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Ciudadanos CYL-Mariano Veganzones Díez
02-03-2020 Mariano Veganzones Díez parece que ha regresado al CESCYL.
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El Consejero de Empleo e Industria de la junta de Castilla y León (ex-presidente de CESCYL) a nombrado, como su mano derecha, a Mariano Veganzones Díez (ex-secretario del CESCYL y representante de VOX en las últimas elecciones).
Así se las gastan los ex del PP en Castilla y León.
Con esto nos demuestran, en el Gobierno de la Junta de Castilla y León, que nos gobiernan unos partidos políticos que estan todos en la ultraderecha, ya que les da igual a sus representantes militar en CIUDADANOS, PP o BOX........
http://www.cescyl.es/es/institucion/organos/comision-permanente
El doble sueldo del presidente de Castilla y León y sus consejeros: cobran del Gobierno y de las Cortes
Juan Vicente Herrera y su equipo, que tienen sueldos por exclusividad en la Junta y que en algunos casos rozan los 100.000 euros, no renuncian a cobrar como diputados autonómicos sin dedicación exclusiva.
Herrera, que sólo como presidente recibe más de 5.900 euros mensuales, se considera de "clase media".
El Parlamento regional ha hecho públicos los datos en su portal de transparencia.
El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y sus consejeros no sólo no se aprietan el cinturón: le hacen un agujero más. Mientras hablan de austeridad y de recortes sanitarios, ellos no renuncian a un solo euro. La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, ha hecho públicos, por primera vez, los datos sobre las retribuciones –llamadas indemnizaciones– que perciben los diputados autonómicos –o procuradores– sin dedicación exclusiva y que en 2017 ascendieron en total a 948.960 euros. Esos sueldos los cobran también Herrera y sus consejeros.
Las indemnizaciones por dedicación no exclusiva tratan de paliar de alguna forma el dinero que pierden los procuradores cuando se ausentan de su trabajo si lo tienen, o el trabajo que no pueden tener precisamente por su actividad en las Cortes. Incluyen tanto la asistencia a plenos, 220 euros por cada día –dos por Pleno, y dos veces al mes– que suman 880 euros mensuales, como a comisiones.
El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y todos sus consejeros, cobran un sueldo de la Junta por dedicación exclusiva. El salario de Herrera es de 68.981 euros brutos al año (sin contar dietas). De entre sus consejeros, la mejor pagada es la titular de Economía y Hacienda, 96.664 euros, mientras que el resto de consejeros tienen sueldos que oscilan entre los 74.827 y los 80.871 euros brutos.
Pero es que además, mientras tienen ese salario por dedicación exclusiva, perciben un doble sueldo de las Cortes por lo contrario, aun cuando como miembros del Gobierno regional obligatoriamente tienen que ser miembros del Parlamento. Cada año, Herrera y su equipo de Gobierno reciben 6.720 euros por esa asistencia a los plenos.
¿Se puede renunciar? Fuentes cercanas al caso aseguran que sí, que bastaría con pasar un escrito para que la Secretaría General lo hiciese llegar al departamento de administración de las Cortes.
El patrimonio de Herrera
Aunque no es de los presidentes autonómicos que más cobra, Juan Vicente Herrera, que en un Pleno de octubre de 2017 llegó a definirse como de “clase media”, atesora un importante patrimonio según la declaración de bienes que hizo en febrero de 2016.
Es propietario de una vivienda en Burgos, y tiene un tercio de otra y de un local en la misma ciudad. Además tiene la mitad de dos fincas rústicas en la provincia, en concreto en Hortigüela y Villatoro. No constan los metros de ninguna de estas propiedades. En sus cuentas bancarias el saldo era, en 2016, de 68.934,32 euros y tiene 1,4 millones de euros en una cartera de inversión. Sorprendentemente, a pesar de esa liquidez, Herrera tiene el mismo coche desde hace 23 años, un Audi A4 de 1995.
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Privatizar el desempleo, última maniobra de Tomás Villanueva en la Junta
ileon.com | 01/06/2015
Los parados comiezan a recibir cartas en las que se les advierte de que empresas ’subcontratadas’ -una de Chiclana de la Frontera, en el caso de la provincia de León, que se embolsa 1,1 millones- realizarán ahora gran parte de las labores del ECyL (antiguo Inem). Si los desempleados no colaboran con estas empresas podrán ser sancionados.
Hacia un servicio público de empleo... un poco menos público. Ese es el paso que acaba de dar hace escasos meses la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, que aún dirige Tomás Villanueva, gastándose 3,3 millones de euros en toda la Comunidad autónoma para subcontratar a empresas privadas buena parte de las labores que venían realizando los funcionarios del servicio público de Empleo Castilla y León (ECyL, antiguo Inem).
En concreto, la provincia de León formó parte del Lote 1 junto con Zamora y Salamanca, y el concurso público convocato recayó en la Fundación Sócrates. Esta empresa, con sede en Chiclana de la Frontera (Cádiz) se encarga desde la fecha de adjudicación, el pasado mes de marzo, de la realización de labores de "atención, orientación, formación e inserción laboral" a los colectivos en paro. Por idéntico importe de 1,1 millones, también la andaluza Fundación Sócrates realizará estos trabajos que hasta ahora desarrollaba el ECyL en las provincias del Lote 3 (Burgos, Soria y Segovia). Tan sólo el Lote 2 (Valladolid, Palencia y Ávila) recayó por idéntica cuantía en una empresa con sede en Valladolid, en concreto la firma Ibecom 2003.
Amenaza de sanciones a los desempleados
Los parados de toda la Comunidad, según ha podido comprobar iLeon.com en casos de la provincia leonesa, han ido recibiendo en las últimas semanas cartas oficiales del Ecyl en la que les advierten de que a partir de ahora estas empresas subcontratadas (que denominan eufemísticamente "agencias de colocación colaboradoras") antes mencionadas se pondrán en contacto con ellos para realizar servicios de inserción laboral.
En concreto, la carta advierte a los sorprendidos parados que estas firmas se encargarán de las labores "de intermediación,como orientación, formación, ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo,promoción de candidatos u otras necesarias para alcanzar el objetivo de la inserción laboral, siempre de forma gratuita para usted". Los desempleados, que no comprenden nada, están acudiendo en masa a informarse a las oficinas del Ecyl considerablemente alarmados, especialmente por la advertencia que la carta contiene de que "puede ser sancionado" si no se comparece a la citación.
Para más inri, amén de tomarse este escrito como si pudiera ser una estafa, los desempleados no comprenden en base a qué la administración autonómica ha facilitado a estas compañías privadas sus datos personales, incluyendo el teléfono móvil, al cual en algunos casos estas empresas ’subcontratadas’ están llamando para realizar las citaciones.
Lo que no saben es que, para rizar el rizo, ni siquiera las firmas adjudicatarias Sócrates e Ibecom realizan finalmente la labor contratada por la Junta, sino que a su vez las han subcontratado a lo que denominan "entidades colaboradoras": en el caso concreto de León la compañía Logos; y en el Bierzo, Asprona y la Academia del Transportista.
La última decisión de villanueva antes de anunciar su despedida
Todas las adjudicaciones de la Junta en las nueve provincias de la Comunidad han sido firmadas en marzo por el consejero de Economía y Empleo, a su vez presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, apenas dos semanas antes de que anunciara que ya no formaría parte del Gobierno autonómico después de 20 años de ostentar cargos máxima responsabilidad en la administración de la Comunidad.
Ya hace tres años que se denunciaron las maniobras de la Junta por descapitalizar la labor que realiza el servico público de empleo, en su momento cuando en junio de 2012, Villanueva despidió a 70 técnicos de las 54 oficinas de empleo de Castilla y León que llevaban 9 años trabajando aplicando técnicas de modernización en estas oficinas del Ecyl, aprovechando que tenían un contrato de obra y servicio tras superar un proceso selectivo al que se presentaron 2.500 aspirantes. En diciembre de ese mismo año presentó un ERE que afectaba a otros 120 orientadores laborales que llevaban cinco años con un contrato similar.
Sólo las protestas de estos afectados y las sentencias judiciales obligaron a la Junta a dar marcha atrás en sus planes: los 70 técnicos de modernización tuvieron que ser readmitidos 9 meses después tras una cascada de fallos judiciales, si bien la mitad de los 120 orientadores se fueron a la calle y 60 pudieron conservaron el puesto tras negociar con los sindicatos.
La decisión actual de dejar en manos privadas gran parte de las labores de orientación que se realizan desde el ECyL contrasta con la importante reforma que ha sufrido este organismo en 2014, aplicándose mejoras en los protocolos de actuación y formación para todos sus empleados.
La Junta pagó nueve millones de euros más por el edificio de Arroyo
Novedades en la investigación sobre las presuntas irregularidades en la compra del edificio que alberga la sede de la Agencia de Desarrollo de la Junta de Castilla y León en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda. Un edificio que el Gobierno autonómico compró a la empresa Urban Proyecta PM3 por 52 millones de euros, más otros ocho de IVA, es decir, algo más de 60 millones,. Ésto es lo que, al menos hasta ahora había trascendido de manera oficial, pero, al parecer, la realidad es bien distinta como les cuenta la Cadena SER.
Un informe de la Agencia Tributaria, confirma que a esos 60 millones,hay que añadir cerca de nueve más, con lo que, en realidad, lo que la Junta ha pagado por el edificio supera los 70 millones de euros. Si tenemos en cuenta que la propia empresa Urban Proyecta fijó el precio del inmueble en unos 40 millones de euros, el resultado final es que el sobrecoste alcanza los 30 millones de euros.
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La Junta mantiene la congelación salarial de los empleados públicos mientras el Gobierno sube el sueldo a sus altos cargos
UGT denuncia que el Decreto de Retribuciones que presenta el Ejecutivo regional sitúa en niveles de 2007 los sueldos a los que también afectan los recortes
últimoCero
Valladolid
:: Miércoles, 14 de Enero de 2015 ::
Las retribuciones del Personal de la Junta de Castilla y León serán como para todos los funcionarios de este país en 2015, las mismas en cuantía a las del 2007, en cuanto a retribuciones básicas se refiere, a las que hay que sumar los recortes de la Junta. Y mientras esto ocurre en Castilla y León, la subida de salarios del personal de alta dirección que recientemente ha aprobado el gobierno central alcanza el 3,2%.
Así lo ha denunciado hoy la Federación de Servicios Públicos de UGT tras conocer el Decreto de Retribuciones que, sin margen de negociación, ha puesto hoy sobre la mesa la Junta de Castilla y León.
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para la dignificación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: Campaña de publicidad y ROBO DE SUS DERECHOS
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. ANUNCIOS
D.1. Contratación Pública
CONSEJERÍA DE HACIENDA
1.– Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
- a) Organismo: Consejería de Hacienda.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Económicos.
- c) Obtención de documentación e información:
- 1) Dependencia: Consejería de Hacienda. Registro General.
- 2) Domicilio: C/ José Cantalapiedra n.º 2 planta baja.
- 3) Localidad y Código postal: Valladolid - 47014.
- 4) Teléfono: 983 41 40 00.
- 5) Telefax: 983 41 29 42.
- 7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://www.contratacion.jcyl.es.
- d) Número de expediente: A2014/000940.
- 2.– Objeto del contrato:
- a) Tipo: Servicio.
- b) Descripción: Campaña de publicidad dirigida a promover la dignificación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de planificación, ejecución, seguimiento y medición del resultado de la campaña.
- c) Plazo de ejecución/entrega: Un mes y quince días.
- d) Admisión de prórroga: No.
- e) CPV (Referencia de nomenclatura): 79341400-0.
- 3.– Tramitación y procedimiento:
- a) Tramitación: Ordinaria.
- b) Procedimiento: Abierto
- c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Anexo E del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- 4.– Presupuesto base de licitación:
5.– Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación IVA excluido.
- 6.– Requisitos específicos del contratista:
- a) Clasificación: Grupo T Subgrupo 1 Categoría B.
- 7.– Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
- a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del decimoquinto (15) día natural, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «B.O.C. y L.». De coincidir en sábado o día inhábil pasaría al siguiente día hábil.
- b) Modalidad de presentación: La que se establece en el apartado 2.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- c) Lugar de presentación:
- 1) Dependencia: Consejería de Hacienda. Registro General.
- 2) Domicilio: C/ José Cantalapiedra n.º 2 Planta baja.
- 3) Localidad y código postal: Valladolid - 47014.
- d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 2 meses.
8.– Apertura de las ofertas (Sobre n.º 2).– Criterios de adjudicación NO evaluables mediante fórmulas:
- a) Entidad: Consejería de Hacienda. Salas de Reuniones.
- b) Domicilio: C/ José Cantalapiedra n.º 2 - Planta semisótano.
- c) Localidad y Código postal: Valladolid - 47014.
- d) Fecha: Diez (10) días naturales a partir del siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de ofertas. Si fuera sábado, se efectuará el día hábil siguiente.
- e) Hora: 12:00 horas.
- 9.– Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.
10.– Otras informaciones: Apertura del Sobre n.º 3 relativo a la oferta económica y a los criterios evaluables de forma automática.
Esta apertura de ofertas tendrá lugar en acto público, en el lugar, día y hora que se indicará previamente a los licitadores mediante una comunicación, por fax y publicándose en el perfil de contratante.
Si no se indicase un número de fax, o intentada la comunicación por este medio el resultado fuese negativo, el emplazamiento de los licitadores para su asistencia al acto público se entenderá realizado con la publicación en el perfil de contratante.
Valladolid, 23 de septiembre de 2014.
El Secretario General, Fdo.: Francisco Javier de Andrés Guijarro
Sacyl contrata 524 operaciones con las clínicas privadas por un millón de euros
La Consejería de Sanidad acaba de contratar 524 intervenciones quirúrgicas por 1.067.921 euros con las clínicas privadas de León y Bierzo para reducir las listas de espera en Traumatología y Urología. Durante dos meses, según las previsiones de los centros, el hospital San Juan de Dios y la clínica Altollano realizarán 321 operaciones por 795.804 euros. San Juan de Dios asume 185 intervenciones de Traumatología y 30 de Urología por un importe de 595.350 euros. La clínica Altollano operará a 106 pacientes de Traumatología por 222.454 euros.
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Fomento mientras contrata fuera las obras necesarias
Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF denuncian que la Junta de Castilla y León mantiene cerrados los laboratorios de control de calidad de la Consejería de Fomento mientras contrata, por elevadas cantidades de dinero, los trabajos necesarios que podrían hacer sin problema los Laboratorios públicos. Tomando como ejemplo 2014, los tres sindicatos denuncian que los trabajos de control de calidad de las nuevas depuradoras de Medio Ambiente, que se van a ejecutar por valor de más de 100 millones de euros, hubieran supuesto una facturación de más de un millón de euros para los laboratorios de la Junta. Igualmente los trabajos de conservación de carreteras podrían haber aportado 50.000 euros a cada laboratorio cerrado. Para UGT, CCOO y CSIF no es de recibo desperdiciar unas instalaciones y un personal altamente cualificado que, además, podría devengar beneficios económicos a la Administración Regional.
La propia Inspección General de Servicios de la Junta de Castilla y León ha corroborado que estos laboratorios serían altamente rentables, a pesar de la deficiente gestión que realiza la Administración. Sin embargo, la Consejería de Fomento ha impuesto su decisión de cierre que, además, se ha hecho efectiva sin dar a los representantes de los trabajadores ninguna posibilidad de negociación.
Las tres centrales sindicales exigimos que el control de calidad de las obras públicas financiadas a través de los presupuestos de la Comunidad Autónoma sea realizado por los laboratorios propios de la Administración por lo que es necesaria su reapertura inmediata. Los representantes de los trabajadores y trabajadoras entendemos que no hay argumentos válidos para el cierre, y la previsible privatización de estos servicios, ya que suponen una buena cantidad de ingresos tan necesarios en las Administraciones Públicas.
Hemos propuesto la constitución de una mesa negociadora que analice y dé solución a esta problemática, obteniendo una respuesta negativa de parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Las bufandas, declaradas top secret por la Junta de Castilla y León
“La declaración de secreto no supone opacidad y es compatible con el principio de transparencia”. Por increíble que parezca, eso aseguró ayer literalmente la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Y se quedó tan oreada.
Semejante insulto a la inteligencia fue proferido nada menos que ante el pleno de las Cortes, donde la consejera hubo de responder a una pregunta sobre los motivos por los que la Junta ha declarado secretas las “bufandas”, esas gratificaciones extraordinarias que los consejeros distribuyen graciosa y discrecionalmente entre el personal de su confianza.
No todo el personal de la Administración Autonómica lleva años con el sueldo congelado y a la espera de que la Junta les reintegre la parte de la paga extraordinaria indebidamente suprimida. Hay una minoría, en torno a unos 400 agraciados, que en los tres últimos años se ha visto beneficiada con el reparto de mas de 6 millones de euros en concepto de “bufandas”. En palabras del procurador socialista González Reglero, “un selecto club de empleados públicos” beneficiados por lo que a la postre son unos “sobresueldos” periódicos e irregulares.
La Junta, que venía negando la información sobre cuantías y perceptores tanto a la oposición como a los representantes sindicales, ha declarado secreta la cuestión amparándose en la Ley de Protección de Datos. De esa forma Del Olmo y el resto de los consejeros pretenden seguir distribuyendo las “bufandas” con total opacidad.
Se comprende el secretismo, dado el escándalo que supone conocer, sin ir mas lejos, que el conductor de la consejera de Hacienda se ha embolsado solo en 14 meses la friolera de 31.425,97 euros en concepto de “gratificaciones especiales”. (Hasta que se desveló este dato, el record de “productividad” recaía en el conductor del consejero de la Presidencia, receptor de una “bufanda” fija de 4.200 euros trimestrales).
Cuantías aparte, Reglero denunció ayer el caso de otra agraciada que ha sido “gratificada” estando de baja maternal. Eso sí es un cheque-bebé y no los de la época de Zapatero…
eltopillo 28-5-2014
El Sacyl deberá pagar 190.000 euros a un paciente por negligencia médica
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Consejería de Sanidad de esa comunidad (SACYL) a indemnizar con 190.000 euros a un paciente, al estimar que se produjo una deficiente actuación facultativa que derivó en la necesidad de realizar trece intervenciones quirúrgicas para reconstruirle el aparato digestivo y el tránsito intestinal, después de que sufriese un shock séptico derivado de una perforación de estómago detectada de forma tardía.
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Un juzgado de Valladolid cita como imputados por prevaricación a nueve cargos de la Consejería de Economía
VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha citado como imputadas por un presunto delito de "prevaricación administrativa" a nueve personas con cargos de diversa responsabilidad en la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, según informa el Tribunal Superior de Justicia.
La lista de citados está integrada por Rafael Llanos Berrocal, jefe del Servicio de Prevención; Miguel Ángel Díez Mediavilla, director general de Trabajo; Juan Carlos Martínez González, jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales (Dirección General de Comercio); Nuria García Prieto, interventora delegada; José María Casas Inclán, coordinador de Servicios (Dirección General de Comercio); Ana María Lorenzo Fernández, jefe de Servicio (Dirección General de Comercio); Carlos Teresa Heredia, director general de Comercio; Juan Carlos Gamazo Chillón, jefe de Servicio de Análisis Económico (Dirección General de Economía) y Víctor Valverde Gómez, director general de Economía.
Con los indicios presentados al juez, éste determinará si las citadas personas, que deberán declarar el próximo día 24 de abril, han tramitado distintos expedientes de manera contraria a Derecho; es decir, si contratos de diferentes eventos que debían haberse ofrecidos mediante licitación pública--tal como obliga la ley al superar los 18.000 euros--han sido divididos en diferentes partes (aunque formaran un todo del mismo objeto) con el fin de que su valor fuera menor a esos 18.000 euros y poderse asi adjudicar directamente.
Tras la denuncia de Fiscalía Anticorrupción, la investigación del juez parte de una auditoría del Consejo de Cuentas de Castilla y León que, en su informe de 2010, detectó unos contratos (la mayoría de Valladolid y otros de León) en los que se había partido el importe de los eventos para no superar los límites de la adjudicación directa, y así elegir a la empresas adjudicatarias sin licitación pública.
Un informe jurídico considera ilegal que la Junta convierta en -secreto- el reparto de -bufandas-
Un informe jurídico considera ilegal que la Junta convierta en ‘secreto’ el reparto de ‘bufandas’
Ha sido elaborado por los servicios jurídicos de las Cortes para desatascar las peticiones de información que solicitan los procuradores socialistas
:: Lunes, 10 de Marzo de 2014 ::
La Junta de Castilla y León ya no sabe qué hacer para que no trascienda cuánto paga legalmente en ‘bufandas’ (gratificaciones extraordinarias por trabajos prestados fuera de la jornada laboral) a un reducido grupo de funcionarios. La última ocurrencia ha sido solicitar que esa información, que debe ser expuesta en los tablones de anuncios de cada Consejería cada vez que se produce un reparto, sea declarada secreta para los procuradores de la oposición que de forma periódica se interesan por conocer los importes de estos repartos.
Un informe jurídico que ha sido remitido a la presidencia de las Cortes ha frustrado el intento de ocultación del Ejecutivo regional al denegar “la solicitud de carácter secreto de las actuaciones concernientes a la petición de documentación” y autorizar a los procuradores socialistas que la solicitan a acceder directamente a los documentos.
Esta última petición de la Junta (que se declare secreto el contenido de los documentos donde figura el reparto de ‘bufandas’) contradice, según se explica en el informe jurídico al que ha tenido acceso últimoCero (ver documento adjunto) a las propias contestaciones que la Junta ha dado en otras ocasiones para tratar de ocultar estos pagos tan legales como escandalosos para los funcionarios (la inmensa mayoría) que no perciben estos cobros.
“La Junta de Castilla y León, en al menos tres ocasiones anteriores, no ha considerado que los documentos a través de los cuales se han hecho públicas las gratificaciones por servicios extraordinarios (‘bufandas’) concedidas por la Administración de la Comunidad afectaran al contenido esencial de derechos fundamentales o libertades públicas constitucionalmente reconocidos”, señala el letrado de las Cortes, que también entiende que “el derecho de los procuradores a acceder a la documentación que necesitan para el mejor cumplimiento de sus obligaciones parlamentarias se ve seriamente restringido al no poder obtener copia de los documentos que reclaman”.
Y es que las contestaciones que hasta ahora ha ido dando la Junta para resistirse a ofrecer esta información han sido de lo más variopintas. Ha obligado a los procuradores socialistas a desplazarse a dependencias administrativas para consultar la documentación “dado el excesivo volumen de la documentación requerida”, ha puesto pegas alegando que la información “pueden contener datos de carácter personal y/o estar sometidos a especial protección” y ha llegado a afirmar, en el colmo de los despropósitos, que “los documentos que se solicitan no tienen que existir”.
Sin embargo, esos documentos no sólo tienen que existir, sino que existen y, a tenor del informe jurídico que adelanta últimoCero, no pueden ocultarse a los procuradores de la oposición y, mucho menos, considerarse “secretos”.
Fuente: últimoCero
El selecto y reducido grupo de funcionarios de la Junta de Castilla y León que cobra bufandas
Sólo en diciembre de 2013 la Junta pagó 355.697,97 euros en ‘bufandas’ a un selecto grupo de funcionarios
La media mensual por cada consejería supera los 44.400 euros y una proyección anual rebasa los 4,2 millones de euros
:: Jueves, 06 de Marzo de 2014 ::
El selecto y reducido grupo de funcionarios que cada mes cobra la legal “gratificación extraordinaria por servicios prestados fuera de la jornada de trabajo”, conocida por el sobrenombre de ‘bufanda’, no ha pasado apuros económicos en las últimas navidades. Sólo en diciembre de 2013, al margen de su sueldo (y la paga extra) 8 de las 9 consejerías de la Junta de Castilla y León han compensado sus ‘desvelos’ para con la administración pública con 355.697,97 euros, según la información parlamentaria a la que ha tenido acceso últimoCero.
Pese a los denodados esfuerzos desplegados, especialmente por la Consejería de Presidencia, para evitar que estos datos salgan a la luz, últimoCero ha conseguido hacerse con la documentación oficial remitida a regañadientes por cada una de las consejerías a las Cortes para dar contestación a una de las múltiples peticiones de información sobre este asunto firmadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Los datos ponen de manifiesto que el gasto medio por consejería en el ultimo mes de diciembre superó los 44.000 euros, aunque el gasto real de cada uno de los departamentos es muy desigual. Basta hacer una proyección de la cantidad abonada en diciembre para descubrir que, sólo en este concepto, la Junta habría empleado el año pasado la friolera de 4,2 millones de euros.
A la vista de los últimos datos relativos al cobro de ‘bufandas’, la Consejería de Sanidad es, con diferencia, la que mejor compensa a un reducido grupo de funcionarios sus trabajos fuera de la jornada ordinaria: 77.725,93 euros.
Le sigue la Consejería de Presidencia con 69.538 euros y la de Fomento y Medio Ambiente con 64.559,54 euros, aunque esta última incluye, además de las gratificaciones extraordinarias, las “guardias del operativo de lucha contra incendios forestales y protección civil correspondientes al mes de diciembre de 2013”.
El cuarto puesto de esta particular clasificación lo ocupa la Consejería de Agricultura y Ganadería con 41.975,91 euros y el quinto, la de Economía y Empleo, con un gasto de 37.872,86 euros.
En el lado opuesto, las consejerías que menos gastaron en ‘bufandas’ fueron la de Hacienda (9.861,20 euros), Familia (24.705 euros) y Educación (29.459,53 euros).
En este listado falta una consejería: la de Cultura. Según la información oficial remitida a las Cortes “no constan pagos realizados por la Consejería en concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios en el mes de diciembre de 2013”.
Fuente: ÚltimoCero
Sólo el chófer oficial de la consejera de Hacienda cobró en bufandas más de 31.425 euros en 14 meses
El chófer oficial de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha ingresado en su cuenta, al margen de su sueldo oficial y otros complementos, 31.425,97 euros en sólo 14 meses en concepto de ‘bufandas’, las legales “gratificaciones extraordinarias” que los altos cargos de la Junta reparten discrecionalmente entre su personal de confianza al margen de cualquier tipo de control sindical o parlamentario.
Estas bufandas, cuyo reparto los funcionarios critican duramente, especialmente en estos tiempos de recortes y de retrasos en los pagos de cantidades que se adeudan a todos los empleados públicos de la Comunidad (parte proporcional de la paga extra ‘birlada’ ilegalmente en 2012 en aras de la austeridad), están guardadas bajo siete llaves en un armario en la sede de Presidencia de la Junta, que a pesar de numerosos requerimientos por parte de las distintas centrales sindicales y del principal partido de la oposición, se resiste numantinamente a hacerlas públicas.
El último caso que ha sido filtrado en este contexto de inexplicable secretismo es el del conductor oficial de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Su chófer, L.L.I. ha ingresado por este concepto de bufandas la nada despreciable cantidad de 31.425,97 euros en los 14 meses que van desde diciembre de 2011 a marzo de 2013, según ha podido confirmar últimoCero en fuentes parlamentarias.
Las cantidades percibidas varían en función de los meses. Los 2.895,5 euros que llegó a cobrar, al margen de su nómina y otros complementos en abril de 2012, se rebajaron hasta los 1.500 euros ingresados por este mismo concepto en los meses de febrero y marzo de 2013, últimos datos disponibles.
El caso del conductor oficial de la consejera de Hacienda no es único. últimoCero ya informó en enero de 2013 sobre el reparto de bufandas en las consejerías de Presidencia y Economía. Sólo la Consejería de Presidencia que dirige José Antonio de Santiago-Juárez abonó a 32 de sus empleados al menos 59.651,88 euros por este concepto a lo largo de 2012. especialmente llamativo resultó el caso de su chófer (R.) que ingresó, al margen de su nómina, 4.200 euros cada trimestre. Una cantidad que contrasta con la percibida por los dos conductores asignados al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (A.P.V y M.C.M.) 2.000,50 euros trimestrales por volante.
Los últimos datos completos sobre estos repartos de bufandas a los que ha tenido acceso últimoCero en fuentes parlamentarias ponen de manifiesto que en 2010 todas las consejerías de la Junta repartieron graciosamente entre un selecto grupo de empleados públicos de confianza 4.791.383 euros. En el primer semestre de 2011, todas las consejerías habían desembolsado 1.330.100 euros.
Los datos más recientes hacen referencia a la Consejería de Presidencia y se refieren al segundo semestre del año pasado: 200.000 euros.
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La Junta prepara sesenta medidas para reducir más la Administración de Castilla y León
El Gobierno de Herrera acaba de detallar en las Cortes regionales un ambicioso plan de reducción de la estructura administrativa e institucional de Castilla y León que, como muy tarde, estará aplicado al comienzo de la primavera con el objetivo de mejorar en eficiencia, aumentar la reducción del gasto y evitar que se sigan produciendo duplicidades en la gestión de las funciones y servicios encomendados, que redundan en los ciudadanos.
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Denuncian que la mano derecha de Juan Vicente Herrera usa indebidamente un coche oficial que hace 500 kilómetros al día
- Durante el debate de investidura, Herrera aseguró que sólo tendríán "asignado coche oficial los miembros del Consejo de Gobierno" y se redujeron a 10 los vehículos
- Virginia Arnaiz no forma parte del Consejo de Gobierno, por lo que como cualquier empleado público no tiene derecho a coche oficial, denuncia el colectivo de funcionarios Viernes Negro
- Estiman que hace 120.000 kilómetros al año, que suponen 70.000 euros, cargado "a los ciudadanos", entre gasolina, dietas y sueldos para sus conductores
Un coche oficial sale de Valladolid a las 6.00 horas para hacer 125 kilómetros hasta las inmediaciones de la catedral de Burgos. Allí le espera Virginia Arnaiz, jefa de Gabinete de Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, para desplazarse hasta Valladolid. Otros 125 kilómetros. A las 17.00 horas, Arnaiz, que ocupa cargo de libre designación, se monta en el mismo coche para hacer el recorrido inverso. Cuando la deja en Burgos, el chófer regresa a Valladolid. Un total de 500 kilómetros al día y 120.000 al año.
Así lo denuncia el movimiento Viernes Negro, un colectivo que integra a trabajadores públicos de la Junta de Castilla y León y que se manifiesta cada viernes frente a la Junta para protestar contra los recortes en servicios públicos. "Existe una excepción con esta señora con respecto a otros empleados públicos al gozar de privilegios como chófer y coche particular. Desde 2011 goza de un privilegio que cuesta a los ciudadanos alrededor de 70.000 euros anuales, entre gasolina, sueldos a los conductores, mantenimiento del vehículo y dietas ", ha explicado a infoLibre Miguel Álvarez, empleado público de la Junta de Castilla y León e integrante de este colectivo.
"Lo que es grave es que el presidente de la Junta de Castilla y León es consciente de ello después de haber asegurado que no se pasaría de 10 coches oficiales", asegura Álvarez. El colectivo se remite al Código de austeridad al que se refirió el presidente en su debate de investidura del 23 de junio de 2011. Este código ético partió de la propuesta de los empleados públicos de la Delegación Territorial de Burgos, que se reunieron en torno a asambleas para proponer a la Junta de Castilla y León una serie de medidas que propiciaran la reducción del déficit de la comunidad y así equilibrar los sacrificios que sólo habían recaído en los trabajadores. Los tres pilares básicos eran: medidas de ahorro, aumento de recaudación de ingresos y dignificación de la imagen de los empleados públicos.
La Consejería de Economía de Castilla y León investigada por un juzgado de Valladolid
Quiere aclarar si hubo prevaricación y tráfico de influencias en la compraventa de los terrenos del Parque Empresarial de Portillo
CADENA SER 16-11-2013 - 12:47 CET
El juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid investiga las operaciones de compraventa de terrenos realizadas en el Parque Empresarial de Portillo por parte de la empresa pública ADE Parques, dependiente de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León y algunos empresarios de la Comunidad.
El juzgado trata de averiguar si se pudo cometer prevaricación y tráfico de influencias, en estas operaciones. Los terrenos fueron adquiridos, desde 2006 por una sociedad denominada "Parque Empresarial de Portillo SL", formada por un grupo de empresarios. Las empresas, que finalmente vendieron los terrenos a ADE Parques para este polígono, que de momento no se ha construido, compraron las tierras a los propietarios, algunos de ellos agricultores, al precio de unos cuatro euros el metro cuadrado, para terminar vendiéndoselas a ADE Parques a un precio de entre 15 y 26 euros metro cuadrado.
Es decir, en estas operaciones de compra-venta las empresas intermediarias habrían pagado la hectárea a unos 40.000 euros, para luego venderla a la sociedad pública, en una cantidad que oscila entre los 150.000 y los 260.000 euros. Así consta en el convenio firmado en el mes de marzo de 2010 entre ADE Parques y una empresa cementera con sede en Valladolid, al que ha tenido acceso la Cadena SER. Uno de los agricultores que participaron en estas operaciones en 2006, José Antonio Ortega, ha desvelado que vendió diez hectáreas de sus tierras a una de las empresas implicadas en la compraventa de estos terrenos.
Terrenos sin uso
Este agricultor lamenta que lo que vendió, y luego compró la Junta, se encuentre en la actualidad sin ningún tipo de uso, ni industrial ni agrario. Recordemos que estos terrenos son eso, unos simples terrenos sobre los que no se ha practicado ninguna actuación para convertirlos en el polígono industrial que se proyectó inicialmente y que, en teoría, fue el motivo por el que se adquirieron.
Según los precios fijados en estos convenios del año 2010, la empresa ADE Parques, podría haber desembolsado por la compra un importe que supera los 55 millones de euros. Precisamente, al juzgado de Instrucción número 2 le llama la atención la diferencia de precio pagada a los agricultores, (unos 40.000 euros la hectárea) y la de la venta de esos mismos terrenos a ADE Parques, (entre 150.000 euros y 260.000 euros por hectárea).
El tiempo transcurrido entre la compra de terrenos a los agricultores y la posterior venta de estos a ADE Parques es de unos cuatro años, pudiendo haberse llegado, en ese período, a quintuplicar el precio por el que vendieron los agricultores y lo que terminó pagando la Consejería de Economía a las empresas que constituyeron "Parque Empresarial de Portillo SL".
Expertos consultados por la Cadena SER, inciden en el hecho de que ADE Parques no promoviera en su momento una expropiación de los terrenos si es que pretendía construir un polígono industrial. De haber sido así, el precio que habría tenido que desembolsar esta empresa pública por los terrenos, hubiera sido el de mercado, muy inferior al que se ha terminado pagando.
ADE Parques tiene una deuda acumulada de mas de 350 millones de euros y ha iniciado el proceso de integración en la Agencia de Innovación, Financiación e internacionalización Empresarial. La deuda generada pasará a ser integrada dentro de la deuda de la Administración de Castilla y León.
cadenaser.com
La Junta confirma los ERE de ADE Parques y Excal que afectan a 60 personas
Fuentes de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León confirmaron que la empresa pública ha presentado un expediente de regulación de empleo que afectará a 30 de sus 52 trabajadores, lo que supone un 57,69% del total. Asimismo, las mismas fuentes constataron otro ERE, en ADE Internacional Excal, que se aplicará sobre 30 de sus 60 empleados, la mitad de la plantilla.
Estos expedientes de regulación de empleo, aclararon desde la Consejería, se enmarcan dentro del proceso de reestructuración del sector público autonómico, como consecuencia de su adecuación a las disponibilidades económicas por la crisis. En el caso de Excal, cabe recordar su proceso de integración dentro de la Agencia de Innovación y Financiación, que ha pasado a denominarse Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización.
El objetivo marcado por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, dentro del proceso de reordenación del sector público empresarial y fundacional de la Comunidad es el de reducir el coste de su gasto corriente y de personal en, al menos, un 50% antes del 31 de diciembre de 2013, para cumplir con los objetivos de déficit. Junta y PSOE acordaron el pasado 10 de octubre constituir un grupo de trabajo para concretar y seguir ese proceso y decidieron que se realizará un informe financiero y de gestión que determine la necesidad y dimensión del futuro sector público de la Comunidad.