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Izquierda Socialista de Valladolid en la defensa de los Servicios Públicos

RESOLUCIÓN de IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE de VALLADOLID

IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE de VALLADOLID

 

RESOLUCIÓN

 

Asunto: Medidas económicas del Gobierno de España.

 

Reunidos los integrantes de la corriente Izquierda Socialista-PSOE de Valladolid el pasado viernes 18 de mayo de 2010 en convocatoria extraordinaria y, considerando las medidas de carácter económico y fiscal que ha adoptado el Gobierno para hacer frente al déficit público y al desempleo, Izquierda Socialista-PSOE de Valladolid        

 

MANIFIESTA

 

 

  • Su condena expresa a las prácticas especulativas económicas, bancarias y financieras que con carácter nacional e internacional han provocado la situación de crisis económica por la que actualmente atraviesa nuestro país y otros Estados de nuestro entorno.

 

  • Su crítica al neoliberalismo como pensamiento económico y social que tiene como principios básicos el individualismo liberal  y la negación de toda intervención del Estado en materia económica pero que, en tiempo de crisis, acude al paternalismo estatal requiriendo socializar las pérdidas con el fin de evitar una quiebra financiera, bancaria o empresarial.

 

  • Que la particularidad de la economía española, basada en las últimas décadas en la construcción y en el sector servicios como fuentes de crecimiento, requiere un cambio de modelo productivo que garantice la creación de empleo estable y el progreso económico y social.

 

  • Que toda crisis implica un cambio, por lo que los Gobiernos de los diferentes Estados deben ser conscientes del momento histórico en el que nos encontramos para adoptar las medidas de carácter nacional e internacional que eviten las prácticas especulativas causantes de esta crisis y, a su vez, garanticen la Justicia Social y el respeto a la dignidad y los Derechos Humanos.

 

Así, como consecuencia de un debate reflexivo sobre la situación económica actual, Izquierda Socialista –PSOE de Valladolid considera y propone como medidas de carácter económico y fiscal las siguientes:

 

 

  • Política fiscal e ingresos públicos.

 

Primera: Restaurar el Impuesto sobre el Patrimonio y modificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones con el fin de revisar las exenciones y bonificaciones del 100% reguladas en la legislación.

Gravar los bienes muebles e inmuebles de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas.

 

Segunda: No aplicar las exenciones del I.B.I. a determinadas personas jurídicas.

 

Tercera: Establecer unos tipos impositivos del IRPF con nuevos tramos de renta hasta alcanzar el tipo del 50% haciendo efectivo el principio de progresividad. (Suecia 58%; Francia 49%).

 

Cuarta: Establecer unos tipos impositivos del Impuesto de Sociedades en función del beneficio empresarial con deducciones significativas para la inversión productiva que genere nuevas contrataciones y empleo.

 

Quinta: Establecer unos gravámenes de hasta el 50% a los rendimientos de las operaciones financieras especulativas a corto plazo realizadas en el mercado bursátil y otros similares.

 

Sexta: Implantación de la tasa TOBIN.

 

Séptima: Establecer un impuesto que grave las grandes fortunas.

 

Octavo: Aumento de los tipos impositivos de los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco. En la misma línea, establecer un nuevo tipo impositivo del IVA del 25% para los artículos de lujo (joyas, yates, coches súper-deportivos, etc.).

 

 

 

  • Política del gasto público

 

Primera: Convocar a los sindicatos para negociar, si fuese necesario, la aplicación la disminución de las retribuciones, de forma progresiva, que corresponda a los trabajadores públicos (funcionarios públicos, personal estatutario, personal laboral, interinos, trabajadores de empresas públicas, fundaciones, etc.) en función de la cuantía del salario y de la situación familiar, a partir de salarios de 1800 euros.

 

Segunda: Convocar el Pacto de Toledo para proponer la disminución de las pensiones, de forma progresiva,  de más de 1800 euros, teniendo en cuenta su situación familiar, hasta que el déficit público se situé en niveles normales.

 

Tercera: Suspensión de la financiación a la Iglesia Católica y otras confesiones.

 

Cuarta: Suspensión de los conciertos con empresas privadas de prestación de servicios (educación, sanidad…) siempre que las administraciones públicas puedan con sus propios medios prestar dichos servicios y la administración se comprometa a recolocar a los trabajadores afectados, incluyendo esta posibilidad el ahorro que generaría y que reduciría sustancialmente el gasto.

 

Quinta: Supresión de varios Ministerios, empresas públicas y fundaciones que suponen duplicidad, y de un número considerable de personal eventual o de confianza así como requerir a las Comunidades Autónomas este ajuste.

Supresión de la Diputaciones Provinciales por ineficaces y duplicidad.

 

Sexta: Suspender el traspaso de competencias a las CC.AA. hasta que el déficit público se sitúe en términos normales.

 

Séptima: Puesta al día del coste de los servicios transferidos a las CC.AA. y el coste efectivo del servicio. En materia de personal las CC.AA pueden amortizar puestos de trabajo y recibir las correspondientes retribuciones por los mismos.

 

Octava: Retirada de las tropas de Afganistán.

 

Noveno: Supresión de las subvenciones a fondo perdido a las asociaciones que no tengan en sus objetivos fines sociales (FAES,…..)

 

Así, leído el presente texto, se aprueba en Valladolid, a 19 de mayo de 2010.

 

La coordinadora de Izquierda Socialista-PSOE de Valladolid.

1 comentario

bastardo10 -

Eso, eso, fuera de Afganistan de Ceuta y de Melilla