La investigación no halla trato de favor en la concesión de las plantas solares
La Junta de Castilla y León aseguró ayer que «no ha habido trato preferente» en la adjudicación de placas solares de la comunidad, aunque ha decidido abrir una investigación de información reservada. El análisis tiene como objetivo estudiar cada uno de los casos en los que se encuentran implicados funcionarios, hasta trece (la mitad, de alto nivel y confianza política), en especial el del secretario general de la Delegación en León, Javier Lasarte, por haber infringido «cuestiones disciplinarias», según anunció el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
La investigación oficial desarrollada desde el día 1, cuando estalló el escándalo, sitúa en trece el número de funcionarios implicados, siete de ellos altos responsables públicos y los otros seis, funcionarios de base. Sin embargo, De Santiago-Juárez declaró que las labores de tramitación llevadas a cabo por estos empleados de la Junta han sido «las correctas de acuerdo a la normativa que se encuentra vigente».
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Las investigaciones elaboradas hasta el momento desvelan que en los expedientes que se han tramitado «no se ha detectado en ningún caso una conducta ventajosa por parte de los funcionarios y que su procedimiento ha sido igual que el resto».
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El consejero de la Presidencia lo que sí ha reconocido es una «pérdida de confianza» hacia estos trece empleados públicos, ya que los funcionarios de libre designación de la Junta implicados en el caso no informaron de su vinculación con las empresas.
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Caso Lasarte
El único expediente disciplinario que ha abierto, de momento, el Gobierno regional es el que tiene como protagonista al ex secretario general de la Delegación de León, Javier Lasarte, primer miembro en dimitir el pasado 1 de agosto, después de que se conociera que participaba en empresas de instalación de plantas solares .
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A este empleado se le abrió ese mismo día una investigación para esclarecer si las autorizaciones concedidas a las empresas con las que participa Lasarte se ajustaban a derecho y otro análisis para comprobar las compatibilidades de las actividades funcionariales y empresariales. «Como funcionario ha incurrido en una falta, teníamos confianza en él, pero no nos informó de sus vinculaciones», apostilló el portavoz de la Junta.
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La investigación del caso Lasarte trata « cuestiones disciplinarias» y de momento está en trámite para comprobar si da origen algún tipo de sanción, explicó De Santiago-Juárez. Asimismo, indicó que si en el transcurso del análisis e investigación el servicio jurídico de la Junta advirtiese un indicio racional de algún tipo de delito «se enviará a la Fiscalía por voluntad propia y obligación de la institución».
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Comportamiento
Desde el momento en el que la Junta de Castilla y León conoció los hechos, el pasado día 1 de agosto, el Gobierno regional los ha afrontado con «responsabilidad, rapidez, transparencia, rigor y prudencia», según el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez. Además aseguró que el trabajo desde el primer día ha sido coordinado y que desde que se han comenzado a analizar los expedientes, la cúpula de la Junta «siempre ha comunicado los nuevos acontecimientos con claridad» porque entiende «que los ciudadanos tienen que estar informados de todo lo que ocurre».
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A pesar de los hechos que se han conocido en los últimos días, el Gobierno regional «no pone bajo sospecha el buen hacer del conjunto de empleados públicos de la comunidad», ni tampoco pone «en tela de juicio a múltiples empresarios y al sector.
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En lo que refiere a las investigaciones de los otros doce casos, el portavoz de la Junta no quiso adelantar nada, ya que el tipo de análisis que el servicio jurídico está llevando a cabo es de información reservada «y como su nombre indica no se conocerán los resultados hasta el fin de ellas».
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Según aclaró De Santiago-Juárez, el procedimiento de estos análisis es «bastante complejo» y en él se encuentran trabajando diferentes departamentos de la Junta de la Castilla y León y de los respectivos ayuntamientos involucrados. A su vez, explicó que la tramitación para la concesión de las licencias «no son concurrencia competitiva porque todo aquel que lo solicita y cumple los requisitos consigue una autorización, por lo que no existen daños a terceros». Además, el portavoz comunicó que «ningún promotor ha presentado alguna queja».
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El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta explicó las diferencias entre el funcionario de libre designación y el alto funcionario que tiene la plaza en propiedad, para aclarar dudas, sobre todo a la oposición.
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Tipos de funcionarios
De esta manera explicó que la libre designación funcionarial no se corresponde a altos cargos, sino trabajadores públicos de confianza que han accedido a la función pública por haber hecho una oposición, tras una convocatoria de puestos públicos en el Boletín Oficial.
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Por el contrario, el puesto de funcionario de alto cargo se nombra por orden del Consejo de Gobierno y no tiene por qué ser funcionario y haber superado la misma prueba. De Santiago-Juárez acusó a los socialistas de la comunidad de «ignorantes», al no conocer esta tramitación y por esto prefirió aclarar «sus dudas».
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