad por la que deben velar los poderes públicos con respecto al hecho religioso en aquéllos ámbitos de índole pública como lo es la escuela, y en concreto el centro Macías Picavea al que asisten los menores cuyos padres demandaron la retirada de los crucifijos.
«Perder el tiempo»
Por su parte, el procurador del PP Alfonso García Vicente manifestó que «muy bien tiene que ir la Educación en la comunidad para perder el tiempo con una cuestión tan poco relevante» y que la sentencia «desestima que sea la Junta la que tome la decisión, aunque reconoce su capacidad para revisar dichas decisiones», una acción que de producirse, a su juicio, podría sentar un precedente «ya que si la Junta revisa de oficio la decisión del Consejo Escolar se atentaría contra la democracia participativa». Redondo lamentó que el procurador del PP «trivializara» con los derechos de los ciudadanos, y aclaró que se trata de colegios públicos y que cualquier familia católica puede acceder a centros concertados. Tras poner de manifiesto que la resolución del Procurador del Común, de mayo del 2006, sobre el mismo asunto, reitera los argumentos esgrimidos por los tribunales, Redondo concluyó haciendo hincapié en el hecho de que las familias católicas tienen una pluralidad de centros sostenidos con fondos públicos a los que acudir con sus hijos.
El próximo día 6 concluye el plazo para que la Junta responda a un nuevo requerimiento de los padres del colegio Macías Picavea, sobre la retirada de los símbolos religiosos en el centro. «Tienen todavía cuatro días para evitar que la respuesta sea el silencio administrativo. Aún están a tiempo de contestar de forma positiva. Aunque me temo que nuevamente darán la callada por respuesta», señala Redondo.
Fuente:
http://www.nortecastilla.es/20080402/valladolid/opone-cortes-retirada-crucifijos-20080402.html
Se trata de un centro de educación infantil en el que ya están inscritos 44 niños -seleccionados entre 300 y con edades comprendidas entre 0 a 3 años- que se suma al que ya funciona desde 1993 en el barrio de Pajarillos. Son algunas de las aulas vacías del colegio público Gutiérrez del Castillo las que acogen esta iniciativa financiada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales -60.000 euros provenientes del 0,5% del IRPF- y el Ayuntamiento de Valladolid, que cede las instalaciones del colegio.
La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP) está constituida formalmente como organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, independiente y aconfesional, que tiene como objetivos fundamentales la defensa de la Escuela Pública y la promoción de una educación laica y de una ética de valores solidarios para un sociedad pluralista y democrática.
El programa Casas de Niños y Niñas es uno de los más emblemáticos de esta Liga. Se trata de espacios educativos de convivencia y aprendizaje y su acción se extiende a tres áreas de interés. Así, además de constituir un proyecto educativo adaptado a esta primera etapa de la infancia, desarrolla un plan de trabajo social y familiar para padres, madres y otros familiares y realiza un programa comunitario que busca implicar al entorno.
El presidente de la Liga Española,Victorino Mayoral, matizó ayer, tras la presentación de la iniciativa, la diferencia existente entre estos centros educativos y una guardería: «La guardería se encarga de la guarda y custodia del niño, con independencia de quien esté a su cargo y el programa que desarrolle, mientras que la Casa de Niños y Niñas es un proyecto donde además de acoger a los menores, desarrolla un programa de carácter educativo y lúdico orientando en función de la edad del niño, que está a cargo de educadores titulados en Magisterio (La Rondilla y Pajarillos tienen cuatro cada uno de ellos), lo que no siempre ocurre en la guardería. Esa es la gran diferencia, así como el hecho de que se desarrolle un trabajo de orientación educativa con la familia», explica el presidente.
Ampliar el horario
Estos centros desarrollan su intervención con los más pequeños en horarios de mañana, aunque uno de los objetivos que comparte la Liga y las administraciones implicadas es poder ampliar el horario para adaptarse mejor a las necesidades sociales del momento, según dijo la concejala de Educación y Cultura, Ángeles Porres, durante su intervención.
Además, por la tarde, se organizan talleres de madres y padres, charlas, tertulias..., y la Casa se convierte en un espacio de intercambio de experiencias en el que se reflexiona sobre la educación familiar. «Con este proyecto facilitamos la integración social de la infancia y apoyamos la compatibilidad de la vida familiar y laboral, siempre compartiendo la tarea educativa con la familia», subraya Mayoral.
La Liga gestiona 23 centros infantiles de estas características en toda España, incluido el último de La Rondilla, con un total de 941 niños y niñas.
Fuente: http://www.nortecastilla.es/20071211/valladolid/pequenos-estrenan-segunda-casa-20071211.html
En España aún se publican libros peligrosos "de inspiración marxista", o al menos eso piensa FAES, la fundación del PP. Esta organización ha analizado los libros de texto de Educación para la Ciudadanía y ha elaborado un documento, presentado ayer por Ana Pastor y por tanto asumido por el PP, ya que ella es miembro de la dirección de este partido. En él se acusa a los manuales de "razonar sistemáticamente en clave marxista", de difundir valores anticapitalistas, antioccidentales, antiamericanos, anti-PP y anticristianos.
Sin embargo, los ejemplos que pone el PP para justificar estas acusaciones son extraños. Como prueba de antiamericanismo, FAES y el PP han elegido estos dos de la editorial Bruño: "El consumo de jamón serrano fue durante muchos años ilegal en Estados Unidos, ya que era considerado insano, al tratarse de carne cruda simplemente salada". "En 1989, la ONU promovió la Convención sobre los Derechos del Niño, que ya es un tratado internacional que ha sido ratificado por todos los países del planeta excepto Estados Unidos y Somalia". FAES coloca estos ejemplos al mismo nivel que otro más directo, como las fotos de los presos de Guantánamo.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ciudadania/clave/marxista/elpepusoc/20071020elpepisoc_6/Tes
Antonio García Santesmases es profesor de Filosofía en la UNED y experto en la situación social de España. Fue miembro del comité federal del Partido Socialista Obrero Español y participó en la vida política de España como portavoz de Izquierda Socialista y como pensador. Su último libro, «Laicismo, agnosticismo y fundamentalismo», narra la situación de la religión en la educación y habla del caso musulmán ligado a los fundamentalismos. El experto eligió La Felguera (Langreo) como punto de partida para la promoción de su obra. En esta entrevista deja de lado su vocación política y se adentra en el debate entre Iglesia y Estado, dejando en evidencia ciertas contradicciones como que el Estado apruebe la ley del matrimonio homosexual y no elimine sus lazos con la Conferencia Episcopal.
-¿En qué se basa su obra?
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http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1600&pIdSeccion=38&pIdNoticia=509122
La Asociación Escuela Laica mostró ayer su satisfacción con la sentencia del Juzgado de lo Contenciosos Administrativo número 1 de Valladolid sobre la presencia de símbolos religiosos en el colegio público Macías Picavea, un pronunciamiento judicial que les ha servido para pedir la dimisión del consejero de Educación, Francisco Javier Álvarez Guisasola, por «una dejación de funciones que ha supuesto la vulneración de derechos fundamentales» de los padres que presentaron la demanda -en este caso, su libertad de conciencia-, «por su incompetencia en este asunto, ya que ha preferido judicializar los problemas de los ciudadanos para ver si tiene suerte y la sentencia le es favorable», y «por incoherencia, ya que cuando se celebró la vista oral del juicio dijo que acataría la sentencia y este fin de semana hemos leído en la prensa que la va a recurrir», según explicó Carlos Parrado, presidente de la asociación, en rueda de prensa.
http://www.nortecastilla.es/prensa/20070306/valladolid/escuela-laica-valladolid-pide_20070306.html
El arzobispo de Granada, Javier Martínez, aseguró hoy que estaría "justificada la objeción de conciencia y la desobediencia civil" contra la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía" si su implantación supone una grave invasión de un derecho fundamental de los padres y no se cuida este derecho".
http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=8045
MARIO BEDERA BRAVOPlantilla basada en http://blogtemplates.noipo.org/