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La Junta de Personal no tira la toalla y lleva al juzgado los ‘dedazos ilegales’ y las irregularidades en la ADE

La Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León en la que están representados los sindicatos CSIF, CGT, CCOO, UGT y USAE no tira la toalla y ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia por los ‘dedazos’ ilegales y otras irregularidades en la antigua ADE (hoy Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León), después de que la Fiscalía decidiera no investigar el caso y abriera la puerta a la presentación de una denuncia formal ante el juzgado.

El pasado 9 de abril, la Junta de Personal aprobó por 12 votos a favor y 1 en blanco (4 representantes no participaron en la votación), trasladar al juzgado esta denuncia contra los responsables de la Agencia de Innovación, Financiación e Innovación Empresarial (ADE) por presuntos delitos de prevaricación continuada en materia de recursos humanos, nombramientos ilegales, usurpación de funciones públicas y malversación de fondos públicos.

 

Esta denuncia, que ha ido a parar a Instrucción 6, que ayer estaba de guardia, se ha registrado tan sólo unos días después de que se haya conocido la imputación de 26 cargos de la junta y distintos empresarios por la presunta comisión de delitos de cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos en la operación de compra del edificio de Arroyo de la Encomienda donde tiene su sede la ADE conocido como ‘la Perla Negra’ y el desarrollo de un parque industrial frustrado en la localidad vallisoletana de Portillo.

 

Algunos de los responsables de ADE ya imputados también son señalados en esta denuncia promovida por los sindicatos. Es el caso de Pilar Manteca Barrio, una abogada de Valladolid que, según la información que aportan los denunciantes, ejerce sin oposición alguna y mediante nombramiento directo del consejero de Economía y Empleo Tomás Villanueva, la representación, defensa y asesoramiento jurídico de la Agencia, quien debió asesorar, controlar la legalidad e impedir que llegaran a cometerse todos los hechos que ahora investigan los tribunales.

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