Ante las elecciones más transcendentales desde 1982, cuando por primera vez el PartidoSocialista accedió al gobierno de estado español, dando paso a una alternancia democrática dentrode la complicada transición política, cambio que supuso poner fin a 43 años ininterrumpidos delgobierno de la dictadura franquista, de la derecha, y sus herederos, IS-PSOE, corriente de opinióninterna del PSOE, manifiesta su apoyo a las listas electorales del PSOE y a su secretario general,candidato a la presidencia de gobierno.

Llamamos a la movilización de toda la militancia y votantes del PSOE, de trabajadores ytrabajadoras, de mujeres, de feministas, de pensionistas, de todos los colectivos LGTBI y de toda laciudadanía demócrata y progresista para parar la ola reaccionaria, negacionista y revanchista querepresentan las candidaturas y los pactos de las derechas. “Nada es para siempre, cualquier derechopuede perecer”.

Desde Izquierda Socialista PSOE manifestamos algunas razones para apoyar a nuestro candidatoPedro Sánchez Pérez-Castejón con posicionamientos como:

- La defensa de la democracia, pues nos encontramos con una derecha de raíces no democráticaque quiere el poder “no para construir sino para derogar lo construido” por el gobiernoProgresista, gobierno completamente dedicado a paliar la desigualdad en nuestro país y a lavez a construir un futuro de Justicia Social. Esa derecha extrema y la ultraderecha, hanatacado permanentemente sus instituciones, desacreditándolas y desprestigiándolas:Gobierno ilegitimo, no renovación del poder judicial, derechos consolidados, a lasostenibilidad de las pensiones, etc.

- El gobierno progresista de España ha desarrollado políticas como: la reforma del mercadolaboral, aumento S.M.I, atacar la precariedad, aumentar los ingresos de pensionistas y de laspersonas más desfavorecidos, I.M.V., en sacar adelante leyes progresistas; mujer, identidad degénero, medidas contra la inflación, ley de vivienda, topes alquiler, tope eléctrico y otrasmedidas (bajada IVA). Luchando contra la desigualdad. Ante todo, esto y más las derechas,PP+VOX, son los mismo, solo aspiran a derogar y retornar a la España del pasado, volver aloscurantismo en derechos humanos y culturales.

- El relato de las derechas se basa en posicionamientos demagógicos, falsedades, bulos ytergiversando lo que los españoles vemos cada día, ante la complicada situación que viveEuropa. Intentado sustituir la opinión pública por la publicada, utilizando todos los mediosa su alcance.

- Pretenden, las derechas, a su vez hundir el estado de bienestar, han mostrado sus propuestaspolíticas en el poder territorial que tienen, deteriorando la sanidad y la educación públicas yla dependencia, atacan la viabilidad de las pensiones, o atacando los derechos de la mujer, yde los colectivos LGTBI, donde unos vemos derechos, la derecha ve negocio, no serviciospúblicos.

- Un nuevo gobierno del PSOE y progresistas, es la apuesta por seguir mejorando y trabajandopara la mayoría de la población, donde las libertades públicas se respeten y los derechos seconsoliden. También y ahora apostar por poner a nuestro país, España, en el SXXI conposibilidades de afrontar los retos del futuro para todos, una redistribución de la renta quemejore el estado de bienestar, políticas fiscales más justas, afrontar la revolución tecnológica,lograr un mayor nivel de empleo, sin la perdida de derechos para los trabajadores, afrontar elcambio climático y la revolución tecnológica que nos viene, apostando por una U.E más federaly social, fortalecer las instituciones. Igualmente se aspira a cambiar la visión de futuro denuestros jóvenes y darles razones para mejorar y trabajar por esta sociedad en temas comovivienda, renta vital o romper el llamado bucle de vidas-trabajo, se trabaja para vivir no a lainversa. Quedan todavía muchas reformas por acabar y hacer, desde la laboral, a la leymordaza, a la del poder judicial, ese será el reto de nuevo gobierno de progreso.

Por ello, desde la corriente de opinión Izquierda Socialista-PSOE, ante el comienzo de la campañaelectoral y de depositar nuestro voto el 23-J en las urnas, derecho conquistado por las clases mediasy trabajadoras, llamamos al activismo y la movilización de la militancia socialista y progresista,convencidos de su valor y empuje, pedimos lealtad y el apoyo de todos y todas con nuestro voto alPSOE. Solo un gobierno de izquierdas, liderado por nuestro secretario general y presidente degobierno Pedro Sánchez, puede seguir transformando España y avanzar desde Europa en la defensade la democracia, la libertad, los derechos humanos, la inclusión, la solidaridad y la justicia social.

IZQUIERDA SOCIALISTA VOTAMOS PS0E. ADELANTE ->

.Comisión Permanente Federal de Izquierda Socialista-PSOE. 7 de julio de 2023

La corriente interna del PSOE Izquierda Socialista reclama un referéndum sobre la forma de Estado en España y preguntar sobre "Monarquía o República", cuando se cumple el 92 aniversario de la proclamación de la Segunda República en España, el 14 de abril de 1931.

Leer más: https://www.europapress.es/nacional/noticia-izquierda-socialista-pide-92-aniversario-segunda-republica-referendum-monarquia-republica-20230413143709.html

(c) 2023 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.

https://youtu.be/1T46oAkrydg

https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/defensa-memoria-democratica_129_9168249.html

Opinión

Tribuna Abierta

En defensa de la memoria democrática

• Es una Ley que por primera vez incluye de manera expresa en el propio artículo primero el repudio y condena del golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista, así como la declaración de su ilegalidad. Me temo que es esto lo que duele a las derechas que se oponen

Manuel de la Rocha Rubí

@mdelarochar

Abogado y exdiputado socialista

En la recta final de tramitación del proyecto de Ley de Memoria Democrática, se han redoblado los esfuerzos por impedir su aprobación por parte de las derechas y sus terminales mediáticas.

Para las derechas no solo es un episodio más en la guerra contra el Gobierno, sino que su oposición deriva del lastre histórico que les impide condenar el franquismo, a cuya matriz ideológica y cultural muchos de ellos siguen vinculados. Recordemos que ya en 2007 se opusieron a la prudente y moderada Ley de Memoria Histórica de Zapatero. 

Y para ello utilizan argumentos que no se sostienen con una simple lectura del texto de la Ley, entre ellos, que se ataca a la Transición y al pacto que propició la Constitución de 1978, incluida la amnistía; que extiende la investigación de los crímenes del franquismo hasta 1983, cuando ya había democracia; y en el cierre del círculo al que el PP nos tiene ya acostumbrados, a que se trata de una cesión al relato de los herederos de ETA.

Menos aún se sostienen tales argumentos con el sentido y alcance de la acción de los socialistas durante la dictadura y la transición. El PSOE reivindica la Transición  y la Constitución de 1978 como uno de los momentos más brillantes de la historia de España, incluso con sus limitaciones, momento histórico al que los y las socialistas contribuimos de manera decisiva, y que supuso pasar de forma pacífica de una cruel dictadura a una democracia avanzada. Y a la vez defendemos la memoria democrática como la culminación del camino democrático y de reconciliación emprendido con la Transición.

Por ello es rotundamente falso que la Ley de Memoria Democrática cuestione la transición o el pacto constitucional, sino que más bien los ensalzan de forma nítida. Así queda meridianamente claro en su exposición de motivos a lo largo de varias páginas, al señalar:

“La muerte del dictador en 1975 y la llegada de la democracia supusieron un punto de inflexión respecto a la política de memoria instaurada durante el franquismo. La vigente Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación de las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española durante la guerra y los cuarenta años de dictadura franquista. Este consenso fue el espíritu de nuestra transición política, y ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país.

La Transición asumía el legado democrático y de dignidad que varias generaciones de españoles y españolas habían forjado en torno a la defensa de la democracia, la lucha antifascista en Europa y la recuperación de las libertades individuales y colectivas en nuestro país…“

“La conquista y consolidación de la democracia en España ha sido el logro histórico más significativo de la sociedad española. El asentamiento de los principios y valores democráticos que consagra la Constitución de 1978 hace nuestra sociedad más fuerte y constituyen la más clara apuesta de convivencia en el futuro. (…). En ese marco, la sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad”.

Y entre sus objetivos señala: “…fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de nuestra historia y de todas aquellas figuras individuales y colectivas que, con grandes sacrificios, fueron construyendo progresivamente los nexos de cultura democrática que permitieron llegar a los acuerdos de la Constitución de 1978, y al actual Estado Social y Democrático de Derecho para defender los derechos de los españoles, sus nacionalidades y regiones  ….”

¿Cómo puede decirse sin sonrojo que la nueva Ley cuestiona la Transición? No solo no la cuestiona, sino que ensalza el espíritu de la transición y el pacto constitucional, y la reconciliación (palabra que por cierto no aparece en la Constitución, como tampoco el olvido) y la concordia que inspiraron el proceso que nos llevó a la aprobación de la Constitución. La nueva ley viene, en suma, a culminar el camino democrático y de reconciliación emprendido con la Transición, desde la convicción de que la reconciliación no tuvo ni puede tener sus raíces en el olvido. No puede haber concordia sin memoria. 

Es igualmente incierto que el ámbito temporal de la ley haya cambiado, para extenderlo hasta 1983. El periodo al que se extienden las medidas de la ley es exactamente el mismo que en la Ley de Memoria Histórica de 2007.  Sólo hay que leer lo que inequívocamente establece el artículo 1.2 de la nueva Ley, que establece entre sus objetivos “el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, tras la Transición democrática”.

Este ámbito temporal hasta 1978, el “período sospechoso” como se ha dicho, es repetido machaconamente a lo largo del articulado, por ejemplo en sus artículos 3, 27, 29 y 61.

Por ello es una tergiversación afirmar que se está extendiendo el ámbito temporal de la Ley, que es el que acabamos de señalar, con que se incluya en una disposición adicional, la 16ª, la previsión de que se designe por el Gobierno una comisión técnica cuyo alcance está acotado a la realización de un estudio, sobre posibles vulneraciones de derechos humanos que sufrieran luchadores por la consolidación de la Democracia, los derechos fundamentales y valores democráticos, entre la aprobación de la Constitución y el 31 de diciembre de1983, y exclusivamente para su posible reconocimiento y reparación. 

La citada disposición adicional 16ª es una enmienda conjunta presentada por los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno (Socialista y UP) a finales de 2021, con la finalidad de atender una amplia reivindicación de que algunas personas que luchaban por la consolidación de la Democracia y en defensa de los derechos fundamentales sufrieron aún después de la aprobación de la Constitución vulneración de sus derechos precisamente por esa lucha. Y que, al limitarse el ámbito temporal de la ley a 1978, no podrían tener un reconocimiento por la democracia, como por ejemplo el asesinato a manos de la extrema derecha de Yolanda González y otros semejantes. Pero en ningún caso incluye ni incluirá, como falsamente apuntan las derechas, a terroristas ni a víctimas del GAL; que no fueron luchadores por la democracia y los derechos humanos.

La enmienda, que en su redacción inicial acotaba esta investigación a diciembre de 1982, se extendió a 1983 para que no pareciera se cerraba con los gobiernos democráticos anteriores al socialista, y de la lectura del Dictamen de la Ponencia y del debate en la Comisión Constitucional se deduce que ha servido para rechazar innumerables enmiendas (de Bildu y otros grupos) que, esas sí, pretendían la extensión del ámbito temporal de la ley. Más aún, Bildu presentó decenas de enmiendas para retirar de la Exposición de Motivos toda referencia a la Transición, que han sido rechazadas de plano por el Grupo Socialista.

Por último, tampoco es cierto que la Ley desmerezca lo que significó la Ley de Amnistía de 1977. Basta leer lo que dice textualmente la exposición de motivos para desmentirlo, al poner precisamente en valor la Ley de Amnistía, “una reclamación histórica de la oposición antifranquista” y a la vez expresión “de la voluntad de reconciliación y de construcción de una sociedad democrática avanzada que presidió ese proceso político”.  Por ello todas las enmiendas que abogaban por la derogación total o parcial de la Ley de Amnistía han sido rechazadas de plano, como anteriormente el PSOE se ha opuesto a otras iniciativas legislativas de derogación de la Ley de Amnistía.

Pero a la vez la Ley señala que se ha de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, compatibilizando la Ley de Amnistía con los avances del derecho internacional de los derechos humanos, según indica el propio artículo 10.2 CE, de ahí que se recuerde que todas las normas legales, incluida la Ley de Amnistía, han de ser interpretadas por los poderes públicos de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos en la materia ratificados por España. 

En definitiva, la finalidad de la Ley es profundizar en el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra de España y la Dictadura franquista, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, fundamentándose en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, con que fue requerido nuestro país por sucesivos informes de organismos internacionales, como el del relator especial de la ONU Pablo Greiff de julio de 2014.

Con el objetivo también de la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática, de la reivindicación de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de nuestra edad contemporánea. Una Ley que por primera vez incluye de manera expresa en el propio artículo primero el repudio y condena del golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista, así como la declaración de su ilegalidad. Me temo que es esto lo que duele a las derechas que se oponen a la Ley.

Manuel de la Rocha Rubí

Abogado y exdiputado socialista

La corriente de opinión IZQUIERDA SOCIALISTA del PSOE en Castilla y León, manifiesta su repulsa por el #Pactodelavergüenza con el que el Sr. Feijóo ha debutado en la política nacional.

Desde la época del Dictador Franco la ultraderecha no había formado parte de ningún gobierno en nuestro país. Sin embargo, el Señor Mañueco, con el respaldo del nuevo máximo responsable de su partido, el Sr. Feijoo, ha mercadeado con leoneses y castellanos: de hecho ha obviado los valores esenciales de nuestra Constitución y del Estatuto de Autonomía y nos ha vendido para mantenerse en el poder. Está usando las instituciones democráticas para blanquear y tratar de normalizar a los antidemócratas, no sólo compartiendo con ellos el gobierno de CyL, sino entregándoles la Presidencia de la Cortes, el órgano donde reside la soberanía popular y el fundamento de la democracia en nuestra Comunidad Autónoma.

Es inaceptable que la única comunidad española, la única región europea en la que la ultraderecha entra en el gobierno, con varias Consejerías a su cargo, sea Castilla y León. Ni las cínicas declaraciones del Sr. Feijóo ni el tibio rechazo del PP europeo aportan solución alguna a los ciudadanos de Castilla y de León, condenados a la ambigüedad, la mentira y la incertidumbre de unos dirigentes incompetentes, sectarios y deshumanizados, que ni cumplen con sus deberes ni respetan los derechos de la ciudadanía. Castilla y León retrocede y con ella retroceden España y Europa porque hasta ahora en ningún lugar de Europa se toleraba a la ultraderecha, sino que se bloqueaba aunque fuera a costa de perder elecciones o gobiernos. La gran hazaña del Sr. Mañueco ha sido conservar su sillón a costa de nuestra dignidad, de la ética pública y de nuestra democracia, sometiéndose a la voluntad involucionista y retrógrada de la ultraderecha.

Nuestro rechazo no lo es sólo contra la radicalidad ideológica y la deriva autoritaria del socio de gobierno del PP, es ante todo resistencia a que arrasen con los derechos, a que destruyan nuestro estado de bienestar, a que nos hagan retroceder en servicios sociales, a que se opongan a una fiscalidad justa, progresiva y equitativa, a que nos dividan y enfrenten generando odio y crispación. Nuestro rechazo se basa en nuestra memoria histórica y democrática: la nuestra fue una región especialmente castigada por la represión fascista durante y después de la Guerra Civil. Seguimos abriendo fosas y recuperando víctimas en montes, cunetas, laderas y riberas de Castilla y de León y lo seguiremos haciendo bajo los principios de verdad, justicia, reparación y deber de memoria.

Precisamente en un momento histórico de pandemia, guerra e inflación, en el que necesitamos consensos, acuerdos de progreso, avances en igualdad, este vergonzante pacto es puro retroceso ideológico hacia el franquismo, hacia la arbitrariedad, hacia la carencia de bienestar y hacia la desigualdad en todos los ámbitos. No podemos aceptar que el gobierno se pacte con quienes tachan de enfermos a las personas LGTBI, consideran seres inferiores a las mujeres, no respetan los derechos humanos, niegan las políticas de equidad, se manifiestan en contra del principio de igualdad, , contra la ley de memoria histórica y contra la no discriminación por razones de sexo o nacionalidad. No podemos aceptar que el partido con más causas por corrupción de Europa gobierne, junto con un partido de ideología autoritaria contrario al Estado Autonómico y a la Unión Europea, una de las regiones del viejo continente más despobladas y necesitadas de proyectos de recuperación y desarrollo sostenible.

Izquierda Socialista PSOE de Castilla y León apoyaba la generosa oferta de nuestro partido de establecer un cordón sanitario, un muro democrático frente a la ultraderecha para facilitar el gobierno, inmerecido, del señor Mañueco. No lo han aceptado porque desde el minuto uno de la innecesaria convocatoria electoral anticipada, habían decidido cambiar a Ciudadanos por Vox, porque #MañuecoesVox y sus intenciones coinciden: no tienen programa, ni saben gestionar en beneficio del común, pero van a utilizar el poder para lo que mejor saben hacer, la gestión arbitraria y clientelar, excluir a los discrepantes e ignorar las propuestas de la oposición.

El futuro de Castilla y León, como proyecto colectivo de ciudadanía en la pluralidad bien articulada del Estado Autonómico, debe ser el de tierra abierta, tolerante, avanzada en derechos cívicos, económicos sociales y laborales, integradora, y solidaria. Lucharemos democráticamente para que ese horizonte de progreso de nuestra tierra quede liberado de las hipotecas retrógradas e intereses particulares de los artífices del Pacto de la vergüenza. Lucharemos junto a movimientos cívicos progresistas, organizaciones sindicales y sociales que defienden los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de los autónomos, de los pequeños y medianos empresarios para impedir el retroceso en derechos y libertades y consolidar la Constitución y la democracia en nuestra tierra.

La Declaración Universal de Derechos Humanos

Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

Ahora, por tanto,

La Asamblea General,

Proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.  

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2

................

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/necesaria-reforma-reforma-laboral_129_7377782.html

Uno de los objetivos del programa electoral del PSOE y del Acuerdo de Gobierno de la coalición progresista entre PSOE y UP es el de la derogación de la reforma laboral del PP, con la recuperación de los derechos laborales que eliminó. Los juristas sabemos que una norma que afectaba a cerca de 100 artículos de diferentes leyes (Estatuto de los Trabajadores, LGSS, LRJS, Ley de Empleo…) no cabe derogarla de golpe, como si no hubiera existido, sino que la modificación debe referirse a aquellas de sus disposiciones que afectan de modo más directo y grave a los derechos de los trabajadores y al restablecimiento de la negociación colectiva como vía de regulación de las condiciones de trabajo frente a la desigualdad en las relaciones de producción. De ahí que el propio Acuerdo de Gobierno PSOE-UP desglosara y concretara los objetivos de esa derogación, fijando unos objetivos "con carácter urgente" y otros a medio plazo.

..................

El actual Gobierno retrasó abordar estas cuestiones tanto por la pandemia como para negociar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Conseguidos éstos, el objetivo de derogar por fases la normativa laboral del PP es ya insoslayable, habiendo convocado la ministra de Trabajo, a empresarios y sindicatos a esta tarea.

Pero en el debate político ha vuelto a surgir un conflicto acerca de su oportunidad, que tanto la derecha política y económica como ciertos sectores de izquierdas pretenden vender como una confrontación entre el PSOE y UP. Los socialistas buscaríamos retrasar o diluir la reforma de la reforma del PP, mientras que sería Podemos quien la mantendría como objetivo. Se ha llegado a decir que habría dos bandos, uno formado por los sindicatos UGT y CCOO con Podemos, y otro por la patronal, Bruselas y los socialistas del Gobierno, que no querrían más cambios que reducir la temporalidad de los contratos.

Sin embargo, esa configuración no es tal, es ficticia. Lo que hay, como ha habido siempre con gobiernos socialistas, es una diferencia entre las posiciones más social-liberales, situadas en el Ministerio de Economía, más favorables a otorgar flexibilidad a los empresarios y ahora, con Nadia Calviño, reacias a derogar la reforma laboral del PP, y los que creen que esta derogación, por pasos y sobre temas y contenidos concretos, es imprescindible si de verdad somos coherentes con nuestra posición sobre el conflicto social y una más equilibrada regulación de las relaciones laborales.

Porque la mayoría de los socialistas hemos sido y somos favorables a esa derogación. Lo declaró insistentemente Pedro Sánchez como secretario general del PSOE durante la campaña electoral, está en nuestros programas, electoral y de coalición de Gobierno, lo ha dicho recientemente el secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva, lo reiteran la corriente Izquierda Socialista y otros múltiples cuadros y militantes, además de UGT y CCOO. La confrontación, repito, no es en mi opinión entre socialistas y podemitas, sino entre social-liberales y socialistas o socialdemócratas consecuentes. Lo demás son escaramuzas de las derechas o autoproclamas de izquierdistas antisocialistas. Porque la reforma de la reforma laboral del PP es ya imprescindible.

https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/necesaria-reforma-reforma-laboral_129_7377782.html

Manuel de la Rocha Rubí

Abogado de UGT, exdiputado socialista y miembro de la corriente de opinión Izquierda Socialista-PSOE

https://www.fundacionhugozarate.com/antonio-garcia-santesmases-de-una-crisis-de-partido-a-una-crisis-de-estado/

Las respuestas inmediatas y, en el día a día, a la pandemia del coronavirus han requerido (y requieren) medidas y actuaciones en múltiples frentes que el Gobierno de España ya ha tomado, se han implantado y se están aplicando: El primer imperativo salvar vidas, preservar a la gente, trabajadores, empresas, familias… Y en la salida de la crisis habrá que pensar en: ¿Quién asume las consecuencias desastrosas de las políticas neoliberales de los años pasados? ¿Cómo evitar que los costes de la crisis repercutan más sobre los sectores sociales vulnerables y se incremente las desigualdades de renta, riqueza y oportunidades? ¿Se hará una justa reforma fiscal para dotar al Estado de mayores ingresos? ¿Cuál será el nuevo papel que han de tener el Estado y las políticas públicas? ¿Qué recursos presupuestarios serán suficientes para recuperar la sanidad pública y otros servicios del bienestar? ¿Cómo será –y se impulsará- el nuevo modelo productivo? ¿Cuáles serán las transformaciones en el mercado laboral y el empleo? ¿Cómo se articularán las políticas de “reconstrucción” con un desarrollo ecosostenible?

Sobre ese “mar de fondo” de incertidumbres, traspasando las cortinas de humo y el ruido de las actitudes desbocadas de la derecha y su feroz oposición al Gobierno, se pueden efectuar los siguientes planteamientos para afrontar los grandes desafíos que se presentan.

1.- El fracaso del neoliberalismo. Alternativas tras la pandemia global.

El modelo económico neoliberal colapsó y quedó totalmente desacreditado con la gran recesión de 2008, pero pervivieron las políticas económicas en beneficio de las elites “extractivas” que habían acumulado enormes riquezas y rentas durante todo el largo periodo de liberalización del mercado de capitales, desmantelamiento y deslocalización del sector secundario de la economía, privatizaciones de bienes y servicios públicos, desregulación de las relaciones laborales, creciente desequilibrio entre rentas de capital y del trabajo y de reducción del Estado de bienestar. “La desigualdad no es económica o tecnológica: es ideológica y política” (Thomas Piketty: Capital e Ideología. Ed. Centro de Libro-Deusto. Planeta. Barcelona, 2019, p.18); y esa problemática la percibe un gran porcentaje de la ciudadanía.

El sistema hace tiempo que alcanzó sus límites, se debe abordar su transformación aunque una exigua minoría de grandes beneficiarios del “capitalismo realmente existente” intentará que todo vuelva a ser como antes. De las opciones que elijan los Gobiernos dependerá la superación no sólo de las graves 2 consecuencias de esta pandemia, también evitar que se sigan imponiendo las peores derivas de la globalización neoliberal y poder recuperar el contrato social, según los valores y derechos que fundamentan el sistema democrático y la acción política por el bien común y el bienestar del conjunto de la ciudadanía, y con la perspectiva de “salvar la Tierra”.

En la salida a la crisis generada por esta pandemia global, se impone corregir las enormes desigualdades y grandes disfunciones en la distribución de la renta, riqueza y recursos para restaurar la cohesión social frente a quienes siembran el “miedo al futuro” con la aviesa intención de romper el bloque social de progreso y paralizar –nuevamente- las ineludibles reformas profundas del sistema económico, social e institucional. Las organizaciones internacionales, supranacionales y los gobiernos de los estados deben impulsar los cambios, antes de que la economía realmente productiva se desestabilice definitivamente por los desequilibrios y brechas sociales causados por la financiarización y la acumulación de bienes en manos de un porcentaje muy reducido de mega-ricos, y ante la amenaza de que la siguiente crisis destruya a la humanidad.

Pero en el panorama actual, algunos poderes sociales, económicos y financieros, con sus adláteres políticos de cierta derecha, tratan de apuntalar sus posiciones y relatos para preservar sus intereses corporativos y status privilegiados articulados sobre el capital especulativo (socialmente improductivo) y la concentración desmedida de poder y riqueza. Pretenderán que el enorme coste humano, económico, laboral y social de la pandemia no repercuta en justa proporción sobre los que más tienen, más acumulan, más se benefician de las rebajas de impuestos, y menos les ha preocupado el deterioro de recortes y privatizaciones han causado a la sanidad, educación y servicios sociales públicos .

De manera similar a cuando grandes errores de las elites financieras desencadenaron la gran crisis de 2008; basta contrastar las mentiras, tergiversaciones y trampantojos diversos que derechas “neocon” y sus corifeos están lanzando constantemente en estos días -con intención de desviar la atención sobre el recuerdo de sus acciones (de gobierno) “austericidas” de vaciamiento de lo público y favores a los privilegiados- para percibir sus verdaderas pretensiones: al igual que entonces quienes habían denigrado el papel del Estado “transfirieron” al conjunto de la sociedad sus deudas (pérdidas) y las quiebras causadas por los desmanes de corporaciones financieras; ahora parecen no asumir que –como toda la ciudadanía- los más ricos deben contribuir a abonar la factura de la recuperación en consonancia con sus disponibilidades económicas y patrimonio, como es de justicia social y eficacia redistributiva.

Y en esa línea, posiciones oligárquicas buscarán socavar la credibilidad de los Gobiernos pretendiendo obstruir el necesario compromiso político e institucional con el “giro social” y las prioridades para salir de la crisis y hacer frente a la tarea urgente de “reconstrucción” de los sistemas de bienestar públicos, rescate de los bienes comunes y servicios colectivos sometidos al lucro privado, recuperar sectores fundamentales del aparato productivo y de la economía real, desarrollar los derechos laborales para el trabajo decente, el empleo digno y una sociedad más equitativa y justa, poner límites efectivos a las amenazas a la biosfera y preservar el medio ambiente, que constituyen las alternativas de futuro.

2.- Desarrollar el modelo social y la dimensión federal-cooperativa de la UE

En la Unión Europea los avances hacia la unión económica y monetaria, las experiencias (de gobernanza multinivel) en la aplicación de políticas comunes de desarrollo económico y cohesión y el efecto beneficioso de las políticas de convergencia, deberían haberse complementado en las dimensiones social, medioambiental, federal-cooperativa y solidaria. Sin embargo, las esperanzadoras perspectivas que presentaba la UE para el siglo XXI, con la aprobación del Tratado de Lisboa y la Carta Social Europea, se ensombrecieron con sesgadas políticas comunitarias condicionadas por la economía financiera, que no impulsaron el reforzamiento del Estado de Bienestar.

Las graves consecuencias mundiales de las quiebras del año 2008, incidieron más fuertemente sobre las sociedades europeas por la austeridad expansiva, los recortes, y el efecto “contractivo” del principio de estabilidad presupuestaria; precisamente cuando resultaban urgentes medidas keynesianas contracíclicas para paliar las consecuencias sociales de la crisis, relanzar la economía productiva y recuperar un crecimiento más sostenible. La equivocada, poco solidaria y deficiente percepción de las autoridades comunitarias ante la crisis de 2008 acentuó sus consecuencias negativas (económicas, laborales y sociales) no sólo en los países más afectados por la crisis de deuda soberana también en toda la Unión Europea, generándose una auténtica “implosión” en su seno que se manifestó en un crecimiento “anémico” y a “dos velocidades” que lastró la recuperación en varios países y en el conjunto comunitario.

En aras de la “lógica” del mercado y de la moneda única se ha perdido una década para un mayor impulso de las Estrategias de Lisboa y Gotemburgo y reforzar las políticas de cohesión social y territorial, se pospuso la revisión de la política presupuestaria y el incremento del marco financiero plurianual, no se han tratado seriamente la homologación de políticas fiscales “equiparables” en (y para) todos los territorios de la UE., ni desarrollado nuevas fórmulas de reasignación de recursos.

Las repercusiones claramente favorables y los efectos positivos de la aplicación de los fondos estructurales y de cohesión sobre el desarrollo de los países y regiones con rentas inferiores a la media comunitaria se fueron desvirtuando por la acumulación de beneficios que la implantación del euro proporcionó a los países más prósperos. Así resulto frenado el avance del modelo social y de una Europa más equilibrada, justa, solidaria y cohesionada, comprometida con la democracia a escala global, el desarrollo de los Derechos Humanos y la Paz mundial y con la lucha contra el cambio climático y la pobreza.

Ante la pandemia mundial que provoca un fuerte impacto en la economía y la sociedad -emergencia de la que no se puede responsabilizar a cada país-, las promesas de fuertes apoyos (sin reservas) a los estados más afectados de la UE (Italia, España), después de varias semanas de debates aún no se han traducido en la mutualización comunitaria de los riesgos económicos y presupuestarios ante una crisis sanitaria y social sin precedentes. Cada aplazamiento en la toma de decisiones (en el seno del Eurogrupo, del Consejo y de la Comisión) ha repercutieron muy negativamente sobre las finanzas de nuestros países.

Mientras se siguen buscando fórmulas de compromiso (préstamos bonificados/ subvenciones para sufragar inversiones) sobre el fondo de recuperación y eludir la emisión mancomunada de “coronabonos”, la UE pierde credibilidad en el mundo y desconcierta a muchos de sus ciudadanos/as que rechazan acuerdos de mínimos y “medias tintas” y reclaman nuevas ideas y renovados protagonismos de la sociedad civil y de la política democrática: Debe abrirse un debate sobre la redefinición de las instituciones de la UE y la articulación más equilibrada entre la Europa mercantil, económica, social y política.

Los cambios que se avecinan en el proceso de globalizacíón no deberían pillar a la UE con el paso cambiado; necesita de armonización fiscal (no permitiendo competencia desleal en materia impositiva) y más recursos presupuestarios. Se debe elevar el techo de gasto, al menos hasta el 2% de la RNB, durante todo el período de programación 2021-2027 para afrontar la recuperación de la economía y la sociedad que implica reforzar sectores estratégicos, impulsar la reindustrialización, aprovechar el capital humano y tecnológico (I+D+I, IDT), dotar estructuras y mecanismos conjuntos de respuesta a emergencias y futuras crisis, blindar los servicios públicos de sanidad, educación, servicios sociales como bienes comunitarios de todos los estados miembros, afrontar el cambio climático, la protección de la diversidad e incrementar su papel como actor global.

Para la actual UE ha llegado el momento de resolver el dilema de su futuro: o las instituciones comunitarias toman las decisiones acertadas conforme a los principios de los tratados de la UE y al ideario europeísta para afrontar realmente la articulación política de la supranacionalidad , o una parte notable de la ciudadanía aumentará su grado de euroescepticismo hasta el punto de que algunos gobiernos tendrá dificultades para explicar las ventajas de la pertenencia a la UE, pudiéndose provocar, de facto, una ruptura geopolítica entre el Norte y la dimensión Euromediterránea. Y basta repasar la historia, para prevenirnos suficientemente ante posibles debilidades o retrocesos del proyecto europeo y el resurgir de “discordias” nacionalistas entre países.

En la respuesta en común: “No se trata tan sólo un deber por solidaridad, sino que también responde a nuestro propio interés. En esta crisis estamos todos los europeos en el mismo barco”.. (J. Habermas/ J. Fischer/ M. von Trotta y 70 firmas más: “Europa sólo podrá continuar existiendo si los europeos nos apoyamos mutuamente“  (ttps://ctxt.es/es/20200401/Firmas/31876/Habermans-Fisher-intelectuales-artistas-llamamiento-coronavirus-solidaridad-comisión europea ). Con tales premisas, debe iniciarse una nueva etapa de la construcción europea en la que desarrollar renovados impulsos sociales y federativos.

3.- Las urgentes reformas pendientes: Fortalecer el Estado de bienestar y las políticas públicas redistributivas.

En España, al tiempo que la(s) derecha(s) en la oposición reclama(n) un gobierno de concentración donde eludir sus anteriores responsabilidades y reforzar sus posiciones, pretenden la ruptura del Gobierno de coalición , presidido por Pedro Sánchez, con la intención de limitar y desvirtuar las muy necesarias reformas: las políticas de fiscalidad progresiva, contribución equitativa y justicia redistributiva que obtengan recursos para la recuperación de la economía productiva, reforzar la sanidad pública, educación pública, servicios sociales y prestaciones del Estado de Bienestar, corregir desigualdades, implementar una renta básica para proteger a las personas que han perdido su empleo, trabajo, negocio y/o no disponen de ingresos, también cambiar el modelo productivo (apoyo al sector primario y sectores estratégicos, reindustrialización), financiar suficientemente la I+D+I y potenciar la IDT, no abandonar bienes y productos básicos necesarios a la perversa dinámica del mercado y afrontar las consecuencias del cambio climático.

Muchas de esas políticas figuran en el programa del actual Gobierno de coalición entre las reformas y cambios que, desde hace tiempo, deben abordarse. Ahora –para afrontar la pandemia y sus tremendas consecuencias- se han añadido medidas de urgencia y actuaciones inmediatas, que resultan integrables en el marco del horizonte transformador que orienta, sustenta y debe mantener su acción política, para que muchas cosas no vuelvan a ser como antes y la salida de la crisis realmente se traduzca en una reconstrucción y recuperación sobre bases (estructuras) más firmes, económica y socialmente sostenibles.

En el complejo escenario de salida de la crisis, es necesario un pacto y/o acuerdo político y social de amplio espectro: en principio para seguir abordando las repercusiones de la pandemia con las múltiples medidas ya en marcha e implementar más líneas de actuación para la recuperación económica y social; y, además, ante las contradicciones, carencias y disfunciones que la pandemia ha puesto al descubierto, se impone la necesidad de reformas profundas que fortalezcan el papel del Estado para una mejor defensa del interés general, un mayor alcance y eficacia de los servicios públicos del bienestar, en especial recuperar el sistema sanitario, y dotar un sector público estratégico que garantice bienes, recursos, productos y servicios esenciales, tanto a la economía productiva como a la sociedad. Es decir, esas prioridades resultan bastante evidentes y deben contemplarse y abordarse durante la actual legislatura.

En los días álgidos de la pandemia, los medios informativos recordaban que en octubre de 2011 se promulgó la Ley General de Sanidad (por el Gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero) que contemplaba estructuras fuertes de salud pública para dar respuestas coordinada a situaciones como la que vivimos; sin embargo durante el Gobierno de Mariano Rajoy la ley no se desarrolló, y el sistema sanitario público, especialmente en varias comunidades autónomas gobernadas por la derecha, fue recortado y “precarizado”: menos presupuesto, menos personal, plantillas insuficientes y un alto porcentaje de sanitarios sometido a la rotación de la contratación temporal, menos camas, menos recursos y medios; mientras se “derivaba” dinero público a pagar conciertos privados y externalizaciones de servicios. Como prioridad inmediata, la expansión de la pandemia ha revelado la necesidad de una sanidad pública potente, con suficiencia financiera bien dotada de plantillas de profesionales y mejor equipada. También se ha puesto de manifiesto la urgencia de mayor coordinación (estatal) y equiparación entre sistemas sanitarios de los territorios y en (con) los distintos niveles de salud pública y asistencial, y de éstos con los servicios sociales y de atención a la dependencia.

Un sistema fiscal justo, equitativo, eficiente y progresivo tiene que constituir un instrumento primordial en la construcción de otra política económica y social para la gente y corregir los muy acentuados desequilibrios y diferencias de renta y riqueza. Hay que disponer de bienes públicos y de dotaciones suficientes para implementar políticas públicas redistributivas y recuperar los servicios de bienestar como factores de equidad, cohesión social y equilibrio territorial.

Las políticas de rebajas impositivas y bonificaciones fiscales a grandes patrimonios, rentas muy altas, sociedades y conglomerados corporativos resultan disruptivas: favorecen únicamente a una élite muy reducida acentuando las desigualdades, perjudican a la economía productiva beneficiando al capital especulativo, debilitan la hacienda del conjunto del Estado y ello repercute en menos inversiones y precariedad de los servicios públicos.

Una reforma fiscal que articule un sistema tributario con mayor equilibrio entre las rentas del trabajo y las rentas del capital y homologable entre todas las Comunidades Autónomas hace años que viene siendo una de las reformas más necesarias, y ante las circunstancias actuales resulta ineludible. La armonización impositiva y limitar la competencia fiscal entre territorios es insoslayable para que las comunidades autónomas no compitan –entre sí y con el Estado- practicando el dumping fiscal: Un claro ejemplo de la asimetría impositiva se evidencia en la Comunidad de Madrid, mascarón de proa del PP en la política fiscal selectiva y restrictiva, que ha convertido el territorio autonómico (donde se ubica la capitalidad del Estado) en paraíso de elusión fiscal para grandes fortunas y mega-corporaciones; así se acentúan las desigualdades, se causa una enorme precariedad a los servicios públicos, mientras se reclama mayor financiación estatal.

En el conjunto plural del Estado Autonómico hay que despejar el horizonte federativo, aprovechando las experiencias de gobernanza multinivel y coordinación institucional (Estado, CC. AA. y entidades locales) para establecer una arquitectura “funcional” de colaboración estatal más efectiva (con y) entre los entes territoriales sobre todo en materias y ámbitos que han resultado claves en la situación de crisis: sectores básicos y esenciales de la economía, salud pública, sanidad, servicios sociales, educación, regulación del mercado laboral y protección a los trabajadores, recuperación de la actividad de autónomos y empresas.

También se debería avanzar (y converger) hacia un entendimiento federal-cooperativo para garantizar más ampliamente los bienes estatales comunes y los derechos sociales y laborales, con la finalidad de asegurar la equidad en las prestaciones, evitar riesgos privatizadores y afianzar la corresponsabilidad y solidaridad entre territorios, para que todos/as ciudadanos/as tengan acceso, en condiciones similares y con niveles equiparables de calidad , a los servicios públicos esenciales en cualquier lugar de residencia.

Desde la crisis anterior, en nuestro País ya eran muy necesarios acuerdos para esas reformas y otras prioridades que, ahora, deben tratarse en el pacto de reconstrucción. Sin embargo, es posible que sectores de la derecha y de la oligarquía financiera, anteponiendo sus interés al bien común, intenten una vuelta de tuerca sobre el Gobierno de Pedro Sánchez similar a cuando tras la crisis del año 2008 el Gobierno de Rodríguez Zapatero se sintió presionado para la reforma del artículo 135 de la Constitución y con la recomendación de las instituciones de la UE se impusieron duras políticas de ajuste. Así la deuda privada y de las corporaciones, por el estallido de la burbuja financiera, se traspasó a la deuda pública y las cúpulas de los negocios y grandes fortunas eludieron sus responsabilidades y continuaron acumulando más riqueza, mientras que el Gobierno Rajoy acentuó el deterioro de la situación social y laboral imponiendo más austeridad a la gente.

En la salida de la crisis actual no se pueden repetir aquellos errores: si elites poderosas consiguen volver a imponer las “recetas” insolidarias neoliberales para su beneficio, quedaremos anclados en una prolongada crisis estructural con enormes secuelas en la economía y la sociedad. El camino de la recuperación debe trazarse sobre las reformas que ya había diseñado el actual Gobierno, con las medidas “de choque” que se han adoptado para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, abordando prioridades como las señaladas anteriormente e incorporando propuestas coherentes que, desde ámbitos políticos y agentes sociales, se están enunciando; son compromisos esenciales y fundamentales para que la recuperación alcance a todos los sectores y personas, que nadie quede atrás y se realicen los cambios necesarios superando la grave situación actual y para responder acertadamente a los desafíos futuros.

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Autor: José Miguel Sánchez Estévez

(Historiador, Profesor jubilado de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca,  Ex Procurador del  Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, Miembro de la corriente de opinión Izquierda Socialista - PSOE)

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El Consejero de Empleo e Industria de la junta de Castilla y León (ex-presidente de CESCYL) a nombrado, como su mano derecha, a Mariano Veganzones Díez (ex-secretario del CESCYL y representante de VOX en las últimas elecciones).

Así se las gastan los ex del PP en Castilla y León. 

Con esto nos demuestran, en el Gobierno de la Junta de Castilla y León, que nos gobiernan unos partidos políticos que estan todos en la ultraderecha, ya que les da igual a sus representantes militar en CIUDADANOS, PP o BOX........

http://www.cescyl.es/es/institucion/organos/comision-permanente

https://www.ccyl.es/Transparencia/RID

2. Indemnizaciones por gastos correspondientes a los miembros de la Mesa y Sres. Portavoces y Portavoces Adjuntos de los Grupos Parlamentarios para el año 2019 (Acuerdo de la Mesa de 3 de julio de 2019)

3. Indemnizaciones de los Procuradores de la Cámara que no tienen dedicación exclusiva (Acuerdo de la Mesa de 3 de julio de 2019)

Durante aquel verano, y hasta que se celebró el Congreso extraordinario de septiembre, fuimos muchos los que asistimos perplejos a un debate encarnizado en torno al sentido de la transición política y al papel que debía jugar el marxismo en la definición ideológica del partido, así como sobre la estrategia a seguir para desarrollar un determinado modelo del mismo. Sin afiliación aún, aquel año ya me había incorporado al Grupo de Cultura del PSOE. Recuerdo que muchos consideraban necesario contar con un proyecto autónomo que no mantuviera contacto con otras fuerzas a su izquierda; concepción esta que, finalmente, acabó siendo la mayoritaria, tal vez por la disciplina que supo imponer, contra viento y marea, ese líder carismático que fue Felipe González, quien siempre entendió, igual que otros de su entorno más próximo, que un exceso de radicalismo restaba posibilidades al PSOE de llegar al poder, al que finalmente accedió, gracias al mantenimiento de esta posición, en las elecciones de 1982. La otra postura, liderada por Luis Gómez Llorente, reivindicaba un modelo similar al ya aprobado en el anterior Congreso de 1976, encaminado a establecer un bloque de progreso junto a otras fuerzas políticas y partidario de una política neutralista para España: un esquema parecido al que ya se defendía por aquellos años más allá de la propia socialdemocracia en algunos países del Viejo Continente.

La historia de lo dirimido en aquellos años en el seno del Partido Socialista no admite un relato simple; más bien, todo lo contrario: fue un proceso poliédrico, algunas de cuyas caras aún no han sido analizadas con suficiente perspectiva, y que incluso implicó algunos cambios estatutarios que, a la postre, propiciaron la victoria a los seguidores del felipismo. Este término, muy conocido tanto dentro como fuera del partido, se utilizó como etiqueta distintiva para identificar aquella corriente principal que acabaría en poco tiempo con las minorías existentes. El vocablo, si mal no recuerdo, lo acuñó Luis Gómez Llorente, aun cuando ya lo utilizara privadamente Pablo Castellano; quien quizás contribuyó más a su difusión fue, a mi parecer, Pepe Aumente. Alude el término a un giro del PSOE hacia la derecha, un culto carismático al líder, así como al arrumbamiento del marxismo, no solo como idea sino también como tradición dentro del socialismo democrático. Algo que se vio de forma clara en el cambio de posición política del PSOE en lo concerniente a la cuestión de la OTAN, así como en lo referente a las políticas económicas, las cuales fueron alejándose del recurso a las nacionalizaciones para instalarse en un claro liberalismo protector de los intereses de la clase más pudiente. Con ello se reivindicó un éxito económico que, sin embargo, acabó por complicar la vida a otros muchos, y que tuvo como indeseable colofón los casos de tráfico de influencias que no tardaron en aflorar.

En vísperas del triunfo socialista de 1982, Luis Gómez Llorente había dejado la política activa, Francisco Bustelo se recluyó en el Rectorado, y Manuel Sánchez Ayuso fallecía de forma repentina; debido a ello, a Pablo Castellano no le quedó más remedio que tirar él solo del carro de IS-PSOE, ayudado por otros compañeros, entre ellos Carlos López Riaño y Joaquín Martínez Björkman. Fueron años de desgaste para esta corriente, sujeta a un gran debate ideológico que se prolongó hasta la consulta de marzo de 1986. Un año después, tras la marcha de Castellano, se hicieron cargo de la dirección Antonio García Santesmases, Manolo de la Rocha y Vicent Garcés, tres grandes socialistas en cuyas ideas todavía me reconozco, y que trataron de conformar una verdadera ala izquierda dentro del partido. Después llegarían a la dirección miembros de mi propia generación, con Juan Antonio Barrio de Penagos, José Antonio Pérez Tapias y demás compañeros a la cabeza. Más tarde, ya en época de Sánchez, la corriente ha experimentado diversos intentos de ser instrumentalizada por otras instancias, así como una profunda crisis de crecimiento de la que ya parece vislumbrarse, pese a todo, la ansiada luz al final del túnel.

José Cobos Ruiz de Adana
01/07/2019

El juez Garzón ha calificado la sentencia del caso Gürtel como "un triunfo de la sociedad y de la Justicia, a pesar de los inconvenientes que se pusieron al comienzo de la investigación". Con esta sentencia el Partido Popular, que gobierna en contra de los intereses mayoritarios de la sociedad no puede mantenerse en el Gobierno de la nación ni un minuto más.

Los jueces estiman que ha existido una caja B para financiar ilegalmente al PP, que el presidente del gobierno M. Rajoy ha mentido y que sus tesoreros eran los mercaderes entre partido y empresarios.

Por todo ello, ha llegado el momento de atajar decididamente la corrupción y las políticas antisociales de la derecha española. Se impone asumir la responsabilidad de intentar articular la mayoría parlamentaria suficiente para que la moción de censura se presente y prospere. Es necesario abrir una nueva etapa en la gobernabilidad del Estado que permita la aparición de un Gobierno honrado de cambio y progreso: un partido corrupto no puede estar por más tiempo al frente de un gobierno que, mientras enajena lo público, olvida y explota aún más a la clase trabajadora (subida IRPF, reducción de partidas sociales, desinversión de lo público, etc.).

 La lucha de los pensionistas, los trabajadores, los jóvenes y las mujeres marcan el camino.

En la Asamblea Federal de IS celebrada en Madrid el día 14 de abril se adoptó el siguiente acuerdo: “Izquierda Socialista insta a la Comisión Ejecutiva Federal y a su Secretario General a que tomen la iniciativa y promuevan todos los instrumentos posibles para desalojar al PP del Gobierno y de las instituciones democráticas, incluida la moción de censura.” Acuerdo ratificado posteriormente por la Comisión Coordinadora Federal de IS reunida el día 19 de mayo.

Animamos al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al conjunto de la Ejecutiva Federal y a los distintos cargos regionales y públicos del PSOE a presentar una MOCIÓN de CENSURA contra el gobierno corrupto. Es una cuestión de dignidad que toca al Partido Socialista como partido de izquierdas y con más escaños en la oposición. Los valores éticos que son connaturales al socialismo impelen a no soportar por mayor tiempo el hedor putrefacto que desprende el gobierno del PP.

Madrid, 25 de mayo de 2018

IZQUIERDA SOCIALISTA es una CORRIENTE INTERNA DE OPINIÓN DEL PSOE

La corriente de Izquierda Socialista, única corriente de opinión reconocida por los estatutos del PSOE, había sido desintegrada durante el primer mandato de Pedro Sánchez como Secretario General; concretamente, durante el mandato de César Luena al frente de la Secretaría de Organización.

Las tensiones internas ocasionadas por la aparición de un nuevo sector que se arrogaba la oficialidad, no reconocida por el sector histórico y respaldada por Ferraz, generó tensiones que hicieron que sus líderes más reconocidos, como fuera José Antonio Perez Tapias, o Beatriz Talegón, acabasen por desvincularse de la corriente y, finalmente, salieran de la formación política por diversas cuestiones.

A pesar de las dificultades que manifiestan fuentes de la corriente histórica, mantenida en todo momento desde Valencia, y sobre todo, gracias a la labor de dirigentes históricos como Vicent Garcés, ha conseguido finalmente y tras varios años de conflictos, unificarse y reactivar la corriente crítica dentro del PSOE. La reunión tuvo lugar en una fecha especial, el pasado 14 de abril, en Madrid.

En ella se ha llegado a una serie de acuerdos por parte de los territorios que se dieron cita. Por un lado, cuestiones que afectan únicamente al funcionamiento interno de la corriente, pero por otro, acuerdos de calado político que plantean de manera rotunda y clara una batalla ideológica a la actual dirección del Partido.

En su comunicado manifiestan su denuncia ante las políticas de limitación de las libertades fundamentales que está desarrollando la derecha española con grave deterioro del sistema democrático de convivencia; se suman a la campaña lanzada por las Juventudes Socialistas bajo el lema “Avanzar hacia la III República” y de manera especial, hacen hincapié en la situación que afecta a Cataluña.

A este respecto, Izquierda Socialista manifiesta su profundo desacuerdo con las políticas represivas que se están aplicando en Cataluña. Y en este sentido señalan que “la cuestión catalana hay que resolverla mediante el diálogo y las formulaciones políticas. Hay que dejar de aplicar de manera inmediata el 155 de la CE y levantar las prisiones preventivas que se están dictando.”

Exigen también la derogación de la denominada Ley Mordaza, concretamente el artículo 315.5 del Código Penal y el artículo 135 de la Constitución, puesto que atenta contra la libertad, la dignidad, los trabajadores y sus representantes sindicales. Y en este sentido, exige la Izquierda Socialista la derogación de las últimas reformas laborales.

Se suman a las movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones y se reconoce feminista, identificándose con las movilizaciones del pasado 8 de marzo.

Reivindican la Ley de Memoria Histórica y apoyan la causa judicial contra los crímenes del franquismo abierta en Argentina.

Manifiesta su solidaridad con el ex presidente de Brasil Lula Da Silva y pide su liberación tras su reciente detención. Apuesta por la resolución pacífica de los conflictos, condena las guerras y acciones militares que se están desarrollando en el Mediterráneo y, de manera especial en su punto final, insta a la Comisión Ejecutiva Federa y al Secretario General, Pedro Sánchez, a que tomen la iniciativa y promuevan todos los instrumentos posibles para desalojar al PP del Gobierno y de las instituciones democráticas, incluida la moción de censura.

http://diario16.com/

Herrera, que sólo como presidente recibe más de 5.900 euros mensuales, se considera de "clase media".

El Parlamento regional ha hecho públicos los datos en su portal de transparencia.

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y sus consejeros no sólo no se aprietan el cinturón: le hacen un agujero más. Mientras hablan de austeridad y de recortes sanitarios, ellos no renuncian a un solo euro. La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente,  ha hecho públicos, por primera vez, los datos sobre las retribuciones –llamadas indemnizaciones– que perciben los diputados autonómicos –o procuradores– sin dedicación exclusiva y que en 2017 ascendieron en total a 948.960 euros. Esos sueldos los cobran también Herrera y sus consejeros.

Las indemnizaciones por dedicación no exclusiva tratan de paliar de alguna forma el dinero que pierden los procuradores cuando se ausentan de su trabajo si lo tienen, o el trabajo que no pueden tener precisamente por su actividad en las Cortes. Incluyen tanto la asistencia a plenos, 220 euros por cada día –dos por Pleno, y dos veces al mes– que suman 880 euros mensuales, como a comisiones.

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y todos sus consejeros, cobran un sueldo de la Junta por dedicación exclusiva. El salario de Herrera es de 68.981 euros brutos al año (sin contar dietas). De entre sus consejeros, la mejor pagada es la titular de Economía y Hacienda, 96.664 euros,  mientras que el resto de consejeros tienen sueldos que oscilan entre los 74.827 y los 80.871 euros brutos.

Pero es que además, mientras tienen ese salario por dedicación exclusiva, perciben un doble sueldo de las Cortes por lo contrario, aun cuando como miembros del Gobierno regional obligatoriamente tienen que ser miembros del Parlamento. Cada año, Herrera y su equipo de Gobierno reciben 6.720 euros por esa asistencia a los plenos.

¿Se puede renunciar? Fuentes cercanas al caso aseguran que sí, que bastaría con pasar un escrito para que la Secretaría General lo hiciese llegar al departamento de administración de las Cortes.

El patrimonio de Herrera

Aunque no es de los presidentes autonómicos que más cobra, Juan Vicente Herrera, que en un Pleno de octubre de 2017 llegó a definirse como de “clase media”, atesora un importante patrimonio según la declaración de bienes que hizo en febrero de 2016.

Es propietario de una vivienda en Burgos, y tiene un tercio de otra y de un local en la misma ciudad. Además tiene la mitad de dos fincas rústicas en la provincia, en concreto en Hortigüela y Villatoro. No constan los metros de ninguna de estas propiedades. En sus cuentas bancarias el saldo era, en 2016, de 68.934,32 euros y tiene 1,4 millones de euros en una cartera de inversión. Sorprendentemente, a pesar de esa liquidez, Herrera tiene el mismo coche desde hace 23 años, un Audi A4 de 1995.

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José Antonio Pérez Tapias, exdiputado y en su día candidato a la secretaría general del PSOE compitiendo con  Pedro Sánchez y Eduardo Madina, ha impulsado la asociación Socialismo y República, registrada el pasado día 6 en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, donde trabaja. "Un objetivo claro, entre otros: contribuir al debate político que tan necesario nos es en la izquierda", resume en su perfil en Facebook la idea de este proyecto. 

Entre los impulsores figuran Carlos Gestoso Juárez, Juan Manuel Castillo Bolívar, Carlos María Martínez García, Antonio Moreno y Antonio Moreno, para un proyecto que nace en pleno debate sobre la posible confluencia de la izquierda de cara a las próximas convocatorias electorales, donde si no hay cambios, las primeras son las elecciones para el Parlamento de Andalucía.

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Fecha:3/01/2018