La oposición pierde la paciencia con Montoro tras el salvavavidas a la infanta para eludir el delito fiscal
Parece que se disipan algunos nubarrones sobre la Casa Real por la implicación de la infanta Cristina en los presuntos fraudes cometidos en la empresa que compartía con su marido el Duque de Palma. El Mundo ha publicado este lunes que la Delegación de Hacienda de Cataluña ha enviado al juez Castro un informe en el que concluye que la empresa familiar Aizoon -propiedad de ambos cónyuges al 50%- defraudó en cuatro años 281.000 euros, pero que en ninguno de los ejercicios se sobrepasó la barrera que marca el delito fiscal, situada en 120.000 euros.
Cambio de criterio
El diario denuncia que Hacienda ha forzado las cantidades defraudadas presuntamente por la Infanta para dejarlas fuera del tope del delito fiscal dando por buena parte de una “facturación cruzada ficticia” como fue considerada inicialmente, en concreto tres recibos que ascienden a 69.900 euros supuestamente pagados por Aizoon a una de las sociedades instrumentales de Diego Torres, en concepto de asesoramiento. El problema es que en la investigación se alerta de que los servicios de Torres fueron inexistentes ya que los de Urdangarin también lo fueron.
“Todo el aparato del Estado” al servivio de la infanta
Ante esta información -que se suma a la actitud cuanto menos prudente de la Fiscalía hacia la infanta- el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha anunciado que pedirá al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que explique en el Congreso las directrices que ha dado para “blindar” a la Infanta Cristina en el ‘caso Nóos’. El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, ha advertido en declaraciones a Europa Press que “todo el aparato del Estado” se ha puesto “al servicio” de “blindar” a la Infanta, algo que considera una “vergüenza” y un “error” porque no sólo “debilita” a la Monarquía, sino al conjunto del Estado.
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