Más de 16 cargos políticos sólo en León han incurrido en sobresueldos
El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Fernández, reconoció ayer la existencia de «un montón» de cargos públicos y funcionarios de la administración autonómica a los que no se les está aplicando el decreto por el que deberían restarse de sus nóminas las dietas cobradas derivadas de sus cargos electos.
Este periódico ha encontrado a 16 entre los que hay procuradores, diputados y alcaldes. Todos ellos han reconocido que no se les descuenta ni un euro de sus emolumentos. Y eso sólo en la provincia de León. La situación es generalizada y se extiende por el resto de la Comunidad. En la delegación territorial leonesa se ha ordenado una investigación no sólo en torno al caso del diputado provincial que destapó el caso, sino también en cada uno de los servicios, que tendrán que elaborar informes con los nombres de aquellos que están incurriendo en la ilegalidad.
La investigación abierta contra el diputado de Desarrollo Rural y veterinario en Sahagún, Lupicinio Rodrigo Carvajal, por un supuesto caso de cobro ilegal de dietas dada su doble condición de funcionario y cargo público sin dedicación parcial o exclusiva, ha destapado 11 años de sobresueldo consentido en la práctica totalidad de los servicios de la Junta. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos procuradores, diputados y concejales se están embolsando aquello que deberían restarse de sus nóminas, según marca el decreto 210/2000. Un norma ‘sin estrenar’ desde su entrada en vigor.
Por ese motivo, el delegado territorial de la administración autonómica en León, Eduardo Fernández, ha reaccionado ante el bochorno y no sólo ha ordenado la investigación del caso concreto del diputado provincial, sino que, según confirmó ayer, ha solicitado ya a todos los jefes de servicio un informe "con lupa" que saque a la luz uno a uno, todos los nombres de aquellos, como los que hoy publica este periódico, que se encuentran en la misma situación de ilegalidad que Lupicinio Rodrigo con el objetivo de que, más de una década después, se termine con la impunidad. No obstante, gran parte de la deuda de todos ellos habrá prescrito y tan sólo se les podrá reclamar la devolución de los cobros ilegales de los últimos cuatro años.
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